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Los recortes de Trump

Donald Trump

 

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ccotto@claridadpuertorico.com

El  daño causado por los recortes y suspensiones de asignaciones de dinero federal ordenadas por el presidente Trump, tendrán consecuencias a largo plazo para Puerto Rico y, en algunos casos, puede que sean permanentes, advirtió el Centro para una Nueva Economía (CNE), en su más reciente informe, Puerto Rico: Impacto de los Cambios de la Política Pública Federal

El análisis del CNE describe que el “cambio de prioridades federales”, es decir las órdenes  del presidente Donald Trump de recortes y suspensiones de asignaciones de dinero federal, podrían tener un impacto desproporcionado en la recuperación de Puerto Rico y en la prestación de servicios esenciales a nuestra población, agravando los desafíos existentes y afectando de manera  negativa la  economía. El CNE identifica que las áreas claves, que serán mas afectadas serán; los fondos por recuperación por desastres: los fondos Medicaid; y Educación.

En lo que respecta a los fondos por recuperación por desastre se indica que el Congreso ha asignado fondos por aproximadamente $52 mil millones a través de FEMA (siglas en inglés de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para financiar la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (PR3) a finales de febrero de 2025, se habían gastado aproximadamente $23 mil millones de la cantidad asignada. Según el CNE en teoría, los aproximados $30 mil millones restantes, deberían estar a salvo de la rescisión o la recuperación, en la medida en que se hayan «obligado» legalmente, lo que representa un compromiso vinculante. Sin embargo, revela conocer de varios casos en los que el desembolso de fondos federales ya ha sido retenido o congelado, incluso cuando el dinero ya estaba legalmente obligado. En caso de que los fondos de reconstrucción se rescindan o se recuperen, indica el CNE, el único recurso del Gobierno de Puerto Rico sería presentar una demanda contra el gobierno federal.

 

En el caso de los fondos de Medicaid, se detalla que la Cámara de Representantes de EE UU aprobó una resolución presupuestaria para el año fiscal 2026 que ordena al Comité de Energía y Comercio de la Cámara recortar $880 mil millones del gasto federal. De acuerdo al CNE lograr este objetivo de gasto en términos matemáticos es imposible sin recortar el programa Medicaid, que está bajo la jurisdicción de dicho comité. En la actualidad cerca del   72% del costo (unos $3.4 mil millones de un costo total de $4.7 mil millones) del programa Medicaid de Puerto Rico, que brinda seguro médico a cerca del 50% de la población de la Isla, está financiado por el gobierno federal.

 

Según el análisis cualquier recorte significativo en la financiación federal de Medicaid en Puerto Rico o la imposición de un límite menor al gasto federal afectaría de manera directa el acceso a la atención médica para alrededor de 1.5 millones de beneficiarios en Puerto Rico y tendría efectos nefastos en el balance primario del gobierno central.

 

Presenta el que por ejemplo, si el Congreso decide revertir la financiación de Medicaid para Puerto Rico a su fórmula anterior a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) durante el año fiscal 2028, la financiación federal se limitaría al 55% de los costos totales, hasta un máximo de aproximado de  $500 millones. Mientras -indica- que por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), ha estimado que el costo del programa de Medicaid de Puerto Rico para ese año será de $5.3 mil millones. Esto significa que el gobierno de Puerto Rico tendría que uno; reunir $4.8 mil millones solo para mantener el programa tal como está, o dos reducir de forma drástica el número de personas cubiertas o los servicios ofrecidos.

En lo que respecta al  Departamento de Educación de EE UU (DE EE UU)  el cual Trump ha dicho que va a cerrar y ya  miles de empleados  han sido informados de su despido, en el caso del Departamento de Educación de  Puerto Rico, el 45%, ($2.4 mil millones) de su  presupuesto de $5.3 mil millones  para el año fiscal 2025 provienen del gobierno de EE UU, por lo que cualquier cambio significativo en esa financiación podría afectar la educación de algunos de los niños más vulnerables de Puerto Rico. Enumera que el  desmantelamiento del DE EE UU afectara el desembolso de miles de millones de dólares bajo el Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, actualmente gestionados por el gobierno federal.

