Un segundo episodio de feminicidio ocurrió luego de que una jueza negara otorgar una orden de protección a una fémina que acudió al Tribunal Municipal de Carolina.

Gemillies Lozada Navarro, de 25 años fue asesinada por su expareja, el 26 de mayo en la avenida Baldorioty de Castro, salida hacia Río Piedras. En una vista el 14 de abril, la jueza del tribunal de Carolina, Geisha Marrero, se negó otorgarle a Lozada Navarro una orden de protección contra su expareja, José Carlos Sanjurjo Dávila. El feminicida se suicidó tras disparale a Lozada Navarro.

La organización Proyecto Matria, así como otras organizaciones feministas, repudiaron el proceder del tribunal. En comunicado de prensa la directora ejecutiva de Matria, Enid Pérez Rodriguez, denunció que los tribunales de Puerto Rico tienen que asumir con mayor compromiso el gran deber de salvar vidas de mujeres víctimas de violencia doméstica que les solicitan órdenes de protección, y que en esa responsabilidad hubo un grave retroceso con el feminicidio de Lozada Navarro.

“Acabamos de tener un retroceso bien grande. Es como si estuviéramos hablando del caso de Andrea Ruiz Costas, a quien hace unos años le negaron una orden de protección y fue asesinada. El poder judicial había hecho unos ajustes internos y adiestramientos al personal, luego de ese feminicidio y de los trabajos del Comité PARE, pero ahora con esta joven madre asesinada por su pareja estamos viendo que los jueces y juezas no están haciendo el análisis de riesgo y letalidad de la víctimas”, declaró la directora ejecutiva de la organización feminista Proyecto Matria.

Pérez Rodríguez explicó que en los casos de órdenes de protección por violencia doméstica se requiere un análisis de riesgo y letalidad, con un formulario de análisis que ya utilizan las organizaciones sin fines de lucro que atienden estos asuntos. El formulario permite ver que, aunque el caso tenga otros asuntos de relaciones de familia, si esa persona que está ahí al frente del juez tiene una situación de riesgo inminente de que pueda ser asesinada y, en efecto, necesita una orden de protección.

“Este formulario de análisis de riesgo y letalidad es parte de un proceso que yo entendía que el poder judicial estaba incluyendo en los adiestramientos de su personal. Es importantísimo, sobre todo para las personas que toman las decisiones sobre las vidas de las mujeres”, indicó.

La directora de Matria coincidió con la hermana de la víctima, que expuso las fallas del tribunal. “La hermana tiene toda la razón en hacer esta denuncia. Es muy lamentable que esta familia tenga que vivir este dolor en este momento y que esos niños queden en orfandad, que veamos las fallas del sistema con un nuevo feminicidio. Este feminicidio nos demuestra que queda mucho trabajo por hacer. Y esta decisión de este tribunal en esa vista de protección final retrocedió en lo poquito que se había logrado y ahora el Poder Judicial tiene ante sí la responsabilidad de un feminicidio, nuevamente, como pasó con Andrea Ruiz Costas”.

Al respecto, destacó que los adiestramientos en los tribunales deben revisarse y recalcar cuán importantes son las órdenes de protección y que en casos de riesgo de violencia hay que otorgarlas aunque haya otros asuntos pendientes en las salas de relaciones de familia.

Por su parte, la Colectiva Feminista en Construcción llevó a cabo el jueves 28 de mayo una manifestación frente a la Administración de Tribunales, la que denominó “Estado feminicida”. La organización calificó de “negligentes e irresponsables”, las expresiones emitidas por la Administración de Tribunales.

En declaraciones escritas a la Prensa, el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Roberto Rodriguez Casillas, defendió la decisión de la jueza y alegó que “las decisiones judiciales se emiten a base de la evidencia disponible durante los procedimientos y dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”.

La Colectiva denunció que el caso de Lozada Navarro no es el único y que, a diario, víctimas de violencia de género acuden a los tribunales y no reciben la “protección ni sensibilidad que merecen”.

CLARIDAD

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“Aquí lo que hay es un desorden”

Los roces que han llegado a la luz pública entre el ahora exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el exdirector de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGP) y el aun presidente de la Junta de Planificación (JP), son prueba de que los departamento sombrillas, ninguno, ha funcionado bien. En su lugar a veces entierran a las dependencias o, sino, se crean conflictos expuso el profesor retirado de Economía Francisco Catalá Oliveras.

Al presente, el DDEC se encuentra bajo un director interino, Roberto Lefranc Fortuño, luego de que el director ejecutivo, Sebastián Negrón Reichard, renunciara y denunciara públicamente intervención directa de La Fortaleza y la pérdida de confianza. Esto luego de que él destituyera y referido al Departamento de Justicia al director de OGP, Norberto Almodóvar Vélez. Con la renuncia de Negrón Reichard,  otros diez altos funcionarios del DDEC también renunciaron.

Todo esto se produce en el contexto de que  en la Legislatura se discuten los proyectos de una llamada “reforma de permisos”. El PC 1213, enviado por la gobernadora, Jenniffer González, y el PS 1183, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Shazt. El ahora exdirector del DDEC, en su momento, reprobó expresiones del presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, de que objetaba el proyecto de la gobernadora debido a que derogaría el marco legal, la Ley 75, de la Junta. Las expresiones de Morales Martínez, fueron hechas en vista pública en el Senado.

