Puerto Rico 2022: Incertidumbre, avance a medias y nueva apuesta hacia el futuro

Especial para Claridad

Los pueblos colonizados viven dándole vueltas a una noria infinita. Y Puerto Rico más aún, ya que su ciclo colonial se ha ex- tendido por más de cinco siglos, bajo dos imperios distintos, España y Estados Uni- dos de América. Por eso, el año 2022 en Puerto Rico bien pudiera describirse como una repetición del rumbo de los acontecimientos en nuestro país durante los años inmediatamente anteriores. Poco a poco, hemos visto deshacerse el Puerto Rico que conocimos bajo el peso de una deuda pública y quiebra fiscal todavía irresuelta después de seis años, y una recesión económica cuyos efectos se han tornado permanentes y sin visos de revertirse.

A eso, hay que sumarle los efectos devastadores de la tormenta Fiona el pasado mes de septiembre, y las lluvias torrenciales que produjo en unas regiones sur y oeste toda- vía estremecidas por los terremotos y huracanes anteriores. Por su parte, la pandemia del COVID-19 sigue su paso inexorable hacia su cuarto año, y todavía nos cuesta cien- tos de hospitalizaciones y vidas valiosas a diario. Si a esto se le suman la creciente in- competencia y corrupción a distintos niveles del gobierno de Puerto Rico y la “receta amarga” de austeridad extrema, ajustes presupuestarios radicales y privatizaciones a la trágala de ciertos servicios esenciales, como la energía eléctrica, impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y sancionadas por la Ley PROMESA, se completa el cuadro de un país en ascuas y un pueblo trabajador puertorriqueño en el extremo de su capacidad para resistir.

Las condiciones de terrenos, zonas marítimas, carreteras y puentes en estado de extrema vulnerabilidad convirtieron un huracán Categoría 1 en un desastre mayor, de- sastre que fue magnificado por la pobrísima y desarticulada respuesta de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos ante la emergencia, y por la improvisación y falta de experiencia de la empresa privatizadora LUMA Energy, contratada desde hace año y medio para encargarse de la transmisión y distribución eléctrica. Fiona dejó en evidencia la total fragilidad de nuestra infraestructura para afrontar desastres pequeños y grandes, y el poco progreso logrado para su reconstrucción y fortalecimiento durante estos cinco años siguientes a la devastación ocasionada por el huracán María. Fiona desveló también cuán pequeña es la infraestructura de capital humano experto en LUMA Energy para atender emergencias eléctricas en un Puerto Rico cuyo sistema energético es muy complejo y, además, está muy debilitado. Tan floja es LUMA que le dio un contrato de $95 millones sin subasta a una de sus matrices, Quanta Services, para que movilizara 2,800 trabajadores y 2,500 vehículos desde Estados Unidos para afrontar la emergencia creada por el paso de Fiona.

Por eso, podemos afirmar que, dentro de la perpetua noria colonial, la incertidumbre creciente y los avances a medias son el sal- do principal del año 2022 para Puerto Rico. Otro resultado sobresaliente es la virtual parálisis de la economía puertorriqueña. Un análisis reciente de la firma de estudios económicos Estudios Técnicos concluye que la economía de Puerto Rico podría vol- ver a crecer en el 2023, pero se trataría de un incremento de solo 1.1%. Este sería el primer crecimiento de nuestra economía en cuatro años, a pesar de los desembolsos millonarios parciales de las asignaciones de fondos del Congreso y el Presidente de Estados Unidos por emergencias, desastres, recuperación post huracán María y pandemia del Covid-19. Para el año 2024, Estudios Técnicos vislumbra un crecimiento de solo 0.9%, y apenas 0.02% en el 2025. Ciertamente, no estamos ante un panorama económico muy halagador.

SIN TÉRMINO EL FIN DE LA QUIEBRA E INJUSTICIAS TRAS LOS PAD NEGOCIADOS

El proceso de quiebra fiscal del gobierno de Puerto Rico comenzó en 2016, tras la aprobación de la Ley PROMESA y el nombramiento de la JCF por parte del Congreso y el Presidente de Estados Unidos. Seis años, y luego de $1,000 millones pagados por el pueblo de Puerto Rico en la operación de la JCF y honorarios de sus abogados y consultores, aún están por verse y evaluarse los supuestos beneficios de la reestructuración de propuestas contempladas en las conversaciones y mediaciones impondría aumentos onerosos en las tarifas eléctricas, con pagos insostenibles en el largo plazo. Esto, a pesar de que los abonados residenciales, industriales y comerciales en Puerto Rico ya pagan una de las tasas eléctricas más altas entre todas las jurisdicciones y “territorios” de Estados Unidos.

