Quieren quitarnos el karso

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octubre 1, 2026

CLARIDAD

El proyecto PC 1079 es un cambio de política pública para permitir la destrucción de la zona del karso, afirmó a CLARIDAD el licenciado Pedro Sadeé Lloréns. El PC 1079, presentado por el presidente de la Cámara Johnny Méndez, propone la derogación de la Ley 292 de protección de la zona del karso.

En las vistas ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside la representante Elinette González Aguayo, estuvieron siempre presentes la presidenta y la representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); los otros representantes entraban y salían.

Sadeé Lloréns, quien participó en el primer día de la vista pública sobre la medida junto a la organización Ciudadanos del Karso (CK), expresó que, en general, el consenso no niega la importancia del karso para el agua, la protección de hábitat, la seguridad, para el turismo por los ríos subterráneos y las cuevas: son muchas las razones por las cuales se debe proteger y conservar el karso.

No obstante, ,dijo, el propósito del proyecto quedó claro, sobre todo con las preguntas que le hicieron al presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Martínez, la delegación del PIP Adriana Gutiérrez y Dennis Márquez Lebrón. “Admitió que ese era el objetivo, un cambio de política pública para permitir más desarrollo y, básicamente, más destrucción en el área karso; no lo dijo así, pero el cambio de política pública se constata por varias razones”.

El abogado en Derecho Ambiental señaló que, en primer lugar, el PC 1079 cambia los conceptos de conservación y protección a uso o explotación y aprovechamiento. El otro aspecto que evidencia el cambio de política pública es que, como está ahora la ley, el karso se define como un área de valor para recarga de las aguas, como hábitat, como lugar de valor arqueológico y otros. La medida elimina todo eso y el único valor que se le reconoce es el agua; pero se enfatiza como materia prima para la construcción, lo que representa es un cambio fundamental de protección como materia prima.

Continuó con que la otra razón por la que el proyecto es un cambio de política pública es que, sin decirlo, lo que hace es despachar y revocar el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC). Explicó que el PRAPEC es producto de una discusión y un estudio que tomó años para identificar las áreas de valor en el karso. El reglamento establece un área protegida que no admite explotación de canteras y comerciales, salvo autorizaciones específicas: es una política pública para proteger el área.

Explicó que el PC 1079, sin decirlo, lo que hace es despachar y revocar ese reglamento especial para, supuestamente, hacer uno nuevo con las nuevas definiciones y nuevas políticas públicas. Otro aspecto que es un cambio de política pública es que da prioridad a la propiedad privada por encima de la protección o planificación de las áreas.

El último elemento en apoyo a esa conclusión de como el proyecto es un cambio de política pública grande y dañina, subrayó Sadeé Lloréns, es que se le quita la facultad al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para administrar el área especial y se le da a la JP.

El ambientalista narró que ese fue uno de los puntos interesante ante las preguntas de la delegación del PIP sobre cuántos ecólogos y espeleólogos tenía la JP. Morales Martínez admitió que no tiene esos recursos y dijo que sí tenía planificadores que podían hacer algunas de esas funciones. “Pero, en realidad, la agencia que tiene el conocimiento y conoce el área del karso son los técnicos del DRNA”, aclaró Sadeé Lloréns.

“En conjunto, esto es un proyecto de ley que va a tener unos efectos nefastos en las áreas del karso porque ese es precisamente su objetivo: traspasarlo a una agencia que no tiene la especialidad y convertirla de protección a materia prima”, reiteró.

En cuanto al DRNA, comentó que aunque no ha testificado todavía, en su ponencia —la cual ya fue presentada por escrito— desafortunadamente, no objetan el proyecto en términos del cambio de política pública, pero sí objetan que se le traspasen sus facultades relacionadas al karso a la JP. Por su parte, la JP sí favorece tanto el proyecto como el traspaso de las facultades del DRNA.

A proteger la zona del Karso

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candida-cotto

octubre 1, 2026

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Lo que está detrás es facilitar a los inversionistas de afuera que hagan lo que les dé la gana porque, no nos hagamos de ninguna ilusión, esto no es para los puertorriqueños”, denunció a este medio el presidente de (CK) en referencia al proyecto de la Cámara PC 1079, que propone derogar la Ley 292 de protección de la zona del karso.

