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El capitalismo en entredicho

…el socialismo no pretende privar a la gente de propiedad privada: ¡eso ya lo hizo el capitalismo! El socialismo, al contrario, pretende que todos y todas volvamos a ser propietarios y propietarias. Pero nadie puede ser propietario privado de una fábrica, un banco, una gran tienda, sin que haya otros que no lo sean.

 

Por Rafael Bernabe

Especial para CLARIDAD

Estaba ponderando el tema de esta columna cuando me topé con el editorial del Washington Post del 17 de noviembre. El título llama la atención: “Capitalism is itself on the 2020 ballot”. En español sería “El capitalismo mismo está en la papeleta del 2020”. Es una defensa elocuente del capitalismo. Esto hay que celebrarlo: que el Post se sienta obligado a defender el capitalismo —reiterando lo que llama aspectos “básicos” de “teoría política e historia”— es síntoma de lo mucho que ha crecido el cuestionamiento de ese sistema en Estados Unidos. No dudo que pronto GFR Media lo traducirá, si ya no lo ha hecho, y lo publicará como fuente de sabias consideraciones.

Y ¿cuáles son las ideas “básicas” que el Post rescata? Son dos: que la propiedad privada “fomenta el crecimiento económico al estimular a los individuos a innovar y producir” y que las fortunas privadas “fomentan la libertad” al ser una barrera contra el poder del estado. De paso acusa al socialismo, que aparece bajo el nombre de “totalitarismo de izquierda”, de querer acabar con la propiedad privada.

Esta defensa del capitalismo a nombre de la propiedad privada no deja de ser curiosa: quien ha separado a la gran mayoría de la población de la propiedad, quien ha convertido a la mayoría de la población en desposeídos y desposeídas, no ha sido el socialismo. Ha sido el capitalismo. Lo que caracteriza al capitalismo es precisamente el hecho de que la gran mayoría de la población no es dueña ni de fábricas, ni de bancos, grandes comercios, medios de transportación o comunicación, o grandes extensiones de terreno, y están, por tanto, obligados y obligadas a trabajar por un salario para los dueños de esos bienes. El capitalismo no se basa en la propiedad privada en general. Se basa en la propiedad privada de unos pocos y en la desposesión de la gran mayoría.

Es decir, el socialismo no pretende privar a la gente de propiedad privada: ¡eso ya lo hizo el capitalismo! El socialismo, al contrario, pretende que todos y todas volvamos a ser propietarios y propietarias. Pero nadie puede ser propietario privado de una fábrica, un banco, una gran tienda, sin que haya otros que no lo sean. Así que, una vez han surgido grandes medios de producción y circulación en los que trabaja mucha gente, es decir formas de producción colectivas y sociales, la única forma en que todos y todas podemos ser propietarios es que esos medios de producción se conviertan en propiedad de todos y todas, en propiedad colectiva, en propiedad social, que la gente puede y debe administrar democráticamente.

En fin: el Post dice que el capitalismo garantiza la propiedad privada y el socialismo la destruye. La realidad es la inversa: el capitalismo priva a la gran mayoría de propiedad, se basa en la propiedad de unos pocos; el socialismo pretende que todos seamos propietarios, lo cual en el mundo industrial implica que seamos copropietarios de los medios de producción sociales.

El Post señala que el capitalismo fomenta la innovación. El socialismo, al menos en su vertiente marxista, lejos está de negar este hecho. Al contrario, lo reconoce y subraya, como se puede constatar si se lee la primera parte del Manifiesto Comunista. Los capitales privados compiten, tienen que ofrecer precios más bajos que los demás, para lo cual deben reducir sus costos, lo cual les obliga a la innovación constante: de ahí el tremendo desarrollo tecnológico fomentado por el capitalismo. Pero de ahí también sus contradicciones: ese desarrollo tiene como objetivo la mayor ganancia privada, no el bienestar social. Por eso el desarrollo técnico se convierte en enemigo de la gente y del ambiente. La máquina no aligera, sino que intensifica el trabajo; no reduce la jornada de trabajo, sino que desplaza al trabajador; no hace al trabajo más participativo sino más subordinado a la disciplina y el ritmo impuestos por el patrono. No se traduce en mayor igualdad o seguridad, sino en desigualdad y precariedad. No conlleva una relación respetuosa con el entorno natural sino en su destrucción, en la medida que destruirlo genera ganancias a corto plazo. Tenemos el caso del cambio climático: amenaza aspectos fundamentales de nuestra vida, pero el capitalismo evita tomar las acciones necesarias y urgentes para atenderlo, pues hacerlo choca con su imperativo de aumentar la ganancia privada a como dé lugar.

