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Protestan en contra de los juicios retroactivos

Por la Redacción/CLARIDAD

La Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), otras organizaciones, así como víctimas y sobrevivientes del crimen llevaron a cabo una manifestación frente al Capitolio en la mañana de hoy martes para expresar su oposición a la aprobación de manera abrupta y a toda prisa de los proyectos 2476 de la Cámara de Representantes y 1590 del Senado.

La directora ejecutiva de CPM Vilma González Castro, denunció que dichas medidas no toman en consideración el derecho de las víctimas y sobrevivientes del crimen a tener justicia y las expondrían a un proceso innecesario de revictimización.

Los harían retroactivo el nuevo orden procesal que estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el pasado 20 de abril de 2020 en el caso de Ramos vs Louisiana, en el que se establece que es inconstitucional que en los estados y territorios se permitan veredictos de culpabilidad cuando los jurados no actúan de forma unánime. Poco después el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el mismo criterio en Pueblo vs Torres Rivera.

Sin embargo, la legislación propuesta por Cámara y Senado va más allá de lo resuelto en los casos citados para permitir que personas que están cumpliendo sentencias que ya son finales y firmes puedan invocar también la petición de un nuevo juicio cuando su determinación de culpabilidad por un jurado no fue unánime.

“Estamos conscientes de que, por nuestra relación de subordinación a los Estados Unidos, se impone la decisión federal que deja sin efecto la cláusula de la Constitución de Puerto Rico que permite decisiones divididas de hasta 9 a 3 por un jurado en delitos graves. Sin embargo, es totalmente innecesario y cuestionable la acción de la Legislatura de ir más allá de lo que establece la jurisprudencia federal, particularmente en tiempos de crisis social, económica y salubrista como los que Puerto Rico enfrenta. Es condenable la aprobación de legislación sin un proceso participativo de vistas públicas. Expresamente le han negado la comparecencia a víctimas y a las organizaciones que las representan”, manifestó la portavoz.
González Castro destacó que el impacto que esta legislación tendrá en las víctimas es incalculable. Se trata de personas que sufrieron la violencia en sí mismas o de sus hijas, hijos, madres, padres, hermanas; que perdieron a su familiar en un crimen violento, las cuales tendrían que enfrentar de nuevo el proceso en el sistema judicial, testificar, ver otra vez al criminal convicto y revivir todo el sufrimiento.

“Podrían surgir casos de violencia de género en los que mujeres han sido maltratadas, asesinadas y violadas y sus seres queridos tendrían que sobreponerse al dolor causado por un proceso que ya creían cerrado para intentar nuevamente que se les haga justicia”, expresó.

Desde hace 30 años, CPM ha acompañado a familias en casos de violencia de género que podrían salir nuevamente a la luz. A la coalición, le preocupa el riesgo de la seguridad y el bienestar de todas las víctimas de agresión sexual y violencia de género, así como por los procesos de revictimización y peligro a los que se expondrán las víctimas/sobrevivientes junto a sus familiares y seres queridos.

¿Qué pasa con el plan de retiro de la Universidad de Puerto Rico?

 

Por la Redacción/CLARIDAD

La Junta de Retiro del Sistema de Retiro la Universidad de Puerto Rico (Junta Retiro-UPR) emplazó una vez más al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar y a la presidenta del Comité de Retiro, Zoraida Buxo, a que cumplan con sus responsabilidades fiduciarias y a que desistan de sus intenciones de destruir el Plan de Retiro-UPR y la ruina de su Fideicomiso.

En comunicado de prensa Eduardo Berríos Torres, presidente de la Junta de Retiro-UPR, reveló que tuvieron conocimiento de que el 20 de mayo el Comité de Asuntos de Retiro de la Junta de Gobierno (Comité Retiro JG) aprobó descartar su propuesta presentada el pasado 24 de marzo para transformar el Sistema de Retiro-UPR y de manera arbitraria sustituirla con otra fórmula que deniega el derecho a cotizar a 2,237 empleados bajo el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente. De acuerdo con Berrios Torres estos 2,237 empleados, con menos de 10 años acreditados ante el Retiro-UPR, representan el 24.5% del total de los participantes activos, por lo que el cambio propuesto provocará la pérdida de casi $40 millones anuales en aportaciones al Fideicomiso.  La nueva propuesta propone migrar a estos empleados a un plan de contribución definida, al igual que los empleados nuevos que sean reclutados por la UPR tampoco entrarán a cotizar al actual plan de pensiones de beneficios definidos.  La fecha de efectividad del cambio propuesto por el Comité Retiro JG-UPR es el 1ro de enero de 2021, indicó Berríos Torres.

