Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La compañía New Fortress Energy (NFE) ya ha traído a la isla tres generadores cuyo destino levanta sospechas sobre el proceder tanto de la AEE como de NFE, particularmente cuando aún el Negociado de Energía (NEPR) no ha emitido una decisión final respecto al proyecto de alquiler de generadores por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la planta de Costa Sur.

La NFE, que estrenó la semana pasada un muelle en San Juan para el recibo y suplido de gas natural para las unidades 5 y 6 de la central de San Juan, esa misma semana trajo a la isla tres generadores a un costo de $20 millones cada uno.

“News Fortress tiene una bolita de cristal. Está buscando quien le compre generadores y José Ortiz está buscando generadores”, reaccionó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, a CLARIDAD. El presidente de la UTIER había revelado la existencia de los generadores en su cuenta de Twitter la semana pasada.

La conducta de NFE levanta sospechas y representa un desafío ante el hecho de que el viernes 22 de mayo el NEPR emitió una resolución de reconsideración en la que dice de manera categórica que la AEE no está facultada para otorgar contrato alguno respecto a la adquisición de generación temporera de emergencia.

La UTIER es interventora junto a otras organizaciones ambientales y comunitarias ante el NEPR. Su presidente expresó sobre la resolución: “Nuestra interpretación es que los argumentos que llevamos fueron tan contundentes que el Negociado no está convencido de lo que la AEE le está presentando”. Entre la información presentada al NEPR hay una declaración jurada del presidente de la UTIER en la que detalla la capacidad de generación de la AEE y de lo que se va a reparar.

Mas aun, la resolución del NER le impone a la AEE un calendario para que entregue informes cada 15 días de cómo van los trabajos de reparación de la Central de Costa Sur e incluso se recoge que tanto las aseguradoras como la Junta de Control Fiscal están prestas a desembolsar la cantidad inicial de $25 millones para la reparación de Costa Sur. Esta cifra contrasta con la cantidad de $70 millones mensuales que pretende gastar la AEE en el alquiler de los generadores.

Figueroa Jaramillo denunció que la información que tienen es que los generadores se van a distribuir en diferentes sitos de la isla. Uno, en la planta de Cambalache en Arecibo; otro, en San Juan: “ Han mantenido en secreto cuáles son los lugares, hacia dónde van; pero el plan original son muchos más”. En el caso de la Central Cambalache, dijo que la AEE canceló los contratos de reparación por $15 millones y que los tres generadores que se trajeron se pueden instalar en dicha central.

Sin embargo, Figueroa Jaramillo destacó que la realidad que interpreta la UTIER es que NFE es una compañía bien agresiva y lo que está tratando de hacer es tener algún grado de ventaja de si en algún momento se decide darle paso al proyecto de los generadores.

Uno de los representantes legales de la organización Queremos Sol, el licenciado  Pedro Saadé Lloréns, señaló sobre la resolución del NEPR que en realidad lo que hace darle un golpe a la AEE y crear dudas de que se vaya a otorgar o aprobar un contrato. La resolución le impone el deber a la AEE de tener que justificar de nuevo el proyecto, rendir informes detallados de cómo va la reparación en Costa Sur, sobre el estatus de la planta de Aguirre y la obliga a acabar de negociar con los grandes consumidores comerciales e industriales el manejo de la demanda.

“Es decir, que son sustanciales los requerimientos que se le impone a la AEE antes de llegar a la etapa de aprobación de contrato. Se desprende de la resolución que se está tratando de evitarlo o haciendo un mayor esfuerzo para que no tenga que llegar al alquiler. Aunque no revocaron, aleja en realidad la aprobación final del contrato”, afirmó el licenciado Saadé.

Un aspecto que llama la atención de la resolución del NEPR es que no tiene una sola línea que cuestione el costo del proyecto, aun cuando la reglamentación dice que en la aprobación inicial la AEE debió indicar un marco de precio.  “Eso ha sido un defecto importante que Queremos Sol le ha señalado al Negociado”, reconoció. Reparó en que el cálculo del proyecto excede el billón, entre $1.3 y $1.4, a razón de $70 millones mensuales. Según la AEE, el alquiler seria por año y medio.