En fin, el capitalismo fomenta la innovación, pero es incapaz de usarla para el bienestar de la gran mayoría. Crea fuerzas productivas prodigiosas, pero acaba por convertirlas en fuerzas destructivas. ¿Cómo salir de esa contradicción? Convirtiendo esas fuerzas productivas en propiedad social para que se usen, no para la ganancia de unos pocos, sino el bienestar de todos y todas.

El Post enlaza el capitalismo con la libertad. Sospechando que anda en terreno frágil, aclara que esa conexión es más “sutil” que los otros méritos del capitalismo. Tan sutil es que se podría hacer una larguísima lista de países en los que se han combinado y combinan la ausencia de libertades y el capitalismo, o en los que se ha defendido el capitalismo contra amenazas reales o imaginadas a costa de suprimir las libertades políticas. Me limito a las teorías del gran teórico del neoliberalismo, Friedrich Hayek. Según él, no existe mejor mecanismo que el mercado para procesar información y distribuir los recursos eficientemente. Esto, sin duda, genera ganadores y perdedores, impone una disciplina dolorosa a los segundos. Por eso, mucha gente tiene la mala costumbre de pedir que se rectifiquen, que se regulen los mercados. Los políticos “populistas” les complacen con tal de ser reelectos, con la consecuencia de que se “distorsiona” el mercado y se impide el progreso que beneficiaría al pueblo mismo. Por tanto, según los neoliberales, hay que salvar a la gente de sí misma, de la idea de que saben más que el mercado y hay que limitar las tendencias inevitablemente ‘populistas’ de la democracia. Por eso hay que colocar las decisiones económicas fundamentales más allá del alcance de los organismos electos: hacen falta bancos centrales que no respondan a nadie menos a sus directores, juntas de control fiscal no electas (sound familiar?) o la subordinación de legislación nacional a reglas de organismos no electos, como la Organización Mundial del Comercio. El gemelo político del neoliberalismo es el autoritarismo no la democracia, en la actualidad combatida a nombre de combatir el ‘populismo’.

La democracia exige, al contrario, que la economía esté en manos, no de unos pocos, sino del pueblo. Esto quiere decir, por supuesto, que nuestra alternativa tiene que ser un socialismo democrático. Democracia sin control de la economía es media democracia (en el mejor de los casos). Economía pública sin democracia es gobierno de la burocracia. No tenemos que escoger entre capitalismo y burocracia. Mucha gente ya está cuestionando las supuestas bondades del capitalismo, tanto que el Post se toma la molestia de recordárselas. Nos toca aprovechar el momento para atraerles a una alternativa que sea tanto anticapitalista como democrática.

Mirada Cooperativista Lección aprendida

Por Mildred Santiago Ortiz

Especial para CLARIDAD

..la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) dio a conocer datos y cifras recientes que confirmaban el fortalecimiento del sector de ahorro y crédito.

En las pasadas semanas se han efectuado muchas asambleas de las cooperativas del sector financiero del país. Participamos en seis de ellas y todas fueron escenarios de afirmación sobre la eficacia del modelo cooperativo entre los nuestros. En todas el panorama económico fue positivo y hubo sobrantes. Unas optaron por reservarlo para fortalecer aún más la estructura económica. Otras distribuyeron un por ciento en dividendos o capitalizaron en acciones o por patrocinio. Presenciar esos ejercicios en los cuales los líderes rinden cuentas, presentan informes, estados financieros, eligen directivos y aprueban resoluciones sobre temas de interés general es gratificante y demuestra que el sector financiero del cooperativismo continúa una ruta de progreso y que ha manejado efectivamente las dificultades del pasado y los retos del futuro.

