Estamos trabajando en los Archivos Históricos, los podrán accesar muy pronto. Gracias siempre por la solidaridad.
Cualquier duda o pregunta pueden llamar al 787-777-0534 y comunicarse con Alida Millán.
Junta de Control Fiscal: diez años que pesan como siglos
» Nadie sabe y nadie supo» por qué en 1984, bajo el gobierno del Republicano Ronald Reagan, con un Senado de mayoría republicana y una Cámara de Representantes de mayoría demócrata, el 98vo. Congreso de Estados Unidos decidió sigilosamente enmendar la Ley de Quiebras Federal y excluir a Puerto Rico de la protección de dicho estatuto, bajo el cual estuvo cobijado- como todos los «Estados»- desde el año 1938. Ni siquiera el entonces Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, el celebrado jurista Jaime Fuster Berlingeri, advirtió el cambio. Si lo hizo y lo informó al entonces Gobernador, Rafael Hernández Colón, igual mutismo practicó este y todos los gobiernos de Puerto Rico hasta 2014, cuando, para subsanar tan grave omisión, se aprobó en Puerto Rico la fallida Ley de Quiebra Criolla, que el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston desestimó de un plumazo como inaplicable, porque la ley federal de 1984 prevalecía sobre ella.
Por eso, cuando en 2015 la deuda pública de Puerto Rico, que en ese momento ya alcanzaba la inimaginable cifra de $73 mil millones, se hizo insostenible e impagable, Alejandro García Padilla, entonces Gobernador de Puerto Rico, y Pedro Pierluisi, Comisionado Residente acudieron en dupla a Washington a pedirle al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al Congreso que aprobaran una ley especial de quiebra para Puerto Rico
Así nació la Ley PROMESA, de claro corte colonial, y se nombró, también por el Congreso y el Presidente metropolitanos, la primera Junta de Control Fiscal (JCF). Desde entonces, han transcurrido ya diez largos años, y tres Juntas de composición diferente, todas igualmente enajenadas de nuestro pueblo, atornilladas en su burbuja, engordando una creciente burocracia interna y una corte interminable de asesores y contratistas- la mayoría extranjeros- que viven y facturan como si Puerto Rico, en vez de un país pobre y en quiebra, fuera dueño de los ríos de dinero de los casinos de Las Vegas o Montecarlo.
En el año 2025, la entidad de análisis económico Espacios Abiertos publicó un informe que colocaba los gastos de la JCF, hasta fines de 2024, en $2, 200 millones, principalmente en pagos a abogados, asesores y contratistas. Ese dinero ha salido de los menguados recursos de Puerto Rico.
Cuando el Congreso aprobó PROMESA, estimó que la JCF estaría en Puerto Rico por un término aproximado de cinco o seis años y que sus gastos totales por dicho término no serían mayores de $370 millones. Por lo cual, el Congreso, el Presidente de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico -por servil e incondicional que sea- deberían cuestionar cómo es posible haberse equivocado tanto en las proyecciones originales de tiempo de estadía y costos de PROMESA y la JCF. Hasta donde se sabe públicamente- porque la secretividad y falta de transparencia es otro de sus defectos- ese cuestionamento no ha ocurrido y la JCF sigue gastando el dinero de Puerto Rico como si no hubiese mañana.
Es imposible ignorar, además, la incompetencia, la desidia y la indiferencia ante las carencias del pueblo demostradas por la JCF. La mayoría de sus supuestas medidas correctivas han sido dirigidas a penalizar a los sectores trabajadores y a los más vulnerables. Repasemos solamente algunas de las más evidentes:
– Pensiones: recortes masivos a las pensiones de los empleados públicos y eliminación de beneficios laborales.
– Salud: recortes en fondos destinados a hospitales, incluyendo Centro Médico y el Hospital Pediátrico Universitario.
– Educación: cierre de cientos de escuelas públicas y reducción de presupuesto operacional.
– Servicios públicos: consolidación de agencias y eliminación de puestos de trabajo regulares. Aumento de puestos de confianza, que son nombramientos políticos y responden principalmente al gobierno de turno.
– Transporte- reducción en las rutas y aumento en las tarifas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses
– Universidad de Puerto Rico: reducción del 48% de fondos del Fondo General entre 2017 y 2024, lo que ha provocado aumentos en costos de matrícula y servicios a estudiantes, eliminación de puestos de trabajo docentes y no docentes, y deterioro de la infraestructura en los recintos del sistema de educación superior público.
