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Mirada al País. El proyecto de autodeterminación de Puerto Rico: ¿Debemos apoyarlo los independentistas?

Por
wilma-reveron-collazo
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Especial para CLARIDAD

El jueves 18 de marzo, 2021, las congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velazquez y Alexandria Ocasio Cortés reintrodujeron el proyecto de ley titulado ¨Puerto Rico Self Determination Act.¨ El mismo es coauspiciado por 75 congresistas demócratas. El proyecto demarca como objetivo: ¨Reconocer el derecho del Pueblo de Puerto Rico a convocar una convención de estatus a través de la cual el pueblo ejercería su derecho natural a la autodeterminación, y establecer un mecanismo para la consideración congresional de tal decisión, y para otros propósitos.¨

La sección 1 Informa que el proyecto será conocido como ¨Ley de Autodeterminación de Puerto Rico.¨

La sección 2 presenta los antecedentes históricos de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos de la siguiete manera: (1) La adquisición del territorio tras la derrota de España en la llamada Guerra Hispnoamericana de 1898; (2) el establecimiento de un gobierno civil con la aprobación de la Ley Forker de 1900; (3) El establecimiento de la figura del Comisionado Residente; (4) las decisiones de los llamados Casos Insulares que determina que Puerto Rico no es parte de EEUU, y está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EEUU sobre el territorio, ¨lo que a su vez estableció la relación colonial.¨; (5) la aprobación de la Ley de Relaciones Federales de 1950, ¨la cual proveyó para un gobierno constitucional para la Isla, la cual fue adoptada por el Congreso en forma de un convenio para el pueblo de Puerto Rico y la subsiguiente ratificación de la Constitutción de julio de 1952; (6) la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la resolución 748 que reconoce a Puerto Rico como una entidad política de gobierno propio; (7) la importancia que tiene el tema del estatus de Puerto Rico tanto en las comunidades en la Isla como en la diáspora, que mantienen fuertes lazos culturales y socioeconómicos con la Isla de Puerto Rico; (8) la obligación legal de EEUU de cumplir con el Artículo 1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos que establece que todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación ¨por virtud del cual el derecho a determinar libremente su estatus político y a perseguir libremente su desarrollo económico, y su desarrollo social y cultural.¨; (9) la convención de estatus provee para un espacio deliberativo, y comprehensivo, y un espacio ininterrumpido de diálogo que pueda definir el futuro de Puerto Rico.

La Sección 3 define como se establece la convención de estatus:

  • En General : ¨La legislatura de Puerto Rico tendrá la autoridad inherente para convocar a una convención de estatus por medio de una ley o resolución conjunta, y será constituida por un número de delegados a ser determinado en consonancia con la ley aprobada por el gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de proponerle al pueblo de Puerto Rico opciones de autodeterminación. La convención aprobada por la legislatura debe:
  • Ser un cuerpo semipermanente que se disolverá solo cuando EEUU ratifique una de las opciones de estatus presentada por la convención, según seleccionada por el pueblo de Puerto Rico en referendum
  • Estará compuesta por delegados electos por los votantes de Puerto Rico.
  • Establece un fondo federal de financiamiento de $5,500,000 con pareo de fondos de $4 por cada $1 dólar que recaude un candidato a delegado, limitando los gastos de campaña a $25,000.

La sección 4 establece un Comisión Congresional Bilateral compuesta por los portavoces de los Comités de Recursos Naturales de Cámara y Senado y otros miembros seleccionados por los portavoces de mayoría y minoría de ambas cámaras e incluye a la Comisionada Residente de Puerto Rico. Un requisito para pertenecer a la Comisón Congresional Bilaterla es que deben ser miembros del congreso de los 10 estados que tienen las poblaciones mas grandes de puertorriqueños.

Las funciones de esta Comisión Congresional Bilateral incluyen: estudiar, hacer hallazgos, hacer recomendaciones en cuanto a las opciones de estatus con relación a temas y políticas sobre cultura, lenguaje, el sistema judicial y de educación pública, contribuciones y ciudadanía de EEUU. Podrán llevar a cabo audiencias públicas y deberán emitir informes trimestrales y anuales a la Cámara y el Senado de EEUU.

