Especial para CLARIDAD

Cerramos el año 2021, todavía inmersos en la incertidumbre de la pandemia del virus del COVID-19, con acusaciones de corrupción pública contra varios funcionarios, incluyendo, al menos a dos alcaldes en funciones. Los eventos de acusaciones de corrupción han captado la discusión pública, que se ha centrado primariamente en los detalles de la cuantía monetaria, de los artículos que se utilizaron como objeto de soborno y en los métodos para concertar el fraude al interés público. Somos testigos de una endémica situación de actuaciones criminales de los funcionarios públicos involucrados en el más reciente episodio de una larga trayectoria de incidentes activados por las agencias federales responsables del cumplimiento de la ley en nuestro régimen colonial. El arresto de los exalcaldes de Cataño y de Guaynabo, sin embargo, es reflejo de un patrón de comportamiento articulado, una especie de simbiosis, de un patrón de conducta que involucra la utilización de entidades públicas en contubernio con entidades privadas movidos por un afán desmedido de riqueza, es decir, de avaricia, a modo de una perversa “alianza público-privada”. Esta simbiosis, este “junte”, utiliza el aparato partidista como medio para alcanzar el poder político y con el objetivo de viabilizar el enriquecimiento de individuos particulares. En esta trama participan “contratistas colaboradores” con los partidos políticos coloniales y sus dirigentes que invierten para recibir, a modo de prebenda, cuantiosos contratos para realizar dudosas obras o servicios públicos. Servicios y obras o proyectos que se promueven a precios inflados y que, en muchos casos, no añaden valor social o beneficio colectivo, sino que, por el contrario, en muchas instancias nos traen altos costos de operación y mantenimiento y otros perjuicios que degradan el bien común. En este contexto, los funcionarios públicos corruptos y sus “contratistas colaboradores”, funcionan como los nobles que gozaban de derechos feudales otorgados por la realeza, como si fueran “barones” en el sistema económico neoliberal puertorriqueño.

Los acontecimientos recientes corresponden, en cuanto a forma y procedimiento, con la estructura de corrupción que viene operando desde la década del 1980 en la política partidista colonial. El inicio de este proceso de corrupción, de “contratistas colaboradores” junto a los “barones” de la administración pública colonial, puede ubicarse en el 1987 con la creación del Instituto del SIDA, adscrito al gobierno municipal de San Juan. Este Instituto se creó el 28 de agosto de 1987 como un ente gubernamental, cuando el Dr. Pedro Rosselló dirigía el Departamento de Salud municipal. El Instituto fue organizado con el objetivo de proveer ayuda clínica y orientación a las víctimas del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y con la condición de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). La operación de ese Instituto se contrató a una entidad privada organizada por el Dr. Yamil Kourí, incorporada como Advance Community Health Services (ACHS). Esta entidad ACHS, desde su inicio, desarrolló un patrón de soborno a funcionarios electos, funcionarios públicos y partidos políticos, desviando millones de dólares previstos para apoyar y dar servicio a los enfermos de SIDA, muchos de los cuales carecieron y sufrieron, innecesariamente, de atención médica, emocional y social, mientras un grupo de “barones” disfrutaban, como parásitos, de enriquecimiento material y de poder político. La situación de este Instituto fue investigada por el Representante David Noriega y con la información levantada la fiscalía federal organizó un Gran Jurado en octubre de 1996. El Gran Jurado presentó acusaciones a Yamil Kourí, que para esa época era asesor del gobernador Pedro Rosselló, contra todos los funcionarios ACHS y contra el entonces senador del Partido Popular, Edgardo Rosario Burgos. En una segunda fase del proceso judicial fueron también acusados y convictos el abogado estadista Luis Dubón Otero, el médico cubano Jorge Garib Bazaín y el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Granados Navedo. En el juicio, Granados se declaró culpable y testificó contra Garib Bazaín, de quien había recibido $200 mil dólares ilegales en apoyo a su campaña a la alcaldía de San Juan en el 1988. En ese juicio, el acusado Ángel Corsino Maurás, contralor de ACHS, se convirtió en Testigo del Pueblo. Corcino declaró, como el testigo principal de la fiscalía, que Pedro Rosselló González recibió $250 mil para su campaña para gobernador en el 1992 y, además, el candidato a gobernador del PPD en el 1996, Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan entre 1988 y 1996, recibió pagos de $5 mil mensuales por un largo período de tiempo para financiar sus actividades políticas. Tanto Rosselló como Acevedo negaron las imputaciones del testigo y los federales no les formularon cargos. No obstante, el jurado que entendió en ese juicio le dio credibilidad a Corcino Maura para la convicción de Kourí y de todos los individuos imputados de fraude federal, conspiración y lavado de dinero.

