Por Cándida Cotto/CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, que declaró que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF), fueron inconstitucionales tiene una estrategia política, no puede verse sólo como una estrategia judicial. Así lo apuntó en entrevista con CLARIDAD respecto a la evaluación que hacia de la decisión frente a críticas de que ésta reafirma la condición colonial y deja intacta los poderes de la Junta.

La determinación del TAB fue emitida este pasado 15 de febrero y firmada por el juez Juan Torruellas. El licenciado Emmanuelli Jiménez, representante de uno de los demandantes la UTIER (Unión Independiente de Trabajadores de la Industria de Energía Eléctrica), trajo a la atención que cuando se dio a conocer la radicación de la demanda se expuso que esta era una estrategia política de desestabilizar a la Junta y crear un espacio de debilidad que permita ir al Congreso y decir que el problema colonial hay que resolverlo. “Esa es la oportunidad que tenemos y eso es lo que se está planificando hacer”. Resaltó que la decisión permite ganar un espacio de influencia adicional en el Congreso y el Ejecutivo, y “ponemos a Puerto Rico en la tarima si el Congreso, el Ejecutivo escogen no hacer nada se acabó la Ley Promesa porque se desestima el caso de Título Tres, así que tiene que tomar una decisión y si desean continuar con los casos va hacer a base de una nueva junta que podría cambiar totalmente la visión, una diferente a la vieja, una nueva Junta puede cambiar todo lo que hizo la anterior”. 

A juicio de Emmanuelli Jiménez, la decisión tiene unas consecuencias bien importantes; Uno, el hecho de que la Junta sea inconstitucional, es obvio que aclara el aspecto de qué es lo que puede hacer el Congreso bajo la Cláusula Territorial (CT). El juez Torruellas resolvió que aun cuando hay unos poderes bien amplios bajo la CT, esos poderes no pueden ir sobre las disposiciones estructurales de la Constitución de EE UU. Eso significa -explicó- que las disposiciones que arman al gobierno federal, el hecho de que el Presidente sea el que nombre y que el Senado sea el que confirme y no sea al revés como ocurrió con los nombramientos de la Junta -que el Congreso fue el que le sometió los nombres al Presidente – es una disposición estructural porque hace un balance de los poderes. “Yo escojo a mi libre discreción y tu escoges si lo confirmas o no, no puede ser al revés”, recalcó. 

Es claro que a la luz de esta exposición los nombramientos fueron inconstitucionales, pero la defensa que presentaron los opositores, el gobierno de EE UU, la JCF, y otros cuatro opositores entre ellos bonistas, el Comité de Acreedores y el mismo gobierno de Puerto Rico, argumentaron que como la CT es tan poderosa no había que cumplir con esa disposición. Este argumento el juez Torruellas lo descartó diciendo que aun los Casos Insulares resuelven que hay unas limitaciones a la doctrina de lo qué aplica y no aplica y que en el asunto de la cláusula de los nombramientos hay una relación de Ley General y Ley Especial. La Ley General es la CT que dice cómo se administran los territorios pero luego está la especificación de cómo es que se nombran las personas. Según el juez Torruellas una ley general no puede ir sobre una especial. 

Emmanuelli Jiménez, agregó que esto sson asuntos técnicos de interpretación pero que son importantes porque están bien afianzados en el Derecho. Es decir que una ley general cede ante una más específica, mas particular y el Juez entonces determinó que la CT es una ley general y la cláusula de nombramientos es especial, por lo que va por encima de esta primera. 

El otro asunto importante sobre la decisión -explicó- es que lo mismo aplica con los derechos fundamentales de los puertorriqueños que son disposiciones constitucionales especiales no generales. Se refirió a que las disposiciones constitucionales se hicieron en el 1789 y las enmiendas especiales en el 1791, dentro de ese contexto -la decisión del TA dijo – fortalece la visión que se tiene en otros casos como los de las uniones del Fondo Seguro del Estado (FSE) de que la Ley Promesa no puede menoscabar los derechos sustanciales de los puertorriqueños, como lo son el sufragio, la libertad de expresión, la discriminación por raza entre otros. 

Un tercer aspecto importante expuso es que antes de la determinación los miembros de la Junta eran oficiales territoriales y eso es lo que justifica que sea el gobierno de Puerto Rico quien pague los gastos de la Junta. Ahora si esos oficiales son federales, la pregunta que surge es si la constitución de Puerto Rico permite que se gaste dinero en un oficial federal o agencia federal. 

De acuerdo a Emmanuelli Jiménez esto podría tener unas ramificaciones bien importantes en términos de quién es el responsable de la deuda de Puerto Rico. Trajo a la atención el que todavía está pendiente ante la Corte de Reclamaciones de EE UU que es donde se ventilan las reclamaciones de dinero al gobierno federal, esta controversia ya que este tribunal dijo que los funcionarios de la Junta eran federales. Dentro de ese contexto la decisión de Torruellas apoya este caso de que se determine que es el gobierno de EE UU el que tiene que pagar la deuda de Puerto Rico porque fue éste quien la emitió. Si segń la CT el poder reside en el Congreso, el Congreso lo que hizo fue delegar a Puerto Rico el poder de emitir deuda y la fuente originaria es el gobierno de EE UU. 