La sección 5 describe la estructura y proceso del referéndum y la campaña de educación. El referéndum presentará al votante las definiciones de autodeterminación acompañada de su plan de transición. Podrá haber mas de una opción. Se le asignan a la CEE $2,500,000 de fondos para el referéndum.

Para la campaña de educación de se asignan $5,000,000, los cuales deben ser divididos en partes iguales para cada opción de autodeterminación incluida en el referendum

La sección 6 describe el proceso que deberá llevar a cabo el Congreso de EEUU para la deliberación y emisión de la Resolución Conjunta para ratificar la opción de autodeterminación aprobada por el voto en el referendum. Si el Congreso de EEUU recesara Sine Die sin actuar, la convención se volverá a reunir para enviar o reenviar las opciones de autodeterminación al próximo congreso.

La sección 7 establece que la Resolución Conjunta del Congreso de EEUU informando los resultados del referéndum ha de ser presentada dentro de los 10 días después de que la CEE certifique los resultados. Establece un intrincado proceso de deliberación y consideración de la Resolución Conjunta.

Aquí a grandes rasgos lo que considero mas importante considerar en la decisión política de si los independentistas debemos o no apoyar este proyecto de ley. Como todo que pretende ser de agrado de muchos, no llenará las expectativas de algunos.

Aunque en la introducción ignora el tema de la invasión y ocupación de Puerto Rico, reconoce que la relación es una colonial. Eso es importantísimo, así como que haya una amplitud de 75 congresistas apoyando el proyecto y que hayan sido mas que los que apoyaron el proyecto de Estadity de la Comisionada Residente.

La iniciativa del proceso de la convención de estatus parte del pueblo de Puerto Rico, así como la elección de los delegados, las definiciones de las distintas opciones de estatus y los procesos de transición. Aquí hay coincidencias con el proyecto Johnston de los 90` donde el PIP tuvo un protagonismo importante.

Las opciones de estatus serán presentadas en referéndum al pueblo de Puerto Rico. La financiación de campaña para la elección de delegados así como la campaña educativa pre-referéndum contiene medidas precautivas para tratar de nivelar el terreno de juego.

Esta iniciativa de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés se remonta al 2018 cuando fue aquella primera delegación del Junte de Mujeres M18 al Congreso de EEUU y tuvimos la oportunidad de reunirnos con Nydia Velázquez. En la reunión de seguimiento en febrero de 2019 la congresista Velázquez se comprometió a impulsar legislación para un proceso de autodeterminación. Se que otros sectores independentistas como el PIP también hicieron acercamientos en esta dirección y Juan Dalmau ha tenido unas muy fructíferas comunicaciones con Velázquez al respecto.

No es un proyecto perfecto. Yo propuse que la referencia al derecho internacional fuera en el contexto de la Resolución 1514 (XV) y no estoy de acuerdo con la inclusión de la Resolución 748 y las representaciones de lo sucedido en el 1952 como un compacto en que Puerto Rico obtuvo gobierno propio. De hecho la misma 748 (VIII) habla de ¨atributos de gobierno propio¨. Pero algo se subsana con la referencia a el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Dicho lo anterior, apoyo el proyecto porque pone el tema de la situación colonial de Puerto Rico en la discusión pública en EEUU en donde tiene que estar: en el Congreso de EEUU. El proyecto además parte del reconocimiento de que es el pueblo de Puerto Rico el que tiene que legislar para convocar la convención de estatus. La Comisión Congresional Bilateral es la primera vez que pone a los congresistas de EEUU a sentarse a la mesa a dialogar y negociar con los representantes del pueblo de Puerto Rico que serán los delegados de la convención.

