Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
Contra todo augurio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó acoger la petición de todas las partes de revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, que declaró inconstitucionales los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. El Tribunal acogió tanto la petición de la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que originó el caso, la de la Junta de Control Fiscal, la de la firma de inversores Aurelius y del Comité Oficial de Inversores de Aurelius. Cabe señalar que entre los meses de octubre a junio, el Tribunal suele recibir de cinco a diez mil peticiones de revisión y apenas acepta el 5%.
El representante legal de la UTIER, el licenciado Rolando Emmanuelli, en entrevista con CLARIDAD, calificó como un paso de avance el hecho de que el Tribunal Supremo haya decidido acoger el caso. “Ahí nada más, fuimos contra todos los augurios. El Supremo solo acepta para revisar muy pocos casos de los que recibe”. No obstante, se sabía que había una alta probabilidad de que se acogiera, ya que se trata de una ley federal que fue declarada inconstitucional: la Ley Promesa. Este es un caso de separación de poderes que involucra la cláusula territorial y la doctrina de los oficiales de facto, que es una doctrina que no ha sido interpretada con detenimiento por ese tribunal en tiempos recientes.
Emmanuelli señaló que en ese escenario el Tribunal Supremo de EE. UU. va a evaluar dos controversias que “nos da una idea de qué está pensando”. Primero, va a evaluar si los nombramientos de los miembros de la JCF son constitucionales o no y, segundo, si las acciones de la Junta son válidas o no son válidas. Para que el Tribunal entre en este asunto, tiene primero que confirmar la decisión del Circuito; si la revoca, “no hay nada más que hablar”.
Si el Tribunal revoca la decisión del Circuito, va a tener que decir que los miembros de la Junta son funcionarios exclusivamente territoriales. A juicio de Emmanuelli, eso es difícil porque las funciones que tiene la Junta son muy amplias, en particular, el poder que tiene sobre el Gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, como se ve en la aprobación del presupuesto. Además, el que la Junta tiene el poder de imponer la ley de quiebra, lo cual es un poder exclusivamente federal. Ante estas facultades, el Supremo tendrá que decidir si a pesar de todos esos poderes, los miembros de la JCF son funcionarios territoriales. En caso de que el Tribunal diga que sí, que son funcionarios territoriales, va a tener entonces que decir que la cláusula territorial permite al Congreso hacer cualquier cosa con un territorio, y ahí revocarían al Tribunal del Circuito (TC); pero el Supremo tiene que llegar a ese razonamiento.
Al planteamiento de que aun el Congreso tiene límites, Emmanuelli explicó que en la decisión del TC el juez dijo que no iba a extender la cláusula territorial y los casos insulares a las disposiciones estructurales de la Constitución, sino que iba a mantener los casos insulares como están hasta ahora. No los va a extender a estas disposiciones, como la separación de poderes y la cláusula de los nombramientos. El asunto entonces sería que es obvio que el Supremo va a escuchar los argumentos.
Constitucionalidad de los nombramientos
En entrevista por separado, el profesor de Derecho Constitucional doctor Carlos Ramos González señaló sobre la importancia del pleito el hecho de que el Tribunal haya acogido todos los recursos presentados. En el caso particular de la UTIER expuso que este está centrado en un tema de derecho que tiene que ver con el remedio que ofreció el Circuito de si en efecto los nombramientos de la Junta no se hicieron conforme a la Constitución. La consecuencia lógica tendría que ser que todo lo que ha hecho la Junta hasta ese momento y, ciertamente, cualquier cosa que esté haciendo es también inconstitucional. Pero Torruellas acogió lo de la inconstitucionalidad de los nombramientos, argumento que también querían los bonistas, y rechazó lo segundo.
En su lugar, lo que hizo el juez fue invocar el derecho administrativo de los funcionarios de facto. Según este derecho, los funcionarios de la JCF estaban actuando de buena fe conforme al Congreso y, aunque inconstitucional lo que ha hecho, la Junta no lo va a invalidar. Este punto en particular también lo va a ver el Supremo.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana apuntó que la importancia de la controversia, en términos de estricto derecho, es que el Supremo verá en su fondo dos asuntos fundamentales. En primer lugar, la constitucionalidad de los nombramientos y, por ende, su operación por los últimos tres años. En segundo lugar, las decisiones que la Junta ha tomado y el remedio que ofreció el juez Torruellas de ampararlas y permitirles seguir tomándolas hasta que se cumpla el término, que ahora es hasta el 15 de junio.
Señaló, además, el hecho de que este será el tercer caso que vea ese Tribunal en los últimos cuatro años, que más o menos va al meollo de la relación constitucional entre Puerto Rico y Estados Unidos. En esa dirección, reiteró sobre la importancia del caso, que igual que sucedió con el de Sánchez Valle, en parte de los argumentos y el fundamento esencial, tanto de la opinión del juez Torruellas como de la jueza Laura Taylor Swain en el procedimiento del Título III de Promesa, lo que está en juego otra vez, y parece ser que es inevitable que el Tribunal lo discuta, es cuál es la naturaleza del poder del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico.
