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Retrato de un “Padre del ELA”

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Los padres del estado libre asociado se parecen mucho a la criatura que ayudaron a engendrar. Sus biografías antes y después del nacimiento del hijo están repletas de dobleces, tantos, que a veces parece que se trata de más de una persona. En unas ocasiones son opacos y en otras trasparentes. Aparentan una cosa y, cuando escarbamos un poco, encontramos otra, como ocurre con las reformas políticas que gestionaron hace 67 años. 

Entre los padres de la criatura creada en 1952 destaca la figura de José Trías Monge, quien nunca pretendió ser líder de masas ni podía serlo porque es la imagen clásica del “nerd” anglo o el “ratón de biblioteca” boricua. Una persona poco conocida a nivel popular, pero cuyas acciones y proposiciones impactaron de manera significativa la vida pública puertorriqueña entre 1948 y 1985. Durante esos 37 años el “don Pepe” de sus amigos (quien desde que era adolescente ya parecía viejo) ocupó varios de los más altos cargos públicos y, más importante aún, detrás de las cortinas que ocultaban el drama aconsejó o realizó acciones que afectaron la vida (y la libertad) de muchas personas.

A Trías lo conocíamos mayormente por sus volúmenes sobre la historia del derecho constitucional puertorriqueño, por un buen libro sobre las “insuficiencias” del ela publicado originalmente en inglés en 1997, por sus Memorias, de publicación póstuma, que oportunamente reseñé en CLARIDAD, y por algunas de sus opiniones desde el Tribunal Supremo. También existen buenos trabajos comentando sus aportaciones al derecho (Carmelo Delgado Cintrón) y capítulos importantes en libros cuyo tema central era alguna parte de nuestra historia en la que él intervino, como La Mordaza de Ivonne Acosta, los trabajos de Juan Manuel García Passalacqua y el libro de Luis Rafael Rivera sobre la historia del Tribunal Supremo. Ahora, para aquilatar de forma completa esta figura contamos con el libro de Jorge E. Vélez Vélez: José Trías Monge: Estado Libre Asociado y el reformismo jurídico colonial, 1950-2002, de reciente publicación. Producto de una tesis doctoral para el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe el libro se beneficia de una investigación minuciosa y muy completa. Como apunta el autor en la introducción, sobre Trías “no existe un estudio abarcador, detallado e integrado” de sus “roles y su influencia en la historia de Puerto Rico”, vacío que muy bien llena este trabajo.

Los roles de Trías fueron muchos y todos ejecutados en momentos importantes. Fue asesor y abogado de Luis Muñoz Marín entre 1948 y 1952, primer Secretario de Justicia tras la aprobación de la Constitución; abogado, miembro de comisiones gubernamentales importantes, asesor de figuras vinculadas al PPD entre 1956 y 1973 y, finalmente, Juez Presidente del Tribunal Supremo entre 1974 y 1985. Tras su retiro del Tribunal continuó siendo una voz muy persuasiva tanto en el ámbito jurídico como el político, hasta su fallecimiento en 2003. 

Los dos extremos que encontramos en las ejecutorias de Trías Monge se ubican precisamente en el comienzo y el final de su vida pública. Dicen que lo que comienza mal así termina, pero en este caso es un poco distinto. Entre sus ejecutorias iniciales hubo algunas que lo persiguieron por el resto de su vida, pero en su última etapa la balanza se inclina hacia lo positivo. 

A parte de los líderes visibles, como Muñoz, difícilmente existió una persona más influyente que Trías en las dos décadas que van desde 1948 a 1968. Poseedor de una formación académica poco común, el recién egresado de la UPR, Harvard y Yale se convirtió en cercano colaborador del morador de Fortaleza, jugando un papel destacado en las aventuras y los entre juegos políticos que ayudaron a formar el marco legal y político que, en buena medida, todavía existe en el Puerto Rico actual. Pero en aquellos años, en parte para hacer posible el maquillaje que se le quería poner al coloniaje, se desató uno de los periodos de mayor persecución, represión y abuso policiaco de nuestra historia del que Trías también fue protagonista. Como asesor de Muñoz sería quien diseñara el marco legal de “la Mordaza” que trajo a Puerto Rico – para ser lanzados contra independentistas y comunistas – los instrumentos represivos que el FBI y el macartismo habían impuesto en Estados Unidos. Luego, como Secretario de Justicia, presidió en 1954 la puesta en práctica de ese andamiaje de persecución dirigiendo el procesamiento criminal contra centenares de patriotas. 