Es un comienzo necesario y puede ayudar a conducirnos hacia el destino inevitable de todos los pueblos: la independencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visita al Normandie y algunas batallas en el área

Por
manuel-de-j-gonzalez
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CLARIDAD

Mi única visita al Normandie debió ocurrir en 1969 o 1970, cuando, recién salido de la lucha estudiantil, laboraba como “Secretario de Zona” del Movimiento Pro Independencia (MPI) en el área de San Juan. Por conducto de Benjamín Ortiz Beleval llegó el aviso de que don Félix Benítez Rexach, figura ya entonces algo legendaria, quería hacernos un donativo, pero había que irlo a buscar al icónico hotel, que él había construido y todavía poseía. Hasta allí llegué con Benja temprano en la noche a lo que esperaba fuera un saludo y una entrega. El encuentro se prolongó porque el viejo, que estaba solo y quería conversar, nos habló por horas de sus obras y sus hazañas.

Ya ha pasado medio siglo desde aquel encuentro y entonces yo era un muchacho que vivía de prisa, sin conciencia de la historia. Sólo recuerdo que el tema principal de la conversación fue el edificio, que don Félix veía como una contribución a la arquitectura nacional. Estaba seguro de que la estructura sobreviviría por siempre y, mirando hacia edificios vecinos, advertía que no soportarían un terremoto, pero su Normandie sí aguantaría.

Recordé aquella visita porque en estos días de marzo de 2021, a un legislador ocioso se le ocurrió que el Normandie debía ser expropiado, no para su preservación, sino para ser demolido. La propuesta ha generado un mar de respuestas, la mayoría en defensa de la estructura que nació de un encuentro amoroso en alta mar y copió la forma del trasatlántico donde el amor nació.

Los que defienden su demolición se amparan en otro reclamo, tan viejo como el icónico hotel: el rescate de las costas. El edificio cortó la vista hacia el Escambrón y, tras su construcción, la lista de estructuras que tapan el mar siguió creciendo de forma exponencial hasta terminar, ya en siglo XXI, con un adefesio llamado Paseo Caribe. ¿Debe pagar el Normandie, sólo él, por esa larga lista de trasgresiones?

La pregunta me hizo recordar una de las muchas batallas que dio el MPI, que, precisamente tuvo el área del Escambrón como uno de sus escenarios principales. También en 1970 la organización ideó y desarrolló una campaña, cuyos ecos y consignas todavía se escuchan porque el problema no sólo continúa, sino que se agrava con los años: “Playas pal Pueblo”. Reclamábamos que se detuvieran las construcciones costeras y la privatización de playas, y que las ya invadidas les fueran devueltas al pueblo.

El símbolo de la privatización de playas en el área sanjuanera no era el Normandie, sino su vecino, el hotel Hilton, que le quitó un hermoso rincón a la comunidad de Puerta de Tierra. Por eso, el que ya era el principal hotel de San Juan se convirtió en el centro de los actos de desobediencia civil y desafío desarrollados en el verano de 1970. El 19 de julio de ese año se produjo una “invasión” de la playa del Hilton con el propósito de abrirla, aunque fuera por unas horas, a los vecinos de Puerta de Tierra.

La “toma” de la playa privatizada se ejecutó desde dos frentes. Desde el Escambrón un grupo de compañeros y compañeras nadó hasta el hotel, cargando una bandera de Puerto Rico (que creo portaba René Rodríguez), la que sería plantada en la arena como símbolo de su liberación. Otro grupo, que la noticia de CLARIDAD sobre el evento define como “una treintena”, entramos por el vestíbulo del hotel, blandiendo banderas y gritando consignas.

El grupo de nadadores, al que se unieron muchachos de Puerta de Tierra, llegó sin problemas hasta la playa y ejecutó la toma simbólica. Los que entramos por el vestíbulo también llegamos, pero, una vez allí fuimos detenidos a golpes y macanazos por policías y la seguridad del hotel. Varios fuimos arrestados y el resto de la tarde lo pasamos en el Tribunal de Distrito, también ubicado en Puerta de Tierra. (Se me acusó de “acometimiento y agresión”, siendo la alegada víctima uno de los “bouncer” del Hilton, con más de doscientas libras de músculos. De más está decir que, una vez el juez me vio parado de lado del mastodonte, la acusación no prosperó.)

Por aquellos días, en el Condado y el área frente al Normandie, se dio otro desafío del MPI, esta vez contra la prohibición de fijar pasquines en postes y propiedad pública, que se aplicaba de forma discriminatoria. Se acordó que militantes y miembros de la dirección desafiáramos la prohibición colocando el pasquín de la campaña “Playas pal Pueblo” (diseñado por el maestro pintor José Alicea) al mediodía y con anuncio previo.