Para el experimentado experto en derecho ambiental, en la AEE hay un hilo conductor en muchas de las decisiones que se toman, que están creando controversia y que es característico de lo que está pasando en la AEE. Lo primero es la secretividad, porque la solicitud al Negociado, aun la AEE sabiendo que había grupos y ciudadanos interesados, se hizo mediante una notificación por carta al NEPR. “Lo mismo hizo con el contrato de Ecoeléctrica y otros casos”. En cuanto a la falta de transparencia comentó que incluso entre la Junta de Directores de la AEE ha habido diferencias sobre la necesidad del proyecto.

Resaltó que lo segundo es que, en vez de primar el interés del pueblo, lo que está primando es el lucro de algunos intereses en las decisiones que se toman, incluido el interés en la privatización. Tercero, se está promoviendo usar energía sucia con combustibles fósiles en vez de promover la generación renovable en techos y lugares ya afectados que  es un mejor futuro para Puerto Rico. En cuarto lugar, las medidas que se están tomando representan costos más altos.

El licenciado Sadeé Lloréns reconoció a CLARIDADque por parte del NEPR se esperaría unas acciones más afirmativas y claras, ya que Negociado ha permitido que la AEE le someta información para obtener el objetivo deseado. Además censuró que el modo de proceder de NFE sea el de una actuación temeraria, que ya se vio en el contrato del proyecto de gasificación de San Juan, en referencia a que varias compañías competidoras cuestionaron en el tribunal el proceder de NFE para alcanzar el contrato.

Habla la AEE

A preguntas de CLARIDAD, el director de proyectos de la AEE, FernandoPadilla rechazó que los generadores fuesen para la Autoridad y defendió el que la AEE  no haya completado el proceso de negociación de Costa Sur: “Por lo tanto, no hay comprador ni se ha concedido contrato al momento”.

De hecho, Padilla remitió a CLARIDADa New Fortress para conocer sobre la procedencia de los generadores. Sobre los trabajos de reparación de Costa Sur, el portavoz de la AEE dijo que estos están en proceso y que se proyecta poder tener la unidad en servicio para el 14 de agosto.

Este próximo 1 de junio, CLARIDAD cumple 61 años de publicación y sigue tan relevante como cuando se publicó su primer número en esa misma fecha del año 1959. Era entonces el pleno apogeo del ilusionismo colonial del Estado Libre Asociado (ELA), entronizado como opción “salvadora” para Puerto Rico por el imperio estadounidense, ante un independentismo que se reorganizaba para retomar su lucha anticolonial luego de décadas de feroz represión por parte del Estado. Ese fue el telón de fondo del comienzo de nuestra misión informativa la cual se ha mantenido invariable e ininterrumpida durante todos estos años.

Desde su primer número, CLARIDAD se dejó sentir y nuestra gente comenzó a respaldarlo. Los primeros en hacerlo fueron muchos de los principales artistas e intelectuales de la época, verdaderos maestros que convirtieron a CLARIDAD en trinchera principalísima del arte y la cultura. Al fin de su primer año, ya CLARIDAD se había convertido en una publicación respetada y esperada por un creciente número de lectores que encontraron en sus páginas un contenido profundo y de compromiso con el País.  En su columna de esta semana, el abogado y periodista Manuel de J. González rinde homenaje a esos pioneros creadores de cultura que dejaron su huella firme en CLARIDAD.

Pero el impacto de nuestro periódico va más allá de su contribución avivadora del arte y la cultura. También sobresale su rol de denuncia y  rechazo a los males económicos y sociales que acarrean el colonialismo, la voracidad capitalista y el afán de poder y control del imperio estadounidense en nuestra región y el mundo. CLARIDAD ha encarado el desafío que representa ser vocero consecuente del derecho de nuestro pueblo a su independencia nacional,  y de todos los pueblos a la defensa de su soberanía. Han sido muchas las luchas, causas y expresiones de los más variados sectores del pueblo- luchas y causas que hoy son ampliamente divulgadas y respaldadas- que encontraron una primera acogida solamente en las páginas de CLARIDAD, o de nuestra revista cultural En Rojo.

Esta trayectoria pionera de CLARIDAD y En Rojo de abrir nuevos caminos de periodismo y lucha- así como el contexto político y social que ha hecho posible nuestra supervivencia a través de las décadas- se recoge con gran fidelidad en el documental Hasta la victoria de laidea, que realizó la casa productora puertorriqueña Filmes Zapatero con motivo de nuestro 60 aniversario. Esta se estrenó a fines del año pasado con una gran acogida del público. El calendario de presentaciones del documental a través de la Isla se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus. Por eso, lo hemos colocado en la plataforma digital Vimeo para que, mediante  una contribución de solo $5 para el periódico, todas y todos los interesados lo disfruten y puedan conocer la historia viva y real de este taller de periodismo y activismo que ha sido CLARIDAD.

