Es un reto al cual nadie sabe responder. La mayoría de gobiernos y corporaciones internacionales parecen pensar que después de una pausa más larga y forzada por la pandemia todo pueda volver a la normalidad. Otros, más conscientes y atentos a la realidad, saben que podemos organizar el mundo y la vida de otras formas, más atentos a la convivencia humana, a la justicia social y al cuidado con la sustentabilidad de la vida.
Las películas de ficción científica muestran un futuro oscuro. De cierto modo, parecen ver el mundo como en la época de los imperios antiguos, con armas nucleares y naves espaciales. Por eso, Zigmunt Bauman decía que, en el mundo actual, la esperanza se ha convertido en nostalgia de un pasado idealizado. La utopía de un mundo nuevo posible si ha cambiado para algo que Bauman llamó de retrotopía. Como si la técnica actual llevara el mundo a una vuelta al pasado medieval o hasta la pre-historia.Mismo algunos juegos de computadora hacen la juventud vislumbrar el futuro como mero retorno al pasado. De hecho, las actuales guerras con artefactos nucleares son más salvajes que las antiguas guerras de cuerpo a cuerpo. Las actuales normas de migración son más inhumanas que las anteriores. La realidad de desempleo estructural hace más difícil la vida de los pobres en la sociedad post-industrial. La sociedad neoliberal se ha hecho necro-liberal, cada vez menos solidaria. En la América Latina y Caribe, el imperio profundiza una guerra cruel contra cualquier intento de real independencia política y económica.
Gracias a Dios, cada vez más, aumenta el número de personas que, en todo el mundo, perciben: tenemos que hacer algo por el bien de la humanidad y para salvar el planeta Tierra. Ese cambio de ruta no puede ser retorno al pasado, sino construcción de un futuro sostenible para nosotros y para la Madre Tierra. Eso pide una radicalización del modelo democrático, con nuevo estilo de poder, no como dominación sobre los otros y si como potencialidad de servir.
Las tradiciones religiosas enseñan que la vocación de todo ser humano es ser libre y tener su dignidad reconocida. Las espiritualidades indígenas proponen el Bien Vivir, los cultos afro descendientes cultivan el Ajé, el Budismo habla de la compasión y el Taoísmo busca la armonía universal. La dimensión social liberadora está en el centro de la revelación bíblica, como corazón de la espiritualidad. Expresa la relación con un Dios que es amor y cuyo proyecto es la liberación de todos los seres humanos, el derecho a la vida de todos los seres vivos y la comunión con el universo.
El autor es cura benedictino y ha escrito más de 40 libros.
Tras la ejecución Elías Francis Riggs en febrero de 1936, el gobierno de EEUUAA arrecia su persecución contra el nacionalismo boricua. A diez días de la ejecución del agente federal, en marzo de 1936, fue arrestado gran parte del liderato nacionalista encabezado por Pedro Albizu Campos. Fueron acusados principalmente de “ilegalmente conspirar parar derrocar, derribar y destruir por medio de la fuerza el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico”.
Tras un juicio amañado, fuero deportados a Atlanta junto a Albizu: Juan Antonio Corretjer, Secretario General del Partido Nacionalista y director del periódico nacionalista “La Palabra”; Clemente Soto Vélez, director del semanario nacionalista “Armas”, editado en Caguas; Erasmo Velázquez, Secretario de la Junta Municiopal Nacionalista de Caguas; Juan Juarbe Juarbe, Secretario particular de Albizu Campos; Pablo Marrero Rosado; Luis F. Velázquez y Juan Gallardo Santiago. (Pedro Albizu Campos, Obras Escogidas, tomo II; Juan Antonio Corretjer, La lucha por la independencia)
En las costas de Rhode Island, en las entonces colonias británicas, un grupo de patriotas yankis ataca y quema el buque aduanero de la corona británica, Gaspee; en uno de los actos que condujeron luego a la guerra por independencia de las 13 colonias.
