Por la Redacción CLARIDAD
“¿Alguien piensa que un municipio que suplica para pagar la nómina pueda de una manera responsable asumir esas nuevas obligaciones? No, no va a pasar”, advirtió la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, ante la aprobación por el Senado del traspaso del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy y la Finca Nolla al municipio de Camuy.
Las resoluciones originadas en la Cámara de Representantes, RC 147, sobre el Parque de las Cavernas y RC 145 de la Finca Nolla, ordenan al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDPI) a “evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, la transferencia en usufructo o cualquier otro negocio jurídico todas sus instalaciones y terrenos, para fines de desarrollo turístico, recreativo y económico y para otros fines relacionados”.
La senadora Santiago Negrón señaló respecto a la Finca Noya, — una reserva natural de 115 cuerdas, cuyo 85 % son humedales estuarinos—, que por su naturaleza, no es un espacio de construcción ni para hacer parques, sino que es un espacio que tiene que ser protegido porque de su integridad depende, además, la protección de las comunidades aledañas. La delegación del PIP en la Cámara denunció la intención de la Legislatura y del actual gobierno de privatizar ambas localidades.
Sobre la capacidad económica del municipio, apuntó que el municipio de Camuy es el segundo en el renglón de necesidad, al que le concedieron $925 mil para poder cubrir sus gastos de nómina y operaciones del año fiscal. La senadora puso en duda que una municipalidad que tiene que estar suplicando para cuadrar su chequera pueda hacerse cargo de espacios que necesitan una inversión considerable, en este caso, de las cavernas y la infraestructura de la finca Nolla, así como los vigilantes del Departamento de recursos Naturales, quienes debieran estar mejor preparados.
La portavoz alterna del PIP en la Cámara, Adriana Gutiérrez Colón, denunció que aunque en el papel no se podrá enajenar las facilidades transferidas ni alterar su uso público de reserva natural, “la mera posibilidad de que se permita a entidades privadas administrar estos espacios es un riesgo y un precedente peligroso que abre la puerta a posibles ilegalidades y acciones contrarias a la integridad del medioambiente”. Expresó que la delegación del PIP en la Legislatura se solidariza con las comunidades, grupos y personas que históricamente han trabajado en la restauración ecológica de la Reserva Natural Finca Nolla, que trasciende su concepción como meramente un espacio recreativo.
“Estamos hablando de personas y organizaciones que actualmente, y por años, han desarrollado proyectos para la restauración de dunas y manglares para proteger a las comunidades costeras y de una reserva que sirve de santuario de biodiversidad que actúa como ‘laboratorio viviente’ para la educación y la ciencia tal y como ha sido catalogado por las personas vinculadas a la Finca Nolla”, dijo la también abogada.
El portavoz de la delegación del PIP, Denis Márquez Lebrón, manifestó que “seguimos viendo cómo la política pública de este gobierno es continuar con la privatización de los recursos naturales bajo la misma mentira de desarrollo económico y turismo. Pretenden seguir llenándose los bolsillos mientras el pueblo pierde acceso a su patrimonio natural. La Finca Nolla y el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy no pueden ser parte de este modelo fracasado y colonial”.
Por su parte, Nelie Lebrón Robles, responsabilizó a la mayoría legislativa y al actual gobierno por cualquier crimen ambiental que, a corto o a largo plazo, pueda provocar esta determinación.“Desde el PIP continuaremos alerta como siempre lo hemos hecho y desde nuestros espacios legislativos denunciaremos cualquier afrenta que atente contra el medio ambiente”, advirtió.
Segundo intento de privatización
En el cuatrienio pasado la administración del Partido Nuevo Progresista, bajo el gobernador Pedro Pierluisi, también se intentó privatizar el Parque de las Cavernas mediante un contrato de arrendamiento a un ente privado. La propuesta fue presentada ante la Comisión de Hacienda, defendida por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3) y su director ejecutivo, Fermín Fontánez. La petición de privatización la hizo el mismo DRNA, mediante su secretaria, Anaís Rodríguez.
El Parque de las Cuevas de Camuy está cerrado desde el paso del huracán María. Antes de eso, era administrado por la Compañía de de Parques Nacionales y su operación generaba más de $1.2 millones al año.