“Mi renuncia en esos momentos no habría cambiado en nada lo que habría de ocurrir”, dijo más tarde a modo de pobre justificación. Al final de aquel primer periodo volvería a vestirse como jurista liberal y en 1957, según dijo, “me tocó el privilegio de presentar la moción” para derogar aquella bochornosa legislación.

Posterior a ese periodo oscuro que lo marcaría para siempre, Trías Monge sería el juez presidente más efectivo que ha tenido Tribunal Supremo, tanto en lo administrativo – logrando rapidez y efectividad en la operación – como en contenido. Dice el autor: “Trías Monge, desde el comienzo de la presidencia del Tribunal Supremo, con el apoyo más o menos entusiasta de la mayoría de sus colegas, enfrentó la transculturación jurídica y orientó al Tribunal hacia un mayor uso, aprecio y defensa del derecho civilista en los casos apropiados, que fueron los menos.” Luego añade: “Durante 1974-1985, el Tribunal Supremo cambió la trayectoria que atentaba contra un componente crítico de la cultura nacional, el derecho civil.”

Algunas decisiones de aquella “corte de Trías” tuvieron impacto político y también reflejan las ambivalencias típicas de los “padres del ela”. En PSP vs. ELA, de 1978, (producto de uno de los “experimentos jurídicos” que se ideó Juan Mari Brás) el Supremo, con Trías como ponente, invalidó la legislación que permitía la utilización de fondos del gobierno para financiar las primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos con el argumento de que se trataba de un fin privado, no público. Dos años después, en otro caso conocido como PIP vs. ELA, el mismo tribunal (con otro juez como ponente) decidió lo contrario. Durante esos años también se produjeron decisiones que tuvieron impacto social significativo, como la que legalizó el divorcio por consentimiento mutuo, y otras que ampliaron protecciones laborales. 

AES: Un impacto mortal a la salud

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com 

Estudiantes de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de la UPR y el profesor Luis Bonilla, repitieron en 2018 un estudio de prevalencia realizado en 2016 sobre las condiciones asociadas a la exposición de personas al polvo de cenizas que genera la carbonera AES, en Guayama. 

La pregunta era si la prevalencia de las enfermedades crónicas que se había encontrado en el primer estudio, realizado por los estudiantes de Bioestadística y Tecnología en las comunidades Miramar y Puente de Jobos, en Guayama, habían cambiado en dos años o no. Ambas comunidades se compararon en 2016 con la comunidad Santa Isidra, en Fajardo; todas del mismo nivel socioeconómico, con la única diferencia de que esta última no está expuesta a la contaminación generada por la carbonera. 

En entrevista con CLARIDAD, Bonilla resaltó que Fajardo es el estándar de calidad de aire en Puerto Rico, por lo que se utiliza como medida de comparación cuando se hacen estudios epidemiológicos de esta índole. 

“Siempre se busca identificar la comunidad expuesta, en este caso, a la contaminación de aire. Vamos a ver qué diferencias tiene con otra comunidad que no tiene ese nivel de contaminación y de ahí se establecen unas diferencias y se determina si son estadísticamente significativas”. 

En el estudio de 2016 se encontró que todas las prevalencias de enfermedades asociadas a la exposición a contaminación de aire fueron significativamente mayores en Guayama que en Fajardo. Entre estas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cerebrovasculares, de la piel, diabetes y cáncer: “Lo que es indicativo de que en el caso de esas dos comunidades en el barrio Jobos en Guayama, al estar expuestas las emanaciones de esa planta, hay más gente enferma de esas condiciones que una comunidad que está expuesta a un aire más limpio, que no tiene una prevalencia tan alta”.