El desafío tuvo todo el efecto que pretendíamos. Casi todo el grupo fue arrestado, entre otros, Juan Mari Brás, Fermín Arraiza, Florencio Merced y Alberto Pérez, y pasamos la tarde en la Cárcel Municipal de San Juan, más conocida como la de la “Parada 8”, hasta que tras un recurso judicial presentado por los licenciados Enrique “Chino” González y Lorenzo Piñero, entre otros, se ordenó nuestra liberación. Eventualmente el Tribunal Supremo emitiría un dictamen prohibiendo la aplicación discriminatoria del Art. 7 del Código Penal. Aquel desafío fue uno de varios “experimentos jurídicos” ideados por Mari Brás para retar leyes que se aplicaban de forma discriminatoria contra luchadores independentistas.

El problema que pretendía enfrentar la campaña “Playas pal Pueblo”, que comenzamos en 1970, se agravó con el paso de los años. La última agresión al derecho del pueblo a disfrutar las costas fue la construcción del enorme adefesio arquitectónico llamado Paseo Caribe, que ocupó el último espacio libre en el área y tapó el acceso al Fortín de San Gerónimo. Quienes ahora favorecen la demolición del Normandie para lograr mayor vista al mar, debieran plantearse comenzar por las últimas agresiones, no por la primera. ¿Qué tal si comenzamos demoliendo Paseo Caribe que, a diferencia del edificio que construyó don Félix Benítez, carece de valor histórico, a no ser por la batalla épica que, contra su construcción, dio el amigo Tito Kayak?

Cuáles son los recursos que protege el secretario de Recursos Naturales

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A la vez que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo Maldonado, afirma en una vista pública del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos que la participación pública es importante y que las estrategias de protección contra el cambio climático deben ser resultado de esa participación, en particular de las comunidades en las costas, se hace de la vista larga con la construcción de un condo hotel en Santa Isabel, mantiene secuestrado un reglamento, y elimina los requisitos de la preparación de una evaluación ambiental y una declaración de impacto ambiental.

Las declaraciones del secretario el DRNA se produjeron a preguntas del congresista Jesús García (demócrata por Nuevo México) durante una vista pública que tenía el propósito de discutir el borrador de un proyecto de la autoría del congresista Raúl Grijalba. El proyecto va dirigido a dar incentivos para atender los efectos que produce el cambio climático. La vista, presidida por Grijalba, quien es el presidente del CRN, se llevó a cabo el 7 de marzo.

García trajo a la atención del Secretario los daños causados por el huracán María y los terremotos, como efectos del cambio climático, y le cuestionó si estaba de acuerdo con incluir la participación ciudadana para atender estos. Machargo Maldonado afirmó estar de acuerdo y, más aun, que las medidas a establecerse fuesen  resultados de esa participación pública.

El congresista García también le cuestionó directamente si estaba de acuerdo con el daño a la comunidad que causa el proyecto Kontel Adventure Hotel en Santa Isabel, que representa un peligro para especies en peligro de extinción y entorpece el acceso de la gente a la playa.

La reacción de Machargo Maldonado fue argumentar que, de acuerdo con la ley, en Puerto Rico todos tienen acceso a la playa y que impedir el acceso es ilegal, por lo que tomaría nota e investigaría si tenían todos los permisos. Además, que evaluaría el impacto negativo que ese proyecto pueda ocasionar a las comunidades.

Es obvio que si la postura del licenciado Machargo Maldonado fuese la de escuchar a las comunidades, la controversia de la construcción del citado hotel no hubiese provocado el surgimiento del movimiento Salvemos Jauca, movimiento integrado por las comunidades, varias denominaciones religiosas, los comerciantes del pueblo de Santa Isabel y organizaciones ambientalistas de toda la isla. Y por supuesto, no hubiese llegado al Congreso. El proyecto no ha contado con ninguna vista pública, en gran medida, porque el proponente del proyecto se opone. De hecho, la comunidad de Santa Isabel se enteró del proyecto por la prensa, cuando la entonces directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, anunció su construcción en el mes de noviembre.