A juicio del CNE el daño causado por estas decisiones será a largo plazo y, en algunos casos, teme que sean permanente. Al respecto se expone que  en una reciente conferencia de prensa, Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, reorganizado por Orden Ejecutiva, declaró que ‘preveían cometer errores y revertirlos si se les exigía’.

“El problema es que esta filosofía de «moverse rápido y romper cosas», independientemente de su mérito en el mundo tecnológico, no es una buena guía para optimizar los servicios gubernamentales. ¿Realmente queremos eliminar los empleos de quienes trabajan en la regulación de la seguridad aeronáutica, el uso de sustancias químicas peligrosas o el mantenimiento de armas nucleares?, cuestiona el análisis suscrito por el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach. Al punto que pasa a citar palabras de Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial Times, «no se hace más eficiente un sistema complejo modificándolo aleatoriamente» .

El CNE subraya que algunos casos, podría ser demasiado tarde para revertir el daño ya causado por recortes presupuestarios imprudentes.

Desde el aspecto político-legal el estudio reconoce que el único recurso que tienen los gobiernos locales, los beneficiarios o los beneficiarios para detener las órdenes y sus consecuencias  es interponer una demanda judicial contra el gobierno federal.  Al momento indica que la organización Just Security ha identificado, a través de su rastreador de litigios, al menos 129 demandas contra el gobierno federal derivadas de, o en relación con, la emisión de órdenes ejecutivas. “Este expediente tardará un tiempo en procesarse en los tribunales. Mientras tanto, prevalece la incertidumbre y la administración sigue impulsando su agenda extremista”, admite la organización.

A largo plazo, -señala el CNE- que la principal amenaza es el posible daño a instituciones estadounidenses como el Estado de derecho, el debido proceso y la separación de poderes. “La administración Trump ha adoptado una visión maximalista del alcance del poder ejecutivo, en particular del presidencial. Esta perspectiva contradice el derecho constitucional estadounidense y las normas y prácticas democráticas consolidadas. Por ejemplo, la afirmación del presidente, emitida el 18 de febrero, de que «el presidente y el fiscal general (sujetos a su supervisión y control) interpretarán la ley para el poder ejecutivo, en lugar de que agencias separadas adopten interpretaciones contradictorias» es simplemente errónea e inconstitucional”.

Se cita además que según el sistema constitucional estadounidense, corresponde a los tribunales interpretar el significado de la ley y que el Congreso también tiene el poder de gestión presupuestaria (el poder adquisitivo) en virtud del Artículo I, Sección 9, Cláusula 7 de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que el  presidente no puede reescribir las leyes de asignación de fondos, imponer requisitos o condiciones adicionales al gasto no legislado por el Congreso, ni negarse a gastar fondos debidamente asignados. Sin embargo, – atribuye el CNE que el Congreso se ha mostrado sorprendentemente condescendiente con la firme afirmación del presidente Trump sobre su poder ejecutivo.

 

 

Cabo Rojo, Rincón, Loíza y la destrucción de nuestras costas y playas

 

