Los acontecimientos y noticias de las últimas semanas y días confirman la parálisis que afecta a muchos de los asuntos más importantes que nos atañen a todos y todas en el país puertorriqueño. Parecería que muchos de esos asuntos importantes y estratégicos de cara al futuro penden de un hilo que mueven manos «invisibles», pero no desconocidas para quienes seguimos de cerca las movidas políticas y económicas aquí.
Por ejemplo, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El Plan de Ajuste de Deuda (PAD-AEE) propuesto por la Junta de Control Fiscal ( JCF) pende de un hilo, y tal parece que es muy poco lo que podrían lograr para su aprobación el Tribunal de Título III de la Ley PROMESA, la jueza Laura Taylor Swain y sus mediadores o la propia (JCF) ante el tranque de Golden Tree y demás bonistas envalentonados por el «toallazo» que les tiró el Tribunal de Apelaciones de Boston. La jueza ordenó continuar la mediación pero luego de muchos intentos y largos meses, esta no ha producido un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Otra promesa rota de la irónicamente llamada Ley PROMESA.
Igualmente detenido está el plazo para que la JCF cese su intervención en Puerto Rico. A su salida como representante del gobierno de Pedro Pierluisi ante la JCF, Omar Marrero abogó por el cese de funciones de dicho cuerpo en Puerto Rico, pero recibió un cordial «tapabocas» del portavoz de los procónsules, Robert Mujica. Tal parece que Puerto Rico les está resultando muy lucrativo a ellos y a sus asesores – bufetes de abogados, consultores de todo tipo, y la inefable McKinsey & Company, que factura millones de dólares a muchos bandos distintos en la Isla, y los mantiene a todos encandilados en su doble y triple juego, sin rendirle cuentas a nadie. McKinsey anda por el mundo sembrando el caos. Su más reciente fechoría, su nefasta intervención en la crisis por opiodes que azota a la nación norteamericana le acaba de costar $650 millones pagaderos al gobierno de Estados Unidos. Asesor por excelencia de la JCF y responsable del engendro de LUMA, en los últimos tiempos Mc Kinsey ha tenido una racha de multas millonarias en Sur África, Australia y otros países por fechorías cometidas en el ejercicio de sus funciones como asesores de grandes empresas, e industrias y gobiernos en todo el mundo. En Puerto Rico, McKinsey – que factura un mínimo de $2 millones mensuales por sus «servicios»» ha estado detrás de todas las medidas de austeridad y recortes de servicios que ha implantado la JCF. O sea, la austeridad para nosotros pero no para ellos y sus prebendas millonarias.
Otro asunto sin resolver son los servicios para la población estudiantil de educación especial. Entre el despilfarro monumental de fondos estatales y federales en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, la JCF insensiblemente ha determinado seguir arrinconado al estudiantado de educación especial, los más vulnerables y necesitados de servicios. La saga de la educación especial en Puerto Rico enfrenta de un lado a dicha población y sus padres que exigen loa servicios educativos y de apoyo a los que sus hijos e hijas tienen derecho, y del otro a un Departamento de Educación y un gobierno de Puerto Rico que han abdicado su responsabilidad hacia dicha población, lo que ha dado pie a un pleito de clase que ha durado décadas. La JCF propone, como siempre, que la soga parta por lo más fino, y que dicha población ceda en sus reclamos de servicio a cambio de una compensación de $5 mil por estudiante demandante. Además de humillante, la oferta de la JCF demuestra todo lo que está mal de su gestión y actitud hacia Puerto Rico y los puertorriqueños.
Por otro lado, quedó claro de la comparecencia de la renunciada Secretaria de Educación, Yanira Raíces, a las vistas del Comité de Transición del gobierno que, a partir del 25 de enero próximo, no habrá fondos en dicho departamento ni para salarios a los asistentes de Educación Especial, ni para las terapias que dicha población necesita como parte de su plan educativo integrado. Otra vez se repite el patrón de caos e incertidumbre en los servicios a estos estudiantes.
El impasse en Puerto Rico se extiende también no solo a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), donde aún no se certifican los funcionarios electos en los pasados comicios del 4 de noviembre, sino que también siguen en el aire la composición de la Asamblea Legislativa y los nombramientos del nuevo gabinete de la Gobernadora Electa.
Pero la mayor incertidumbre sigue siendo la inestabilidad energética y la poca confianza que genera el nuevo «task force » nombrado por la Gobernadora Electa. Dicho «task force», anunciado con bombos y platillos, está integrado por demasiadas figuras relacionadas con el colapso de nuestro sistema energético y con las soluciones fallidas del pasado y del presente. Es imposible confiar en quienes tuvieron la encomienda de enderezar el rumbo de la AEE y nos fallaron o cayeron presas de otros intereses mezquinos. Contar con un sistema eléctrico confiable y estable, basado en energía limpia y sostenible es un imperativo para el desarrollo económico futuro de nuestro país. Figuras y soluciones energéticas recicladas no son la respuesta que nuestro pueblo necesita y merece.
Ya entramos en un nuevo periodo navideño, temporada del año donde cada puertorriqueño y puertorriqueña lleva dentro su propia versión de la Navidad. Sea o no religiosa, la Navidad en Puerto Rico es una época esperada porque convoca a la familiaridad, la solidaridad y al encuentro de nuestra común humanidad en la alegría y el compartir tan característicos de familias y comunidades a todo lo ancho y largo del archipiélago puertorriqueño.
Por eso, aún en medio del impasse y de la incertidumbre política y económica, nuestro pueblo nunca pierde la esperanza, ni la fortaleza para resistir y perseverar en la aspiración de un futuro digno y próspero.
¡ Feliz Navidad para toda nuestra gente!