El pasado 4 de marzo, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó la Resolución número 41, presentada por el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, que ordena a la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central y a la Comisión de Recursos Naturales llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la construcción de ese hotel en la zona marítimo terrestre.

El secuestro de un reglamento

Por otra parte, los activistas contra la quema de carbón han denunciado que el Secretario mantiene secuestrado el reglamento para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón en la isla.

“Machargo lleva casi un año violando la Ley 5-2020 que le obligaba a aprobar, al 2 de abril del 2020, el reglamento sobre la prohibición del depósito de cenizas tóxicas de carbón. No solo está violando la ley impunemente, sino que ahora mantiene secuestrado el reglamento, que fue finalizado hace unos meses”, denunció en comunicado de prensa José M. Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra cenizas en Peñuelas.

El portavoz del Campamento contra las cenizas afirmó que el Secretario les aseguró que el reglamento sería enviado al Departamento de Estado a finales de diciembre; pero no lo hizo. Después dijo que sería en enero y luego, que en febrero. “Estamos en marzo, y ahora dice que está leyéndolo. Es una falta de respeto total de este señor hacia el pueblo. ¿A quién trata de proteger Machargo, que prefiere violar la ley antes de cumplir con sus funciones?”, cuestionó.

En tanto, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas, manifestó que el gobernador está evitando reunirse con las comunidades afectadas por la empresa carbonera AES. Precisó que el ocho de enero, entregaron una carta en La Fortaleza en la que le solicitaban una reunión urgente y ni siquiera han recibido contestación.

Las exclusiones categóricas

Mientras, las organizaciones ambientales Ciudadanos del Karso y Sierra Club presentaron un recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones para exigir que se detenga la Orden 2021-02 del DRNA referente a exclusiones categóricas. Las organizaciones han denunciado que las exclusiones categóricas abren la puerta a la aprobación de proyectos de construcción sin procesos de evaluación de impacto ambiental, impactos de salud ambiental, revisiones de expertos y sin vistas públicas.

Explicaron que el término exclusiones categóricas se refiere a actividades que por no tener impacto ambiental significativo pueden ser aprobadas sin mayores requisitos. La postura del Sierra Club y de Ciudadanos del Karso es que la orden busca ampliar la lista de actividades en las exclusiones categóricas, lo que excede los poderes que otorga la ley, sin ofrecer detalles de razonamiento técnico.

Las organizaciones ya habían llevado al Tribunal una Orden Administrativa del DRNA, emitida en el 2020, que igualmente buscaba ampliar las exclusiones categóricas. En este segundo recurso, Sierra Club y Ciudadanos del Karso detallan cómo la orden 2021-02 del DRNA no cumplió con el debido proceso de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

“La aprobación de esta orden falla desde su inicio, ya que no cumplió con el debido proceso del Ley y no atendió los problemas de fondo de la orden anterior. Con esta orden, continúan los atropellos al derecho de participación pública de las comunidades. Además, esta crea confusión porque tiene incongruencias de vigencia con el Reglamento de la Junta de Calidad Ambiental sobre las mismas exclusiones categóricas. Las violaciones de esta orden son claras y además van contra el mandato del DRNA de salvaguardar los sistemas naturales de la isla. Con este recurso, buscamos que el DRNA desista de crear órdenes que no atienden los problemas reales de la planificación ambiental en Puerto Rico. Denunciamos esto como parte de una estrategia del gobernador, Pedro Pierluisi, para desmantelar protecciones ambientales”, manifestó Abel Vale, presidente y fundador de Ciudadanos del Karso.

Los ambientalistas calificaron la acción de Machargo Maldonado de desafortunada. Esta sienta un mal precedente al provocar que una agencia de manejo ambiental carezca de recursos técnicos y científicos para su toma de decisiones.

Miel que me das: «Muchacho» – Anacreonte

Por
Cristina Pérez Díaz
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Dibujo de Emanuel Torres
Muchacho 

 

Muchacho con los ojos de una virgen,

mirándote te busco y no lo notas.

