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El daño causado por los recortes y suspensiones de asignaciones de dinero federal ordenadas por el presidente Trump, tendrán consecuencias a largo plazo para Puerto Rico y, en algunos casos, puede que sean permanentes, advirtió el Centro para una Nueva Economía (CNE), en su más reciente informe, Puerto Rico: Impacto de los Cambios de la Política Pública Federal
El análisis del CNE describe que el “cambio de prioridades federales”, es decir las órdenes del presidente Donald Trump de recortes y suspensiones de asignaciones de dinero federal, podrían tener un impacto desproporcionado en la recuperación de Puerto Rico y en la prestación de servicios esenciales a nuestra población, agravando los desafíos existentes y afectando de manera negativa la economía. El CNE identifica que las áreas claves, que serán mas afectadas serán; los fondos por recuperación por desastres: los fondos Medicaid; y Educación.
En lo que respecta a los fondos por recuperación por desastre se indica que el Congreso ha asignado fondos por aproximadamente $52 mil millones a través de FEMA (siglas en inglés de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para financiar la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Según la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (PR3) a finales de febrero de 2025, se habían gastado aproximadamente $23 mil millones de la cantidad asignada. Según el CNE en teoría, los aproximados $30 mil millones restantes, deberían estar a salvo de la rescisión o la recuperación, en la medida en que se hayan «obligado» legalmente, lo que representa un compromiso vinculante. Sin embargo, revela conocer de varios casos en los que el desembolso de fondos federales ya ha sido retenido o congelado, incluso cuando el dinero ya estaba legalmente obligado. En caso de que los fondos de reconstrucción se rescindan o se recuperen, indica el CNE, el único recurso del Gobierno de Puerto Rico sería presentar una demanda contra el gobierno federal.
En el caso de los fondos de Medicaid, se detalla que la Cámara de Representantes de EE UU aprobó una resolución presupuestaria para el año fiscal 2026 que ordena al Comité de Energía y Comercio de la Cámara recortar $880 mil millones del gasto federal. De acuerdo al CNE lograr este objetivo de gasto en términos matemáticos es imposible sin recortar el programa Medicaid, que está bajo la jurisdicción de dicho comité. En la actualidad cerca del 72% del costo (unos $3.4 mil millones de un costo total de $4.7 mil millones) del programa Medicaid de Puerto Rico, que brinda seguro médico a cerca del 50% de la población de la Isla, está financiado por el gobierno federal.
Según el análisis cualquier recorte significativo en la financiación federal de Medicaid en Puerto Rico o la imposición de un límite menor al gasto federal afectaría de manera directa el acceso a la atención médica para alrededor de 1.5 millones de beneficiarios en Puerto Rico y tendría efectos nefastos en el balance primario del gobierno central.
Presenta el que por ejemplo, si el Congreso decide revertir la financiación de Medicaid para Puerto Rico a su fórmula anterior a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) durante el año fiscal 2028, la financiación federal se limitaría al 55% de los costos totales, hasta un máximo de aproximado de $500 millones. Mientras -indica- que por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), ha estimado que el costo del programa de Medicaid de Puerto Rico para ese año será de $5.3 mil millones. Esto significa que el gobierno de Puerto Rico tendría que uno; reunir $4.8 mil millones solo para mantener el programa tal como está, o dos reducir de forma drástica el número de personas cubiertas o los servicios ofrecidos.
En lo que respecta al Departamento de Educación de EE UU (DE EE UU) el cual Trump ha dicho que va a cerrar y ya miles de empleados han sido informados de su despido, en el caso del Departamento de Educación de Puerto Rico, el 45%, ($2.4 mil millones) de su presupuesto de $5.3 mil millones para el año fiscal 2025 provienen del gobierno de EE UU, por lo que cualquier cambio significativo en esa financiación podría afectar la educación de algunos de los niños más vulnerables de Puerto Rico. Enumera que el desmantelamiento del DE EE UU afectara el desembolso de miles de millones de dólares bajo el Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, actualmente gestionados por el gobierno federal.
A juicio del CNE el daño causado por estas decisiones será a largo plazo y, en algunos casos, teme que sean permanente. Al respecto se expone que en una reciente conferencia de prensa, Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, reorganizado por Orden Ejecutiva, declaró que ‘preveían cometer errores y revertirlos si se les exigía’.
“El problema es que esta filosofía de «moverse rápido y romper cosas», independientemente de su mérito en el mundo tecnológico, no es una buena guía para optimizar los servicios gubernamentales. ¿Realmente queremos eliminar los empleos de quienes trabajan en la regulación de la seguridad aeronáutica, el uso de sustancias químicas peligrosas o el mantenimiento de armas nucleares?, cuestiona el análisis suscrito por el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach. Al punto que pasa a citar palabras de Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial Times, «no se hace más eficiente un sistema complejo modificándolo aleatoriamente» .
El CNE subraya que algunos casos, podría ser demasiado tarde para revertir el daño ya causado por recortes presupuestarios imprudentes.
Desde el aspecto político-legal el estudio reconoce que el único recurso que tienen los gobiernos locales, los beneficiarios o los beneficiarios para detener las órdenes y sus consecuencias es interponer una demanda judicial contra el gobierno federal. Al momento indica que la organización Just Security ha identificado, a través de su rastreador de litigios, al menos 129 demandas contra el gobierno federal derivadas de, o en relación con, la emisión de órdenes ejecutivas. “Este expediente tardará un tiempo en procesarse en los tribunales. Mientras tanto, prevalece la incertidumbre y la administración sigue impulsando su agenda extremista”, admite la organización.
A largo plazo, -señala el CNE- que la principal amenaza es el posible daño a instituciones estadounidenses como el Estado de derecho, el debido proceso y la separación de poderes. “La administración Trump ha adoptado una visión maximalista del alcance del poder ejecutivo, en particular del presidencial. Esta perspectiva contradice el derecho constitucional estadounidense y las normas y prácticas democráticas consolidadas. Por ejemplo, la afirmación del presidente, emitida el 18 de febrero, de que «el presidente y el fiscal general (sujetos a su supervisión y control) interpretarán la ley para el poder ejecutivo, en lugar de que agencias separadas adopten interpretaciones contradictorias» es simplemente errónea e inconstitucional”.
Se cita además que según el sistema constitucional estadounidense, corresponde a los tribunales interpretar el significado de la ley y que el Congreso también tiene el poder de gestión presupuestaria (el poder adquisitivo) en virtud del Artículo I, Sección 9, Cláusula 7 de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que el presidente no puede reescribir las leyes de asignación de fondos, imponer requisitos o condiciones adicionales al gasto no legislado por el Congreso, ni negarse a gastar fondos debidamente asignados. Sin embargo, – atribuye el CNE que el Congreso se ha mostrado sorprendentemente condescendiente con la firme afirmación del presidente Trump sobre su poder ejecutivo.