En Puerto Rico las playas son públicas y eso es un gran logro de nuestro pueblo. Un lujo natural y gratuito, ir a la playa es el más tradicional entretenimiento de las familias puertorriqueñas. Mar, brisa fresca, sol y naturaleza libres son un aliciente grande que permite a las personas despejarse en estos tiempos de costo de vida disparado. Además de abiertas y accesibles, nuestras playas son bellas y sus aguas tibiecitas, un imán para quienes buscan escapar de los climas gélidos de sus latitudes.
Durante los años 50, y como una estrategia económica poco beneficiosa para nuestro pueblo, Puerto Rico hizo excepción a la  costumbre y a la ley de la playa pública cuando su capital, San Juan, se convirtió en la única ciudad principal del Caribe en privar a sus habitantes de un malecón con vista libre al mar. El hotel Caribe Hilton y su playa privatizada en plena zona marítimo terrestre de la Capital sentó el mal ejemplo, que obligó a nuestro pueblo a desarrollar una jornada masiva y exitosa en defensa de su derecho a disfrutar libremente de las playas que nos rodean por los cuatro puntos cardinales. La campaña «Playas p’al pueblo» de los años 60 y 70 sentó un precedente importante para las luchas de hoy y las venideras.
Las acciones de destrucción de las costas y zona marítimo terrestre en Puerto Rico no son un asunto nuevo. La extracción de arena con propósitos comerciales hizo desaparecer las dunas de muchas playas, principalmente en lugares como Isabela y Loiza, precipitando la  erosión que hoy amenaza a buena parte de nuestro litoral. Solo basta ver cómo el mar ha dejado prácticamente sin orilla a gran parte de la franja de Isla Verde, o cómo las marejadas e inundaciones afectan la costa de Loíza para entender la vital importancia de la protección natural de las dunas de arena como barrera contra vientos, lluvias y la furia del mar. Lo mismo ha ocurrido con la destrucción de manglares sobre los cuales se han construido estructuras residenciales y comerciales en zonas de dominio público, como en Bahía Jobos en Salinas o en La Parguera en Lajas, y con otros recursos costeros  que son hábitats de tinglares y especies amenazadas de nuestra fauna y flora, todas prácticas depredadoras que hoy nos están pasando factura y obligando a los.gobiernos estatal y municipales, e incluso intereses privados, a implantar medidas para mitigar los daños y estimular la recuperación natural de tan esenciales recursos costeros.
Esta batalla constante en defensa de nuestras costas y playas ahora arrecia más por la agresiva ofensiva desarrollista tras la aprobación de la llamada Ley 22, (60) que ofrece incentivos contributivos y económicos exorbitantes a multimillonarios extranjeros que vengan a «invertir» en Puerto Rico. Esto ha provocado un frenesí de proyectos multimillonarios que amenazan con acaparar y arrasar toda la zona marítimo terrestre alrededor de la Isla Grande, Vieques y Culebra.
La visión desarrollista de los multimillonarios inversionistas atraídos por los incentivos de la Ley 22, no solo amenaza con destruir nuestras costas y playas,  sino también sitiarlas y convertirlas en enclaves exclusivos, excluyentes e inaccesibles para nuestro pueblo, en un patrón donde los de afuera se enriquecen más, mientras los nuestros se convierten en parias en su propia tierra.
Con distintos matices, el patrón se repite en todo Puerto Rico. En Rincón, en Loíza, en la Isleta de San Juan, en Luquillo, en Aguadilla, en Yabucoa y ahora, también en Cabo Rojo, destino por excelencia del turismo interno puertorriqueño, hoy amenazado por un proyecto de proporciones tan gigantescas y  dañinas que coloca en riesgo la existencia misma del litoral caborrojeño y de la Reserva Natural de Boquerón,  según los conocemos.  De realizarse el propuesto proyecto Esencia en Cabo Rojo, este conllevaría el acaparamiento y ocupación de más de 1 ,500 cuerdas de litoral, con alto.valor ecológico, arqueológico y como reserva natural de especies endémicas en peligro de extinción. Esencia no solo alteraría permanentemente el contorno de nuestra costa suroeste, sino que por su tamaño y densidad tendría un impacto de consecuencias inimaginables para la.vida de nuestra gente en esa zona.
 Al igual que ocurrió con otros proyectos  perversos contra nuestro pueblo en el pasado, Esencia no debe construirse. Y nuestro pueblo no debe permitirlo  porque tendría un.costo demasiado alto para nuestros recursos naturales y para nuestra gente del oeste y suroeste de Puerto Rico. Asi se hizo evidente en las recientes vistas públicas sobre el proyecto, cuando científicos,  expertos ambientalistas y otros profesionales que leyeron y examinaros la propuesta de Esencia presentaron ponencias contundentes sobre los efectos devastadores del mismo sobre la zona y sus habitantes.
Cuando ha sido necesario en distintos momentos,  la resistencia y movilización de nuestro pueblo han sido la clave de nuestras grandes victorias. En los años 70, el proyecto para explorar yacimientos mineros de cobre y otros metales en Lares, Utuado y Adjuntas se detuvo con la movilización masiva del país. Igualmente, esta fue crucial para sacar la Marina de Estados Unidos, primero de Culebra y luego de Vieques en una lucha que duró 60 años. Se derrotó un proyecto para construir un superpuerto para tanqueros petroleros en Aguadilla, y también los nefastos gasoductos del Norte y del Sur. Como pueblo nos levantamos después del huracán María e hicimos renunciar a un gobernador negligente e insensible. De todas  esas luchas y lecciones saldrán la.organización y la respuesta para detener al proyecto Esencia y a todos los mercaderes que pretenden seguir  destruyendo  nuestras costas y playas, e impidiendo el acceso de nuestra gente a un recurso que nos pertenece a las y los puertorriqueños.

