Por Josefina Pantoja Oquendo/Especial para CLARIDAD
Luego de las intensas jornadas de activismo del verano que terminará el 23 de septiembre, mismo día que acudiremos a Lares a renovar nuestro compromiso de lucha para alcanzar la libertad patria, las organizaciones de mujeres en Puerto Rico retomamos la exigencia para que se decrete un estado de emergencia por la violencia de género. El reclamo estuvo muy presente durante el levantamiento ciudadano de las pasadas semanas. En esta ocasión los esfuerzos se dirigieron a la gobernadora Wanda Vázquez, quien por orden constitucional entró en funciones tras la salida forzada de Ricardo Roselló. El planteamiento fue ignorado por el petimetre que tanto nos ofendió y daños nos causó. Ya fuera por convicción real o para sumar elementos positivos a su nueva imagen de persona conciliadora e interesada en los mensajes que el Pueblo envió en sus multitudinarias, diversas y creativas movilizaciones, las organizaciones de mujeres fueron invitadas a La Fortaleza el pasado 22 de agosto. Zoé Laboy, Secretaria de la Gobernación tras haber renunciado a su escaño como senadora y la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, estuvieron presentes. La Organización Puertorriqueña (OPMT), a la que pertenezco, fue muy bien representada por las coaliciones Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) y el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR), de las que somos parte.
El llamado al estado de emergencia sobre la violencia de género, no es una moda del movimiento feminista para mantener polémicas en los medios de comunicación, como alguna gente piensa. Lamentablemente, está basada en la triste realidad de que Puerto Rico tiene una tasa desproporcionada de violencia contra las mujeres, por el hecho de serlo y que ésta se manifiesta de múltiples formas. Tal vez la más mencionada es la violencia doméstica causada por la pareja o ex pareja, por el alto número de muertes que resulta de ella. Doce mujeres han sido asesinas en lo que va de año. En el 2018 la cifra fue de 23 en comparación con los 14 feminicidios del 2017. Además, los incidentes de violencia doméstica que no culminaron en asesinatos aumentaron, como también las agresiones sexuales y los casos de hostigamiento sexual en el empleo, los más notorios en las altas esferas de poder gubernamental. Los crímenes también se caracterizan por ser más bizarros y crueles.
La exposición del problema por la Coordinadora Paz para la Mujer en conferencia que hizo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en julio de 2018 y las varias acciones de la Colectiva Feminista en Construcción (CFEC) consistentes en la entrega de una propuesta de Orden Ejecutiva y el plantón frente a Fortaleza, respaldadas además por docenas de organizaciones, debieron haber sido suficientes para que la Lic. Vázquez decretara el estado de emergencia, sin más dilaciones. Sin embargo, en la reunión en la cual participaron cerca de 40 compañeras, les pidió que cada organización le sometiera cinco medidas que se deberían tomar para atender el problema de la violencia de género. La Lic. Lersy Boria debería tener la capacidad para hacer ese trabajo que, además es su responsabilidad.
Sin embargo en una gran demostración de paciencia, buena fe y compromiso con las mujeres, las organizaciones buscaron consensos, elaboraron una Propuesta Conjunta que consultaron con los grupos no gubernamentales. La presentaron públicamente el lunes 2 de septiembre en una conferencia de prensa y en la misma fecha la enviaron a La Fortaleza, para que la Lic. Vázquez tuviera tiempo de revisarla y asumiera una
posición en la reunión del día 4, para cuando las compañeras habían citadas nuevamente. Pero no hubo una respuesta inmediata ni personal hacia las organizaciones. Se enteraron como el resto del país, por los medios de comunicación. Mediante un parte de prensa, informó que estaba haciendo un “llamado de alerta” por la grave situación de violencia de género que existe en Puerto Rico. No utilizó la palabra emergencia, no firmó una Orden Ejecutiva, con esas u otras palabras, no hizo especificaciones sobre cuáles van a ser las ejecutorias para darle significado a ese alerta, no estableció cómo se va a mantener la colaboración con las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas sobrevivientes y las activistas, todas las cuales conocen el tema a profundidad.
A la falta de concreción se suma el hecho de que tanto la gobernadora como Zoé Laboy han contestado preguntas de la prensa de forma preocupante, tales como: no decretaron una emergencia nacional porque parecería que el gobierno no ha hecho nada, (lo que creo sería una percepción bastante correcta); no quieren que ocurra un incidente después que se haga la declaración y se diga que no sirvió de nada; no desean solo un mensaje bonito en papel. La secretaria de la gobernación ha comenzado a amoldar su discurso al puesto que ahora ocupa; es decir, con rodeos, justificaciones. El verbo se ha matizado, pero no faltan los elogios para la gobernadora y lo que llama nueva administración. Como dice el locutor radial, “ya veremos…”. Esto sin mencionar las barbaridades que ha dicho la representante María Milagros Charbonier y el presidente del Senado, Rivera Schatz. Vázquez ha señalado que se necesita un plan estructurado. Ese plan detallado, con áreas y recomendaciones puntuales sobre cómo implantarlo lo constituye, sin lugar a dudas, el documento que redactaron las organizaciones por consenso.
La propuesta parte de cinco grandes áreas: campañas preventivas, educación con perspectiva de género, seguridad, techo seguro para las sobrevivientes y cero impunidad para los agresores y para las personas y agencias que tienen responsabilidades para implantar las legislaciones y políticas públicas y no lo hacen. Se destaca la necesidad de transparencia en los procesos y la rendición de cuentas para asegurarnos de que no se trata de palabras huecas, sino del compromiso de trabajar para que las mujeres puedan disfrutar su derecho a vivir en paz, libres de violencia. El decreto del estado de emergencia refleja verdaderamente la realidad en esta patria nuestra. Le asigna al problema la prioridad con la que debe ser tratado y esto significa, entre otras cosas, asignación de fondos para atender esa emergencia. Obliga a las agencias a incorporar el asunto en sus planes de trabajo y ejecutorias diarias. Involucra a la sociedad civil en la necesidad de combatir el problema de forma activa para erradicarlo
Me preocupa que la selección de las palabras por la Lic. Vázquez, Alerta versus Estado de Emergencia, sea una estrategia para eludir responsabilidades, para no comprometerse. Después de todo, así actuó como Procuradora de las Mujeres y como Secretaria de Justicia, aunque reconozco que las personas pueden rectificar. Me tragaría con gusto las palabras, si este fuera el caso. Como el término derechos humanos no da margen a confusiones, nosotras continuaremos en nuestro empeño de defenderlos, particularmente los de las mujeres, al tiempo que mantendremos la exigencia de que la gobernadora trascienda el simple comunicado de prensa para especificar en detalle lo que es su obligación hacer con relación a la violencia de género.