No sabes que conduces en tus manos

las riendas de mi alma.

 

Fragmento 360 de Anacreonte, traducido del griego antiguo por Cristina Pérez Díaz
Dibujo en tinta sobre papel de Emanuel Torres

 

Nota de la traductora

Anacreonte de Teos (c. 570-485 a.C.). El epitafio que para él figura en la Antología palatina–colección de poesía griega compilada en la Edad Media, basada en antologías anteriores desde la de Meleagro en Palestina en el siglo 1 a.C.–lo describe como un borracho (A.P. 7.26). La estatua que de él posaba en el Acrópolis lo representaba cantando, ebrio y sin un zapato (A.P.16.306). Cuenta, sin embargo, la historia que no fue ahogado en alcohol como encontró la muerte, sino con una semilla de uva (Valerius Maximus 9.8). 

 

PNP y PPD negocian “quid pro quo” para nombramientos

Por
juan d.roman
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Juramentación de Pedro Pierluisi

 

Especial para Claridad

La administración del gobernador Pedro Pierluisi y la legislatura controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) están en proceso de negociar los nombramientos del gabinete ejecutivo y las previstas vacantes en el Tribunal Supremo de manera que una y otra parte puedan beneficiarse políticamente de la negociación.

Ante la dificultad que enfrenta el gobernador Pierluisi de ver rechazados los nombramientos de secretarios y directores de agencia que considera como “indispensables” para su administración, fuentes allegadas a las delegaciones legislativas del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP) señalan que el liderato legislativo Popular ha propuesto al gobernador un “quid pro quo”, es decir, un nombramiento por otro.

Según las fuentes, la propuesta del PPD consiste en aprobar la mayoría, sino a todos los nombramientos de gabinete hechos por Pierluisi a cambio del nombramiento de un juez Popular a una de las potenciales tres vacantes que se estima tendrá el Tribunal Supremo este año, incluida la vacante ya existente tras el retiro de la Juez Asociada Annabelle Rodríguez.

Durante este año se espera la renuncia de la Juez Asociada Mildred Pabón Charneco, quien ha anticipado el hecho para atender asuntos relacionados a su salud. Además, existe la posibilidad de que la Juez Presidente Maite Oronoz también renuncie a su posición si es nombrada por el Presidente de Estados Unidos para ocupar la vacante dejada por el fallecido Juez Juan R. Torruellas en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.

“Ya sea que ocurra la renuncia de la presidenta o no, el PPD espera mantener algo más que una presencia nominal en el Supremo”, señaló una fuente. “Después del retiro de Annabelle [Rodríguez], quedan en el Tribunal Maite [Oronoz] y Ángel Colón. Los Populares buscan garantizarse al menos dos de los nueve jueces, o en el mejor de los casos –si Maite no renuncia– volver al 6 a 3 que dejó Alejandro [García Padilla]”.

Aunque resulta previsible que Pierluisi deba acceder a nombrar al menos un Popular al Tribunal Supremo, porque de lo contrario la Legislatura dominada por los Populares no el aprobaría un juez PNP, tanto uno como los otros parecen desear alguna “muestra de buena fe”.

“Es por eso, que la delegación Popular en el Senado, particularmente el presidente, estaría dispuesta a empezar a aprobar ‘los nombramientos más fáciles’, queriendo decir aquellos que no levantan controversia –como el de Larry [Seilhamer] para Secretario de Estado – y los que se estima no nos afectan políticamente”, señaló por su parte una fuente vinculada al PPD. “Es aquí donde la cosa se pone difícil”.

De acuerdo con la fuente, es en la aprobación de esos nombramientos que “no nos afectan políticamente” donde el PPD está dispuesto a “pasar con ficha” confirmando a secretarios designados con evidentes problemas de corrupción.

Uno de esos casos es el del designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, un exagente directivo de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), adscrita el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) del gobierno de Estados Unidos.