Rechazan aprobación del llamado proyecto de “libertad religiosa”

 

 

Ante la inminente aprobación en el Senado del PS 1, llamado proyecto de “Libertad Religiosa”, líderes religiosos y el Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR) se expresaron en contra de la medida.

En comunicado de prensa, líderes religiosos del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunciaron que con su aprobación se pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. “Es un proyecto que privilegia la creencia religiosa como excusa para negar servicios a ciudadanos. Al igual que permite que profesiones reguladas por el Estado puedan negarse a atender a personas, pues tendrían inmunidad», aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor.

La reverenda Agustina Luvis Núñez reclamó que la libertad religiosa no puede convertirse en una herramienta de odio, exclusión, desigualdad o discriminación. “Como hombres y mujeres de fe, nos oponemos a esta medida y urgimos a cada líder religioso y a cada una de nuestras comunidades a levantar sus voces en contra de este proyecto tan peligroso. Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen».

Los miembros del Consejo Asesor de la comunidad LGBTQ+ exhortaron al Senado a analizar los peligros de una medida que, advirtieron, vulnera a muchas poblaciones en Puerto Rico, no tan solo a esta comunidad. “Le pedimos aquilatar los alcances de dicho proyecto que pretende abrir una puerta al discrimen», dijo, por su parte, el pastor Pedrito De Jesús.

«Hacemos una exhortación al país para que se comunique con las y los senadores para que voten en contra de una medida que atenta contra el valor humano y cristiano de hermandad, solidaridad y humanidad. Es hora de alzar nuestras voces en favor de todos los ciudadanos y en contra del discrimen», aseguró el reverendo Juan Ángel Gutiérrez.

Otra miembro del Consejo Asesor, Ada Conde Vidal, hizo un «un llamado a las senadoras y los senadores a que hagan lo correcto. Que no permitan que se legalice el discrimen. Hoy van por la comunidad LGBTQ+, mañana irán por otras creencias religiosas y por otras comunidades vulnerables. La Constitución se hizo para defender a las minorías del posible abuso de las mayorías”.

Por su parte, en comunicado de prensa, la presidenta del CAPR, licenciada Vivían Godineaux Villaronga, exhortó a la gobernadora Jenniffer González a no firmar el proyecto.