Ver a los socios preguntar, sugerir, debatir, presentar mociones y emocionarse hasta las lágrimas al hacer referencia a su cooperativa, en medio de una intervención al micrófono, fue revelador y valida el apego de los nuestros a este modelo. Ese día salí con el pecho henchido y convencida de que ese sentido de pertenencia trasciende la excelencia en los servicios financieros y que está vinculado al compromiso de las cooperativas con todo lo que incide en la vida de sus socios y de las comunidades en las cuales ubican. Fue significativo presenciar en otras dos de esas asambleas la aprobación por unanimidad de resoluciones en favor de los trabajadores retirados cuyas pensiones son escamoteadas por los grandes intereses. En otras se sortearon o entregaron becas de estudio para estudiantes, incluyendo los de educación especial. Además de los informes de las juntas de directores, hubo informes de los Comités de Educación y Supervisión evidenciando la labor realizada. Dos años atrás había asistido a algunas de estas asambleas y los estados financieros demandaban acciones correctivas. He ahí los resultados.

En los días siguientes, la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) dio a conocer datos y cifras recientes que confirmaban el fortalecimiento del sector de ahorro y crédito, entre estos: crecimiento en activos de 500 millones; aumento de 4 % en la cartera de préstamos y baja en la morosidad a un 3.41%. Mención aparte merece la reducción de riesgos, incluye la disminución en el renglón de los valores en el gobierno, de un total de $1,094 millones que llegaron a tener a $140 millones. A estos datos hay que sumar el aumento a sobre un millón de socios y el informe más reciente de la inversión social que ascendió en el 2018 a $169 millones.

No hay duda de la fuerza de este sistema que tiene más de 266 sucursales y con una robusta red de cajeros automáticos sin cargos para usuarios socios. El mayor reconocimiento sobre estos logros debe ir al liderato voluntario y profesional que ha trabajado arduamente durante estos años para esta cosecha. Esos logros deben mantenerse y tienen que ser la punta de lanza para identificar escenarios para continuar los aportes en el desarrollo social y económico del país.

Además de estos datos alentadores del sector de ahorro y crédito, en estos días han surgido nuevos emprendimientos que validan el modelo como respuesta colectiva que promueve la participación ciudadana organizada con buenos resultados. Ese será tema más adelante en otra columna.

Para finalizar es preciso comentar, en específico, sobre una de esas asambleas El 8 de noviembre se efectuó la asamblea de TrabajaCOOP, la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Departamento del Trabajo. La principal funcionaria de esa agencia la Sra. Briseida Torres, Secretaria del Trabajo, no permitió, ni facilitó la asistencia de los trabajadores socios. A los socios que asistieron a la actividad efectuada en el salón de la propia agencia les serán descontado de su salario el tiempo que duro la asamblea.

Las leyes especiales que rigen el cooperativismo conceden tiempo sin cargo para los trabajadores de las agencias públicas que son socios de cooperativas para participar de las reuniones de los cuerpos directivos. Por uso y costumbre ese beneficio se extendía a dos horas para las asambleas. Ese es un reconocimiento al modelo cooperativo y a los servidores públicos que son líderes voluntarios y dan vida a estas instituciones. Es importante resaltar que muchos de estos trabajadores coinciden en el lugar de trabajo ya que provienen de pueblos distintos. La mayoría son mujeres trabajadoras, muchas jefas de familia. Facilitar tiempo, aunque limitado, en el escenario de trabajo es un gran beneficio.

En abril de 2017 se aprobó la Ley 26, Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, según enmendada, que entre otros aspectos afectó adversamente las licencias de los empleados públicos. El Departamento del Trabajo de inmediato y por interpretación retiró ese beneficio. Los lideres de esa cooperativa batallaron infructuosamente.