El presidente de Ciudadanos del Karso, el planificador Abel Vale, quien depuso en la primera vista pública sobre el PC 1079 que llevó a cabo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidida por la representante, Elinette González Aguayo, advirtió que su aprobación tendría consecuencias perjudiciales para la protección del karso. Al respecto, describió que la combinación de una nueva política pública, la redefinición territorial, la redistribución de facultades institucionales y la incertidumbre sobre la continuidad de las protecciones del Plan y Reglamento del Área de Planificación del Carso (PRAPEC) podría facilitar intervenciones en áreas ambientalmente sensibles, zonas de recarga de acuíferos, terrenos con riesgos geológicos y espacios de alto valor ecológico y paisajístico. Dicho reglamento fue elaborado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), por disposición de la Ley 292.

En su ponencia, el presidente de CK indicó que había unas evidencias que la Comisión debería exigir antes de modificar la Ley 282. Entre estas, identificar las fallas específicas de la Ley 292 y del PRAPEC, que se pretende corregir, con datos de permisos, cumplimiento y fiscalización. Además, presentar estudios hidrogeológicos, geológicos y ecológicos que justifiquen la nueva definición territorial y demuestren que no se perderán áreas de alto valor. Explicar por qué se trasladan facultades del DRNA, cómo se preservará su peritaje y qué recursos tendrán las agencias para fiscalizar.

Otra información que debería ser requerida es presentar una evaluación científica que determine si las enmiendas conservarían las funciones hidrológicas y ecológicas del karso, tomando en consideración los objetivos internacionales de conservación de la biodiversidad, incluida la meta mundial de conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas para 2030. Por último, presentar un análisis económico que compare los beneficios alegados de las enmiendas con los costos potenciales de contaminación de acuíferos, pérdida de servicios eco sistémicos, daños a infraestructura y remediación ambiental

Vale comentó que una de las cosas que salió a relucir durante la vista y que también está en el proyecto de la reforma de permisos es que se eleva a la “categoría sacrosanta” la propiedad privada. “En Puerto Rico la propiedad privada no es algo absoluto. El Estado se reserva el derecho de limitar la propiedad privada en aras de los intereses del bien común”. Acotó que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hay jurisprudencia al respecto.

Otro aspecto de la medida que denunció es que en el texto se quita la palabra conservar y se cambia por aprovechar. “En el fondo, uno puede argumentar las contradicciones que hay en este proyecto de ley, pero a ellos no les importa, inclusive lo pasan y lo llevan a a los tribunales y en lo que los tribuales resuelven ‘ya el daño está hecho’”, denunció.

En la mañana también depusieron la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI) y la Sociedad Espeleológica Unida del Sur (SEUS), las cuales pidieron que no se aprobara el proyecto, debido a que esto desmantela la protección de un recurso natural no renovable del que dependen el agua, la biodiversidad y la economía del país.

En comunicado de prensa conjunto, Julio Rodríguez Planell, presidente de SEPRI, indicó que a su juicio, el proyecto parte de un error donde se confunde la roca con el sistema geológico, hidrológico y ecológico que la rodea. Señaló no es la ley del Karso la que deben enmendar, sino la ley de corteza terrestre y la ley de minas.

Las organizaciones científicas expusieron que el Karso ocupa cerca del 28 % del territorio de Puerto Rico y está presente en 50 municipios donde se encuentran los acuíferos que abastecen buena parte de la población del norte y a la zona metropolitana.

De acuerdo con SEPRI, la calidad y la presión de esos acuíferos atrajeron a la industria química y farmacéutica a la isla, por lo que su protección está directamente vinculada al empleo y a la estabilidad económica.

Al igual que CK, el SEPRI y SEUS denunciaron que el proyecto cambia la política pública de la ley de proteger y conservar, a proteger, aprovechar y manejar. Elimina las referencias al karso como recurso no renovable y lo describe como fuente de materia prima para el desarrollo. También suprime la prohibición de instalar torres y antenas sin autorización en los mogotes, cuyas cimas albergan los últimos remanentes de bosque primario y especies endémicas en peligro.