“No hay fundamento ni razón que justifique convertir en ley esta medida, dado que no responde a un problema existente; sino todo lo contrario: será la fuente de una vorágine de problemas que no enfrentamos hoy. Fuera de ser un calco de medidas similares que han sido objeto de agrias controversias legales, éticas y morales en los Estados Unidos, este proyecto no atiende una necesidad de nuestra sociedad, donde la libertad religiosa ha sido un principio incuestionable y está contenida en nuestra Constitución”.
De acuerdo con la presidenta del Colegio, el proyecto concederá protecciones adicionales innecesarias a un sector de la población usando disposiciones excesivamente amplias que solo sirven para fomentar el discrimen de muchas maneras y para rechazar brindar servicios públicos.
“Señora gobernadora, obre a la altura de los tiempos y no ceda a la presión de quienes no estiman los derechos de toda la ciudadanía que habita en nuestro país, indistintamente de su credo, origen, u orientación sexual. Proteja, con su veto, los derechos civiles y el principio constitucional cardinal de igual protección de las leyes”, concluyó Godineaux.
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El proyecto Esencia manipula la información que ofrece a la prensa

Parte de los terrenos. Foto cortesía Guarionex Padilla

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La experta en mercadeo digital con enfoque en responsabilidad social y sostenibilidad, Gabriela Rocafort, catalogó la campaña publicitaria del pretendido proyecto Esencia de campaña publicitaria con información manipulada, términos mal utilizados y argumentos sin base ni fundamentos.

Rocafort, quien fue una de las deponentes sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Esencia el último día de las vistas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP), destacó la definición de la ONU sobre lo que es el desarrollo sostenible y la contrastó con la manipulación que hace la publicidad de los proponentes del proyecto Esencia sobre este concepto. De acuerdo con la ONU, el desarrollo sostenible requiere un enfoque integrado en el que se consideren tanto las preocupaciones ambientales como el desarrollo económico. Es decir, que se puedan que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad o posibilidad de generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.

Por consiguiente, el mercado viene obligado a investigar las necesidades de los consumidores y buscar la forma de satisfacerlas con los recursos disponibles, para lo cual se ha desarrollado lo que se conoce como el ‘marketing verde’, que es una perspectiva que pretende respetar y cuidar el medio ambiente a través de cambios en los procesos de creación, promoción y comercialización de productos y servicios, teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores.

Esto quiere decir que el desarrollo estratégico de los cuatro pilares del mercadeo —producto, precio, distribución y promoción— se den con base en la importancia de la conservación ambiental que representa soluciones a los problemas actuales y, por ende, tener estas prioridades como punto de diferenciación.

“Sin embargo, vemos cómo en todas las industrias hay ejemplos de cómo se utilizan términos asociados con sostenibilidad de manera incorrecta, imprecisa, y cómo lo que debe ser un enfoque en términos de desarrollo se convierte en una estrategia promocional con una falta de de transparencia, compromiso y responsabilidad atroz, que a diferencia del mercadeo verde se conoce como la técnica del ‘greenwashing’.

Esta técnica, apuntó, representa una completa falta de respeto y una equivocada subestimación de las capacidades de las comunidades de reconocer las intenciones detrás de expresiones que buscan esconder las terribles consecuencias a corto y mediano plazo.

Rocafort cuestionó cómo era posible que el proyecto Esencia produzca videos promocionales afirmando que hay un compromiso de proteger el 70 % del territorio de las especies que habitan allí cuando simultáneamente en los mismos videos y documentos se habla de una distribución absurda de infraestructura y espacios diseñados con técnicas de paisajismo que no reflejan en absoluto esta posibilidad.

Otro cuestionamiento fue el de la propuesta autosuficiencia con la construcción de nueva infraestructura sostenible, que en ningún momento menciona el proceso de construcción, los materiales que se van a usar o la manera en que se implementarán las medidas de sostenibilidad y si estas van a ser impuestas antes y después de la construcción.

“¿Cómo se pueden tomar decisiones con un enfoque inconsciente, y que no afecte la ya vulnerable situación de las comunidades, de acceso a servicios sin planes sostenibles y concretos del uso de agua, energía y manejo de desperdicios, según la información que el mismo proyecto ha divulgado?”