El presidente de la Junta de Retiro-UPR destacó que “la consecuencia real de la nueva propuesta del Comité Retiro-JG es la liquidación en un futuro cercano del Fideicomiso de Retiro-UPR, que actualmente es perpetuo, comprometiendo la estabilidad fiscal de la UPR a partir de dicha fecha”.

Asimismo indicó, que los efectos de la nueva propuesta, al estar fundamentada en la congelación del plan de retiro vigente, iniciativa, que se pretendió aprobar con el voto del Pleno de la JG-UPR el  22 de mayo y que no se logró, igual provocará la insolvencia del Fideicomiso; pondrá  en riesgo la estabilidad financiera de la UPR al requerir subsidiar sobre $500 millones anuales en el pago de pensiones y $4.5 millones para cubrir la nómina de los empleados del Fideicomiso y el costo de manejar la cartera de Inversiones.

También, causará el menoscabo acelerado de los activos del Fideicomiso del Retiro-UPR al eliminar la aportación individual de los empleados-participantes y la contribución patronal de la UPR y la venta acelerada de las inversiones en el patrimonio del Fideicomiso, lo que provocará anualmente la pérdida millonaria en réditos por ganancias proveniente de las inversiones.

Berrios Torres añadió que los 2,237 participantes activos que el Comité de Retiro-JG propone eliminar del Plan de Beneficios Definidos vigente para ubicarlos en un plan de contribución definida, es una determinación injustificada, pues tan solo reduce en un 1% el total de la deuda actuarial de la UPR con el Fideicomiso de Retiro-UPR, con la cual no se beneficia ni la UPR ni el Fideicomiso y representa su futura insolvencia.

Describió que la nueva propuesta del Comité de Retiro-JG, coloca a 2,237 participantes del Sistema de Retiro UPR a la merced de los mercados de especulación que predominan en los planes de contribución Definida (Tipo 401-K), pone en riesgo sus ahorros al invertir un 8.5% de su salario anual; incurrir en el pago de comisión a los manejadores y asumir la responsabilidad por el costo económico de su administración.

Berrios Torres recalcó que la propuesta anunciada por el Comité de Retiro-JG, apoya y endosa un plan de contribución definida que sustrae del Fideicomiso entre unos $75 a $80 millones en fondos que corresponden a lo aportado por estos 2, 237 participantes activos y evitaría que el fondo continúe recibiendo su aportación ($13 millones) y la parte correspondiente de la UPR ($27 millones), con el fin de beneficiar a inversionistas privados lucrándolos con millonarias comisiones.  “Aquí radica el negocio y el tan fuerte interés de sus promotores, los licenciados Alomar y Buxó. ¡Nada mal el negocio!”, manifestó.

El presidente de la Junta de Retiro expresó que es lamentable, que, en este momento, cuando los participantes del Fideicomiso se encuentran confrontando la mayor crisis de salud pública en la isla y observando el aislamiento social ordenado a causa de la pandemia del COVID-19, los licenciados Alomar y Buxó insistan en debilitar y procurar la desaparición del Plan de Pensiones de Beneficios Definidos de la UPR.

Dio a conocer además que aún está ante la consideración de la Legislatura de Puerto Rico, la posibilidad de apoyar la Resolución Conjunta de la Cámara 655 (RC 655), la cual la Junta de Retiro UPR, con la colaboración de todos los sectores universitarios y de las organizaciones de pensionados, profesionales y sindicales de la UPR, ha peticionado su aprobación sobre el veto expreso emitido por la Gobernadora de Puerto Rico. La RC 655 tiene el propósito de ordenar a la JG-UPR mantener el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente y no congelarlo para sustituirlo por un plan de retiro de contribución definida, indicó Berrios Torres.