El estudio se hizo utilizando PM10 (Particulate Matter, en inglés), como indicador de contaminación. PM10 son partículas de menos de diez micrómetros de diámetro que se mantienen en el aire y pueden ser respiradas. Bonilla, indicó que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) no hay nivel seguro de PM10 en la atmósfera por el nivel de impacto que tiene sobre la salud pública.

“Mis estudiantes de Salud Ambiental y yo repetimos ese mismo estudio (de 2016), pero en Guayama solamente. Para realizar dicho estudio utilizamos el mismo diseño epidemiológico y cuestionario que se utilizó para el estudio de 2016”, detalló el profesor. 

Bonilla y sus estudiantes encontraron que en 2 años las prevalencias en las enfermedades mencionadas habían aumentado significativamente: “En algunos casos superaron el doble de la prevalencia que había en 2016”.

Estudio ecológico: mortalidad por enfermedades cónicas 

En ambos estudios (2016 y 2018) la unidad de interés era el individuo. Luego, Bonilla quiso hacer un estudio más amplio comparando la población total de Guayama en oposición a la población total de Fajardo. En epidemiología esto se conoce como un estudio ecológico, donde la unidad de interés es la población completa. 

Para el estudio ecológico se utilizaron 15 años de datos producidos por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y el Registro Demográfico.

Bonilla, destacó que se utilizaron los niveles de PM10, una de las medidas que por ley la JCA tiene que tomar y enviar a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés). También, dos variables climáticas de dos estaciones de la NOAA: temperatura ambiental y precipitación acumulada. Del Registro Demográfico se obtuvieron las muertes ocurridas en Guayama en ese período de 15 años.

“En este caso, la variable de interés no era las enfermedades crónicas, sino la mortalidad de la gente por todas las causas, pero sobre todo por cuatro en específico: enfermedades respiratorias, cardiacas, cerebrovasculares y cáncer”. 

“Se hizo un estudio ecológico integrando todas esas variables en un General Lineal Model, o modelo de regresión lineal, con regresión de poisson […] que nos permite integrar todas las variables y ver el efecto de una variable, en este caso la mortalidad, controlando las otras variables que tiene el modelo”, explicó. 

Este tipo de estudio de contaminación del aire y salud requiere dividir la población en estratos. Generalmente se divide en 4 grupos generales: menores de 65 años, de 65 a 74, y 75 y más, para ver ¿cómo por grupo de edad la gente padece alguna de las enfermedades crónicas o mueren debido a la exposición? 

En el primer grupo, la mortalidad en Guayama y Fajardo era similar. Sin embargo, Bonilla y sus estudiantes encontraron una relación entre la concentración del material particulado a nivel atmosférico y la mortalidad de este grupo. Por cada aumento de 10 microgramos de PM10 en la atmósfera, la mortalidad se incrementaba un 4%. Por otra parte, en los grupos de 65 a 74, y de 74 y más, se encontró que por cada 10 microgramos de aumento de PM10 en la atmósfera, la mortalidad aumentaba un 11%. 

“Es una diferencia grande, lo que demuestra que hay una relación dosis-respuesta: a medida que aumenta la dosis, mayor es la mortalidad”, explicó.

El estudio ecológico comparó la mortalidad, tanto en Guayama como en Fajardo, por la exposición al PM10. 

Muestreo del agua

“Esa parte no la tocamos porque el impacto mayor, según hemos visto, es a través del aire. Eso es otro ángulo. Se han tomado muestras, se han analizado y se ha encontrado arsénico y otros metales pesados en el agua subterránea, pero todavía no se ha hecho la conexión epidemiológica”. 