10 de junio de 1966
Odisea del Cerro Pelado
La décima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron en Puerto Rico en 1966. Estuvo marcada por los problemas creados por el gobierno de Estados Unidos contra la asistencia de Cuba a la sede, en San Juan, Puerto Rico.
Desde 1965, EUA intentó imponerle al Comité Organizador que no le extendiera a Cuba la invitación a la Isla. Fracasado ese procedimiento, pues el Comité Olímpico Internacional lo penalizaba en su reglamento, surgió la negativa estadounidense de concederles las visas a lxs atletas de Cuba para la justa que tendría lugar entre el 11 y el 25 de junio de 1966. Después de un agitado proceso, finalmente otorgaron el visado, pero no así el permiso para viajar hasta la capital boricua en medios de transporte cubanos, es decir tendrían que ir a un tercer país para desde allí trasladarse a San Juan.
Ante tanta maniobra, el gobierno cubano tomó una decisión soberana. El barco Cerro Pelado partió desde Santiago de Cuba con toda la comitiva y se mantuvo en aguas internacionales frente a las costas de Puerto Rico reclamando el derecho que le asistía a sus atletas de competir. Durante la travesía fueron asediados por aviones yanquis y en respuesta a todas las agresiones la delegación deportiva cubana redacta el 10 de junio un documento denominado «Declaración del Cerro Pelado», con el objetivo de denunciar ante el mundo el absurdo e ilegal comportamiento del Departamento de Estado Norteamericano y al mismo tiempo proclamar la inquebrantable determinación de todos los miembros de la embajada deportiva de llegar a la capital puertorriqueña, aunque fuera nadando, para competir en los Juegos. El escrito ratificó la posición de principios del deporte cubano, al proclamar el derecho de la mayor de las Antillas a participar en la justa, que comenzaría el 11 de junio y devino ideario frente a intereses mezquinos opuestos al deporte limpio y sano para todos los pueblos. El Cerro Pelado fue obligado a anclar a casi cinco millas de las costas puertorriqueñas y en horas tempranas de la mañana del día 11 de junio de 1966, la delegación fue trasbordada en alta mar al remolcador Peacock, en condiciones riesgosas y difíciles. Todos bajaron a tierra en lanchas con banderas puertorriqueñas, no estadounidenses como quería el gobierno yanqui. Finalmente los miembros de la delegación llegaron a tiempo a la ceremonia inaugural y enarbolaron la enseña cubana en el Estadio Hiram Bithorn.
Fuente principal: página de facebook de Darío Ortiz Seda
En momentos en que a través de todo Estados Unidos las y los ciudadanos manifiestan su rechazo al racismo, a la brutalidad policíaca y a la impunidad, la organización Kilómetro Cero hizo un llamado a que en la Isla las personas conozcan la realidad de que la Policía de Puerto Rico mantiene la misma actitud con iguales consecuencias. “El pueblo estadounidense se ha volcado en rabia y dolor contra un sistema violento que supone un peligro de muerte 50% más alto para las personas negras e hispanas en ese país. Desde Kilómetro Cero nos hemos solidarizado con el pueblo estadounidense que ha salido a defender su dignidad a pesar de la pandemia del COVID-19 y de un sistema brutalmente represivo que los ataca por exigir derechos fundamentales como son el derecho a la vida, a la dignidad, a la igual protección de las leyes y a la protesta”, expresó la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, María Mari Narváez.
Frente a esta realidad indicó que le parecía vital que, en este momento, el pueblo de Puerto Rico conozca la realidad de las muertes por uso de la fuerza de la Policía en nuestro País. Aun cuando hizo la anotación de que la violencia de Estado, así como las dinámicas raciales y de clase tienen su propio contexto social y político, en el caso de Puerto Rico, dijo el sistema de injusticia, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la perpetuidad de la impunidad son situaciones que están en un estado de mucha más precariedad.
Según expuso contrario a Estados Unidos, en Puerto Rico no existen entidades independientes que supervisen ni investiguen las acciones ilegales o excesivas de la Policía.