El presidente de la Junta de Retiro de la UPR calificó de inverosímil insistir en promover que los empleados de la UPR ingresen innecesariamente a un Plan de Contribución Definida, que tan solo beneficiará los intereses financieros de terceros. Los participantes acogidos a esta opción se enfrentarán, en momentos de crisis mundial, a la fluctuación de los mercados, que los puede llevar a grandes pérdidas que atrasen su jubilación.

“Hacia ese panorama incierto y una vejez empobrecida es que el Comité de Retiro-UPR, Presidido por la Lcda. Buxó y promovido por el presidente de la JG-UPR, el Lcdo. Alomar, quieren dirigir a los 2,237 puertorriqueños participantes del Fideicomiso, efectivo al 1ro de enero de 2021, cuando entraría en vigor la propuesta que aniquilaría el patrimonio del Retiro UPR que sustenta el Plan de Pensiones vigente, en un futuro cercano”, concluyó Berríos Torres.

Utuado: Organizaciones comunitarias y comerciantes resisten el COVID-19

 

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Los comerciantes de Utuado vienen atravesando una situación económica difícil desde antes de María. Los que pudieron reanudar sus servicios después del huracán han tratado de levantar sus negocios desde entonces. Sin embargo, la emergencia del COVID-19 ha representado un tercer golpe que reciben tras los terremotos, aunque esto último no significa que haya dejado de temblar.

En emergencias como las mencionadas, el escenario que le toca vivir a cada comerciante es distinto. Los que venden productos de primera necesidad son los primeros que pueden abrir siguiendo los protocolos de seguridad respectivos a cada emergencia. No importa cuál sea el caso, en momentos así la clientela merma, la economía desciende.

El Gobierno ha anunciado su apoyo a pequeños y medianos comerciantes en la isla: un incentivo de $1,500 del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y otro de $500 del Departamento de Hacienda (DH). Aquellos que no habían abierto sus establecimientos podrán hacerlo esta semana a partir del martes 26. El anuncio de los incentivos se hizo en marzo.

¿Pero es suficiente esta ayuda para los comerciantes en los cascos urbanos y zonas rurales de la isla, en este caso el municipio de Utuado, considerando que tengan que pagar renta, luz, agua, IVU (porque estos comerciantes no tienen exenciones contributivas)? Y si las tuvieran como parte de esta situación o se les condonara el pago de algún gasto fijo, ¿compensan esos $2,000 —si es que cualifican para ambos incentivos— las pérdidas de estos comerciantes por casi tres meses?

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Ineabelle Medina González, dijo que “por más ayudas que nos pueda dar el Gobierno a los pequeños, pequeñísimos, comerciantes eso no compensa la pérdida que hemos tenido en tanto tiempo”. Medina aclaró que no es lo mismo un pequeño o mediano comerciante, que un comerciante de un pueblo, casco urbano, comunidad o barrio.

A finales de marzo se eliminó el requisito de que el comerciante que solicitara el incentivo de $500 del DH no podría cualificar para el estímulo $1,500 del DDEC. Según el acuerdo anunciado por Manuel Laboy Rivera, secretario del DDEC, las personas que operaran en su carácter individual y tuvieran empleados podrían llegar a recibir un beneficio económico total de $1,500, de la misma forma que una pequeña y mediana empresa (PyMe).

“Muchos de nosotros no caemos en esas categorías. Realmente, en los negocios de los pueblos y los campos esas definiciones no van con nosotros. Eso es para compañías de dos o más empleados. Para ellos, posiblemente, sí hay más ayudas que para los que no tienen empleados porque no pueden pagarlo. Que, aunque quisieran, no pueden porque el gasto operacional lo hace imposible”, explicó.

Así como en muchos otros municipios en la isla, la situación actual para los comerciantes utuadeños en el casco urbano y los barrios es complicada. Para algunos va a significar comenzar de cero, mientras que otros se verán obligados cerrar. Medina enfatizó en que muchos de ellos vienen arrastrando una debacle económica (deudas, renta, luz, agua, acreedores) que les hará muy difícil intentar levantar sus negocios nuevamente. Les tomaría mucho tiempo.

 “La semana que viene muchos de ellos pueden estar laborando, pero aun así la situación es muy complicada”.