Otro punto de preocupación que advirtieron las organizaciones es que el proyecto le quita el poder al DRNA de delimitar las zonas kársicas y fiscalizar la ley y lo entrega a la JP y a la OGPe.

Rodríguez Planell también llamó la atención a que el proyecto “coloca el interés particular sobre el bien común, la seguridad pública, la salud pública y los derechos de las actuales y futuras generaciones”.

Mientras, Díaz Pérez, de SEUS, insistió en que el proyecto “lejos de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, a todas luces está concebido para destruir la protección de nuestra zona del karso para beneficiar al sector industrial y de poder económico”.

Otra organización ambiental que participó en las vistas fue el Sierra Club. La directora de Sierra Club de Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, advirtió que el proyecto no es la única amenaza que enfrenta el karso ya que también teme que la reforma de permisos debilite las salvaguardas que protegen estas áreas.

“El karso no es un obstáculo para el progreso ni un terreno vacío en espera de ser explotado, sino una infraestructura natural indispensable que sostiene acuíferos, bosques, cuevas, biodiversidad y comunidades. Presentar su protección como enemiga del desarrollo ignora que la economía y la calidad de vida del país dependen del agua, de ecosistemas funcionales y de territorios capaces de sostener la vida”, puntualizó.

El fracaso de la privatización eléctrica en Puerto Rico

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editorial

octubre 1, 2026

Con la firma del contrato de LUMA Energy en 2020, y la aprobación en 2021 para que dicha compañía tomara control sobre la red eléctrica de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, con el aval de la Junta de Control Fiscal, dio paso a la instauración de un alegado nuevo modelo energético que según la narrativa oficial sería más eficiente, actualizado y costo efectivo que la vieja y corrupta estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que unos años antes había caído aplastada por el paso implacable del huracán María y la ruina fiscal a que fue llevada por décadas de mala administración interna y de los gobiernos coloniales del bipartidismo PNP-PPD.

Así, una empresa advenediza, creada solo para Puerto Rico y en total desconocimiento de la complejidad y particularidades de nuestro sistema eléctrico, fue la que inició la privatización energética, que 5 años más tarde se ha convertido en una de las peores pesadillas que ha vivido nuestro pueblo: apagones constantes, tarifas abusivas, servicio desastroso, y una total falta de transparencia, compromiso y estabilidad que ha minado ante el país la credibilidad de los diversos componentes del actual entramado eléctrico.

LUMA Energy muy pronto demostró su falta de preparación, capacidad y expertise para atender las múltiples necesidades del sistema eléctrico y de la población de Puerto Rico. En vez del gobierno cancelarle el contrato en ese momento de transición, se le dio una extensión del mismo en 2022. En 2023 se contrató, para suplementar la operación de generación, a otra empresa igualmente advenediza, Genera PR.

Esta es una subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), empresa de gas metano, a la cual se le permitió en 2023 construir y operar un terminal de gas en la Bahía de San Juan, a pesar de no haber cumplido con los requisitos regulatorios y de seguridad que exige la Comision Federal de Reglamentación de Energía ( FERC, por sus siglas en inglés). NFE tampoco contaba entonces – ni aún cuenta- con las certificaciones sobre medidas de mitigación de riesgos. Además, ya se conocía que NFE estaba en serios aprietos financieros. Aun así, a esa empresa insolvente se le extendió en 2025 un contrato por 7 años y $4 mil millones para el suplido de gas natural para las plantas generatrices de San Juan, las cuales opera su subsidiaria GeneraPR. ¿ Conflicto de interés? Si lo hay, nadie con autoridad lo ha traído a la palestra y mucho menos lo ha atendido.

Estos son solo algunos ejemplos de cuán indefenso está nuestro pueblo ante los mogules que controlan el sistema energético, y que también parecen controlar al gobierno de Puerto Rico, al Negociado de Energía y hasta la propia Junta de Control Fiscal, todos los cuales lucen apocados, impotentes y hasta rendidos ante los desmanes de estas compañías.