“Torruellas tomó una decisión que limitó un tanto ese alcance porque desde los casos insulares sabemos que ese poder es amplio, maleable; desde mi punto de vista, perverso. Pero nunca ha sido absoluto, es decir, desde los casos insulares se ha dicho, incluso se reitera a mi juicio en Sánchez Valle, que el Congreso no puede violar lo que el Tribunal Supremo determine que son derechos fundamentales. Esos cobijan a cualquier persona bajo la jurisdicción de Estados Unidos”.
Expuso además que lo nuevo de la decisión del TC es que dice que el Congreso, cuando legisla sobre los territorios, también está restringido por otras disposiciones congresionales, como lo es la cláusula de nombramientos, y en un sentido, la doctrina de la separación de poderes. A juicio de Ramos González, esto significa que el Congreso no puede tener la misma flexibilidad, y eso es nuevo porque va en contra de lo que se ha dicho hasta ahora respecto al poder constitucional de ese organismo.
Otro ángulo que destacó de todo el pleito es quiénes son los abogados de la JCF y los bonistas. Ambos tienen grupos de abogados litigantes con experiencia, reconocimiento y prestigio ante el Tribunal Supremo estadounidense. Para Ramos González, desde el inicio del pleito, los abogados sabían que este podría llegar al Supremo.
Por parte de la JCF, entre sus abogados está Donald Deliri, que fue el subprocurador general durante la presidencia Obama y solicitó intervenir como “amigo de la corte” en el caso de Sánchez Valle. Deliri ahora es asesor de la JCF y conoce muy bien la trayectoria constitucional territorial de EE.UU. sobre Puerto Rico.
Por el lado de Aurelius está el abogado Ted Olson, quien reciente ganó un caso ante ese tribunal respecto a los derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
“Lo que quizás no sospechaban es que ahora hay un tercer componente, una abogada y un abogado puertorriqueños, Jessica Méndez Colbergh y Rolando Emmanuelli. Ahí es donde está el cálculo. Se pensaba que el caso de la UTIER no iba a llegar lejos. Ahora, gane o pierda, se va demostrar que estamos metidos en la cláusula territorial. Aquí lo que está en juego es el futuro de Puerto Rico”.
Las consecuencias del caso
Mientras la JCF y el Gobierno de Estados Unidos, representado por su Departamento de Justicia, van al Tribunal buscando que se revoque al Circuito, los bonistas de Aurelius lo que buscan es que se desestime el caso de Título 3 de la Ley Promesa para ellos radicar demandas y cobrar.
El licenciado Emmanuelli expuso que por parte de la UTIER lo que se quiere es que el Congreso, a la luz de los problemas que tiene la ley, reexamine el asunto de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso, según él, va a ocurrir de diferentes maneras. Ahora que ya se sometieron los nombramientos de los miembros de la JCF al Senado se le puede pedir cuentas al Congreso y provocar un debate que genere una conciencia nueva de que hay que enfrentar el problema político entre Puerto Rico y EE. UU.
Este estima que si el Supremo confirma al Circuito, debe entonces decir algo sobre los casos insulares. Las expresiones que haga el Supremo sobre los casos insulares pueden ser de dos maneras: o los confirma, con lo cual reconfirma cómo es el pensamiento contemporáneo de ese cuerpo, o podría escoger revocarlos y decir que los casos insulares ya no son legalmente suficientes para manejar la relación entre EE. UU. y Puerto Rico.
La revocación de los casos insulares implica que ya no habría la distinción de territorio incorporado y la de no incorporado, y Puerto Rico tendría que entrar en la categoría de territorio incorporado. Esto forzaría al Congreso a tener que decidir si encamina a la isla o no como territorio incorporado a la estadidad o entrar en un proceso de descolonización.
“Creo que Estados Unidos sabe, ya nosotros los sabemos porque lo sufrimos más, que la colonia agotó todas sus posibilidades. La colonia no tiene manera de iniciar procesos que generen crecimiento económico y Estados Unidos tiene esta carga. Ellos así lo perciben: como una carga económica, política y social. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias”.
Por su parte, Ramos González coincidió en que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirma la vieja doctrina de la cláusula territorial y los poderes del Congreso, eso va en contra del derecho internacional y de la misma declaración de la Constitución.
No obstante, planteó lo que considera son los dos entornos de las redes sociológicas y políticas que están ante el Tribunal. Por un lado, el Ejecutivo y Legislativo de EE. UU. están alineados a esa interpretación. Por otro lado, tienen una situación de crisis total institucional en la gobernanza de Puerto Rico, donde las instituciones todas se están derrumbando. “Así que cuando alguien en el Tribunal diga “esa gente se está derrumbando”, por el otro lado tienes un Tribunal que sabe que en Puerto Rico lo que ha habido es un abuso por parte del ejecutivo, un país todavía recuperándose que el
Gobierno federal lo ha tratado con gran desdén”. Aun cuando admite no saber cuál será el resultado, Ramos González interpreta que el Tribunal se va a cuestionar si deja la situación en las manos de las ramas políticas o “me meto yo aquí con una nueva teoría”.
En cuanto a la posibilidad de una nueva teoría, observó que en el Tribunal hay al menos dos jueces que conocen a Puerto Rico, que son la juez Sonia Sotomayor y el juez Stephen Breyer, quien fue juez en el Circuito en Boston.