Medina González señaló que cuando se da la reapertura de algunos sectores de la economía es por la presión que están haciendo las grandes empresas a sabiendas de que la gente está obteniendo un dinero, pero que ellos no están ganando de esa partida. Que no lo están haciendo pensando en “nosotros los pequeñitos, sino en esos grandes intereses. Nosotros entendemos que no nos toman en consideración”.

“La economía se ha mantenido en receso, pero ¿qué va a pasar? ¿Realmente cabe la posibilidad de que estas grandes compañías tengan un protocolo que proteja a nuestra gente? El tema de la economía en tiempos de COVID está complicado, necesitamos que nuestra economía fluya, pero necesitamos cuidar de nuestra gente. Es difícil y preocupante”, concluyó.

Medina es propietaria de Tienda Miña, fundada por su mamá hace 40 años, donde comenzó a trabajar siendo una adolecente. Comerciante de telas y productos de costura pudo reanudar sus servicios, pero bajo un protocolo de salubridad estricto. Empezó despachando por internet y luego citando un cliente cada media hora para para evitar las filas largas y que haya contacto entre las personas.

Organizaciones comunitarias

A pesar de las limitaciones que implica la cuarentena y el distanciamiento, el Centro de Apoyo Mutuo de Utuado (CAMU) ha mantenido comunicación con los agricultores cercanos al proyecto para ayudarles a salir de la cosecha que no han podido mover durante la emergencia.

“La idea no es trabajar solamente en los tiempos cuando hay necesidad específica, como un huracán, temblores o pandemia. Creemos que el sector agrícola tiene muchas necesidades y, sobre todo, en las áreas más alejadas del pueblo. La mayoría de las personas que viven en estas áreas son obreros agrícolas. Agricultores y agricultoras de café, plátano y farináceas, principalmente”, explicó Juanita Caldas del CAMU.

“En un pueblo como Utuado se ve cómo hay mucha necesidad en general. Aunque le asignen un presupuesto cada vez que hay una crisis, un presupuesto diferente a otros municipios, sigue siendo un municipio bastante olvidado”, añadió.

Cuando salió la orden ejecutiva para multar a todas aquellas personas que estuvieran en la calle sin mascarillas, el CAMU identificó que había escasez tanto de mascarillas como de desinfectante para las manos y otros artículos de primera necesidad. De los suministros que tenían, repartieron principalmente en los barrios de la montaña.

En ese momento era bien difícil movilizarse porque el toque de queda era mucho más estricto. Para continuar brindando apoyo a las personas en estos barrios, muchas de ellas gente mayor, empezaron a comunicarse por teléfono para saber cómo estaban y si necesitaban alguna ayuda. Según relató Caldas, muchos de ellos dijeron estar bien, contar con familiares que les estaban brindando ayuda y no tener los síntomas.

La semana pasada, se comunicaron con una agricultora en el barrio Tetuán que mostró preocupación por la situación económica de su familia y de muchos agricultores del área, ya que no habían podido salir de la cosecha. La mayoría de los agricultores en la montaña no produce en grandes cantidades como para venderle a los supermercados. En cambio, les venden su producto a personas que van a otros pueblos y lo revenden.

La preocupación de la agricultora dio pie a que el CAMU aunara esfuerzos con Apoyo Mutuo Campesino para ayudar a agricultores de la región en la misma situación y darle salida a sus productos. “Decidimos comprarle la cosecha y también ayudar a Apoyo Mutuo Campesino para que pudieran tener más cosecha local en sus cajitas”.

Caldas mostró preocupación sobre el efecto que tendrá en los agricultores y agricultoras la distancia social.Señaló que aun cuando tienen una necesidad de alimentos y muchos de los agricultores están teniendo problema para vender la cosecha en Utuado, el Municipio no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento al respecto, mientras que en otros pueblos se han dado incentivos o se les ha comprado toda la cosecha. “Por lo menos yo no he escuchado cómo se va a incentivar la agricultura viendo la necesidad que tenemos de producción local”.

La organización comunitaria también está ayudando a llenar los formularios onlinepara las ayudas económicas y el desempleo, ya que, según apuntó, ha habido confusión en cuanto a cuándo y quién puede llenarlos.

Por otra parte, la Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico EL OTOAO (COSSAO), estableció un protocolo para evaluar principalmente a los residentes de los barrios de Mameyes, Caonillas, Don Alonso, Tetuán y Limón (Utuado); Mameyes (Jayuya); y Frontón (Ciales).