Se ha llegado al extremo de permitir que NFE opere su terminal como un monopolio con exclusividad para el suplido de gas natural licuado en Puerto Rico. Ahora mismo, por una polémica interna de NFE con los pilotos operadores de los navíos que atracan en la Bahía de San Juan, la empresa ha incumplido con el suplido de gas para las plantas generatrices de San Juan desde mediados de septiembre. Esto, ha obligado al gobierno de Puerto Rico a comprar diesel para operar las plantas- combustible que es 4 veces mas caro que el gas. Además, aparentemente NFE se ha negado a permitir que otras empresas suplan el gas licuado que Puerto Rico necesita.

Mientras tanto, los apagones siguen indetenibles, con LUMA y GeneraPR echándose uno al otro la culpa por la ocurrencia de los mismos. Y como siempre, a la hora de pagar, la carga es del pueblo y, en este caso, de los abonados del sistema eléctrico. Esos son quienes pagan el precio de la incompetencia y avaricia de estas compañías, y del desinterés y vagancia de las autoridades del gobierno de Puerto Rico, el Negociado de Energía y la Junta de Control Fiscal por enfrentar a estas empresas y obligarlas a cumplir con lo acordado en sus contratos.

Desde el inicio oficial de operaciones de LUMA Energy hace 5 años, el Negociado de Energía ha autorizado 15 aumentos en la tarifa eléctrica que pagan los abonados residenciales y comerciales. El peor de todos, el más dañino, es el ocurrido esta semana, el 30 de septiembre. El Negociado de Energía le ha propinado el más duro golpe al bolsillo de los abonados del sistema eléctrico, con su decisión de aumentar la tarifa eléctrica a cerca de 35 centavos el kilovatio/ hora para los meses de octubre a diciembre de 2026. Este será el aumento de tarifa más grande efectuado por el sistema eléctrico de Puerto Rico. El efecto práctico de esta decisión es que, por los próximos tres meses, un abonado residencial promedio de LUMA Energy, tendrá que pagar alrededor de $42 mensuales más por la luz de su casa. Esto no significará mejoría en el servicio eléctrico ni le garantizará que no sufrirá apagones frecuentes o que sus enseres no sufrirán daño irreparable por las fluctuaciones de voltaje. Solo significará que una tajada mayor de su presupuesto mensual se destinará a un caso perdido como LUMA Energy. Esto, en un país donde el salario mínimo es de $10.50 la hora, y el empleo a tiempo parcial y el sub empleo son la orden del día.

Por eso, es necesario preguntarnos: ¿ Quién le responde a nuestra gente por este nuevo atropello? ¿ Quién le va a pedir cuentas a GeneraPR por sus continuos errores y por los generadores temporeros que se compraron con dinero público y que hoy están inservibles porque la empresa no les dio mantenimiento? ¿ Quién le va a exigir a LUMA eficiencia, competencia y respuesta rápida a los reclamos de sus abonados? ¿ Quién va a enfrentar el chantaje y la arrogancia de New Fortress?

El experimento de la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico fracasó. Fracasaron también el experimento colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, y la retahíla de gobiernos coloniales irresponsables y corruptos que han abusado y vivido del pueblo durante muchas décadas amargas, fracaso que le tocará a nuestro pueblo revertir cuando la marea histórica cambie nuestro rumbo y lo dirija hacia la libertad, el trabajo creador, la justicia y la verdadera democracia.

“El modelo de privatización ha sido un desastre”

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candida-cotto

octubre 1, 2026

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

A juicio del representante licenciado Dennis Márquez Lebrón, si algo quedó demostrado con las vistas públicas sobre el proceso de selección, adjudicación y firma del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Power Espectation (PE), “es que ello es una manifestación más del fracaso de la privatización”.

Las vistas públicas efectuadas por la Comisión de Gobierno, que preside el legislador Víctor Parés, surgieron a raíz de la revelación por varios medios de Prensa de que Power Espectation utilizó sin autorización a la empresa Enchanted Rock LLL para la firma del contrato con la AEE. El contrato para generación de electricidad temporera, por la suma de $5,887 millones, fue firmado el 10 de agosto y el 14 de agosto fue revocado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

Por el momento, las vistas parecen estar en pausa luego de la comparecencia del llamado Zar de Energía, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3), Josúe Colón; del licenciado Osvaldo Carlo Ortiz, de la agencia privada Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO); el licenciado Juan González Galarza, vinculado al proceso, y la hoy exdirectora de la AEE, ingeniera Mary Carmen Zapata.