Le recordamos a esa funcionaria que las leyes del cooperativismo contemplan esa participación sin cargo, como medida para respaldar, promover y fomentar el cooperativismo en las diversas agencias. Cuando se aprobaron medidas de austeridad en el gobierno, muchos funcionarios alegaron que dicho beneficio quedaba cancelado. Sin embargo, son muchas las agencias que facilitan esa participación. Algunos mantienen el beneficio sin ninguna restricción y otros limitan el tiempo a una o dos horas con diversas estrategias que no afectan el servicio. Es bochornoso que la ejecutiva de la agencia que tiene como función velar porque se cumplan las leyes protectoras de los trabajadores le dé la espalda al cooperativismo. Eso pudo haber desalentado la asistencia, pero no, esta cooperativa tuvo una concurrida y entusiasta asamblea. Lección aprendida.

Doña Briseida Torres tiene espacio para reflexionar y deponer esa actitud desaprobación hacia un sistema que le sirve bien al país. Mas importante, hacia una cooperativa con más de seis décadas en ese departamento que promueve el bienestar de sus socios, sus trabajadores.

Editorial: América Latina y la lucha de clases

La abismal desigualdad entre las clases, y la falta de acceso de las grandes mayorías a la riqueza y a los servicios básicos que las personas necesitan para poder crecer y sobrevivir, constituyen el marco en que convergen las luchas sociales contemporáneas.

América Latina, nuestra América Latina, la que comienza en México y acaba en el Océano Antártico, pasando por El Caribe, es un conjunto de pueblos y culturas que han sido maltratadas hasta el horror. Por siglos, España, Portugal y Francia (y añadimos ingleses, holandeses, daneses y toda suerte de piratas venidos de Europa) sometieron a sus poblaciones originarias al saqueo, al expolio, a la explotación, a los trabajos forzados, y a una crueldad tan intensa que terminaron por decimar sus fuerzas y sus esperanzas, y en ciertos casos, como el de Puerto Rico, en su exterminio total. Las matanzas de indígenas en América Latina fueron el símbolo más cruel de una conquista sangrienta y feroz que ha pretendido ser justificada por los conquistadores como “misión civilizadora” tras el llamado “descubrimiento”.

En muchos de nuestros pueblos, la mano de obra indígena diezmada fue sustituida por hijos e hijas originarios de África que fueron traídos como propiedad de los conquistadores bajo el ignominioso régimen de la esclavitud. Así se parió la historia de nuestra región, parto del cual nacieron las aguerridas naciones que hoy la pueblan y que siguen luchando por sus reivindicaciones, al cabo de más de 500 años de historia.

En esta nueva era, con el imperialismo estadounidense a la cabeza de sucesivas guerras y apropiaciones, y utilizando nuevos métodos y tecnologías, las grandes potencias del mundo se siguen repartiendo entre ellas las riquezas que debían corresponder a todos y todas los habitantes del planeta. Continúan aumentando sus fabulosas riquezas en un espiral infinito, dejando al margen del progreso y el desarrollo a la mayoría más pobre y desposeída de la población.

Esta es el devenir de la lucha de clases, una lucha milenaria, y sin cuartel, entre los que arrebatan y acaparan riquezas a costa de los que las trabajan y las producen. Esa lucha de clases está hoy multiplicada e internacionalizada por el capitalismo neoliberal que ha trastocado las economías de las naciones concentrando las riquezas en cada vez menos manos. También ha contribuido a las mutaciones y deformaciones en la fibra social y anímica de los pueblos, sumergiendo a tres cuartas partes de la población del mundo en la más abyecta pobreza.

La abismal desigualdad entre las clases, y la falta de acceso de las grandes mayorías a la riqueza y a los servicios básicos que las personas necesitan para poder crecer y sobrevivir, constituyen el marco en que convergen las luchas sociales contemporáneas. Es la lucha contra la explotación del trabajo, y de los recursos naturales y patrimonios de los pueblos. Es la lucha contra las oligarquías, las dictaduras, el militarismo agresor, las fuerzas policíacas abusadoras de los derechos civiles y humanos. Es la lucha para exigir un trabajo digno y bien remunerado, para reclamar servicios básicos, tales como salud, educación y vivienda, para exigir agua y aire limpios. Es la lucha contra los regímenes y sociedades corruptas, que se ceban de la pobreza de otros, y que sirven de parapetos al capital extranjero y depredador porque se benefician de la depredación y el robo.