Las personas pueden llegar hasta una carpa en las inmediaciones de la sede de la organización y solicitar que se les tome la temperatura. Si alguna persona tiene fiebre, el doctor pasa a considerar otros síntomas que puedan coincidir con aquellos que se relacionan al coronavirus. De haber casos sospechosos, se refieren al Laboratorio Clínico Escénico (PR-10, Arecibo) o personal del laboratorio llega hasta le sede de COSSAO y realiza las pruebas.

El director médico de la clínica de COSSAO, Dr. Carlos Benítez, tiene su consultorio en el pueblo. Dado que está entre el casco urbano y la zona rural, concluyó que en COSSAO el acceso ha estado más disponible en comparación con el pueblo. En caso de que algún paciente llegue a su consultorio con síntomas o alegando haber estado expuesto, Benítez lo refiere al Laboratorio Caparrós en el pueblo, donde se han estado realizando pruebas principalmente.

El municipio de Utuado no ha invertido en pruebas. Esto es una inquietud que comparte el doctor junto a muchos otros utuadeños y en la que me incluyo. Ya se ha dicho que una de las alternativas para controlar la pandemia es hacer prueba, pruebas y más pruebas.

“Es preocupante que no se estén haciendo las pruebas y que estemos pasando desapercibidos y por eso no se hayan reportado casos altos en el pueblo de Utuado”, expresó el doctor.

Hasta el momento, solo se han realizado pruebas a empleados de la Oficina de Manejo de Emergencia, la Policía y Bomberos. Benítez mencionó que en conversaciones con otro médico internista del municipio, han coincidido en que quisieran que se hicieran pruebas en Utuado, no solamente a los first responders, sino a la comunidad para poder tener unas cifras adecuadas.

El dashboarddel Departamento de Salud marca tres casos en Utuado. Benítez lamentó que se haya tratado de minimizar los mismos.

En lo que respecta a la clínica de COSSAO, mencionó que algunos de los pacientes que han levantado sospechas han salido positivos a micoplasma. Por otra parte, recordó que en diciembre alrededor de 18 personas dieron positivo a Influenza A y advirtió que hay personas que pueden tener las tres enfermedades a la vez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE: Generan sospechas el alquiler de los generadores

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La compañía New Fortress Energy (NFE) ya ha traído a la isla tres generadores cuyo destino levanta sospechas sobre el proceder tanto de la AEE como de NFE, particularmente cuando aún el Negociado de Energía (NEPR) no ha emitido una decisión final respecto al proyecto de alquiler de generadores por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la planta de Costa Sur.

 

La NFE, que estrenó la semana pasada un muelle en San Juan para el recibo y suplido de gas natural para las unidades 5 y 6 de la central de San Juan, esa misma semana trajo a la isla tres generadores a un costo de $20 millones cada uno.

 

“News Fortress tiene una bolita de cristal. Está buscando quien le compre generadores y José Ortiz está buscando generadores”, reaccionó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, a CLARIDAD. El presidente de la UTIER había revelado la existencia de los generadores en su cuenta de Twitter la semana pasada.

 

La conducta de NFE levanta sospechas y representa un desafío ante el hecho de que el viernes 22 de mayo el NEPR emitió una resolución de reconsideración en la que dice de manera categórica que la AEE no está facultada para otorgar contrato alguno respecto a la adquisición de generación temporera de emergencia.

 

La UTIER es interventora junto a otras organizaciones ambientales y comunitarias ante el NEPR. Su presidente expresó sobre la resolución: “Nuestra interpretación es que los argumentos que llevamos fueron tan contundentes que el Negociado no está convencido de lo que la AEE le está presentando”. Entre la información presentada al NEPR hay una declaración jurada del presidente de la UTIER en la que detalla la capacidad de generación de la AEE y de lo que se va a reparar.

 

Mas aun, la resolución del NER le impone a la AEE un calendario para que entregue informes cada 15 días de cómo van los trabajos de reparación de la Central de Costa Sur e incluso se recoge que tanto las aseguradoras como la Junta de Control Fiscal están prestas a desembolsar la cantidad inicial de $25 millones para la reparación de Costa Sur. Esta cifra contrasta con la cantidad de $70 millones mensuales que pretende gastar la AEE en el alquiler de los generadores.