Rocafort remarcó que lo planteado no solo es parte de la DIA, sino que la campaña publicitaria de Esencia utiliza las palabras de sostenibilidad, conservación, ecología, y demás conceptos relacionados, sin dar información de planes concretos. En cambio, manipula información o la omite, lo que no solo es antitético, sino que pone en evidencia la falta de credibilidad del proyecto y sus proponentes.

La activista trajo a la atención que el término sostenibilidad va en dos direcciones: conservación y desarrollo económico. Al igual que otros deponentes, censuró el que el desarrollo económico sea la justificación principal del proyecto. “Aquí llegamos a la pregunta del millón: ¿desarrollo económico para quién?”. Sobre el particular, expuso que en Cabo Rojo, el 50 % de su población está por debajo del nivel de pobreza. Denunció que el promedio anual de los salarios que ofrece la industria de alojamiento y servicios de alimentos, es de $18, 738, lo que es un salario que no responde a la realidad del costo de vida de nuestra situación actual. En el campo de los bienes raíces, el promedio de ingreso anual es de $32 mil anual, por lo que puso en tela de dudas el que se esté hablando de nuevas oportunidades de desarrollo.

“Hablar de desarrollo económico sin considerar todos los factores que amenazan el crecimiento económico de nuestra población, incluyendo acceso a vivienda, transportación, ambientales, servicios básicos, que ya escuchamos cómo es que ese proyecto nos afecta, es una forma de opresión contra nuestras comunidades que no podemos permitir. Y hablar de conservación sin asumir lo que eso, significa, es, una estrategia sucia, que insulta, denigra y menosprecia nuestra capacidad de ver más allá de esta propuesta vacía que nos están presentando”.

De las ponencias presentadas luego de los proponentes representados por la firma Arque Consulting Group, solo tres personas apoyaron el proyecto: el desarrollador Roberto Cacho y los alcaldes de San Germán y Cabo Rojo, Virgilio Olivera y Jorge Morales, respectivamente.

Todas las demás presentaciones ciudadanas y expertas fueron contundentes en contra de Esencia, incluidas las intervenciones de arqueólogos, científicos, ecólogos, ingenieros, planificadores, miembros de sectores religiosos, pescadores, artistas, educadores, agricultores y líderes comunitarios.

La coalición Defiende a Cabo Rojo destacó que el proyecto ha sido rechazado por especialistas de renombre como el arqueólogo Reniel Rodríguez, la oceanógrafa Michelle Scharer, los planificadores Luis García Pelatti y Pedro Cardona Roig, el geólogo Ángel Alicea y los ecólogos Ariel Lugo, Dimaris Acosta, Rafael Joglar y Héctor Quintero Vilella. La Comisión de Derecho Ambiental y Recursos Naturales del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), también presentó sus objeciones por medio de la licenciada Ruth Santiago. Además, se enviaron a la OGPe más de 100 comentarios escritos en oposición al proyecto, entre ellas, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la UPR. Mientras que una petición internacional para detener Esencia ha recogido más de 33,300 firmas.

Durante las vistas, los deponentes ciudadanos expertos en sus respectivas especializaciones documentaron graves violaciones al Reglamento Conjunto de la OGP y al Reglamento 8858 del DRNA. Se presentó evidencia que demuestra la inclusión de información falsa o engañosa en la DIA. En particular, se denunció que el documento indica que el área de impacto directo del proyecto representa solo un 25 % del terreno total. Sin embargo, análisis y evaluaciones presentadas señalan que el verdadero impacto se aproxima al 80 %. Otra información falsa es la afirmación de que el proyecto garantizará acceso público a las áreas costeras. Según el propio documento, todos los accesos identificados son privados. Con relación a la categorización del hábitat, no se utilizó el método establecido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Al hacerlo de manera correcta, el hábitat es de categoría 3, de alto valor ecológico. Por si fuera poco, el proyecto, incluye materiales incompletos, errores técnicos, imágenes manipuladas, mapas cuyas escalas son incorrectas y la inclusión en los planos de terrenos que no son propiedad de los desarrolladores.