En el momento actual, y hacia el futuro, Puerto Rico seguirá enfrentando enormes desafíos. Estos tienen su raíz en el fracaso del sistema colonial que nos fue impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América, desde que ocupó nuestro país hace 122 años. Este sistema ha creado las condiciones crediticias que propiciaron la quiebra de nuestras finanzas públicas y la deuda insostenible. Ha truncado nuestras posibilidades de desarrollo propio, convirtiendo a Puerto Rico en satélite de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Ha sembrado  confusión, incertidumbre, miedo y dudas en nuestro pueblo sobre su propio potencial, y ha sumido a grandes sectores del país en la más humillante dependencia. Esto era así desde antes de que nos azotara el huracán María, o de que ocurrieran los terremotos del Sur, o de que  llegara la pandemia del COVID-19, que solo ha venido a “coronar” la crisis agudizada de los pasados 15 años.

Ante la nueva realidad económica y social, y el recrudecimiento de problemas viejos y nuevos que aflorará tras la resolución de la pandemia, en CLARIDAD nos proponemos continuar con nuestra misión de informar y acompañar a nuestro pueblo en sus principales acciones y jornadas. Al igual que ustedes, nuestros fieles lectores y lectoras, por los pasados dos meses hemos estado en cuarentena. Hemos observado disciplinadamente el toque de queda y las medidas prescritas de distanciamiento social, siempre manteniéndonos atentos y presentes para llevarles la información y el análisis profundo y relevante que ustedes esperan de CLARIDAD,  a través de la versión digital del periódico en www.claridadpuertorico.com.

Próximamente les compartiremos los detalles relacionados a la reanudación de la versión  impresa y, según lo permitan las circunstancias, de las actividades que se planifican hacia el futuro. Mientras, mediante un fuerte abrazo virtual, les reiteramos nuestro agradecimiento por su consecuente solidaridad y apoyo, y les invitamos a celebrar con nosotros este año 61 de periodismo combativo de CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña.

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En otra acción legislativa que levanta sospechas por la diligencia con que fue tramitada, sin participación de grupos de interés a favor o en contra, la Legislatura aprobó en un día el proyecto del Senado, PS 1590, de Thomas Rivera Schatz, y el Proyecto de la Cámara PC 2476 para permitir que personas convictas por un jurado con una decisión dividida soliciten un nuevo juicio.

El PS 2476 enmienda las reglas de Procedimiento Criminal 112, 145, 146 y 151 para hacer retroactiva la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE. UU.), Ramos vs Luisiana, de que las convicciones de un jurado en casos criminales tienen que ser por unanimidad.

De inmediato, la Alianza para la Paz Social (ALAPAS), organización que trabaja con víctimas de delitos, lamentó que en medio de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 se haya legislado una política pública de contenido social en la que no se ha fomentado la participación ciudadana. En entrevista con CLARIDAD, Angélica García Romero, coordinadora general de esa organización, expresó que si bien no querían menoscabar el derecho de otras personas ni la oportunidad que puedan tener,  está el detalle de que son personas que han sido convictas por algún tipo de agresión, algún evento violento, “y eso, definitivamente, incide en el estado emocional de nuestras víctimas del crimen porque es exponerlas a revivir nuevamente ese proceso tan doloroso que las personas pensaron que había dado fin”.

La trabajadora social expuso que dentro de todo el proceso que implica la sanación de una víctima de delito, el proceso judicial siempre es uno que ayuda a sentir que la persona tiene un poco de mayor control, de mayor justicia, y aunque eso no devuelva al ser querido —la mayoría de las personas que atiende ALAPAS son víctimas de casos de asesinatos—, el hecho de sentir que esa persona ya está presa ayuda a enfrentar la carga emocional y pasar la página.

Agregó que la medida expone a las víctimas a un proceso de revictimización, por lo que habrá que ver si cuando empiecen las personas a solicitar sus juicios se van a llevar los debidos procesos de ley, como con los derechos de las personas víctimas del crimen, a quienes se les debe avisar sobre toda gestión que se vaya a hacer sobre su caso.

