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Excesivas e innecesarias tantas plantas de gas natural

Por

febrero 27, 2019

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

Se ve claro que es un plan que no reconoce los impactos asociados al cambio climático, pues insiste en la construcción de facilidades en las costas, está basado en recursos contaminantes, y no potencia la capacidad de desarrollar la generación renovable limpia cerca de donde se consume: en las propios hogares y negocios utilizando los techos.

La ingeniera ambiental, Ingrid Vila Biaggi, puso objeciones al Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE en cuanto al aumento en el uso del combustible fósil. A preguntas de CLARIDAD apuntó que contrario a lo que dice la declaración del PIR de que es necesario repensar todo el diseño del sistema eléctrico para cambiar un sistema basado en combustibles fósiles a uno basado en energía renovable con recursos de generación descentralizados y distribuidos, los planes que presenta la AEE en el documento dependen en gran medida de generación centralizada a base de combustibles fósiles importados, particularmente gas natural.

La presidenta de la organización Cambio, coincidió con las denuncias de otros grupos de que el plan presenta una construcción excesiva e innecesaria de nuevas plantas generatrices de gas natural, a través de contratos privados, los cuales perpetuarán a largo plazo la dependencia en combustibles fósiles. El PIR se presenta a 20 años.

“Una vez la Autoridad se comprometa con un tercero al desarrollo de estas facilidades obligará al pueblo de Puerto Rico al repago de dichos contratos a largo plazo como es el caso con AES, así como a la compra de gas natural. Esto limitará la entrada de energía renovable al sistema y en nada cambiará el modelo de extracción de riqueza actual en el cual $2,000 millones salen de nuestra economía anualmente para compra de combustible y pago de contratos de generación”, declaró.

Otro aspecto sobre el cual llamó la atención es que se ve claro que es un plan que no reconoce los impactos asociados al cambio climático, pues insiste en la construcción de facilidades en las costas, está basado en recursos contaminantes, y no potencia la capacidad de desarrollar la generación renovable limpia cerca de donde se consume: en las propios hogares y negocios utilizando los techos.

En cuanto a la energía renovable-expuso- que el PIR impone unos topes a la inversión posible que no guardan relación con el compromiso de una transición verdadera a energía renovable. Precisó que en una de las alternativas preferidas del Plan solo se establece que se alcanzará un 29% de generación a base de energía renovable para el 2038, lo que Vila Biaggi, considera que es muy por debajo del 50% que, como mínimo, el país debería alcanzar para el 2035, según propone la organización Queremos Sol. Además, la incorporación de energía renovable que se propone se basa en proyectos a gran escala (proyectos que se desarrollan en grandes extensiones de terreno) y no se maximiza el uso de los techos ni el desarrollo de mecanismos para que individuos, comunidades y pequeños negocios se conviertan en productores de energía renovable y sean partícipes de las riquezas de la transformación energética, reteniendo el dinero en nuestra economía.

De igual forma denunció que el PIR muestra que los ejecutivos de la AEE poco han aprendido de lo ocurrido tras el huracán María ya que con la generación centralizada y basada en combustibles fósiles el sistema y por ende los ciudadanos continuaremos vulnerables ante futuros eventos atmosféricos.

Ante lo propuesto en el PIR Vila Biaggi reclamó que lo prudente es que el Negociado de Energía, el cual todavía tiene que expresarse sobre si el plan cumple con los requisitos iniciales, devuelva el borrador a la AEE y le diga que el mismo no satisface los criterios básicos ni los objetivos de lograr estabilización en los costos, protección a salud pública, reducción de vulnerabilidad, y transición agresiva a energía renovable limpia y distribuida.

“Es evidente que aquí hay unas predeterminaciones que ha tomado la alta gerencia de la Autoridad para beneficiar la entrada de más gas natural en detrimento de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.