Hoy cuaja en nuestra América un nuevo activismo. Nuestros pueblos son, en este momento, el escenario más álgido y punzante de la lucha de clases en todo el mundo. Por eso, la sombra nefasta del gobierno de Estados Unidos promueve el caos y la inestabilidad en nuestra región. No quieren ceder su traspatio. Quieren seguir teniendo acceso irrestricto a las riquezas y recursos de nuestros países. Y por eso, enfilan su ferocidad hacia nosotros. En los países con gobiernos de corte popular, promueven la histeria, la desinformación y el desorden civil. Cuando se les antoja, con la ayuda de sus fotutos de la OEA, establecen gobiernos paralelos que carecen de legitimidad y apoyo real entre sus pueblos. Hostigan, sancionan y pretenden estrangular a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Son la fuerza sigilosa tras el golpe de estado en Bolivia. Respaldan material y militarmente a los gobiernos de derecha, y entrenan en tácticas de represión y persecución a milicias, policías y servicios secretos en dichos países.

Los pueblos de nuestra América han sufrido mucho pero han aprendido de las lecciones de la historia. Por eso, en cada uno de nuestros países existen y persisten fuerzas muy vivas que no están dispuestas a rendir sus conquistas ni aplazar sus reclamos. Lo mismo en las urnas que con el activismo en las calles, nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos se vuelcan en acciones concretas y decisivas por sus derechos y su futuro. Está ocurriendo en Argentina y en Brasil; en Ecuador y en Chile, y también en el indigenismo vivo y militante de Bolivia que se levanta contra el golpe de estado perpetrado contra su gobierno legítimo, y su líder, Evo Morales- el gran sindicalista indígena, de humilde disposición y laboriosidad incansable- que le devolvió al pueblo boliviano pobre el poder político, la fuerza y la esperanza.

Independencia judicial y una foto para la historia

Por Manuel de J. González /CLARIDAD

No me alegran las cuitas del Tribunal Supremo ni me hace feliz que sus insuficiencias queden expuestas a la vista de todos. Esa actitud hacia nuestro más alto foro judicial no nace de mi condición de abogado practicante, sino de otra faceta de mi vida mucho más importante y profunda: la de un independentista que, además, siempre se ha ubicado a la izquierda del pentagrama político isleño.

Para el independentismo puertorriqueño la frase “independencia judicial” nunca debiera tener un contenido hueco. No es o, mejor dicho, no debiera ser un recurso retórico o artificioso que se pronuncia porque suena bien. Ello es así porque históricamente hemos sido un grupo perseguido o que de manera intencional se le ha querido marginar de la vida pública, como también les ocurre a otros sectores llamados “minoritarios”. En ese mismo encuadramiento están los trabajadores que luchan por sus derechos (que realmente son mayoría), las mujeres que rechazan la discriminación y las personas que son marginadas porque son “diferentes”. Cuando los ataques contra estos grupos se tornan insoportables, la única tabla de salvación de la que se pueden agarrar es la de un tribunal y en muchas ocasiones han conseguido allí algún remedio justo. Para que pueda cumplir esa función esencial de salvamento el sistema judicial debiera tener un mínimo de independencia frente a las otras dos ramas que componen el gobierno porque casi siempre el ataque a nuestros derechos viene de una de ellas.

Contrario a lo que le ha ocurrido en el Tribunal Federal, en el sistema judicial de Puerto Rico el independentismo boricua en muchas ocasiones ha encontrado amparo. En el federal la experiencia quedó marcada por el aquel proceso truculento y prejuiciado que en 1936 sirvió para descabezar y desterrar a casi todo el liderato del Partido Nacionalista. En los tribunales de Puerto Rico la experiencia ha sido distinta.

Como persona cercana a Juan Mari Brás fui testigo directo de muchos de los “experimentos jurídicos” que Juan impulsó buscando sentar algún precedente beneficioso para los perseguidos. Importantes opiniones judiciales relacionadas con la libertad de expresión, de asociación, por los derechos ciudadanos y contra el uso de fondos públicos para fines privados todavía tienen presencia destacada en la jurisprudencia puertorriqueña como corolario de aquellos “experimentos”.