García Romero recordó que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos no dispuso que esa regla fuese retroactiva. ALAPAS además censuró las enmiendas aceptadas por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, a la Regla 185 de Procedimiento Criminal del 1963, que permitirá a los fiscales modificar una sentencia más allá de la mitad de la pena establecida. Según los argumentos del Estado, el viabilizar que los fiscales puedan solicitar mejores términos de sentencias incentivará la colaboración de las personas que funjan como testigos y aumentará el porcentaje de esclarecimiento de casos.

Frente a ambas medidas, ALAPAS reclamó que se escuche y se considere a las personas víctimas del crimen al momento de trabajar legislación que pueda afectar directamente su integridad física y emocional y que el Gobierno de Puerto Rico establezca prioridades claras y adjudique los debidos procesos de ley para garantizar el estado democrático de nuestra Constitución.

La versión del Derecho

El presidente del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), Edgardo Román Espada, también criticó que los proyectos se hayan aprobado sin vistas públicas en ambos cuerpos y adelantó que lo que debería ocurrir es que los proyectos vayan a conferencia legislativa.

“He tenido la preocupación desde un principio de que no haya habido vistas públicas. Hay elementos de preocupaciones genuinas de víctimas de delitos respecto a cómo se van a manejar. Siempre debería haber un espacio adecuado entre la legislación y las preocupaciones del pueblo”.

No obstante, el licenciado Román Espada explicó que en este caso en particular lo que hace el proyecto es reconocer un derecho de rango constitucional de cualquier acusado. “Por eso, en términos estrictamente jurídicos, nos llama la atención de manera favorable. Pero aun cuando pudiéramos favorecer el proyecto, en este tipo de situación lo que se pretende atender no existe. No se ha publicado una estadística que permita identificar el impacto de los casos. Como la retroactividad no tiene límites, podríamos estar hablando de un caso de hace 25 años, como menos”.

En efecto, en la medida del Senado se recoge que ni la Oficina de Administración de la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT), ni el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) mantienen estadísticas de cuántas personas han tenido un veredicto de culpabilidad mediante un jurado plural o por unanimidad. No existe documentación que certifique cuánto fue la votación.  Las únicas estadísticas que recoge el proyecto son datos de OAT de que entre el 2011 a 2017 hubo un total de 146,680 casos criminales graves. De estos, solo 1,122 fueron encontrados culpables por un jurado. Esto significa, según el proyecto, que a solo un 8% de las personas que enfrentaron procesos criminales graves recibieron decisiones por jurado.

Respecto a que el derecho sea retroactivo, Román Espada propuso como ejemplo que se podría dar un caso de asesinato en que el jurado haya decidido de manera dividida, que se haya convencido de un delito en segundo grado, y que al volver a tener un juicio pueda encontrar un delito mayor.

“Creo que, comoquiera, lo que se pretende hacer es reconocer un derecho constitucional de un acusado de delito a que su convicción resulte de la unanimidad del jurado con una prueba que sea más allá de toda duda razonable. Eso se ajusta al criterio constitucional”.

Enfrentado con la posibilidad de que los jurados puedan ser sobornados, manipulados y qué  garantías que puede haber, dijo que ya hoy en día el 95% de los acusados que son juzgados por jurado en la esfera federal en Puerto Rico son culpables, por lo que ya existe experiencia suficiente sobre delitos cometidos en Puerto Rico y que, de hecho, en la mayoría de los casos hay preacuerdos.

“El problema de no tener un jurado unánime es que se presta a elevar la posibilidad de que personas inocentes resulten culpables, en dirección contraria de qué sucedería o sucede cuando la mayoría no se atreve a reconocer la inocencia de una persona porque se trata de un delito notorio”, se cuestionó el presidente del CAPR.

El que la gente esté convencida de que una persona es inocente o culpable parte de la percepción que cada uno pueda tener, de la información que le dan los medios; pero no necesariamente de la información que pueda tener el tribunal. Reiteró que la medida es estrictamente para los delitos en donde hubo una convicción por un jurado dividido y que, en el caso que se llevó al Tribunal Superior de EE. UU. (TS), la persona permaneció presa.

No obstante, reconoce que en este momento existen preocupaciones de algunos sectores vinculados a víctimas, que son genuinas; pero justificó que de lo que se trata es de un derecho de rango constitucional que interpreta la Enmienda Sexta de la Constitución de Estados Unidos.