Inicia el Colectivo de Investigación y Comunicación Social en Ponce

Por

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febrero 27, 2019

Por Luis Pedraza Leduc

Siempre que hablamos de la clase trabajadora, distinguimos entre movimiento sindical y movimiento obrero. La distinción es necesaria ya que el sindicato es la expresión legal con la cual el capitalismo intenta encajonar al movimiento obrero. Pero el movimiento obrero es mucho más que una ley que da o quita derechos.

Permitan expresar un ejemplo vivo: Desde el año 1993, unos trabajadores que ocupan puestos llamados Actores y Actrices expresan y ejecutan su arte por medio del Taller Dramático de WIPR Radio. Ese es su trabajo, su medio para ganarse la vida. Allá para el año 2006, alegando cambios en la tecnología digital, el patrono WIPR cerró el Taller y despidió a los Actores y Actrices. Estos, desempleados, se organizaron y lucharon logrando en el 2011 una ley que asigna $800,000 anuales para continuar su trabajo. Este dinero no es público, es un arbitrio al consumo del cigarrillo.
Desde hace dos años el patrono quiere desconocer la ley y el derecho a trabajar de los Actores y Actrices. De hecho desde julio de 2018 están sin empleo. El Colegio de Actores y PROSOL UTIER hemos tenido que acudir al Tribunal, primero, para que apareciera el dinero y ahora para que se les contrate. Y que dice el patrono, ahora que tiene el dinero, que no tiene la obligación de contratarlos porque la ley asigna el dinero pero no obliga a quien emplear. Alega que no son trabajadores y que ningún sindicato u organización les representa. Que WIPR hará audiciones para considerar a todo ciudadano que tenga más de 18 años y sea ciudadano legal en PR. Que 25 años de empleo no significan nada, y si acaso, si esos actores y actrices quieren ser considerados, entonces deben competir con cualquier otro ciudadano mayor de 18 años.
Como se llama eso. Injusticia, engaño, legalidad, contrato u otra palabra que no debemos publicar. Que relación tiene eso con los 47 celadores despedidos después de reconstruir el sistema energético post María, o de los maestros llamados excedentes, o del riesgo de ver reducidas o desaparecidas las pensiones o el plan médico.
Los patronos pretenden que los trabajadores se organicen en un sindicato para que se limiten a luchar en un taller los asuntos obrero patronales. Que luchen exclusivamente por aumentos de salarios y algunos beneficios. Que no opinen sobre otros asuntos que les afectan, ya que eso es para los políticos y las asociaciones de patronos, no para los sindicatos o los trabajadores.
Luego, esos patronos junto a los políticos aprueban leyes para congelar convenios, eliminar beneficios tales como pensión, plan médico, bono de Navidad y eliminar hasta el centro de trabajo. El otro hecho significativo es que de cerca de un millón de trabajadores, apenas 100,000 están organizados.
Es por ello que tenemos que rescatar el espíritu obrerista, la esencia de luchar en defensa de la clase trabajadora en todas sus manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Y eso no se hace desde el sindicato solamente. Se hace donde viven los trabajadores, las comunidades, los barrios. Se hace donde se educan los hijos de los trabajadores, las escuelas. Se hacen donde se practica la tertulia, se relaciona la gente, donde se expresan culturalmente la gente común, en el cafetín, el parque, el centro cultural, la librería, la barrita de la esquina, la iglesia.
Esa amalgama de centros de acción y lucha por una mejor vida es lo que constituye el movimiento obrero. Por ello, cuando nuestros sindicatos apoyan este proyecto que hoy llamamos COLECTIVO DE INVESTIGACION Y COMUNICACION SOCIAL lo hacemos convencidos que estamos reafirmando la esencia del movimiento obrero.
Que estamos en la ruta correcta. Que estamos apoyando a gente que trabaja, que se junta para luchar por su bienestar, para solidarizarse, para dar la mano al que lo necesita. Por eso, este lugar, Oficina de los Trabajadores y Trabajadoras UTIER, que ha sido lugar de reuniones y celebración de importantes eventos para la clase trabajadora, hoy reafirma la historia de nuestro Pueblo, hoy escribe con letras mayúsculas la palabra SOLIDARIDAD, hoy expresa la urgente necesidad de juntarnos para ir todos y todas a construir la sociedad de Justicia, Igualdad, Solidaridad y Libertad que aspiramos y necesitamos.