 

Figueroa Jaramillo denunció que la información que tienen es que los generadores se van a distribuir en diferentes sitos de la isla. Uno, en la planta de Cambalache en Arecibo; otro, en San Juan: “ Han mantenido en secreto cuáles son los lugares, hacia dónde van; pero el plan original son muchos más”. En el caso de la Central Cambalache, dijo que la AEE canceló los contratos de reparación por $15 millones y que los tres generadores que se trajeron se pueden instalar en dicha central.

Sin embargo, Figueroa Jaramillo destacó que la realidad que interpreta la UTIER es que NFE es una compañía bien agresiva y lo que está tratando de hacer es tener algún grado de ventaja de si en algún momento se decide darle paso al proyecto de los generadores.

Uno de los representantes legales de la organización Queremos Sol, el licenciado  Pedro Saadé Lloréns, señaló sobre la resolución del NEPR que en realidad lo que hace darle un golpe a la AEE y crear dudas de que se vaya a otorgar o aprobar un contrato. La resolución le impone el deber a la AEE de tener que justificar de nuevo el proyecto, rendir informes detallados de cómo va la reparación en Costa Sur, sobre el estatus de la planta de Aguirre y la obliga a acabar de negociar con los grandes consumidores comerciales e industriales el manejo de la demanda.

“Es decir, que son sustanciales los requerimientos que se le impone a la AEE antes de llegar a la etapa de aprobación de contrato. Se desprende de la resolución que se está tratando de evitarlo o haciendo un mayor esfuerzo para que no tenga que llegar al alquiler. Aunque no revocaron, aleja en realidad la aprobación final del contrato”, afirmó el licenciado Saadé.

Un aspecto que llama la atención de la resolución del NEPR es que no tiene una sola línea que cuestione el costo del proyecto, aun cuando la reglamentación dice que en la aprobación inicial la AEE debió indicar un marco de precio.  “Eso ha sido un defecto importante que Queremos Sol le ha señalado al Negociado”, reconoció. Reparó en que el cálculo del proyecto excede el billón, entre $1.3 y $1.4, a razón de $70 millones mensuales. Según la AEE, el alquiler seria por año y medio.

Foto por: Vicente Vélez

Para el experimentado experto en derecho ambiental, en la AEE hay un hilo conductor en muchas de las decisiones que se toman, que están creando controversia y que es característico de lo que está pasando en la AEE. Lo primero es la secretividad, porque la solicitud al Negociado, aun la AEE sabiendo que había grupos y ciudadanos interesados, se hizo mediante una notificación por carta al NEPR. “Lo mismo hizo con el contrato de Ecoeléctrica y otros casos”. En cuanto a la falta de transparencia comentó que incluso entre la Junta de Directores de la AEE ha habido diferencias sobre la necesidad del proyecto.

Resaltó que lo segundo es que, en vez de primar el interés del pueblo, lo que está primando es el lucro de algunos intereses en las decisiones que se toman, incluido el interés en la privatización. Tercero, se está promoviendo usar energía sucia con combustibles fósiles en vez de promover la generación renovable en techos y lugares ya afectados que  es un mejor futuro para Puerto Rico. En cuarto lugar, las medidas que se están tomando representan costos más altos.

El licenciado Sadeé Lloréns reconoció a CLARIDADque por parte del NEPR se esperaría unas acciones más afirmativas y claras, ya que Negociado ha permitido que la AEE le someta información para obtener el objetivo deseado. Además censuró que el modo de proceder de NFE sea el de una actuación temeraria, que ya se vio en el contrato del proyecto de gasificación de San Juan, en referencia a que varias compañías competidoras cuestionaron en el tribunal el proceder de NFE para alcanzar el contrato.

Habla la AEE

 

A preguntas de CLARIDAD, el director de proyectos de la AEE, FernandoPadilla rechazó que los generadores fuesen para la Autoridad y defendió el que la AEE  no haya completado el proceso de negociación de Costa Sur: “Por lo tanto, no hay comprador ni se ha concedido contrato al momento”.