Consultado por CLARIDAD sobre cuánto tiempo se podría tardar la OGP en emitir una decisión sobre la DIA, el planificador Pedro Cardona Roig indicó que en casos similares la agencia se ha tomado entre dos a cuatro semanas en tomar su decisión.

Las vistas sobre la DIA del proyecto Esencia se llevaron a cabo los días 6, 7, 13 y 18 de marzo de 2025 en un salón de la Casa Alcaldía en Cabo Rojo. A la luz de lo vertido en las vistas públicas de la DIA, el megaproyecto no debería ser aprobado por la OGP.

Mientras, la coalición Defiende Cabo Rojo, dio a conocer que luego de las vistas públicas ha activado una jornada educativa y de movilización, con eventos presenciales y virtuales en el oeste, sur, área metropolitana y la diáspora.

 

 

 

Levantan la voz por Palestina

Distintas organizaciones se dieron cita a una marcha

 

CLARIDAD

 

Personas desaparecidas bajo escombros. Escombros, quizás, de escuelas, hospitales u hogares. Por el deterioro físico de la situación, que ha propiciado más de 65 órdenes de desalojamiento, de acuerdo con datos compartidos. Las cifras responden al 90 % de la población gazatí desplazada, ahuyentada a bombazos de su tierra. Por eso, el pasado 29 de marzo, víspera del Día de la Tierra Palestina, diversos grupos convocaron a una marcha desde el Capitolio hasta La Fortaleza.

La manifestación comenzó poco después de las 3:00 p.m., frente a la Plaza de San Juan Bautista. A cada lado de la plaza, había una bandera de Palestina estacada en un tiesto. Percatados de los verdes, rojos, blancos y negros que ondeaban, diferentes carros bajaban sus ventanas para alzar puños, vociferar su apoyo o tocar bocinas. En la espera, algunos vestían con camisas de sandías —símbolo de resistencia palestina— mientras repiqueteaban congas o tarareaban canciones de protesta.

“Nos reunimos hoy como pueblo, como comunidad. Como seres humanos que no podemos quedarnos callados frente al horror. Estamos aquí porque Palestina nos duele, porque no aceptamos el silencio, porque no aceptamos la complicidad y porque creemos firmemente que la solidaridad es la responsabilidad mínima que tenemos”, expresó Omar Darwesh, portavoz de la comunidad palestina en Puerto Rico.

Los manifestantes escogieron esta fecha, Día de la Tierra Palestina, para conmemorar la masacre de 1976, cuando el Estado de Israel asesinó a seis manifestantes palestinos que protestaban contra la ocupación y confiscación de tierras. Además, la marcha arremetió contra la “brutalidad amplificada” que se vive en Gaza desde octubre de 2023.

“No podemos normalizar el genocidio en cámara lenta. No podemos normalizar noticias que nos informan que, al menos, 50,000 personas han muerto, como si fuera una simple estadística. No podemos seguir nuestros días como si nada, sabiendo que 15,000 personas de esos muertos son niños. No podemos aceptar la narrativa manipulada que culpa a los palestinos por la violencia, que presenta a un pueblo ocupado como si fuera el agresor”, denunció Solimar Ortiz Jusino, de la Red de Solidaridad con Palestina.

Asimismo, la colectividad Madres contra la Guerra repasó la violencia sin tregua que enfrenta la niñez palestina. Sonia Santiago, portavoz de la organización, destacó que uno de cada dos niños en Gaza ha perdido alguna extremidad. Recordó también que Puerto Rico, como colonia de los Estados Unidos (EE. UU.), ha sido víctima de los desmanes del imperio. En esa línea, Santiago coincidió con el mensaje de Darwesh, que ató la lucha palestina con otras luchas decoloniales y “la historia de la lucha por vivir con dignidad”.