! En Hora Buena, Viva la Clase Trabajadora, Viva el Colectivo de Investigación y Comunicación Social. Viva !

Mensaje ofrecido en la inauguración del Colectivo de Investigación y Comunicación Social, en Ponce, PR 9 DE FEBRERO 2019

Luz sobre la Autoridad de Energía Eléctrica

Por

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febrero 27, 2019

Por Francisco A. Catalá Oliveras

Especial para CLARIDAD

La misión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es, en su versión más sencilla y sucinta, proveer el servicio de energía eléctrica a sus usuarios de la manera más eficiente, económica y confiable posible sin menoscabo del ambiente. Ciertamente, si en algo hay consenso en Puerto Rico es que tal misión se extravió en el camino hace mucho tiempo. Pero sería insensato recurrir a vías de solución que equivalgan a medicinas peores que la enfermedad.

Esto es, precisamente, lo que advierte el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) en su estudio con fecha del 31 de enero de 2019 titulado “PREPA Privatization Will Hurt Consumers and Slow Economic Recovery”. En síntesis, luego de un excelente análisis, se concluye que la privatización que se ha propuesto para la AEE se traducirá en aumentos considerables de las tarifas y desembocará en una dependencia de senda(“path dependence”) incompatible con la meta de alcanzar un 100 por ciento de energía renovable.

Con mucha frecuencia la discusión pública en torno a los procesos de readecuación del espacio gubernamental y del espacio privado degenera en confrontamientos ideológicos que no arrojan luz sobre los asuntos en controversia. También, abundan los sesgos que obedecen a intereses particulares que tienden a desplazar al interés general. Para contrarrestar tales tendencias resultan útiles trabajos como los del IEEFA, entidad especializada en investigaciones sobre asuntos económicos y financieros relacionados a la energía y al ambiente cuyo financiamiento proviene de organizaciones filantrópicas.

En el estudio citado el análisis parte del examen de la Ley Para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120) que el gobernador firmara en junio de 2018. Esta, junto a la Ley de Alianzas Publico Privadas (Ley 29 de 2009) , provee el andamiaje legal para un proceso expedito de privatización de la AEE. Básicamente, la generación de energía estaría a cargo de empresas privadas mientras la transmisión y distribución le correspondería a un concesionario. Todo esto bajo el palio de de contratos de largo plazo.

La gran paradoja de dicho andamiaje legal es, según la investigación del IEEFA, que permite un proceso de privatización y contratación carente de transparencia y con numerosas lagunas, análogo al escandaloso historial de irregularidades que ha colocado a la AEE en la triste situación operacional y financiera en la que se encuentra. En otras palabras, no se supera el vicio de contrataciones leoninas inspiradas en arreglos políticos. Además, el proceso luce como un mecanismo para facilitar el desarrollo del uso del gas en lugar de velar por el cumplimiento con las metas vinculadas al tránsito hacia el uso de recursos renovables. En resumidas cuentas, el diseño parece favorecer al interés privado a expensas de los clientes y del pueblo de Puerto Rico.