Estas medidas de austeridad y recortes de servicios impuestas por la JCF, junto a la ausencia de iniciativas de revitalización económica para el país, han tenido el efecto de estimular la emigración reciente de cientos de miles de profesionales puertorriqueños, educados y diestros, que se van del país en búsqueda de las oportunidades que aquí se les niegan.
Pero, la peor nota en el récord de la JCF ha sido su caótica gestión de la crisis de energía en Puerto Rico y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica ( AEE), cuya resolución es todavía incierta después de 10 años, y cuyos efectos nefastos afectarán el desarrollo económico de Puerto Rico por años y décadas. La JCF ha sido responsable de impulsar la privatización de nuestro sistema eléctrico, en un proceso atropellado y poco transparente, y de haber aprobado la contratación de engendros como LUMA y GeneraPR, que apenas pueden mantener el sistema eléctrico operando. La JCF también es reponsable de haber avalado el rescate financiero de la empresa privada AES, que quema carbón para producir energía. También aprobó el contrato de siete años otorgado a New Fortress Energy, la empresa gasífera en riesgo de bancarrota que tiene el monopolio de la importación y distribución de gas metano a las unidades de generación en manos de su subsidiaria, GeneraPR. La otra cara de la moneda la representa una ciudadanía puertorriqueña que vive de apagón en apagón, y que es rehén de empresas energéticas mediocres en capacidad y servicios, que priorizan sus ganancias sobre el compromiso con sus abonados.
La aprobación de PROMESA y la JCF, y su toma de control de las finanzas públicas de Puerto Rico, ha sido una de las expresiones más cínicas, arrogantes y prepotentes del colonialismo estadounidense en Puerto Rico. Es más humillante aún que las leyes Foraker y Jones que la precedieron, porque ha develado, de golpe y porrazo, la farsa del gobierno propio y del supuesto «pacto bilateral» que representó la creación del llamado Estado Libre Asociado (ELA).
Puerto Rico, bajo la Junta de Control Fiscal, es un país más empobrecido, maltratado y desgobernado que diez años atrás. Aquí los principales beneficiados han sido los bonistas, los buitres, McKinsey & Company, Alvarez & Marsal, Proskauer Rose, y toda la caravana de contratistas y asesores que acompañan, nutren, adulan y deciden a nombre de la JCF. Esa es la realidad de nuestro país a diez años de PROMESA y la Junta. Diez años que pesan como si fueran siglos.
Espejo de artistas:Yamileth Flores
La antropología del cuerpo-territorio
Caribeña, puertorriqueña, latinoamericana, junqueña, de campo, “de la isla”, queer, escultora, ceramista, educadora, viviendo y creando dentro de una colonia. Estas etiquetas no son externas a mi práctica; son fuerzas que atraviesan mi manera de mirar, construir y habitar el espacio. Como escultora, ceramista y fotógrafa, pienso desde el cuerpo, la materia y el espacio. Me
interesa cómo los materiales cargan memoria; cómo el peso, la fragilidad y el equilibrio dialogancon experiencias históricas y personales. Ser mujer en el Caribe implica confrontar estructuras de poder heredadas del colonialismo y del patriarcado.
Siendo artista queer, cuestiono lo normativo y me inclino hacia lo híbrido, lo ambiguo, lo que existe entre categorías. Esa búsqueda se manifiesta en ensamblajes, fragmentos y superficies que conservan huellas, como si el territorio y el cuerpo compartieran la misma piel marcada. Vengo del campo, de una familia donde la mayoría de los hombres trabajan en la construcción.
Crecí entre sacos de cemento, varillas, arena, bloques, maderas, tierra. Por eso los materiales de construcción y la tierra se han convertido en los lugares desde donde me ubico y existo.
Puerto Rico no es solo el lugar donde nací y vivo; es el territorio que moldea mi mirada, mis preguntas y mis procesos. Observo sus costas, su tierra, su arquitectura vulnerable, sus objetos
cotidianos y las marcas que el tiempo deja sobre ellos y sobre mí.
Crear desde una colonia implica una conciencia constante de dependencia, precariedad, desplazamiento y resistencia. Mi práctica no evade esa realidad; la incorpora. En mi trabajo, el territorio es cuerpo y el cuerpo es territorio: ambos atravesados por historia, cotidianidad e investigación. Desde esa intersección construyo, afirmando presencia.