“El que está detrás de la matanza en Palestina es Estados Unidos, que le provee a Israel $3 mil millones anualmente en armas”, manifestó Santiago, antes de mencionar las tres cuartas partes de territorio que, por décadas, Israel le ha usurpado a Palestina.

Del mismo modo, Santiago resaltó el septuagésimo cuarto (74.0) piquete que Madres contra Guerra hará, el próximo martes, frente al consulado de Israel, en la avenida Juan Ponce de León.

Al comenzar la marcha, un grupo de manifestantes asió, cual estandarte, una enorme bandera de Palestina mientras el resto seguía y cargaba pancartas con artes desde atrás. Al unísono, el grupo de manifestantes consignaba: “Israel asesina y los yanquis patrocinan”, “Gaza resiste, Palestina existe”, “¡No más muertes de niños inocentes!” e “¡Israel, perro faldero, eso eres del Imperio!”. Al adentrarse en las calles de San Juan, una cantidad notable de turistas grabó y aplaudió en evidente apoyo, demostrando la solidaridad trascendente contra este genocidio.

Antes de llegar a La Fortaleza, la marcha se detuvo en la Plaza de Armas para divulgar otra serie de mensajes.

“Han matado más de 200 periodistas, haciendo esta la guerra más letal en la historia para la prensa en la historia moderna. Ni en las guerras mundiales han matado tantos reporteros… Más de 120 académicos han sido matados, más de 280 trabajadores humanitarios”, elaboró Darwesh, quien presentó un nuevo término médico que ha surgido en medio del genocidio: WCNSF (niño herido sin familia sobreviviente, en inglés).

De acuerdo con el portavoz de la comunidad palestina en Puerto Rico, cada día mueren 115 personas en Gaza. De esta cifra, 46 defunciones corresponden a la niñez, 38 a hombres y 31 a mujeres. Darwesh también contrastó el inicio de la guerra, cuando un niño moría cada diez minutos, con la actualidad, cuando mueren cada 45 minutos.

“Perdón, Gaza. En nombre de las comunidades cristianas de otra patria colonizada que aspira a su completa liberación como tú, Palestina. Te pedimos perdón. Hoy queremos pedir perdón por los cristianos que usan el nombre de Dios para legitimar un genocidio. Pedimos perdón por nuestro silencio culpable ante el exterminio sistemático de nuestros hermanos y hermanas palestinos y palestinas en Gaza”, lamentó, por su parte, Francisco Concepción, ministro de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo.

Del mismo modo, la Iglesia del Cristo Sanador manifestó su oposición al genocidio, responsabilizando “la ignorancia” como causa de la enajenación cristiana. También desmintió la noción errada de que el conflicto en la franja de Gaza responde a un enfrentamiento entre dos grupos religiosos. “Nada más lejos de la verdad”, aseguró el pastor George González Medrano, líder de esta iglesia.

“Esto es un asunto humanitario, y si verdaderamente Dios, Allah, el Eterno, el Universo es quien rige la vida de la humanidad, aquí deberíamos estar todos. Aquí deberían estar concilios de iglesias evangélicas, aquí deberían estar los sacerdotes… aquí deberíamos estar todos. No solo hoy, sino todos los días, en todas las instancias, porque la gente está muriendo, y el silencio nos hace cómplices. El Eterno misericordioso, en todos sus nombres, nos exige posición”, clamó González Medrano entre aplausos de manifestantes.

También, la doctora Luma Al-Attar, quien representó la organización Doctors Against Genocide, unió la colectividad al reclamo de un cese al fuego y del fin del genocidio perpretrado por Israel.

“Desde aquí, desde este territorio también colonizado, frente al poder colonial que también nos oprime, nos sumamos al llamado del cese al fuego, del boicot, y cada uno haciendo su parte… Estamos haciendo un llamado directo a la gobernadora y a los legisladores de Puerto Rico: ustedes tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. Exigimos que presenten y respalden una resolución simbólica”, concluyó Darwesh en la calle Resistencia.