Foto: Vicente Vélez
“No se ha visto que, en sus siete años de vida, la Reforma de la Policía haya rendido frutos en la ejecución del trabajo policiaco, más allá de la serie de políticas escritas que se han aprobado; las personas deben querellarse contra los agentes en la propia agencia, lo cual no ofrece un proceso justo y neutral, sino que produce investigaciones sin rigurosidad alguna según expresado recientemente por el propio Monitor Federal de la Policía”.
Además, todavía en la sociedad existe una cultura de grabar las intervenciones fatales de los agentes de la seguridad pública. Mas aun recordó que desde que se aprobó la ley PROMESA, las reclamaciones judiciales civiles contra el Estado se han limitado de manera extraordinaria, logrando incluso su paralización a raíz de que aún no se ha resuelto la reestructuración de la deuda pública del País. La ley PROMESA protege al Estado contra demandantes que persigan compensación económica por daños y perjuicios ocasionados.
“Esto coloca al pueblo de Puerto Rico en un arrinconamiento antidemocrático insostenible, donde no existen opciones de reparación para las personas que sufren la violencia de Estado”, manifestó.
De acuerdo con los datos presentados por Kilómetro Cero, de al menos 17 personas que la Policía ha matado en nuestro país desde 2019: 11 no portaban armas de fuego:8 no portaban arma alguna:2 eran personas que atravesaban crisis de salud mental: y 9 tenían 25 años o menos.Todos pertenecían a sectores marginados socioeconómicamente.
Entre el año 2018 y 2019, al menos 22 personas murieron por uso de fuerza policial en Puerto Rico. En 2020, ya hay 4 víctimas fatales de la Policía, lo que eleva la suma a 26 desde 2018.
Estas estadísticas han sido recopiladas por Kilómetro Cero, tras una serie de peticiones estratégicas de información a la Policía y demandas e investigaciones comunitarias.
Las 22 muertes en Puerto Rico hasta 2019 implican que, por cada millón de habitantes, 3.44 individuos murieron a manos de la Policía. Esa tasa coloca a Puerto Rico entre los estados de Virginia (3.46) y Delaware (3.09) y por encima de muchos estados del Este de EE. UU.
Mari Narváez censuró que peor aún, a los responsables de estas muertes en Puerto Rico, no se les han radicado cargos criminales, ya que cada vez que un agente mata un ciudadano, el Estado argumenta que fue en “legítima defensa” y los fiscales no someten los cargos.
Este comportamiento de la Policía denunciado por Kilómetro Cero ocurre aun cuando se supone que la Policía se encuentre en la etapa de cumplimiento de una llamada reforma. “Veo la reforma lentísima”, indicó a CLARIDAD Mari Narváez. Agregó que lo último que supo respecto a la reforma- ya que tampoco la Policía es abierta a la participación ciudadana- fue que el Monitor federal en marzo presentó su último informe y entre otros señalamientos decía que las investigaciones administrativas tienen una falta de rigurosidad casi absoluta, sin objetividad alguna, que solo en el 6% de los casos se buscaron los videos de las escenas, que en una gran cantidad de las investigaciones no se entrevista a nadie.
Foto: Ernesto Robles Arresto Giovanni
“Eso en un informe que se supone que es un informe de la etapa de cumplimiento en la que se encuentra la Policía, pero ellos incumplen constantemente y no hay consecuencias, el tribunal no hace nada. Nosotros siempre lo hemos dicho pero otra cosa es que lo diga el monitor y además a estas alturas de la reforma que van siete años de firmado el acuerdo que se supone que esa es una de las cosas que se corrigieran desde el principio”.
La activista llamó la atención a que esas investigaciones son los únicos mecanismos de defensa que existen en una agencia policiaca como la nuestra que no tiene supervisión independiente, por lo que se tienen que crear unos mecanismos robustos a nivel internos.
Mas aun la situación de emergencia de salud provocada por la epidemia del coronavirus y las Ordenes Ejecutivas que imponen el toque de queda y medidas de distanciamiento parecen haber reforzado la actitud prepotente de la uniformada.