Pero el mejor ejemplo del buen servicio que puede dar la independencia judicial bien aplicada es el proceso que condujo a la prohibición del llamado “carpeteo” y a la orden judicial que permitió que más de cien mil puertorriqueños tuviéramos acceso a los expedientes elaborados por la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico durante más de cincuenta años. Aquel proceso lo inició, también como un “experimento jurídico”, el inolvidable compañero David Noriega mediante un recurso en el Tribunal Superior de San Juan. Allí llegó a la sala de un juez ilustrado y, sobre todo, valiente, Arnaldo López, quien respetando con pulcritud el proceso, emitió la histórica sentencia prohibiendo la persecución policiaca por razones políticas y la elaboración de expedientes o “carpetas” a los perseguidos. Posteriormente el Tribunal Supremo confirmó el dictamen del juez López y estableció un procedimiento ordenado para la entrega de los expedientes. Si no hubiese sido por la actuación de aquel juez valiente que se sentía “independiente”, y por el Tribunal Supremo que lo ratificó, la bochornosa práctica (todavía “legalmente” practicada por el FBI) estaría muy activa en la Policía.

En los últimos días hemos visto con nuestros propios ojos cómo el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico laceró su imagen de cuerpo independiente ante la mayoría de los puertorriqueños. Durante tres largos días los medios noticiosos reseñaron las visitas al Capitolio de varios magistrados de ese foro para cabildear por un aumento de sueldo exclusivamente para los jueces y juezas. No fueron a abogar por mejorar la situación presupuestaria de la rama judicial ni a apoyar medidas destinadas a aliviar la situación de todos sus empleados que, igual que los demás funcionarios públicos, han sido golpeados por las medidas de austeridad impuestas en los últimos años. Lo gestionado fue un aumento salarial exclusivo al sector mejor pagado del sistema, los propios jueces.

Lo peor, sin embargo, no fue el proyecto de ley gestionado, sino el cabildeo abierto efectuado por los magistrados a favor de la medida que aumentaba sus salarios. La gestión incluyó – ¡increíblemente! – la comparecencia de varios jueces al caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista del Senado. Aquella reunión, recogida en numerosas fotografías y vídeos, representó el golpe más severo dado a la independencia judicial en buen tiempo.

Mientras los magistrados del Tribunal cabildeaban por sus salarios, la Legislatura consideraba dos medidas que en algún momento futuro podrían estar ante esos mismos jueces para que decidan sobre su constitucionalidad o su validez. Una es un proyecto caprichoso de la autoría del presidente del Senado para trastocar uno de los estatutos más sensibles de cualquier país, el que dispone cómo se vota y cómo se cuentan los votos de las elecciones generales. Mientras escuchaban a los jueces argumentar a favor de un aumento salarial, el mismo caucus del PNP se aprestaba a darle una estocada a la confiabilidad del sistema electoral.

Aquel mismo caucus de políticos también tenía en su agenda la revisión total del Código Civil, una legislación que impondría cambios significativos a prácticamente todas las reglamentaciones que inciden sobre la vida de los puertorriqueños. Las herencias, la relación de sus padres con sus hijos, los derechos reproductivos, la vida toda de las mujeres, los contratos y hasta existencia futura de los aún no nacidos, van a estar afectados por las decisiones que se aprestan a tomar los integrantes de aquel caucus.

Con toda seguridad, los jueces que estaban reunidos con los políticos dirán que aquella gestión por su salario no comprometió su independencia, pero ¿cuál es la percepción del pueblo? Ninguna institución puede ser efectiva si carece del sentido de legitimidad que nace de la confianza pública. Es esa percepción de legitimidad lo que hace posible que las instituciones de gobierno funcionen y se mantengan operando más allá de las personas que en determinado momento las dirigen. Los individuos van y vienen, pero las estructuras permanecen sólo si el pueblo al que le sirven confía en ellas.

Ojalá que el daño que el Tribunal Supremo se autoinfligió pueda ser reparado.

Medidas de austeridad Impacto en la Educación

Por Cándida Cotto /CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Gran parte de las políticas de austeridad aplicadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Puerto Rico han estado dirigidas contra la educación pública tanto en la Universidad de Puerto Rico (UPR) como en el Departamento de Educación (DE). El cierre de casi el 30% de las escuelas —cerca de 416— que hubo en apenas dos años es uno de los cierres de escuelas más intensos que ha tenido la humanidad.