En la consideración de las políticas públicas, sobre todo cuando se mezclan con intereses torcidos, suelen destacarse, inclusive exagerarse, los beneficios e ignorarse los costos. Para incorporar los mismos en el cuadro contable no se puede hacer caso omiso de los hechos que la realidad dicta. El estudio del IEEFA no pasa por alto la debilidad actual, y en el futuro previsible, de la economía de Puerto Rico. Tampoco quedan fuera de su radar los fondos federales orientados a la infraestructura eléctrica. Pero también incluyen la dinámica del precio del gas, la demanda declinante por electricidad, las restricciones que supone el peso de la deuda, los riesgos que implica el financiamiento en un ambiente de incertidumbre, la intervención de la Junta de Supervisión (Control) Fiscal y el impacto de un diseño de privatización con un “mínimo de reglamentación de largo plazo y un máximo de interferencia política”, con el costo en corrupción que esto conlleva.

Todos esos factores se incluyen en el modelo del IEEFA para estimar el costo de la privatización. Por ejemplo, en la instancia del financiamiento se anticipa, ante las innegables condiciones de riesgo, un interés alto: 11 por ciento. Por iguales razones se espera la exigencia de altos rendimientos del capital propio(“return on equity”) : 17 por ciento. De hecho, en condiciones de riesgo provocadas por circunstancias críticas se ha llegado a requerir rendimientos de hasta 25 por ciento.

Los costos, claro está, se reflejan en la tarifa que paga el usuario. Si la privatización propuesta se llevara a cabo el estudio de referencia estima que la tarifa para el año 2024 subiría a 27 centavos por kilovatio-hora. Esto es 18 por ciento más alta que la de 22.7 centavos que prevaleció durante el año 2018 y 35 por ciento más alta que la de 20 centavos que establece como meta el Plan Fiscal certificado de la AEE. Tal tarifa de 27 centavos para el 2024 se estima sobre bases reales (dólares de 2018).

Ante tal cuadro, si en verdad se aspira a modernizar, despolitizar y superar arreglos onerosos en el sistema de energía eléctrica, es imperativo explorar alternativas. El estudio identifica varias fuentes alternas de financiamiento. Destaca, entre otras, a la “Rural Utilities Service” del Departamento de Agricultura Federal, ampliamente utilizada por entidades públicas en Estados Unidos. La propia AEE ha recurrido a tal financiamiento en el pasado. Sus intereses están en estos momentos alrededor del 5 por ciento. Las cooperativas de electricidad –tan invocadas en la actualidad– también tienen acceso.

Si se buscan fuentes de financiamiento menos costosas, si de verdad se reestructura la deuda y se elimina ese peso de carácter insostenible, si se diversifican las matrices energéticas mediante el uso de recursos renovables y si se reorganiza a la AEE para liberarla del lastre político y de las prácticas corruptas, entonces la senda, aunque empinada, sería más prometedora. La privatización propuesta, concluye el estudio, le cierra el paso a tal senda.

Hay que enriquecer la discusión en torno a la AEE. En el expediente, al que se suma el reciente trabajo de la IEEFA, ya se cuenta con varios aportes. Se necesitan más luces y menos sombras…

La hipocresía de la “ayuda humanitaria” de Estados Unidos a Venezuela

Por

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febrero 27, 2019

¿Qué hace el gobierno de Rosselló y el PNP sirviéndole
de parapeto al afán intervencionista de Estados Unidos en Venezuela, mientras en Puerto Rico los cadáveres se amontonan
en el Instituto de Ciencias Forenses?

La saga mediática y política de la supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela se ha convertido en una farsa, que mueve más a la indignación que a la risa. Y es que tras los esfuerzos por aparentar preocupación y respuesta rápida a la población venezolana en la frontera con Colombia, hay manipulación, desinformación e hipocresía, y la antesala de una agresión armada contra el hermano país.

El gobierno de Estados Unidos pretende hacerle creer al mundo que está preocupado por la situación en que se encuentra el pueblo venezolano. Y el gobierno de Puerto Rico– siempre servil– se presta para hacerle el trabajo sucio de movilizar la supuesta “ayuda”. Pero, como siempre les pasa a los colonizados, lo que han hecho es el ridículo. Primero, el del avión y más recientemente, el del barco, enviados a Venezuela con suministros desde Puerto Rico, e interceptados en medio del mar por las Fuerzas Navales Bolivarianas que, en un acto de defensa de su soberanía como nación independiente, no han permitido que dichas naves violen su espacio aéreo ni sus aguas territoriales. Por eso, tanto el avión como el barco, contratados por el Departamento de Estado de Puerto Rico por órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos, languidecen con su carga en la isla de Curazao, según la historia oficial que podría no ser real.