Antecedentes de corrupción

Torres Ríos, quien llegó a ocupar el cargo de Agregado Regional para el Caribe, en la oficina de Miami, Florida de ICE–Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), se inició en dicha agencia en 1999 y consiguió ocupar distintas posiciones de supervisión hasta su retiro en 2019. No obstante, algunos de los “supuestos ascensos” de Torres Ríos respondieron a medidas disciplinarias que le impusieron sus superiores para “relevarlo de sus funciones y responsabilidades” en Puerto Rico debido a señalamientos de acciones ilegales y actos de corrupción.

Entre los actos de corrupción en los que supuestamente participó Torres Ríos se encuentran interferir con investigaciones en proceso y la asociación con reconocidos criminales.

Según se desprende de la Opinión y Orden del Juez Presidente del Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, en el caso de Wilbert Reyes Caballero vs. Oriental Bank, Torres Ríos intervino con un oficial bancario para favorecer a Jaime “Jimmy” Serrano Cardona, convicto en la jurisdicción federal por narcotráfico, y se le concediera un préstamo hipotecario por $849,507.27.

En el documento emitido Gelpí en el caso de la demanda de Reyes Caballero en contra de Oriental Bank por discrimen, éste relata como en 2015 Serrano Cardona se acerca al entonces oficial bancario para entablar negocios con el Oriental Bank. En ese entonces Reyes Caballero se había comunicado con su supervisor en el banco, Manuel Muñoz, para preguntarle si conocía a Serrano Cardona, o sabía algo sobre él. Muñoz le dice que “se rumoraba en el vecindario que él [Serrano Cardona] estaba ‘caliente’”. En su deposición para el caso Reyes Caballero “explicó que una persona considerada como ‘caliente’ podía ser un ‘un pedófilo, un delincuente o un ladrón, un violador, un narcotraficante, un indocumentado o un abusador’.

A raíz de esa conversación, el oficial bancario se comunica con su yerno, Roberto Escobar, quien se había retirado como pasado director de ICE para preguntar si tenía información sobre Serrano Cardona. Escobar refiere entonces a su suegro a Torres Ríos, quien estaba activo en ICE.

“Durante una conversación telefónica, el señor Torres llevó al demandante a creer que no debía preocuparse por el señor Serrano Cardona porque él ‘estaba cooperando con los federales’, (Docket Nos. 46-1 ¶ 61; 59 ¶ 61)” lee el documento de Opinión y Orden del juez Gelpí.

El hecho de que Gelpí consigne en su Orden la intervención de Torres Ríos a favor de Serrano Cardona deja establecido que el Tribunal ha tomado conocimiento judicial del hecho, el cual representa una intervención ilegal del designado Secretario de Seguridad Pública. Para esa fecha, no sólo Serrano Cardona había sido ya convicto por narcotráfico, y acusado por también por el mismo delito en una segunda ocasión, sino que Torres Ríos había sido “relevado de sus funciones en San Juan” y trasladado a las oficinas de ICE en Washington D.C. a raíz de un incidente de acoso laboral en contra de agentes de ICE y de la Policía de Puerto Rico destacados al “Task Force” entre ambas agencias.

Contra Torres Ríos aún permanecen pendientes varias investigaciones de querellas administrativas cuyo acceso, debido a que son manejadas de manera confidencial por los entes de fiscalización interna del gobierno federal, se limita a las agencias concernidas.

De acuerdo con las fuentes legislativas tanto el Gobernador Pierluisi, como el presidente del Senado José Luis Dalmau, tienen conocimiento del historial y trayectoria de Torres Ríos, pero “han optado por hacerse de la vista larga”. De hecho, en diciembre pasado Pierluisi descartó algunos de los señalamientos en contra de su designado Secretario de Seguridad Pública publicados en un medio de comunicación diciendo que “son casos que no tienen ninguna relevancia con el trabajo que va a estar haciendo el señor Torres como secretario del Departamento de Seguridad Pública”.

“Nos preparamos para el proceso venidero… es decir, el proceso de confirmación. Yo me siento muy satisfecho, muy a gusto de que vamos a tener un excelentísimo secretario de Seguridad Pública, tan pronto goce del consentimiento del Senado”, dijo Pierluisi al momento de anunciar la designación de Torres Ríos en diciembre pasado.

La vista pública para la confirmación de Torres Ríos se celebra mañana 23 de marzo de 2021.

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