Y aunque Román Espada coincidió con que la decisión del TS federal no obliga a los Estados ni a sus jurisdicciones a que revisen sus normas, ni mucho menos a que el derecho sea uno retroactivo, expuso que el no cambiar la ley hubiese traído una controversia jurídica de igual protección ante las leyes “porque estamos hablando de que el fundamento para la enmienda legal es uno constitucional; realmente traía ese elemento problemático”.

En entrevista por separado, la licenciada Wanda Valentín Custodio, presidenta de la Comisión de Derecho Penal del CAPR, también destacó que la figura de juicio por jurado se concibió desde sus inicios como unánime: “Así lo recogió la constitución de EE. UU. y se trasladó a Puerto Rico a principios de siglo” —se refiere al siglo XX. Más aun, expuso que la modificación para que sea un veredicto dividido responde a razones discriminatorias en el ámbito racial o político.

“En Puerto Rico, como se ha dicho tantas veces, se modifica mediante legislación a finales de los años 40 por razones ideológicas para lanzar un veredicto de culpabilidad contra Pedro Albizu Campos. Como eso beneficia a la clase dominante, cuando no pueden impedir, porque sería inconstitucional, que una minoría llegue y tenga acceso a ser parte del jurado, la manera de diluir su voto, su participación, en ese jurado es haciendo los veredictos divididos”. De esa manera, dijo, en el jurado sigue primando la visión de la clase dominante.

Aun cuando dijo concurrir con que ese principio constitucional debe regir en todos los Estados y, por ende, en la isla, reparó en su retroactividad: “Ciertamente es extraño esa rapidez con la cual se le ha extendido retroactividad”. Expuso que en los casos en los que no se ha alcanzado unanimidad, de lo que se está hablando es de que hubo una prueba que no fue lo suficientemente fuerte para convencer más allá de duda razonable a una parte de ese jurado.

“Estamos hablando de unas pruebas flojas, débiles. Entonces, en el caso de Estados Unidos, lo que resolvió el Tribunal Supremo es que iba aplicar a aquellos casos que no fueran finales y firmes. En relación con los que ya eran finales y firmes estableció que se iban a resolver caso a caso. Eso es si y cuando la persona lo pida, incluso si están pendientes, tiene que presentar un escrito al tribunal. Aquí siempre lo tiene que pedir la persona”, aclaró.

La abogada criminalista dijo que, según su experiencia, la mayoría de las personas que reciben un veredicto plural, de verdad son inocentes, por lo que se tiene gente presa que muy probablemente no pudieron apelar porque no tenían recursos para hacerlo. Quizás no tuvieron una representación adecuada y se quedaron cumpliendo una pena en ese escenario del veredicto dividido. En el caso de Puerto Rico, apuntó, desde los años 40 esta situación es una discusión entre penalistas.

“Claro, eso nos trae a otros escenarios que son preocupantes de qué pasa, de cuál es un criterio.  Uno de los criterios para recomendarle a un imputado que utilice la vía del jurado en vez del derecho es cuando por ejemplo el estado de derecho establece ciertas normas en que la comunidad no cree plenamente”. Un ejemplo clásico sobre el particular es la Ley 54, cuya aceptación depende de un proceso de educación. En estos casos, dijo, son bien frecuentes los veredictos divididos.

De una persona reclamar el derecho constitucional, lo que va a ocurrir es que el juez, una vez que confirme que ese veredicto ha sido dividido, le impone una fianza. Por ejemplo, en el caso de la Ley 54, se le pone un grillete. Si la persona puede prestar la fianza, sale a la libre comunidad en espera de juicio, igual que cuando estuvo esperando el juicio en esa primera ocasión. Todo eso va a pasar automático porque eso ya está en todas las demás reglas, añadió.

“No es tan sencillo como el que los malos están adentro y los buenos estamos afuera; no es así. Lo único que tenemos es el proceso. Esa prueba puede ser cierta o no cierta, lo que podemos evaluar es la calidad de la prueba. También depende de la calidad del jurado, de sus abogados, de  si el juez metió la mano dando instrucciones o mensajes tanto de la culpabilidad como la no culpabilidad. Por eso es que necesitamos una guías uniformes  y eso son la Constitución y las reglas de procedimiento criminal. Lo demás es humano y, como humano, puede fallar la defensa; puede fallar el juez; puede fallar el jurado, puede no entender y puede condenar a 12 años a un  inocente y sacar por la puerta a un culpable. La justicia es artesanal”, concluyó Valentín Custodio.