De hecho, Padilla remitió a CLARIDADa New Fortress para conocer sobre la procedencia de los generadores. Sobre los trabajos de reparación de Costa Sur, el portavoz de la AEE dijo que estos están en proceso y que se proyecta poder tener la unidad en servicio para el 14 de agosto.

 

 

 

 

 

 

 

Semana en la historia

 

28 de mayo de 1957

Masacre de los expedicionarios del Corynthia

El yate Corynthia desembarcó el 23 de mayo de 1957 por la playa Los Coquitos, en Cayo Saetía, Mayarí, y trasladó a 27 jóvenes revolucionarios al mando de Calixto Sánchez White. El propósito era internarse en la Sierra Cristal para abrir allí otro frente de combate e incorporarse así a la gesta rebelde emprendida por Fidel Castro. Tras tocar tierra se produjo la deserción de dos expedicionarios, quienes fueron apresados por el ejército de la tiranía y conducidos al Regimiento de Holguín, donde dieron información de los ocupantes, en repugnante traición que contribuyó, finalmente, al asesinato de aquellos jóvenes. Aparte de esa delación, los pasos de los revolucionarios ya eran conocidos por el Servicio de Inteligencia Militar de Fulgencio Batista, que poseía, incluso, una lista de los participantes. Una persecución implacable ocurrió por las cercanías del lugar de desembarco, con el fin de impedir a toda costa que se asentaran en la sierra. Cerca del arroyo La Marea fueron ametrallados, el 28 de mayo.

 

29 de mayo de 1981

Encarcelamiento de Oscar López Rivera

Oscar fue arrestado y se le imputó el delito de conspiración sediciosa, que en su caso significa querer derrocar el poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Se le sentenció a 55 años de cárcel. Otros 15 años de cárcel fueron sumados en 1988 tras ser imputado de intento de fuga.

Nunca se le acusó en torno los atentados de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) que causaron muertes. Estuvo 12 años encerrado en solitario, 24 horas al día..

 

30 de mayo de 1934

Eliminan la enmienda Platt

Estados Unidos, tras 36 años, reconoce la independencia total a Cuba.

31 de mayo de 2010

Crimen israelita en el mar

El ejército israelí ataca a una serie de barcos que se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria argumentando que transportaban armas.

 

31 de mayo de 1969

Terrorismo de derecha

 

Desconocidos envían por correo explosivos a las oficinas del Movimiento Pro Independencia en San Juan.

1 de junio de 1959

CLARIDAD sale a a calle

Sale a la calle el primer ejemplar de CLARIDAD. Bajo la tutela del Movimiento Pro Independencia y las mentes de César Andreu Iglesias y Juan Mari Brás ve la luz el periódico que se creo para ayudar a organizar la lucha por la independencia y darle voz a los sin voz. Es el periódico más longevo de Puerto Rico.

 

1 de junio de 2009

General Motors se declara en quiebra

La que fuera una vez la compañía emblemática de la economía de EUA, se declaró en quiebra al amasar una deuda de 173 mil millones de dólares. El gobierno federal de EUA (bajo Bush II y Obama) inyectó a la compañía sobre 100 mil millones de dólares.

 

2 de junio de 1964

Terrorismo bacteriológico contra Cuba

Fidel Castro denunció en esta fecha el posible ensayo, por Estados Unidos, de armas bacteriológicas y virales contra Cuba como nueva modalidad en la larga relación de agresiones en su intento de derrocar a la Revolución Cubana. Decía entonces el líder de la Revolución: «Se ha tomado en consideración la probabilidad de que el imperialismo está intentando o ensayando el uso de una nueva modalidad de agresión más brutal e inhumana: el uso de armas bacteriológicas o virales contra nuestra economía y nuestro pueblo».

El moho azul del tabaco fue una de las plagas introducidas por el Gobierno de Estados Unidos al país.

3 de junio de 1945

Nace Ismael “Noel” Hernández

Nació en Patillas, de los pioneros del movimiento de canción de protesta en Puerto Rico, del grupo fundador de Taoné.

3 de junio de 1966

China lanza Revolución Cultural

Impulsada por Mao Zedong, entonces líder del Partido Comunista Chino, su objetivo declarado era preservar el comunismo chino mediante la eliminación de los restos de elementos capitalistasy tradicionales de la sociedad china.

Fuente principal: página de FB de Darío Ortiz Seda