“Hay mucha evidencia, podemos decir, anecdótica, porque tú puedes hacer mediciones, pero ¿cómo tú conectas esos niveles con efecto a la salud pública? Ahí entra la metodología epistemológica que nosotros utilizamos en nuestro estudio para demostrar que sí hay unos efectos sobre mortalidad y la prevalencia de enfermedades crónicas que son causadas en gran parte por la contaminación del aire que genera AES en Guayama”. 

Aclaró que aunque no es lo único, la contaminación que genera la carbonera es un factor bien importante en la mortalidad y las enfermedades que padece la gente en Guayama, al menos en las comunidades donde se realizó el estudio. 

Bonilla, resaltó que los tres estudios realizados en la Escuela de Salud Pública, se apoyan mutuamente y son los únicos que conectan la contaminación que genera la planta con el impacto a la salud y mortalidad. 

Experimento natural

El profesor mencionó que hay quienes han cuestionado los estudios diciendo que no muestran causalidad, ya sea por defender a AES u otras razones. 

“De los nueve criterios de causalidad cumplimos con ocho, no cumplimos con uno tan específico que incluso Leon Gordis, el epidemiólogo más famoso, dice que se debería eliminar”, explicó Bonilla. Según ese criterio “una exposición dada causa una condición o enfermedad específica, pero esa relación de uno a uno es prácticamente imposible encontrarla”. 

“La única manera es sometiendo con experimentos seres humanos a esos contaminantes por años, como ha sucedido, pero la investigación con seres humanos está bien reglamentada. [En cambio] cuando uno como investigador encuentra una comunidad donde ya vivía gente y luego le construyen al lado una industria como la carbonera que los está contaminando por años (desde el 2002), eso se conoce como un experimento natural en epidemiología”, sugirió el profesor. 

Señaló que las personas en las comunidades aledañas a la carbonera son de bajo nivel socioeconómico y no tienen los recursos para mudarse de área. En consecuencia, han estado expuestos a esos contaminantes. Para los efectos, si eso se considera un experimento, la causalidad estaría demostrada.

“A mi entender, hay suficiente evidencia científica para que esa planta se cierre cuanto antes”, sentenció Bonilla. 

Editorial:PROMESA y La Junta:  Profecía de un fraude anunciado

 

Estamos en el tercer año desde la aprobación de la Ley PROMESA y la instauración del régimen de la Junta de Control Fiscal (JCF), legislación y entidad creadas especialmente bajo los supuestos de “meter en cintura” las finanzas públicas, crear un nuevo orden de disciplina fiscal y promover el desarrollo económico del decaído “territorio”. Para el año 2015, el gasto público en Puerto Rico había llegado a ser insostenible. Los ingresos del país eran insuficientes para pagar la deuda pública y brindar servicios básicos a la población, como salud, educación y seguridad, entre otros. Los mercados de capital cerraban la llave del crédito y los acreedores hostigaban al gobierno de Puerto Rico para que diera prioridad al pago de la deuda.

Por los pasados 50 años, el gobierno de Puerto Rico había caído en la práctica nefasta de cuadrar sus presupuestos con dinero prestado, y ya el cúmulo de la deuda con sus intereses alcanzaba $72 mil millones, sin contar lo adeudado al fondo de pensiones de los retirados. La Ley PROMESA y la JCF se presentaron entonces, como la opción viable para que Puerto Rico reestructurase su deuda de forma racional y aplacase el ánimo de los acreedores. Bajo esa premisa, el gobierno de Puerto Rico, sus principales corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico se sometieron al amparo del Título III de PROMESA y de un Tribunal, jueces, juezas y funcionarios especializados en procesos de quiebra complejos que garantizarían un reparto justo de los ingresos de Puerto Rico, y velarían porque la población dependiente de los servicios que provee el gobierno, pudiera continuar recibiéndolos sin interrupción ni merma en calidad. PROMESA contenía, además, disposiciones para crear y facilitar iniciativas de desarrollo económico para Puerto Rico. 