UN FUTURO QUE DEPENDA DE NOSOTROS

Está claro que, al cabo de seis años de gestión, la JCF no ha sido capaz de completar el proceso de quiebra para que empiece poco a poco a mejorar la vida de las y los puertorriqueños. El esquema de dominación colonial bajo el que Puerto Rico ha vivido los últimos seis años no ha considerado el bienestar de nuestro pueblo. Sí ha propiciado una nueva oleada ofensiva del capital estadounidense, que siente el respaldo del Congreso de Estados Unidos a través de la gestión de la JCF. Este esquema parecería ser el último clavo en el ataúd del fallido experimento colonial de Estados Unidos en Puerto Rico por los pasados 125 años, proceso que amenaza con dejarnos sin alternativas hacia el futuro. Por eso, si algo debe enseñarnos la experiencia de este año 2022, y de todo el ciclo vivido durante los últimos seis años, es que el futuro de nuestro país depende de lo que cada puertorriqueño y puertorriqueña esté dispuesto a hacer para garantizarlo.

El 2022 también debe habernos convencido de que las más recientes “estrategias económicas” ensayadas en Puerto Rico no son otra cosa que subterfugios para el traspaso gradual a manos extranjeras de los mejores recursos que le quedan a nuestro país. Por eso, no hay indicadores de que se elabora un plan oficial e integrado de desarrollo económico para Puerto Rico, con estrategias a corto, mediano y largo plazo, ni en la Ley PROMESA, ni en las decisiones de la JCF, ni por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. Por el contrario, sí han arreciado otras estrategias agresivas, como la del acaparamiento de los mejores recursos naturales y edifica- dos de Puerto Rico, tales como las playas, localidades de alto valor histórico y arquitectónico, y otros puntos escénicos y mercadeables de nuestra generosa geografía, y también la de sacar a la gente que vive en barrios y comunidades objetos de la codicia del gran capital.

Deponentes en el foro de Puerta de Tierra
Foto:Alina Luciano

La ofensiva del desplazamiento de grandes grupos humanos de barrios y comunidades urbanas ha arreciado en San Juan, Vieques, Culebra, y en las mejores localizaciones en los pueblos aledaños a la zona marítimo-terrestre, o en lugares históricos y arquitectónicos alrededor de toda la Isla. Se ha consumado el acaparamiento de edificios de vivienda, urbanizaciones y residencias de veraneo ,y de fincas y terrenos aledaños a playas o con vistas al océano, en un frenesí de compra de propiedades por parte de millonarios extranjeros amparados por leyes especiales que les incentivan a invertir en Puerto Rico a cambio de prácticamente no pagar contribuciones al erario. El Viejo San Juan se ha convertido en una plaza ocupada por el turismo masivo, mientras su barrio contiguo de Puerta de Tierra es el nuevo bastión de la lucha des- igual que libran los vecindarios tradicionales por subsistir y permanecer en el lugar donde han vivido por generaciones.

Otro aspecto de las políticas de despojo es la falta de un plan comprensivo para el desarrollo de proyectos de energía renovable en todo Puerto Rico. A pesar de que la política pública del gobierno de Puerto Rico es moverse en dirección de la energía renovable, la misma sería incongruente, por ejemplo, con los objetivos de la industria del gas natural, sobre todo ahora que Estados Unidos cuenta con uno de los principales terminales de gas natural del mundo, y ha determinado competir en esa industria de tú a tú con Australia y Catar, los dos principales exportadores de dicho combustible a nivel mundial. Debe concluirse entonces que la férrea e inamovible decisión del contrato de LUMA Energy, y la insistencia en privatizar también la gene- ración eléctrica, tienen una relación directa con dicho objetivo.

Está claro que sin energía estable y asequible no puede haber un desarrollo económico sostenible. Y la mejor opción para Puerto Rico, que es una isla tropical con sol y viento abundantes todo el año, es limitar su dependencia de los combustibles fósiles importados y desarrollar un sistema robusto basado principalmente en dichas energías renovables.

El experimento colonial de Estados Unidos en Puerto Rico está virtualmente agotado, y la crisis de la deuda y la sub- siguiente quiebra fiscal han sido las gotas que han colmado la copa. Ya empieza a haber indicios en el gobierno federal de que se advierte esa realidad. Por eso, han comenzado a apretarles las tuercas a los gobernantes coloniales en Puerto Rico, y la reciente “reunión bilateral” en Casa Blanca es un signo inequívoco de esa realización. Como dice el refrán popular, “la bola está en nuestra cancha”, y el año 2023 puede ser el momento indicado y esperanzador para que los sectores más alertas del pueblo puertorriqueño comiencen a organizar su marcha hacia un futuro que dependa principalmente de nosotros mismos, un futuro que deje atrás la incertidumbre y el temor, y propicie el cambio que nos libere del nudo colonial.

 

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