Mi obra funciona como un autorretrato donde la memoria se convierte en forma.
Zoraida y Tato Santiago llevan ‘Voz y Piano’ al Moneró
En Rojo
Corría el año 1982. Luis Fernando ‘Peri’ Coss reseñaba el hogar de artistas y músicos en que crecieron Zoraida, Carlos “Tato” y Coqui Santiago. Una casa donde «compartieron la experiencia de hacer dúo y tocar piano a cuatro manos por primera vez», escribe el veterano periodista. Pero Zoraida y Tato Santiago no presentarían un evento en carácter profesional hasta principios de ese 1982, meses antes de que la Policía irrumpiera en Villa Sin Miedo.
Los hermanos decidieron, luego de estar separados varios años “por su lado”, celebrar el concierto en el Teatro Sylvia Rexach. Allí, en una suerte de reencuentro personal, interpretaron piezas de la cantautora, del pianista, de autores como Rafael Hernández, Silvio Rodríguez y cualquier melodía que estuviera en boga. La cantante del dúo destacó, en entrevista con En Rojo, su emoción por compartir de nuevo entre los dos este próximo 9 de mayo, desde el Café Teatro Moneró, en Caguas.
“Decidimos volver a explorar el junte de piano y voz con todas las posibilidades que puede abrir para la expresividad, tanto del piano como de la voz, fuera de las restricciones del formato de banda”, explicó Zoraida antes de cederle la palabra a su hermano. “Claro, porque mientras más son menos participa cada uno… Aquí se deja una puerta abierta a la espontaneidad, a lo que pueda suceder impromptu. De repente sucedió esto y nos fuimos por ahí, y queda bien chévere, o no. Eso es lo que nos anima en este momento”, cuenta el pianista.
Aunque comparten la misma idea de integrar la voz, el piano y canciones de ambos, Voz y piano, Hermanos no replicará aquel concierto de 1982. Zoraida y Tato Santiago ahora incluyen una larga y reputada carrera de colaboraciones y proyectos independientes al repertorio de la noche. Canciones que no existían para el primer espectáculo, canciones tan recientes como ahora, dice Zoraida. “Adaptado al tiempo de ahora… Hay canciones de la trayectoria de Zoraida, musicalizaciones de poemas de Julia de Burgos, composiciones originales de ella, una pieza dedicada a una hermana, piezas instrumentales mía y hay dos estrenos muy chulos… Está una dedicada al violín de mi abuelo, que está dedicada a nuestro abuelo. Lo hizo ella, pero la elaboramos entre los dos”, añade el hermano.
“Yo sé que la gente conoce Casi alba, que fue la primera canción que Tato y yo hicimos de Voz y piano, que estuvo en el segundo disco de Aires bucaneros… Todas las canciones tienen los arreglos de Tato, y el arreglo es un trabajo de composición. Yo le entrego a Tato una canción bien simple con una melodía y unos acordes. Entonces él, sobre esa canción, hace unos arreglos maravillosos, que le saca mucho más de lo que siempre pienso se le puede sacar”, reflexionaba la hermana sobre la relación entre ambos. Todo cambia y todo permanece con los años, afirma Zoraida con relación a la dinámica con Tato. Cuando trabajan en conjunto con una banda, cuenta el hermano, las colaboraciones se convierten «en una cosa más estructurada», aunque la fórmula siempre es la misma:
“Coger una canción, hacerle un arreglo y tocarla”, acota el maestro de las teclas. Además, ambos opinan que el Café Teatro Moneró figura como un espacio adecuado para el formato de Voz y piano. La relación entre el público, los músicos y el espacio casi nivelado en que se miran crean un sentido más íntimo y establecen una nota pausada en la audiencia.
“Es más directo. Yo entiendo que se le presta mucha más atención a la letra, a la poesía. Eso es lo positivo de hacer este concierto en Moneró, que quizás no se presta para ser multitudinario. Pero es un espacio en que la gente busca escuchar buena música y disfrutar de la cercanía”, afirmó la voz de Prisa loca.