Así lo denunció el economista José Caraballo Cueto en el foro Ley Promesa y su impacto en la educación, auspiciado por la Comisión Sin Barreras Siglo XXI, en ocasión de celebrarse el Cuarto Congreso Educación Especial Juan Santiago Nieves. Ante un público integrado en su mayoría por madres, padres y profesionales que trabajan y defienden los derechos de niñas y niños con necesidades de educación especial, el director del Centro de Información Censal de la UPR, Recinto de Cayey, comparó que en Estados Unidos con la ley No child left behind que obligaba a cerrar escuelas por supuesto bajo aprovechamiento, en el estado de Michigan se cerraron en cuatro años 200 escuelas, cuando es un estado mucho más grande que Puerto Rico. Agregó que en otras jurisdicciones se cerraron de 30 a 250 escuelas. Siendo Puerto Rico una jurisdicción pequeña, la cantidad de 400 escuelas es una cifra muy significativa.

Trajo a la atención que, antes del huracán María, el Gobierno justificaba los cierres por la baja en la población y por la crisis fiscal, sin embargo, puntualizó que sus recaudos han aumentado después del huracán, aun con los ajustes por inflación.

Caraballo Cueto cuestionó para qué el Gobierno está usando esos recaudos y por qué no se ha reducido la austeridad: “No se están usando para asistir a las familias desplazadas que no atendió FEMA”.

Por el contrario, denunció que el Gobierno Central está usando esos nuevos recaudos, nuevos ingresos, para pagar más deuda. Según indicó, en el Plan Fiscal, certificado antes de María, el Gobierno y la JCF dijeron que en promedio se podía pagar $821 millones de deuda. Sin embargo, tras el paso de María, y la supuesta reconstrucción con los nuevos recaudos lo que ha hecho es duplicar el pago de la deuda.

En el caso del cierre de escuelas criticó que se diga que es lógico que si baja la población hay que cerrar escuelas. Rechazó que ese argumento sea racional, debido a que las escuelas no pagan alquiler y en lo más que se podría ahorrar sería en utilidades y una que otra maestra, con un sueldo de $1,700 al mes, que son menos de $20 mil al año por maestro. Indicó que por el contrario, la supuesta economía por el cierre de escuelas del 2017 al 2020 apenas generó unos $40 millones.

El economista, quien también tiene un hijo de educación especial, expresó que lo que sí puede traer el cierre de escuelas, y ha traído, es unos problemas sociales muy grandes en Puerto Rico. “Me preguntaba desde el inicio cuál es la teoría del cierre de escuelas si hay grupos pequeños; malo sería que tenga grupos grandes”. Al señalar que contrario a las escuelas privadas, en las escuelas públicas hay una diversidad de necesidades, Caraballo Cueto criticó que en el Plan Fiscal de la JCF se diga que lo ideal es tener 25 estudiantes por grupo en la escuela elemental y en la superior 30 por cada maestro. “En ese sentido no es que es ideal, sino que puede ayudar al aprovechamiento académico”. Dijo no entender la forma en que los asesores de la JCF, en particular la firma McKinsing, calcula las cosas y reafirmó que las políticas de la Junta no están ayudando al aprovechamiento académico en el país.

Aun cuando indicó que desde las organizaciones no gubernamentales se puede trabajar a favor de la educación, postula que la responsabilidad que tiene el estado con la educación pública no se puede delegar. En el caso de la educación especial hay que trabajar esto como un derecho, no como un negocio. Trajo por ejemplo que en Puerto Rico casi no hay una desclasificación de los estudiantes que están en educación especial, ya que no hay intervención temprana. Reclama que tiene que haber un comité fiscalizador ciudadano para los servicios de terapias privadas.

A esos efectos, Caraballo Cueto añadió no creer que el síndico que va a establecer el DE para velar por los fondos del programa “esté muy preocupado por la calidad de las terapias que se están dando y si realmente hay actividad”.