En este escenario, Catalá Oliveras, quien se ha distinguido por sus análisis económicos recordó que el DDEC se inauguró en el 1994. Antes, esas funciones eran de la Administración de Fomento Económico e, inicialmente  de la Compañía de Fomento Industrial.  La creación del DDEC como departamento sombrilla fue bajo la administración de Pedro Rosselló González.

“Los departamento sombrillas ninguno ha funcionado bien. El Departamento de seguridad, Bomberos, Policía, Emergencias Médicas, el Instituto de Ciencias Forenses todos pulsan por salir para por lo menos ser operacional, como fue el caso de Ciencias Forenses”, señaló.

Aseguró que los departamentos sombrillas lo que han hecho, además de crear conflictos, a veces es enterrar esas dependencias, y lo que han hecho es funcionar como lápidas. En esa línea trajo el ejemplo de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS),  las cuales se fusionaron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En el caso del DDEC, expuso, se ven los roces entre el exdirector  y el ex de OGP y con la JP. El economista catalogó de absurdo que se coloque a una entidad como la JP bajo el DDEC, dado a que esta se creó  como entidad independiente, precisamente para poder planificar de manera bastante libre, dando el espacio tanto a lo económico como a la planificación.

“La entierran bajo el DDEC donde puede haber y hay conflicto. Planificación no es lo mismo que desarrollo económico. Parte de los desacuerdos entre el DDEC entre la OGP o entre la JP y sabe Dios cuantos más es una cuestión estructural objetiva de que eso está mal organizado. No deben existir esos departamentos sombrillas”.

Contrario a la impresión que pueda haber de que cada administración de gobierno trae un enfoque diferente de hacia dónde debe ir el desarrollo, Catalá Oliveras indicó que siempre ha pensado que en lugar de discontinuidad hay continuidad.

“Hace mas de 80 años Puerto Rico  tiene dos políticas económicas nada más y todas las administraciones PPD y PNP las suscriben con las variaciones de rigor. Una, la dependencia, cualificar para  fondos federales, todas las administraciones están apuntadas para eso. Dos, los incentivos industriales traducidos legalmente en exenciones contributivas,  sean locales o federales”.

Un ejemplo de esa continuidad de exenciones contributivas es la Ley 20, ahora Ley 60 que da exenciones contributivas a millonarios extranjeros para que se establezcan en Puerto Rico, la cual fue establecida por el entonces gobernador, Luis Fortuño, en el 2012, y que continuó con la administración de García Padilla hasta el presente. Observó que esa política de exenciones contributivas es errada en términos de lo que es nuestra situación económica.

Otro error institucional de la manera en que está organizado el DDEC es que tiene bajo su lápida a la Compañía de Fomento Industrial, a la Compañía de Turismo y además hay dos dependencias privadas: una Invest Puerto Rico  y  Discover Puerto Rico. Estas dos últimas son “entidades privadas sin fines de lucro”, pero ambas  solventadas por fondos públicos.  Es decir, que con estas dos entidades se privatizaron  las funciones principales, por un lado, de  Fomento Industrial, que es la promoción de inversiones  y, por otro,  el de la Compañía de Turismo, la promoción del turismo.

El economista Catalá Oliveras coincidió con la apreciación general de que el actual enfoque de desarrollo es todo enmarcado en el turismo y en una devaluación de la universidad  pública. En esa línea, la  política del gobierno de espaldas al ambiente, a la salud, a lo ecológico,  el debilitamiento del DRNA, el proyecto de los permisos que pretende  limitar toda la estructura normativa del país, la política energética de darle prioridad al gas y al petróleo y dar la espalda a los recursos renovables,  todo esto está vinculado no al desarrollo económico, sino a la falta de un plan coherente de desarrollo económico, indicó.

A todo lo anterior, se añade que existe una lucha en este gobierno en particular entre los que todavía son fieles al exgobernador  Pierluisi y lo que son fieles a la actual gobernadora, que están constantemente unos contra  otros. Más aun, expuso, a eso se suma la lucha por los contratos, evidentemente encabezada por el secretario de la gobernación, Francisco Dómenech.

En lo que respecta al secretario interino del DDEC,  no dudó en denunciar que es evidente que responde a la Gobernadora y al Secretario de la Gobernación y que lo que figura de manera prominente en su expediente es  ser cabildero de la estadidad,  sin experiencia en el campo de desarrollo económico.

“Lo lastimoso de toda esta polémica es que las prioridades están torcidas, pero ni aun con prioridades malas se ponen de acuerdo. Es un gobierno totalmente desarticulado, no hay gobierno en Puerto Rico.  A eso se le añade la Junta de Control Fiscal, eso dramatiza la ausencia de gobierno. Los neoliberales se quejan de que hay mucho gobierno.  Aquí lo que hace  falta es un gobierno efectivo, no un  mal gobierno. Se quejan de los controles y los permisos. Aquí necesitamos una organización de permisos que realmente funcione, que diga no cuando tenga que decir no y lo mantenga y diga sí cuando tenga que decir sí. Pero aquí lo que hay es un desorden”.