Mari Narváez, reconoció que le ha preocupado muchísimo el poner a la Policía a velar por la salud pública y a intervenir con la ciudadanía que no está cometiendo delito, por no llevar mascarilla, pasear su mascota, o por el mero hecho de salir a la calle. Aunque dijo que durante el toque de queda no han ocurrido muertes a manos de la Policía, si han estado documentando casos de intervenciones policiacas con violencia verbal que va a lo emocional. Narró que han sabido de situaciones en las cuales seis y siete policías han hostigado a personas por pasear su mascota, aun en calles desiertas, amenazar con meterlos presos o con multas hasta de cinco mil dólares, incluso tienen videos de la policía interviniendo con locales en la playa, pero no intervienen con turistas. “Lo agresivo de la intervención ha causado daño emocional a muchas personas”.
La Directora Ejecutiva de Kilómetro Cero describió que es un retroceso brutal la actitud de envantolamiento que ha asumido el cuerpo policíaco debido al poder de intervención que les ha otorgado las Ordenes Ejecutivas y observó que es bien difícil después desaprender ese tipo de conducta.
El racismo mortal es parte de la historia de Estados Unidos, desde los tiempos de las trece colonias, cuando la esclavitud- un sistema económico basado en la compra, apropiación e intercambio de personas como si fuesen mercancías- fue la base que permitió el desarrollo acelerado de la nación en ciernes. Desde África llegaban los barcos a Chesapeake Bay, el enorme estuario que bordea los estados de Maryland y Virginia, el cual fue el principal puerto de entrada de esclavos al pujante territorio americano.
Una vez librada la guerra de independencia, y cortados los lazos de sujeción al reino británico, la esclavitud siguió vigente en gran parte de la nueva república de Estados Unidos de América. Por eso se dice que la célebre frase atribuida a Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia- el documento fundacional de la república- afirmando que “todos los hombres han sido creados iguales”, no se refirió nunca a los esclavos negros. Jefferson, uno de los más celebrados entre los “padres fundadores” y tercer presidente de Estados Unidos, fue un connotado esclavista cuyo historial de explotación, abuso, decepción e hipocresía aún confunde y sorprende a historiadores y legos.
Pronto en el desarrollo de la nueva nación el régimen esclavista se convirtió en un enconado foco de división entre los incipientes estados. Pasarían 90 años y la nación confrontaría el saldo traumático de una Guerra Civil (1861-1865), para que finalmente se prohibiera el oprobioso régimen. Sobre ese telón de fondo se inscribe el asesinato del afronorteamericano George Floyd por un policía blanco en Minneapolis, Minnesota la semana pasada, y las protestas masivas que desde entonces han sacudido a ciudades importantes de Estados Unidos. Miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, se han conmocionado por la realización de que el odio racial sigue siendo una lacra profunda en el corazón de su país, incluyendo la que consideran como una de sus ciudades más “liberales”.
George Floyd es la más reciente víctima de esta larga y mortal historia de racismo, que tiene uno de sus núcleos más recalcitrantes entre las fuerzas policíacas en Estados Unidos, mayoritariamente integradas por hombres blancos. Antes que él, Michael Brown en Ferguson, Missouri (2014); Eric Garner en la ciudad de Nueva York (2014); Tamir Rice, un niño de sólo 12 años, en Cleveland, Ohio (2014) y Freddie Gray, en Baltimore, Maryland (2015), fueron los más recientes y notorios casos de afronorteamericanos asesinados por agentes de las llamadas fuerzas de ley y orden. En todos estos casos se desbordó también la indignación popular, con sucesos similares a los que se viven hoy tras el asesinato de George Floyd.