En lo que respecta a la situación economía indicó que en el país estamos viviendo una crisis económica sin precedentes y que la reconstrucción no es para todos y todas, sino que son los sectores ligados a la construcción y los bonistas quienes están mejor después de María que antes de María.

Maquiavélica la

Junta de Control Fiscal

El licenciado Rolando Emmanuelli, también exponente en el foro, acentuó de entrada que la situación económica y de desigualdad de pobreza que sufre Puerto Rico responde a su situación política colonial, por lo que la ley Promesa no vino a resolver ningún problema, ni siquiera de la desigualdad de la pobreza, sino que vino a reestructurar el régimen colonial para que el país pueda seguir funcionado para los mercados de capital y los bonistas.

En lugar de procurar que haya un crecimiento económico para atender el problema de la pobreza y que aumente la demanda por el consumo, la JCF lo que ha hecho es exigir que haya cuatro presupuestos balanceados consecutivos y esto lo hace imponiendo políticas de austeridad, aplicando recortes a los servicios esenciales, de los cuales es obvio que la educación, en particular la educación especial, es de los primeros que hay que atender.

Emmanuelli destacó que estas decisiones de la JCF no vienen porque la ley Promesa lo diga, sino que responden a la visión republicana de sus miembros de agudizar más las garras neoliberales sobre la isla e imponer medidas de austeridad para poder extraer el máximo de esos servicios esenciales.

De manera enfática, el experto en la Ley de Quiebra indicó que la ley Promesa dice que hay que definir los servicios esenciales, pero por el contrario, la JCF tiene una mentalidad de austeridad y neoliberalismo y dice que no los va a definir.

Continuó denunciando que la JCF impone esa visión económica de austeridad sin definir los servicios esenciales. Emmanuelli denunció que la JCF escogió de manera maquiavélica no definir los servicios esenciales, aun cuando la ley lo establece, con el propósito de aumentar la capacidad de pago a los bonistas. La no definición de estos servicios es lo que ha estado menoscabando todos los sectores de acción del Gobierno, en particular la educación.

“Es realmente absurdo lo que dice Jaresko, de que es bueno no definir los servicios esenciales, porque entonces los bonistas no van a poder cuestionar el que se haya tomado una determinación. Nada más lejos de la verdad; eso es falso. Miente la señora Jaresko porque la decisión que tome la Junta de qué son los servicios esenciales no es revisable judicialmente. Nadie la puede alterar, así que ningún bonista puede hacerlo. Así que la Junta no solo incumple con la ley Promesa, sino que miente y trata de hacer creer que no definir los servicios esenciales es bueno para el país”, manifestó el licenciado Emmanuelli.

En esa línea, agregó que la JCF ha invertido el orden de atención del problema económico y financiero de Puerto Rico porque el Congreso dispuso que partiera de la premisa de definir lo que son los servicios esenciales para entonces, lo que sobre, se maneje para los acreedores.

Al reiterar que la JCF está ejecutando la ley Promesa al revés recalcó que el país se encuentra en dos dimensiones: uno, el problema político de tener una junta que nadie votó por sus miembros y dos, una junta cuyos miembros responden a unos intereses de capital financiero totalmente desvinculados de Puerto Rico y de las necesidades de las personas, por lo que el proceso está dirigido para beneficiar de manera exclusiva a ese capital financiero.

El representante legal de la UTIER, una de las organizaciones sindicales que ha impugnado la constitucionalidad de la ley Promesa censuró la postura del secretario del DE de querer entregarle a la JCF las finanzas de esa agencia. El secretario Eligio Hernández hizo declaraciones en ese sentido a la JCF durante unas vistas públicas la semana pasada.

Con esta postura, afirma Emmanuelli, el secretario le está entregando la cabeza de servicios esenciales de educación a la Junta.

En cuanto a los cuatro presupuestos balanceados que exige la JCF, desmintió que puedan lograrse, ya que no tiene ningún tipo de medida de crecimiento económico. Señaló que en cuanto los fondos de María se agoten, si es que llegan en su totalidad y con la puntualidad que se han anunciado, la misma JCF ha aceptado que habrá un decrecimiento económico adicional, por lo que habrá déficit para los años 20-30 y, por ende, el espectro real de que PR vuelva a caer en un impago.