PROMESA y la JCF fueron la respuesta negociada del gobierno de Estados Unidos a la quiebra de Puerto Rico. Fue la única respuesta que el Congreso estuvo disponible para considerar en torno a los problemas de Puerto Rico. Fue una respuesta que no satisfizo las expectativas de muchos de los sectores políticos y empresariales en Puerto Rico, sobre todo aquellos que miran hacia Estados Unidos como la fuente de todo bien. Estos esperaban que “el manto salvador” del Tesoro Federal lo cubriera todo, con el menor sacrificio para ellos. Se justificaban diciendo que, por su “importancia estratégica” para Estados Unidos, Puerto Rico recibiría un “rescate” al estilo del que el Congreso aprobó en 2008 para evitar la quiebra de grandes corporaciones de Wall Street. Algunos llegaron a suponer que las prensas del Tesoro Federal se activarían para imprimir los miles de millones que Puerto Rico necesitaba para salir a flote. Los más fanáticos se aferraron a la vana esperanza de que la deuda de Puerto Rico se esfumara como “borrón y cuenta nueva”. 

En medio de la euforia por la llegada del remedio que traería millones de dólares para todos, solo unas cuantas voces ancladas en la realidad histórica de nuestra relación colonial con Estados Unidos –incluyendo a CLARIDAD– dimos la voz de alerta ante un proceso que está hoy cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Supremo de dicho país. A tres años desde su implantación, PROMESA y la JCF son la profecía de un fraude anunciado contra nuestro país y sus clases más desposeídas. No solo no han servido para reestructurar la deuda con equidad y sensibilidad, sino que han traído consigo toda una pléyade de abogados y consultores, extranjeros en su inmensa mayoría, por cuyos servicios hasta el día de hoy, nuestro país en quiebra ha pagado la friolera de $1 mil millones. Cabe señalar también que PROMESA y la JCF no tienen a su haber ni un solo proyecto de desarrollo económico encaminado para Puerto Rico al cabo de tres años de gestión. 

 De igual forma, los acuerdos propuestos por la JCF para reestructurar la deuda no son solo malos para Puerto Rico, y abiertamente parcializados a favor de los bonistas extranjeros, sino que amenazan con afectar de manera irreversible importantes servicios para sectores altamente comprometidos de nuestra población. Todos los economistas honestos que han estudiado la situación de Puerto Rico han expresado sus serias dudas con la viabilidad de lo negociado por la JCF. 

Por otro lado, con los mil millones de dólares que nos han costado los abogados, negociadores, mediadores, vividores y tahúres bajo contrato de la JCF y PROMESA, Puerto Rico pudo, entre otras cosas, haber estabilizado el problema de la transportación marítima para las poblaciones de Vieques y Culebra; poner al día los pagos para que no se interrumpan ni peligren los servicios para nuestros niños y niñas de Educación Especial, y garantizar el llamado “bono de NAVIDAD”, que no es realmente una bonificación sino un refuerzo al bajo salario que reciben nuestros empleados públicos de primera línea. 

Esta semana, PROMESA y la JCF tienen su día en corte ante el más alto tribunal de la nación que los engendró. No solo se dirimirá el asunto de su existencia en el entramado constitucional estadounidense sino, seguramente también, su carácter como un gobierno impuesto, fraudulento y abiertamente colonial.

Condenas de 9 y 13 años de prisión a líderes separatistas catalanes

Por Redacción Cubadebate

El Tribunal Supremo de España condenó hoy a penas de entre nueve y hasta 13 años de cárcel a líderes separatistas de Cataluña, que fueron juzgados por su papel en el frustrado intento de secesión de esa región en 2017.

Según el fallo del juicio hecho público por la máxima instancia judicial de este país europeo, nueve de los 12 dirigentes procesados fueron condenados por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

De esa manera, los secesionistas fueron declarados culpables de cargos de sedición y malversación de fondos, pero no de la acusación más grave de rebelión, como solicitó la Fiscalía española.

“No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión (…) La violencia tiene que ser instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”. Este es el principal argumento del tribunal para condenar por sedición, y no rebelión a los líderes separatistas.