El racismo sistémico es uno de los peores crímenes sociales en la historia de Estados Unidos, que vive y persiste hoy como antes. Es lo que mantuvo, hasta la década de los años 60 del siglo 20, el humillante y cruel sistema de segregación racial en el sur de Estados Unidos. Fue el combustible que avivó la creación de una gama de organizaciones criminales, propulsoras de la supremacía blanca, y ejemplificadas por el notorio Ku Klux Klan, que bajo un manto de impunidad y, en ocasiones, de amparo oficial, perpetraron crímenes tan viles como linchamientos, asesinatos, violaciones de mujeres e incendios de iglesias, escuelas, residencias y comunidades de afronorteamericanos. En el Civil Rights Memorial Center en Montgomery, Alabama se registra la memoria de los mártires del movimiento de derechos civiles, más de 40 hombres, mujeres, niños y niñas asesinados por el Ku Klux Klan entre 1954 y 1968 en sucesos relacionados con la lucha por derechos tan obvios como votar por sus gobernantes, reunirse libremente en asamblea o ir a la escuela y la universidad. Ese racismo sistémico e irracional seguramente anidó también en los asesinos de Malcolm X y Martin Luther King, los dos pilares más grandes y fuertes de esa heroica lucha por los derechos civiles y humanos de su gente.
El racismo sistémico permea aún a todos los niveles de la sociedad estadounidense, manifestándose también en la enorme brecha de desigualdad económica y social que existe en dicho país; en los discrímenes y políticas de exclusión no solo hacia los negros sino también hacia los inmigrantes de otras razas y culturas, los indígenas nativos de Estados Unidos, las mujeres y los grupos LGBTTQI. También se manifiesta en los altos índices de pobreza y en la escasez de oportunidades y alternativas de estudio, empleo y movilidad social entre estos sectores. No es casualidad entonces que en estos grupos victimizados por el racismo sistémico esté la mayoría de las personas arrestadas y encarceladas, de los desertores y fracasados escolares, de los menos saludables y peor nutridos, de las personas sin techo, y en este particular momento, de los enfermos y fallecidos a causa del COVID 19.
En medio de la vorágine de acontecimientos que aturden y estremecen, el asesinato horrible y absurdo de George Floyd trae a primer plano la naturaleza mortal del racismo sistémico y las consecuencias nefastas de dejarlo crecer.
Luego de que durante meses la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) insistiera ante el Negociado de Energía (NEPR) en la necesidad de alquilar generadores a un costo de $70 millones mensuales para la Planta de Costa Sur, este pasado viernes (30 de mayo), el director ejecutivo, José Ortiz, hizo el sorpresivo anuncio de que la AEE había determinado abortar el proceso.
Según reseñó el periódico El Nuevo Dia, Ortiz dijo que, de momento, aunque tenían los proponentes, no iban a ejercer la generación de emergencia porque la AEE tenía alrededor de 800 megavatios de más para suplir la demanda de los meses pico.
Ante el anuncio, Myrna Conty, la activista y miembro de la Alianza para la Energía Renovable Ahora (AERA), una de las organizaciones ambientales comunitarias que intervinieron en el proceso de examen en el NEPR, reclamó que el retiro del proyecto responde a la presión que hicieron los grupos, “sobre ese tumbe que le iban hacer al pueblo de Puerto Rico de $70 millones mensuales. Si no, se hubiera salido con las de él, (se refiere al director ejecutivo de la AEE). No fue la Autoridad, fuimos nosotros, y me indigna que ahora la AEE quiere coger el crédito”. Recordó además que fue la Alianza la que puso sobre aviso al NEPR. Para Conty, la resolución de reconsideración emitida por el Negociado es lo que parece haber hecho desistir a la AEE del uso de los generadores.
En su edición pasada, CLARIDADdio a conocer sobre la resolución del NEPR, en la que la entidad reguladora le advirtió a la AEE que no tenía facultad para otorgar ningún contrato de generación temporera y además le impuso entregar informes sobre los trabajos de reparación de Costa Sur cada 15 días. También le indicó que las casas aseguradoras estaban prestas a desembolsar los $25 millones que cuesta la reparación.