Todo el “show” del envío del avión y el barco tiene un objetivo muy específico: desviar la atención de los medios y la opinión pública del verdadero propósito de Estados Unidos en esta coyuntura: una invasión militar a Venezuela que detone un conflicto armado que, a su vez, culmine con el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Esto, aunque desaten un baño de sangre entre distintos sectores del pueblo venezolano.

Hasta ahora, sus primeros esfuerzos no han tenido éxito. Primero, porque las Fuerzas Armada Bolivarianas se han mantenido firmes en apoyo a su gobierno legítimo, Nicolás Maduro, y, segundo, por el enorme respaldo que el “chavismo” todavía conserva en millones de venezolanos y venezolanas que no están dispuestos a entregar sus conquistas. Tercero, por la mala imagen que tiene entre el pueblo venezolano la llamada oposición, ahora representada por Juan Guaidó, un ex agitador callejero convertido en “presidente interino” por decreto del aparato propagandístico de Estados Unidos.

Examinemos la historia del gobierno de Estados Unidos como “fuerza humanitaria”. Para no remontarnos a los tiempos en que lanzaron la bomba atómica sobre dos ciudades japonesas– tragedia que aún pagan con enfermedades y defectos congénitos las generaciones de hoy– miremos sólo los últimos veinte años.

A Iraq –paraje donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates y donde, según la leyenda, se localizaba el mítico Edén– lo tornaron en ruinas físicas y humanas, con sus tesoros dilapidados y su gente exterminada. Miles de iraquíes muertos y mutilados en una aventura de codicia petrolera, respaldada por la mentira de unas inexistentes armas de destrucción masiva. Éstas resultaron tan falsas como las promesas de reconstrucción, paz y prosperidad en la región que pregonaron los voceros del imperio estadounidense.

Si a eso le sumamos las incursiones militares mortales en Afganistán, Siria, Libia; el respaldo a la sádica monarquía saudí en su agresión a Yemen y el asedio criminal de Israel contra Palestina, vemos el cuadro completo de un Medio Oriente en llamas y convertido en tierra de nadie, gracias a las bombas, los tanques y los misiles de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Para estas poblaciones sufrientes de millones de seres humanos no ha habido “ayuda humanitaria” desde las arcas imperiales. Son ellas las que encabezan las marchas de refugiados que vagan por Europa y el mundo entero mendigando asilo, y que terminan en cárceles llamadas campamentos, donde se les va la vida sin lograr siquiera una oportunidad.

O quizá podemos señalar el caso de Haití, país hermano donde las calamidades no cesan, y el más reciente terremoto que los devastó solo ha servido para enriquecer a los mercaderes de la industria de desastres, que siempre encuentran un buen negocio en las tragedias de los demás. Luego del fragor mediático por el terremoto, solo ha quedado la esperanza rota para millones de haitianos que, a duras penas, sobreviven su miseria.

Peor hipocresía es alegar que les preocupa la supuesta hambruna en Venezuela cuando, ahora mismo, Estados Unidos tiene millones de personas con hambre en su propio territorio. Según datos para 2017 del Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés), 12 millones de niños en Estados Unidos confrontan inseguridad alimentaria. Esto representa 15 millones de hogares, el 11.8% de todos los hogares en dicha nación. Entre estos, 5.8 millones de hogares padecen de inseguridad alimentaria severa, lo que significa que quienes viven en dichos hogares pasan hambre con frecuencia. Estos datos devastadores no corresponden a Venezuela, sino al principal país productor de alimentos del mundo, el imperio arrogante que pretende dictarles cátedra alimentaria a todos los demás países.