La historia de la cultura de corrupción gubernamental tiene otro ejemplo de actividad de “alianza público-privada” en los acontecimientos de corrupción del contratista José “Cuqui” Ventura Asiris, de María de los Ángeles “Angie” Rivera Rangel (ayudante personal del exgobernador Pedro Rosselló), de Ángel Luis Ocasio Ramos (sub-secretario de la gobernación de Pedro Rosselló), y de Oscar L. Ramos Meléndez (exadministrador del Fondo del Seguro del Estado {CFSE} para finales de la década de 1990). Según la prensa comercial, a Ventura se le acusó de actividades de soborno para conseguir contratos de arrendamiento de edificios al gobierno y para otras actividades. Se le imputaron varios delitos y resultó convicto. Rivera Rangel resultó convicta por cargos relacionados a la utilización de su función privilegiada en La Fortaleza a cambio de venta de influencias a empresarios que realizaban contratos con agencias gubernamentales; en el juicio se presentaron 41 cheques endosados por Ventura Asiris a nombre de Rivera Rangel por cantidades que fluctuaban entre $2 mil y $5,775 que totalizaron cerca de $125mil. A Oscar L. Ramos Meléndez se le imputó en mayo del 2003 de haber recibido un soborno de $60 mil de parte de Ventura Asiris para conseguir un contrato de arrendamiento de $4 millones de edificios del CFSE. Aparentemente, Ramos resultó absuelto de la acusación, pero el hecho que haya sido señalado me resulta relevante para la historia que más adelante comparto con los lectores. Además de estos casos relacionados a Fortaleza, surgieron otros casos de corrupción asociados a la construcción de Superacueducto de la Costa Norte. La fiscalía federal le imputó a René Vázquez Botet, ex director de campaña de Pedro Rosselló, y a Marcos Morell Corrada, ex secretario del PNP, cargos de extorsión y lavado de dinero relacionado a sobornos a los desarrolladores que construyeron el Súper Tubo durante la gobernación de Pedro Rosselló. Ambos, Vázquez y Morell, cumplieron 5 años de cárcel al resultar convictos de esas acusaciones.

De forma indirecta, tuve la ocasión de relacionarme, profesionalmente, con un asunto que derivó de las actuaciones de corrupción atribuidas a José Ventura Asiris y a los administradores de CFSE. Veamos. A pocas semanas de que el huracán Georges impactara a Puerto Rico entre el 21 y 22 se septiembre de 1998, llevé mi vehículo de motor a un taller de mecánica que, entonces ubicaba en la carretera 8838, cercano al Jardín Botánico en Río Piedras. Mientras esperaba el servicio del mecánico, noté que en un solar contiguo frente al taller habían colocado una barrera formada por planchas de hierro galvanizado (cinc) que obstruía el campo visual hacia el Jardín Botánico. Pregunté al mecánico si sabía qué se proponía hacerse en ese solar e indicó que le habían comunicado que el gobierno utilizaría ese sitio para ubicar, provisionalmente, escombros vegetativos producidos por el huracán. La curiosidad me movió a cruzar la calle y atisbar el espacio semi oculto a través de dos láminas de cinc y, para mi sorpresa, lo que en realidad ocurría era una incipiente actividad de construcción de edificaciones en ese solar que colinda con el cauce del río Piedras. Haciendo averiguaciones nos percatamos que en ese solar se construiría una edificación para la CFSE.