En entrevista con CLARIDAD sobre su impresión de las vistas públicas, el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara señaló que todo el proceso ha estado enmarcado en la privatización de todo lo que tiene que ver con la energía.

“Este proceso emana de los asuntos que tienen que ver con LUMA y Genera y luego a cargo de una entidad privada, que es el 3PPO, y con unos contratos que demuestra un complejo de múltiples irregularidades que van desde los asuntos de las contradicciones del mal llamado Zar de la Energía, que van pasando por los asuntos de negaciones de fraude, de las falta de comunicación, pero sobre todo, de la relación pública entre las agencias de gobierno”.

Observó, además, que el asunto tiene violaciones éticas de parte de abogados envueltos en el proceso y que “al final del camino se trata de todo un proceso en donde el gobierno, no importaba qué, quería contratar a Power Espectations”, denunció.

Coincidió con la apreciación de que la intención de fraude tuvo un procedimiento similar al fraude de las vacunas del Covid, de ser hechos paralelos. Indicó que, desde un principio, en la propuesta de negocio (el RFP) había todo un camino para beneficiar a Power Espectation, cosa que no solo lo demostraron las vistas públicas, sino el conjunto de documentos que ha estado evaluando e investigando. “Además, la falta de rigurosidad de las agencias de gobierno, la negligencia crasa de las agencias de gobierno, llevan a uno a la conclusión de que aquí querían a Power Espectation sí o sí”.

A la pregunta de si cree que con las vistas se pueda llegar a atribuir responsabilidades, respondió: “Yo siempre he dicho que en la Cámara hay que estar pendientes a no cómo se dan las cosas, sino cómo terminan”.

Comentó que ha visto muchas investigaciones que se quedan truncas, pero aseguró que desde su oficina, independiente de lo que está haciendo la comisión, al igual que la compañera representante Adriana Gutiérrez, seguirán trabajando el asunto y, en su momento, independiente o no de lo que haga la comisión, también harán sus planteamientos. De parte del PIP reveló que continuara investigando y compareciendo a las vistas públicas junto a Gutiérrez y revisando desde sus oficinas el inmenso conjunto de documentos. Indicó que las vistas aun no han terminado, que por lo menos falta un testigo por comparecer y hay la insistencia de parte del PIP de traer más testigos: “Veremos a ver qué decide la Comisión”.

Márquez Lebrón expuso, a preguntas de CLARIDAD, que de los testigos que han pasado por las vistas públicas de acuerdo con los documentos, cuando se mira la ponencia de la ahora exdirectora ejecutiva de la AEE y la lectura sus declaraciones, estas fueron cónsonas con la documentación.

“Ella reconoce que tiene una responsabilidad: pero es cónsono también que ahí la tenían como especie de un sello de goma, como un peón del control férreo que tenía la APP; que se quiso distanciar su director, Josúe Colón, de todo, pero su testimonio y los documentos demuestran que son parte integral de todo este proceso de contratación”.

El representante aseguró que las vistas públicas han demostrado en términos reales el fracaso de la privatización del sistema eléctrico. “LUMA es un desastre, han aumentado la cantidad de apagones y la frecuencia; Genera es una manifestación de New Fortress, que está en quiebra y que los acreedores tienen un control, y esa es la empresa que garantiza el contrato de Genera. Ya Genera está planteando a la Legislatura los mismos temas que LUMA: que no tienen dinero, que no pueden hacer las cosas. Por lo tanto, ambas son un desastre para el país. El modelo de privatización ha sido un desastre y todo este esquema lo completa este proceso de la energía temporera”.

Todavia de un pájaro las dos alas

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olga-i-sanabria-davila

septiembre 30, 2026

Especial para Claridad

El debate general del octogésimo-primer período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas nuevamente fue la oportunidad, como es su propósito, para los Estados miembros fijar, en voz de sus Jefes de Estado, gobiernos y ministros, sus posiciones sobre la coyuntura mundial actual y temas de la creciente agenda internacional.