En Puerto Rico, colonia principal de Estados Unidos, donde nuestro pueblo apenas se recupera de los estragos provocados por el huracán María, la charada de la “ayuda humanitaria” a Venezuela –en aviones y barcos que se costean con los fondos de esta colonia quebrada– es un insulto más que recibe nuestra gente. ¿Qué hace el gobierno de Rosselló y el PNP sirviéndole de parapeto al afán intervencionista de Estados Unidos en Venezuela, mientras en Puerto Rico los cadáveres se amontonan en el Instituto de Ciencias Forenses? ¿Por qué se gasta dinero del pueblo en suministros y navíos para enviar a Venezuela mientras la gente de Vieques y Culebra desespera por la falta de transporte y el desabastecimiento de víveres y artículos de primera necesidad en los establecimientos de las islas? ¿Por qué– que no sea para distraer de su corrupción e ineptitud– andan jugando a la guerra sucia contra una hermana nación soberana estos “lideruchos” de cartón que dicen representarnos?

Hipocresía patente y agresión solapada a la soberanía de Venezuela, la pantomima de la “ayuda humanitaria”.

Ojalá el gatillo no se dispare

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alida-millan-ferrer

febrero 27, 2019

Por Manuel de J. González/Claridad

El sábado 23 de febrero la televisión y las redes sociales divulgaron la imagen de un camión prendido en llamas en la frontera entre Venezuela y Colombia. El locutor hablaba de que se estaba quemando “ayuda humanitaria” destinada a los venezolanos. Promotores de esa “ayuda” inmediatamente culparon a los “leales de Maduro” por quemar un camión cargado de suministros. Pocos se fijaron que el camión no estaba en territorio venezolano, sino en el lado colombiano de la frontera y que allí no había militantes ni mucho menos militares de Venezuela. En medio de la histeria, se descartaba lo obvio: que individuos desenfrenados saquearon el camión y luego lo incendiaron para armar otra historia noticiosa a conveniencia contra “el dictador” Maduro.

¿Qué piensan los periodistas que se han tragado el cuento de la “Ayuda Humanitaria”, así con mayúsculas? Aun cuando la ONU y la Cruz Roja corrieron a desligarse de ese operativo, Puerto Rico y sus “demócratas” siguieron apoyándolo. Ojalá el gatillo no llegue a dispararse, como efectivamente busca el gobierno venezolano, porque si ocurre lo contrario, las manos de estos “demócratas” terminarán salpicadas de sangre.

Mirando las escenas de la frontera entre Venezuela y Colombia vale hacerse esta pregunta: ¿Recuerdan cuántas cuartillas y espacio televisivo se dedicó a condenar los “militantes encapuchados” durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017 y 2018 en San Juan? Para el discurso oficial del gobierno de Puerto Rico y sus auxiliares en la prensa, aquellos jóvenes eran la encarnación del terror. Pues desde el lado fronterizo colombiano vemos ahora mismo a cientos de “encapuchados” o descamisados lanzando bombas molotov, pero en esta ocasión se trata de “defensores de la libertad” o “luchadores contra una dictadura”, según CNN en español.

Ahí tenemos dos pequeños ejemplos de la enorme manipulación mediática que desde casi todo el mundo se ha montado contra el actual gobierno venezolano. El primer paso, el más importante, de este último esfuerzo dirigido a imponer un cambio de mando en Venezuela fue la proclamación del diputado Juan Guaidó, como presidente de facto o “interino”. Esperaban que, tras esta proclamación, las manifestaciones populares obligaran a los militares a actuar según el libreto, derrocando a Nicolás Maduro. Una vez esa parte del plan fracasó, entró en escena la estrategia de la “Ayuda Humanitaria”. Como en Venezuela la gente “se muere de hambre”, según el libreto, es urgente llevarle ayuda por mar y tierra. En todos los pasos fronterizos almacenaron comestibles como un burda carnada dirigida a los “hambrientos”.

