«A Puerto Rico se le acabaron el tiempo y las opciones». Esa fue la línea inicial del reportaje con que la agencia de noticias británica, BBC Mundo, anunció la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA y el inicio del llamado proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, hace ya nueve años. Desde entonces, nuestro país ha estado sometido y obligado bajo el poder decisional de una Junta de Control Fiscal (JCF) de siete miembros, también nombrada por los líderes del Congreso y el presidente de Estados Unidos.
La JCF llegó a Puerto Rico con cuatro propósitos expresos, según consta en la Ley: reestructurar la deuda de $72,000 millones, aprobar 4 presupuestos balanceados consecutivos, posibilitar el regreso de Puerto Rico a los mercados de capital, e implantar, junto al gobierno colonial de turno, un plan de revitalización económica que colocara a Puerto Rico en la ruta del desarrollo sostenible y la responsabilidad fiscal. Hoy, nueve años después, estamos aún perdidos en el bosque de la incertidumbre fiscal y económica y ninguno de los objetivos de PROMESA se han alcanzado ni se vislumbra que lo serán. La JCF, con su séquito interminable de contratistas millonarios, ya ha gastado más de $2 mil millones en contratos, cuyos resultados no han servido ni siquiera para encaminar los propósitos expresos de la Ley PROMESA. Más que lograr la reestructuración de una deuda pública con afán de rehabilitación, el rol de la JCF ha sido el de asegurar que Puerto Rico pague a sus acreedores, aunque para ello haya que sacrificarlo todo, inclusive hasta los servicios básicos que el gobierno debe prestar al pueblo. Lejos de la rehabilitación, la economía de Puerto Rico sigue en precario y ni la JCF ni el gobierno colonial de turno aparentan tener un plan para echarla a andar.
Empantanado en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE) que no termina, en presupuestos que no cuadran, en privatizaciones improvisadas, caras y fallidas, en medidas de austeridad que empobrecen a las mayorías, en una ausencia total de visión y estrategias funcionales de desarrollo económico, y lo peor, en una dependencia de fondos del gobierno de Estados Unidos que expertos sitúan entre 42 y 46 por ciento del presupuesto gubernamental, el pueblo de Puerto Rico se encuentra hoy en igual o peor situación que cuando se aprobó PROMESA y llegó la JCF.
Pero la quiebra de Puerto Rico – que tanto dolor ha causado a tantas familias puertorriqueñas- no ha sido negativa para todos los actores en esta saga de nueve años. El pueblo puertorriqueño – y muchas de nuestras instituciones más preciadas como la Universidad de Puerto Rico ( UPR)- han sufrido y siguen sufriendo la peor parte, pero otros han salido de «oro» con nuestro infortunio. Un examen somero del costo de PROMESA para Puerto Rico revela que los principales contratados por la JCF han sido beneficiados con ganancias multimillonarias. A diciembre de 2024, Proskauer Rose, el principal bufete de abogados para los casos de la quiebra de Puerto Rico ( Título III de PROMESA) había recibido honorarios por $356 millones. Igualmente, a McKinsey & Company, el principal asesor estratégico de la JCF y responsable de las medidas de austeridad, recortes de pensiones y servicios y privatización de servicios públicos, entre otros, le han sido pagados otros $308 millones, cantidad más o menos cercana a los $400 millones que dicha firma recomendó recortar al.presupuesto de la UPR. De la mano de McKinsey nos han llegado, además, «joyas» como LUMA Energy y GeneraPR, cuyas matrices Quanta Services y New Fortress Energy son ambas clientes de dicha firma asesora, y por eso están aquí manejando un sistema eléctrico que no conocen ni les interesa conocer. Si eso no es un abierto conflicto de interés, no sabemos qué podría serlo.
Estos son solo los dos asesores más costosos de la JCF en un largo desfile de facturaciones millonarias, a las que no se le ve el fin ni el propósito ni la utilidad. Este interminable tren de gastos- que costea el pueblo de Puerto Rico- contrasta con la proyección inicial de costos- $370 millones en diez años- que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso al aprobarse PROMESA y nombrarse la JCF, proyección que se ha multiplicado por cerca de siete veces en estos nueve años.
En esta edición CLARIDAD publica un extenso análisis de la destacada economista y profesora universitaria Martha Quiñones sobre los nueve años transcurridos desde la aprobación de PROMESA y los nefastos costos económicos y sociales de este proceso sobre nuestro pueblo, particularmente cuánto se ha afectado la operación de nuestra Universidad y demás instituciones depositarias de conocimiento y cultura, y cuánto ha sufrido la calidad de vida de nuestra gente.
La promesa de PROMESA ha fracasado y con ello se tambalean las bases del experimento colonial que, lejos de rescatar y rehabilitar a Puerto Rico, lo ha empobrecido y sumido en la más extrema dependencia. Salir de la gestión improductiva de la Junta de Control Fiscal, de todas las sanguijuelas que le acompañan, y de la Ley PROMESA debe ser una tarea urgente del pueblo puertorriqueño. Sólo así tendremos la oportunidad de sacudirnos de la.camisa de fuerza colonial y trazarnos como pueblo una ruta libre hacia el futuro.