El proyecto no tenía permiso de construcción, ni había documentación formal sobre su viabilidad y análisis de impacto ambiental. La construcción, en parte, estaba ubicada en el cauce mayor de inundación del río (donde se prohíbe cualquier construcción) y, tal como se proponía, podía afectar la entonces pensada obra de canalización que realizaría el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Ese proyecto era uno de los que Ventura Asiris había conseguido de forma nebulosa, sino ilegal, en sus gestiones de contratista. Un grupo de vecinos del Barrio Venezuela llevó un caso legal contra el gobierno cuestionando la validez de la construcción. Los vecinos contaron con la ayuda de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR y para dicho proceso suplí voluntariamente servicios profesionales periciales. En el alegato llevado al tribunal se planteó que la intervención de la construcción ya estaba afectando la integridad física del cauce del río, que existía un potencial que el cambio en el comportamiento de la inundación podría comprometer la estabilidad del puente histórico sobre el río (uno de los más antiguos construidos en Puerto Rico-1853) y que, además, podría incrementar los riesgos de inundación a las estructuras de la UPR en el Jardín Botánico. Durante ese proceso de cuestionamiento legal, los contratistas sometieron a posteriori una solicitud de permiso de construcción a la entonces Administración de Reglamentos y Permisos en marzo de 1999, casi seis meses después de iniciada la construcción. Como dato histórico, en una crecida alta del río en el 1999, el puente histórico colapsó y fue necesaria una multimillonaria rehabilitación.

Se cuestionó en corte que la obra se llevaba a cabo sin una Consulta de Ubicación solicitada y aprobada por la Junta de Planificación (JP), que el proponente no había solicitado a la JP un cambio en la zonificación vigente que autorizaba una estructura comercial pequeña colindante con la carretera 8838 y que no se había satisfecho el requisito de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Cuando parecía que el caso judicial se resolvería favorablemente a favor del Cese y Desista de la construcción, venció el término del nombramiento de la juez que veía el caso, esta no fue renombrada y, hasta donde recuerdo, el caso se quedó en un limbo pues creo que no se reasignó a otro juez. El ente regulador de estado no actuó y el contratista terminó la construcción de los edificios en el año 2000. En el 2001 el edificio fue adquirido por el gobierno, pagando un precio sobreestimado de la tasación que hubiese tenido en el mercado a esa fecha. Recuerdo haber sugerido públicamente que la nueva administración de Sila Calderón debía demoler esas estructuras a modo pauta de no tolerancia a la corrupción. Sin embargo, el edificio se asignó para la ubicación de las agencias ambientales: el DRNA, la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios Sólidos. Paradójicamente, las estructuras que se hicieron contrario a las leyes, los reglamentos, normas y políticas públicas que principalmente son responsabilidad del DRNA y la JCA, la convirtieron en sus cedes ministeriales. Equivaldría decir que el “crimen paga”.

La edificación, sede del DRNA, no sólo es una estructura construida ilegalmente, producto de gestiones corruptas de delincuentes convictos, sino que también posee serios vicios de construcción y que, por la ausencia de un mantenimiento mínimo, las edificaciones parecen casi dilapidadas. En ese espacio donde se supone se analice, se piense, se razone científica y objetivamente la conservación y protección de los recursos naturales y de la calidad del ambiente, esta gestión vital se lleva a cabo en un ‘producto’ de la cultura de corrupción que asola nuestro Pueblo.

En síntesis, pienso que la cultura de la corrupción tipifica nuestra estructura colonial carcomida. Esa cultura, tal como hace la polilla y el comején, va consumiendo poco a poco la salud, el bienestar, las virtudes, la felicidad y la esperanza de nuestro Pueblo. Las circunstancias exigen que pensemos más allá de la mediatez o inmediatez de las noticias y acontecimientos sobre arrestos e imputaciones de corrupción. La identificación y arresto de individuos corruptos no resuelve ni ha resuelto este problema creciente. La cultura de la corrupción es un problema estructural del contrato social que, como grupo humano, llevamos a cabo. La “alianza público-privada” entre “contratistas colaboradores”, funcionarios públicos corruptos y partidos políticos corruptos, hay que desmontarla mediante nuevos proceso creativos de propuestas y gestión política que no sólo supere la situación de subordinación colonial, la quiebra fiscal y financiera, la adaptación al cambio climático y calentamiento del Planeta, sino también promueve una propuesta de desarrollo y convivencia social y económica fundamentada en principios profundos éticos y morales. La cultura de la corrupción es como un cáncer que corroe nuestra integridad física y espiritual. La agenda para un paradigma de calidad de vida superior requiere de hombres y mujeres honrados, laboriosos, sensibles, instruidos y comprometidos con el bien común. Si no actuamos pronto contra la corrupción institucionalizada, Puerto Rico en general se parecerá a la imagen repugnante que se observa en ese edificio de las agencias ambientales, producto y portaestandarte de la cultura de la corrupción: sucio, dilapidado, inservible. Urge la concertación social hacia una cultura con modos de vida y costumbres fundamentada en valores superiores de convivencia humana.