A preguntas de este medio, confirmaron no tener invitados especiales, aunque no se mostraron cerrados a la idea de que «aparezca alguien allí y que pueda haber sorpresas». Para Tato, la actividad se trata más– de nuevo– de un encuentro íntimo entre hermanos, dedicado a ellos mismos como profesionales que coinciden en el pentagrama. “La gente puede esperar un pianista extraordinario, una compenetración musical de dos personas que se conocen. Es más una conversación que cuando se está en una banda. Yo voy cantando y Tato va fluyendo. No quiero usar la palabra simbiosis, pero…”, vacila Zoraida. “Pero casi”, bromeó el hermano. “Eso es otra cosa que sucede cuando estás en dúo y no en banda. Nos vamos por sitios que la gente no espera, pero llegamos y suceden. Y suceden bien”, concluyó Santiago.
Los boletos para Voz y piano, Hermanos están disponibles en la página web de Ticketera. El encuentro comienza a las 7:00 p.m.
El aborto no es el único derecho reproductivo amenazado
La actividad tuvo lugar en la sede de CLARIDAD
CLARIDAD
En aras de propiciar más discusiones relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en los movimientos de izquierda –un tema que advierten no recibe tanta exposición– la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora auspició, el 30 de abril, un conversatorio desde el Periódico CLARIDAD. El evento, coordinado para celebrarse bajo la Carpa Roja del semanario, se mudó para la sala de redacción del periódico por la lluvia que caía durante la tarde. No obstante, decenas de personas se dieron cita para escuchar a las doctoras Alice Colón Warren y Yanira Reyes Gil discutir las políticas que actualmente atentan contra los derechos reproductivos.
“Tenemos dos expertas en el tema. No son personas que solamente escriben, sino que son activistas. Las vamos a encontrar en foros como este, escribiendo, en los programas de radio, de los medios, pero también las vamos a encontrar en las calles reivindicando los derechos que nos corresponden y que nos hemos ganado las mujeres con mucha lucha”, comentó la licenciada Josefina Pantoja Oquendo con relación al trasfondo de ambas expertas en temas de género.
La doctora Colón Warren, investigadora de la Universidad de Puerto Rico y experta en los derechos reproductivos en el Caribe y América Latina, resaltó que la desigualdad de género y el control del cuerpo de las mujeres y personas gestantes están vinculados con las estructuras de poder que jerarquizan distintas poblaciones. En el siglo XIX, mencionó de ejemplo, las Leyes Comstock prohibieron el intercambio de información relacionada con anticonceptivos.
“Estas leyes también respondían al descenso en la natalidad en las mujeres blancas, las cuales eran consideradas las madres deseables para la continuidad de una nación que se definía, por los sectores dominantes, como de esa raza. Los regímenes fascistas, por su parte, glorificaban a las mujeres como reproductoras de la nación, de su fuerza militar y laboral. De manera que la reproducción aparecía impuesta como designio del Estado”, elaboró Colón Warren.
La doctora en psicología reparó en las experimentaciones de métodos anticonceptivos que tanto el gobierno local como federal impulsaron en Puerto Rico. Recordó los discursos que afirmaban un exceso poblacional como causa de la pobreza en el país, argumentando sin fundamento que reducir la natalidad de los pobres era igual a reducir la pobreza.
“Entre 1930 y 1970, en nuestro país se permitió la experimentación con métodos anticonceptivos entre nuestras mujeres empobrecidas, sin información adecuada en cuanto a los riesgos a su salud. Se promovió la esterilización femenina, que alcanzó más de una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva a finales de ese período. Incluso, se asumió una política de mirar para el otro lado en caso de la práctica del aborto, que estaba prohibido para entonces”, prosiguió Colón Warren.
Estas políticas de control sobre los cuerpos gestantes provocó, en Puerto Rico, diversas formas de oposición. Por un lado, sectores católicos e independentistas argüían que el discurso anticonceptivo no atajaba la raíz estructural de la pobreza; por otro, se planteaba como una forma de exterminar la nación puertorriqueña. No obstante, Colón Warren trajo otra visión más amplia y compleja de los derechos reproductivos.
“Para las mujeres, regular su fecundidad ha sido una condición para ejercer la agencia y la autonomía sobre sus vidas dentro de las condiciones que han restringido sus decisiones reproductivas. En Puerto Rico, como en otros lugares, (las mujeres) han recurrido a métodos contraceptivos caseros en la medida en que lo han tenido accesible y lo han considerado necesario. Esto, aún antes de que hubiera métodos modernos”, dijo la también socióloga.
