CLARIDAD
“Blof”, del inglés, bluff; apariencia, exageración o alarde de algo que no se tiene (Diccionario de la Real Academia Españolade la Lengua).
Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores Industria Eléctrica y Riego), la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos creada mediante orden ejecutiva (OE 2022-043) por el gobernador Pedro Pierluisi “es un blof” que no tiene ningún poder de supervisión sobre LUMA Energy (LE).
“Eso es un blof, un duérmete nene. Porque LUMA no le hace caso ni siquiera a Fermín Fontánez”. (Se refiere al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) la entidad del Gobierno que se supone que por ley es la que supervisa el contrato de LE).
Según la Orden Ejecutiva, el objetivo de la secretaría es que “Puerto Rico tenga un sistema de energía eléctrica robusto y eficiente y para fiscalizar todo lo relacionado al mismo”. El gobernador nombró al ingeniero Francisco Berríos Portela, con un salario de $124 mil anuales, como director de la secretaria.
Como un ejemplo de la actitud tanto de LE como de la AAPP, Emmanuelli Jiménez narró que en una vista ante la comisión de Hacienda del Senado, que preside el senador Juan Zaragoza Gómez, Fontánez tuvo que admitir que LUMA se niega a entregar a la APPP información solicitada, por considerar que es muy oneroso. “O sea, que si ni quien firma el contrato con LUMA tiene la información y ni LUMA cumple lo que se le pide. Imagínate un tercero que no forma parte en nada de esto. Ese señor (Berríos Portela) no tiene nada, ni autoridad alguna para pedir información, ni siquiera eso”.
En tanto, respecto a su apreciación de la discusión pública que se ha producido sobre si se puede prescindir o no del contrato, el experto en casos de quiebra señaló que hay mucha desinformación. De acuerdo con Emmanuelli Jiménez, el contrato tiene tres posibles avenidas para resolverlo. La primera avenida es la que se discutió desde el principio de que el contrato es leonino, es nulo, es contrario al orden público y contrario a la ley. Afirmó que esa avenida está disponible siempre y lo que le hace falta al Gobierno es voluntad, la cual no la ha tenido hasta ahora, denunció.
Una segunda vía es el incumplimiento por parte de LUMA. “Yo creo que en el país no queda nadie, excepto Pierluisi y Fontánez, que piensen que LUMA está cumpliendo”.
La tercera avenida que entiende es la más conveniente es la de por ser el contrato vigente un contrato suplementario, tiene una cláusula de expiración de 18 meses, la cual se cumple el próximo 30 de noviembre. Esto quiere decir que llega noviembre 30 y el Gobierno ni siquiera tiene que decir que va a prescindir de él. Puede cruzarse de brazos, ya que el contrato queda sin efecto en el acto. Incluso la Junta de Control Fiscal (JCF) no tiene ninguna potestad sobre el asunto y tiene que aceptar la cancelación, indicó. Este proceso, que es el más sencillo, conlleva la imposición de un cargo al Gobierno por la terminación del contrato de $115 millones.
Para Emmanuelli Jiménez hay dos maneras de ver este problema. Cuando se miran las pérdidas que LUMA le está ocasionando al pueblo de Puerto Rico diariamente con los apagones y cuando se suma el menoscabo de todos los apagones, es mucho más de $115 millones. Resaltó que el Gobierno tiene que mitigar los daños porque si LUMA sigue 15 años en las mismas, el daño es terrible para la economía de Puerto Rico. Resaltó que LUMA no va a mejorar porque no tiene la capacidad, empleados ni conocimientos.
La otra postura en cuanto a la terminación del contrato es que el Gobierno puede decir que no lo va a pagar porque el contrato es nulo, y como el contrato es nulo, no hay obligaciones ulteriores. “Esto requiere un análisis integral y estratégico y el Gobierno tiene que hacerlo porque en realidad el proceso de deterioro del servicio eléctrico continúa y la gente ya hizo su dictamen. El pueblo ya hizo su dictamen: LUMA tiene que ir para fuera. Me parece que lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con ese dictamen”.
En ese plan integral y estratégico para salir de LUMA, la Legislatura tiene un rol fundamental, porque la situación requeriría que una vez se entre en el proceso de transición se haga una nueva ley orgánica de una nueva compañía de energía eléctrica en Puerto Rico. Emmanuelli Jiménez, desmintió el que “no es como los fotutos y enemigos del pueblo están diciendo que es para volver a la AEE y a la UTIER”.
El propósito, describió, es hacer una nueva estructura pública que permita la despolitización, profesionalizar y democratizar el sistema de la transmisión y distribución de la energía en el país. Para él, los males que ha tenido la AEE todo el mundo los conoce, que han sido su politización, la jerarquía y una gobernanza no democrática. Recalcó que la nueva entidad debe ser una en donde participen los diferentes grupos afectados, entre ellos, consumidores, comunidades, industriales, comerciantes; que se puedan tomar decisiones de consenso en una junta compuesta también por profesionales, por gente con conocimiento y experiencia y no por políticos.
En esa línea, se expresó de acuerdo con la resolución aprobada por el Senado, la RS 326, que ordena a la AEE y a la AAPP entregar en 20 días un plan de trabajo ante la cancelación del contrato. La resolución está pendiente en la Cámara de Representantes.
El licenciado Emmanuelli Jiménez, coincidió con la observación de que antes de que LUMA entrara, se denunció lo malo que era el contrato y se explicó cuáles eran las consecuencias. Y las consecuencias se han dado detalladamente, como se anticipó a la luz de lo que dice el contrato. Un ejemplo es que LUMA se excedió por $38 millones en la etapa inicial de observación del sistema eléctrico: se le asignaron $130 millones y gastó $168 millones. El otro problema es que LUMA nunca ha tenido los empleados necesarios y no ha conseguido ningún ahorro; todo lo contrario, el contrato suplementario está sobregirado, además de tener $1.2 billones en deuda por cobrar.
“Esa deuda responde a que la gente no tiene dinero para pagar, tampoco el Gobierno ha pagado, lo que debe, que son más de $200 millones, y lo otro es que LUMA no puede cortar la luz por una OE de emergencia que está extendida hasta el 31 de diciembre”.
También observó que ya la opinión pública está muy ardiente, pero advirtió de que los bonistas van a exigir que LUMA corte la luz para poder cobrar, lo que puede provocar una debacle económica para toda la gente que está atrasada en el pago de su factura.
En tanto, al margen de la discusión respecto al contrato y a la caótica gestión de LE, continúa sin conocerse sobre el proceso de mediación del plan de ajuste de deuda de la AEE. El representante legal de la UTIER indicó que no se sabe nada del proceso e incluso la unión, que es parte del proceso, ha sido excluida. Esta situación, dijo, se ha presentado en dos ocasiones ante la juez Taylor Swain, la cual ha ignorado la petición. Indicó que se supone que este 9 de septiembre haya una vista en el Tribunal.
A esa fecha, describió Emmanuelli Jiménez, podría pasar cualquier cosa. Las partes podrían decir que llegaron a un acuerdo o decir que no llegaron a ningún acuerdo y podrían acordar un itinerario de litigación. En este último caso, para la UTIER es preferible litigar, mientras que por parte de los bonistas y la Junta de Control Fiscal prefieren no litigar porque así no tienen que enfrentar el punto de que los bonos de la AEE no son bonos asegurados.