El exvicepresidente de la Generatitat (autogobierno catalán), Oriol Junqueras, fue sentenciado a 13 años de cárcel, el castigo más duro contra los promotores de la secesión. 

Mientras, otros ocho independentistas (la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los líderes de las influyentes asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, y cinco antiguos consejeros (ministros) regionales), quienes se encontraban en prisión provisional desde hacía casi dos años junto a Junqueras, recibieron condenas de nueve a 12 años de prisión por sedición, y algunos de ellos, por malversación.

El Gobierno en funciones del socialdemócrata Pedro Sánchez expresó su deseo de que el veredicto permita pasar página y reiniciar el diálogo político en esa próspera región del noreste de España, que el independentismo mantiene en ebullición desde hace casi una década.

Para esta noche, hay convocadas protestas en toda Cataluña por la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, las dos asociaciones detrás de las masivas manifestaciones por la independencia de los últimos años.

Asimismo, están previstas marchas que saldrán de cinco ciudades de la comunidad autónoma (región) para confluir en Barcelona el viernes, en una jornada de huelga general.

Miles de independentistas catalanes, convocados por la plataforma Tsunami democrático, que aglutina a entidades independentistas, colapsaron hoy los accesos del aeropuerto de Barcelona, en protesta por la sentencia que condena a los líderes separatistas.

Entre las principales consecuencuas, la principal compañía que opera en el aeropuerto de El Prat, Vueling, canceló 15 vuelos. Asimismo, los manifestantes no han entrado en las instalaciones, pero desde fuera dificultan entrada de viajeros y tripulaciones a sus vuelos, y cortaron la carretera de acceso.

 

España reactiva orden de arresto contra expresidente catalán

Por Prensa Latina

La justicia española emitió hoy una nueva orden internacional de detención contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica tras el intento de secesión de esa región protagonizado por su Gobierno en 2017.

El Tribunal Supremo (TS) decidió este lunes dictar una tercera orden europea de detención y entrega de Puigdemont, tras condenar a penas de prisión de hasta 13 años a otros líderes independentistas que participaron en la fallida tentativa de ruptura con España.

El otrora mandatario del próspero territorio del noreste del país europeo se encuentra en un exilio autoimpuesto desde finales de octubre de 2017, luego de ser destituido por el Ejecutivo español a raíz de la intervención de la comunidad autónoma (región).

La nueva euro-orden fue cursada por el juez Pablo Llarena después de que la máxima instancia judicial de la nación ibérica condenó por sedición a nueve dirigentes separatistas catalanes, algunos de ellos miembros de la administración que dirigía Puigdemont.

Entre ellos se encuentra el vicepresidente de aquel Ejecutivo regional, Oriol Junqueras, que con 13 años de prisión fue el que recibió el mayor castigo, por delitos de sedición y malversación.

Llarena activó el mecanismo para solicitar la entrega a España del exgobernante catalán huido, a quien un tribunal regional de Alemania ya rechazó extraditar en 2018 por el delito de rebelión, que finalmente no fue contemplado por el Supremo en su sentencia de este lunes.

El tribunal germano aceptó enviarlo a España solo por malversación, ante lo que el magistrado instructor de la causa decidió renunciar a la orden de captura.

En su momento, la justicia belga también rehusó aplicar la euroorden contra el político independentista, pero por vicio de forma.

Además de Puigdemont, otros seis dirigentes catalanes permanecen en el extranjero para evitar la acción judicial española.

Desde Bruselas, el líder soberanista denunció en rueda de prensa que la sentencia del TS confirma ‘la estrategia de la represión y la venganza contra todos los ciudadanos y ciudadanas que han buscado la vía de la democracia para hacer posible su voluntad’.

Lenín Moreno cede: deroga el aumento de los combustibles

 

Por Marco Teruggi

Desde Quito

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles.

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia. La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto.

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”.

Reproducido de www.pagina12.com.ar