Colón Warren abundó en que la segunda oleada feminista fue responsable de reconocer la “regulación de la fecundidad” como esencial para autonomía corporal, moral y personal de las mujeres. En Puerto Rico, el derecho al aborto se reconoció junto al caso federal Roe v. Wade, de 1973, y fue ratificado el año siguiente. Actualmente, el derecho local a terminar un embarazo descansa en la decisión de Pueblo v. Duarte.
“Para comprender la reducción de fecundidad, tendríamos que referirnos no solo a la decisión de las mujeres en busca de regular su capacidad reproductiva, sino a las condiciones en que han ejercido esa opción. No se trata solo de que las mujeres decidan si parir o no y cuándo hacerlo, sino de garantizar los espacios más amplios para tomar esa decisión, además de las condiciones más adecuadas para criar. Se necesita poseer información adecuada sobre la sexualidad en la reproducción”, aseguró la doctora en psicología.
El reciente auge de los gobiernos de derecha ha revivido la idea de la mujer con un rol reproductor y maternal, cuenta Colón Warren. En el cuatrienio del 2020, existieron múltiples intentos en la Legislatura para restringir o ampliar los derechos reproductivos, Desde 2024, advirtió la abogada, algunas se han implementado.
“En el cuatrienio pasado, se presentaron más de una docena de proyectos que tenían la intención, directa o indirecta, de limitar el derecho al aborto, pero ninguno de ellos fue aprobado por el trabajo que nosotras hicimos para impedir que eso se lograra. (Los esfuerzos de) ese cuatrienio estaban liderados por las legisladoras del Proyecto Dignidad”, reaccionó Reyes Gil con relación a las medidas antiaborto sometidas en pasados años.
Igualmente, la profesora sostuvo que el Partido Nuevo Progresista ha “tomado la batuta” conservadora en un esfuerzo por atraer los votos de este sector electoral. Han buscado restringir el aborto, dijo Reyes Gil, además de impulsar intereses fundamentados en criterios religiosos. Estas medidas han tenido mayor éxito en este cuatrienio.
“Crean todo un andamiaje en el que es obvio que lo próximo es la prohibición del aborto.La primera ley fue la 126 de 2025, que exige el consentimiento parental para los abortos de menores de 15 años y establece unos protocolos bien estrictos para las clínicas que requieren los referidos de cualquier caso a los Departamentos de Justicia y Familia, aún cuando tenga el consentimiento”, detalló. En muchos casos, estos referidos mandatorios inhiben a muchos padres de dar su consentimiento, explicó la abogada.
Al final del cuatrienio pasado, los legisladores aprobaron la Ley 183 de 2025, estatuto que enmienda tres artículos del Códigos Civil para concederle capacidad y personalidad jurídica al no nacido, «desde el momento imaginario de la concepción». Este último concepto, verbigracia, genera confusiones en pleitos judiciales.
Otras leyes aprobadas en la pasada sesión legislativa incluyen: la Ley 166 de 2025, que clasifica como asesinato en primer grado la muerte de un «concebido no nacido» como resultado de agredir a una mujer embarazada –que pudiera criminalizar a la propia madre; la Ley 18 de 2026, que define como persona, en el delito de asesinato, al feto en cualquiera de sus etapas de gestación.
“Colocan a las mujeres y a las personas en edad reproductiva en una especie de suspensión de derechos durante el término del embarazo y sujetas a una situación de vigilancia extrema, limitando las posibilidades de tomar decisiones y poniendo en riesgo los accesos a salud”, expuso Reyes Gil. Ambas ponentes continuaron la conversación enfatizando que los discursos antiaborto no consideran las condiciones económicas en que viven las mujeres y personas gestantes. Enmarcan a estos cuerpos como responsables de reproducir según las necesidades del capitalismo y los roles de género.
“Hacia donde tenemos que mirar es a esas estructuras de desigualdad y exclusión que dificultan el bienestar y la vida digna para la mayoría de la población. Consideramos que, bajo políticas que promovieran esa calidad de vida, sería posible establecer el crecimiento económico deseado y propiciar los procesos demográficos requeridos sin imponer políticas poblacionales”, dijo Colón Warren.
Al final del conversatorio, las participantes discutieron considerar otras consignas posibles en futuras manifestaciones, así como continuar ampliando la noción general de la justicia reproductiva.