El anuncio de Ortiz llama la atención ante el hecho de que la compañía New Fortress Energy (NFE), la principal competidora de la solicitud de propuesta de la AEE, importó a la isla generadores (NFE) a un costo de $20 millones cada uno. Estos se mantienen en el muelle de San Juan, mediante un contrato de arrendamiento con la Autoridad de Puertos (AP) concedido en el 2018 por los próximos 20 años.
foto suministrada
“De todas maneras, hay que estar velando porque no confío en esa gente. Si llegaron aquí esos generadores, no es que tengan dinero para botar. Estamos muy pendientes, alertas a lo que va a pasar con esto. Queremos que la Autoridad revoque la solicitud de propuesta, queremos transparencia”, declaró Conty.
En tanto, Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) reaccionó a CLARIDAD: “Como advertimos, desde el primer momento los generadores no eran necesarios; pero lo que permitió ese cambio fue la evidencia y argumentos presentados en la moción de reconsideración a la Comisión de Energía por parte de grupos ambientales y la UTIER. Otro robo frustrado”.
Mientras, el licenciado Pedro Sadeé Lloréns, representante legal de los grupos ambientales comunitarios que junto a la UTIEER intervinieron ante el NEPR contra el proyecto, insistió en que es necesario llevar a cabo una investigación respecto a la acción de la AEE.
Sadeé Lloréns fue enfático en requerir que la AEE públicamente diga qué le hace desistir del proyecto, el porqué del cambio y de su inconsistencia: “Esto no se puede quedar así. ¿Cómo es posible que la AEE haya solicitado una aprobación para algo así, que insista en reuniones y escritos sometidos que es necesario y haya dado un giro inconsistente. Ortiz dijo ahora que tenía 800 megavatios de reserva y ante el Negociado de Energía estuvo diciendo todo lo contrario”.
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El representante legal planteó que la investigación debe estar dirigida a descubrir si hubo negligencia, a cómo la AEE sometió documentación y alegaciones de manera consistente ante el NEPR; si hubo un cabildeo e información privilegiada de parte de la AEE hacia NFE, ya que a todas luces es la que importó las maquinas e invirtió millones de dólares, y si la comisionada residente presionó de alguna manera en el transcurso del proceso.
El licenciado Sadeé se refiere a expresiones de la comisionada residente, Jennifer González, divulgadas en la nota de ElNuevo Díaen el sentido de que abandonar la propuesta o volver a empezar creaba el peligro de que el tiempo que tardaba la reparación de Costa Sur, “se pasaran meses o años con un sistema eléctrico en la mayor precariedad”.
Sobre la ejecutoria de la AEE, Sadeé Lloréns denunció que las mismas características de agresividad de impulsar el gas en lugar de la energía renovable, que han señalado los grupos ambientales, se ven ahora con más claridad.
La gestión de la AEE ante el NEPR comenzó el 30 de enero de este año con una vista técnica en la que dijo que necesitaba generar 500 megavatios. Entre el 12 y 25 de febrero sometió documentos oficiales procurando que se aprobara la solicitud de propuesta (RP) y argumentando que el alquiler de los generadores hacía falta debido a que la reparación de Costa Sur podría tomar un año. Ahora se sabe que la reparación estará lista en agosto.
En marzo 3, el NEPR le aprobó a la AEE una RP condicionada. El 25 de marzo, los grupos comunitarios sometieron el primero de sus varios escritos demostrando que la generación no era necesaria. El 30 de abril, se celebró otra vista en donde la AEE continuó insistiendo en la necesidad del alquiler de la generación. El 7 de mayo, sometió otro escrito, aunque tibio, insistiendo. El 15 de abril, se reveló la existencia de las plantas generadoras en los muelles.
A la luz de estos acontecimientos, Sadeé Lloréns hace un llamado a estar atentos a que a estas alturas la AEE no haya querido aclarar de quiénes son los generadores, ni NFE tampoco. Además cuestiona “qué información de adentro tenía ya NFE para tomar ese riesgo, de esa manera”. El licenciado insistió en la necesidad de una investigación.