Hasta ahora esa segunda parte del libreto también fracasó porque las multitudes no han forzado los pasos fronterizos para buscar la “ayuda”, mientras las fuerzas militares impidieron que las hordas movilizadas desde Colombia y Brasil la entraran a territorio venezolano. Esas mismas fuerzas militares detuvieron un barco que, enviado desde Puerto Rico, pretendía atracar a la brava en Puerto Cabello.

Ante el fracaso de esas dos partes del libreto queda la tercera sobre el tapete. Recientemente el presidente estadounidense Donald Trump dijo que, en cuento a Venezuela, además de un plan A, también tenía “un plan B y un C”. Esa tercera fase, que el troglodita norteamericano llama “plan C”, puede ser la opción militar. La pasada semana el Miami Herald reportó que la flota del Atlántico de la Marina estadounidense estaba desplazando fuerzas hacia el Caribe, incluyendo un portaviones. También se dice que ya movilizaron cinco mil soldados a territorio colombiano. En algunas semanas sabremos si los que dirigen los hilos desde Washington se atreven a lanzar el “Plan C” del que habló Trump.

Las consecuencias de una agresión militar serían devastadoras. Venezuela no es Granada, ni siquiera Panamá, sino un enorme país en el que una mayoría de la población ha respaldado consistentemente a su actual gobierno. Durante la actual crisis se ha demostrado que esa gran masa poblacional está muy bien organizada no solo en Caracas, sino a lo largo de todo el territorio nacional. No es tarea fácil invadir un país de esas dimensiones en el que un segmento importante de la población está dispuesto a enfrentar a los invasores.

Muchos pensamos que el barco que salió de Puerto Rico –pagado con dinero del quebrado tesoro boricua– era parte del libreto del “Plan C” trumpista. En las redes sociales algunos se refirieron al operativo como “el nuevo Maine” pensando que, como aquel navío que explotó en La Habana en 1898, el barco serviría de excusa para la intervención militar de Estados Unidos. El actual gobierno colonial de Puerto Rico es muy dado al comportamiento infantil (como cuando se inventaron la historia del avión que aterrizó en Caracas), pero cuesta trabajo concluir que pudieron haber pensado que su barco, portando una carta de Guaidó que le “autorizaba” a atracar en un puerto de su país, podía efectivamente llegar a Puerto Cabello sin ser interceptado por las fuerzas navales de Venezuela. Al momento en que escribo se indica que el barco, una vez su tripulación fue advertida por un navío de la Armada, optó por no entrar en aguas territoriales de Venezuela procediendo a llevar su carga a Curazao. Pronto se sabrá si estamos viendo un nuevo papelón del actual gobierno puertorriqueño o ante un eslabón importante de la estrategia gringa.

Finalmente, resulta irresistible plantearse otras preguntas. Ante estos desarrollos, mientras Mike Pence y Pompeo llegan a Bogotá a trasmitir las últimas instrucciones, ¿cómo se sienten los liberales y hasta “socialistas” de todo el mundo, incluyendo algunos soberanistas puertorriqueños, que tras la autoproclamación de Guaidó corrieron a apoyarlo diciendo que con ello escogían la “democracia”? ¿Qué se siente cuando se camina al ladito de Trump, Duque y Balsonaro? ¿Qué piensan los periodistas que se han tragado el cuento de la “Ayuda Humanitaria”, así con mayúsculas? Aun cuando la ONU y la Cruz Roja corrieron a desligarse de ese operativo, Puerto Rico y sus “demócratas” siguieron apoyándolo. Ojalá el gatillo no llegue a dispararse, como efectivamente busca el gobierno venezolano, porque si ocurre lo contrario, las manos de estos “demócratas” terminarán salpicadas de sangre.