Destacan las palabras del canciller de Cuba, Excelencia Bruno Rodríguez Parrilla, reiterando el apoyo de Cuba a la libre determinación e independencia de Puerto Rico en momentos que el país antillano vive la peor agresión en su contra de parte de Estados Unidos.

Sus palabras, de principios e inequívocas, reflejan una inquebrantable solidaridad con Puerto Rico que se fundamenta en ya más de 150 años de solidaridad mutua.

Durante el debate estuvieron subyacentes, y a veces denunciadas, acciones como las de Donald Trump durante su segunda incumbencia como presidente de Estados Unidos. En términos que variaron fue denunciado el intento israelí de exterminio del Pueblo Palestino en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. También las intervenciones armadas, la aplicación de sanciones y aranceles, y otras represalias a que son sometidos países que intentan hacer valer su soberanía nacional.

El canciller cubano dijo que hay que preservar la ONU y que el rumbo de las relaciones internacionales es peligroso e insostenible. El debate, que inició el 22 de septiembre, reflejó un momento internacional de múltiples guerras que ya algunos(as) catalogan como la Tercera Guerra Mundial, el intento del gobierno de Estados Unidos de hacer caer el Gobierno Revolucionario de Cuba, y otras agresiones e invasiones imperialistas de parte de un hegemón que lucha infructuosamente con todo a su alcance para impedir el mundo multipolar que ya es realidad.

Las amenazas, sanciones recrudecidas, guerras de aranceles, y hasta el descarado secuestro del presidente de un país como el caso de Nicolás Maduro que además incluyó el secuestro de su esposa Cilia Flores, dirigente politica por derecho propio de la República Bolivariana de Venezuela, fueron situaciones denunciadas por algunas delegaciones.

Falta que el mundo vea la subordinación colonial de Puerto Rico como parte de esta coyuntura. Para Puerto Rico es momento del recrudecimiento de su condición de colonia, de la crisis por la escasez innecesaria de agua y las interrupciones del suplido de energía eléctrica que son parte del desmoronamiento del llamado Estado Libre Asociado, su gobierno corrupto y las acciones de la Junta de Control Fiscal sobre sus finanzas que diezmaron también la Universidad de Puerto Rico.

Es el momento en que se cierra el futuro de los(as) jóvenes a menos que lo busquen en Estados Unidos donde también es poco probable que lo encuentrarán. En Puerto Rico es momento del recrudecimiento de la pobreza y el desplazamiento, de intentos de imposición de proyectos destructivos del capital extranjero. Todo ello también es agresión y violencia contra un pueblo.

Que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, que recibe flores y balas en un mismo corazón, no es retórica. Ahora como antes es una realidad…

El canciller Rodríguez aprovechó estar en Nueva York, y en una actividad en su honor celebrada por el People’s Forum de Nueva York en el Centro Schomburg que ubica en Harlem, elaboró sobre la recrudecida agresión actual de Estados Unidos contra Cuba.

Llamó la atención a que esta agresión va contra los inocentes niños y niñas de Cuba y contra sus recién nacidos(as) que ahora fallecen a una tasa de 14 por cada mil nacidos vivos, una cifra que duplica la anterior que estaba entre las tasas más bajas del mundo en este renglón de los índices de salud.

Dijo que va contra de la alimentación, de la salud y la educación de sus niños(as), contra sus viejitos y sus hombres y mujeres. Se trata del recrudecimiento del bloqueo criminal y genocida ya de siempre que Estados Unidos impone la Revolución Cubana ahora en la forma de un bloqueo petrolero absiluto, además de las presentes amenazas directas de invasión de parte de Estados Unidos como las que hizo Trump en su intervención el día de la apertura del debate general de la Asamblea de la ONU el pasado 22 de septiembre de que «la libertad está por llegar a Cuba.»

El pueblo cubano está realizando una proeza extraordinaria. Está dando una enorme batalla. En el contexto de Puerto Rico también se está dando una batalla.