En cuanto a los nombramientos denunció que ha habido mucha confusión la cual considera que ha sido a propósito tanto de parte de algunos apologistas y de la misma Junta. En esa línea apuntó que si los nombramientos de la Junta vencen en agosto, de todas maneras, el presidente Trump es quien tendría que nombrarlos. Ahora con la decisión los podrá nombrar pero esta vez con el consentimiento del Senado. “¿Qué pasó con los nombramientos anteriores?, se coló Carlos García, José Ramón González, que son parte del problema porque emitieron deuda cuando estuvieron en el Banco Gubernamental luego fueron a Santander eso no hubiera ocurrido si esos nombramientos hubiesen pasado por el examen y consentimiento del Senado porque allí se hubiera denunciado por la lucha política entre demócratas y republicanos de que esos nombres no son buenos”, declaró. 

Continuó que ahora hay otra controversia adicional y es que el presidente tiene que hacer los nombramientos en 90 días, si no lo hace la Junta deja de operar ya que es inconstitucional. Para el representante de varios grupos civiles que han impugnado la Ley Promesa y su JCF con todos los problemas que tiene Trump, con todo el desprecio que tiene contra Puerto Rico y el informe Muelller que va a salir ya mismo y que podría implicarlo en una conducta criminal, Trump, no va a tener espacio ni el Senado para en 90 días confirmar nombramientos a la JCF. 

Más aun considera que esto representa que también la Junta se ha desmoralizado. “Mira esta imagen, cuando hay elecciones en Puerto Rico y el partido en el poder era el PNP y ganan los PPD, ¿qué pasa con todos esos empleados de confianza?, que al otro día de las elecciones están con la cara mas triste del mundo porque saben que se han quedado sin trabajo, pues mira la Junta es igual”. No obstante hizo la anotación que en el caso de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko es agente de la CIA. En esa dirección el licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que la conducta de la Junta de seguir ajustando deudas, llegando a acuerdos, compromisos y hasta dando regaños es una conducta de mala fe, a sabiendas de que es una ilegal, y recalcó que la Junta está actuando de manera muy cuestionable y que aun cuando la decisión del Apelativo la haya validado todavía, está evaluando si pedir consideración o no y acudir al Tribunal Supremo de EE UU. 

Mientras con relación a la acción del gobierno de Puerto Rico que aun cuando concurría con la JCF en su posición de validar los nombramientos, luego de la decisión la coge como una oportunidad para entonces hacer unas movidas y desobedecer la Junta, señaló que si bien en estricto derecho Rosselló no tiene razón, Emmanuelli, lo ve como un acto de resistencia. “Aquí hay que resistir, porque la Junta es dictatorial, es criminal porque viola el derecho internacional y nos somete a un régimen criminal, burdo, eso es lo que debió haber hecho desde el comienzo cuando se impuso la Junta”.

Frente al hecho de que ninguna de las partes hasta el momento ha dicho si apelara la decisión, la Junta tiene 30 días para ello, Emmanuelli Jiménez, expresó que cree que esto sería académico porque sus nombramientos se vencen en septiembre. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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En lugar de una transición al uso de la energía renovable, el supuesto borrador del Plan de Recursos Integrados (PRI) que presentó la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el pasado 14 de febrero ante la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) condenará a Puerto Rico al uso del gas natural, un combustible fósil tan contaminante como el carbón o el petróleo, que además conllevará a un aumento en la tarifa de la energía por kWh. Más aun, el plan parece tener como fin convertir a la isla en un centro de distribución de gas natural para el resto de El Caribe, en beneficio de las compañías que se alcen con la privatización.

“Llevamos años luchando en contra de la integración de más gas natural. Después de los huracanes Irma y María, entendíamos que se iba a trabajar para mover a Puerto Rico hacia la integración de más energía renovable. Lo que vemos en el plan es que contradice lo que se esperaba y no está alineado con algunas de las metas del Proyecto del Senado 1121, mucho menos con nuestra propuesta de Queremos Sol. Tenemos una oportunidad de hacerlo bien, de ser el ejemplo para el resto del mundo, y lo estamos dejando perder para que otros se beneficien de nuestra gente,” denunció David Ortiz, director de la organización Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC), ante la presentación del documento en la CEPR.

El plan propone la construcción de tres terminales marinos de gas natural: uno en San Juan, uno en Yabucoa y otro en Mayagüez. Es posible que se construya otro en Aguirre, Salinas. Ortiz censuró el que la AEE presente las plantas como una transición al escenario preferido; pero ese escenario lo que hará será demandar una mayor inversión en plantas nuevas para irse de lleno al uso del gas natural. Según la misma AEE, la construcción de las plantas tendría un costo de $180 millones. El director de ELAC afirmó que la realidad es que la AEE quiere hacer esa inversión para convertir la isla en el centro de distribución de gas natural de El Caribe. La idea es venderle el gas a las otras islas y así recuperar la inversión que haría la empresa privada en su construcción.

Otro aspecto que trajo a la luz es que, aunque la AEE actualmente lo niegue, llegará el momento en que necesitará un gasoducto para distribuir el gas natural, ya que no podrá distribuirlo a través de toda la isla mediante camiones. Ortiz relató que cuando estuvieron en la primera presentación del plan, la AEE presentó un mapa que mostraba un gasoducto desde Guayanilla hasta Aguirre, y luego hasta San Juan y Palo Seco. Ante las observaciones de ELAC sobre el mapa, los representantes de la AEE les dijeron: “No miren esa línea; eso no es nada de lo que tienen que mirar ahora”. 

“Es un nivel de pensamiento tan fuerte de que el pueblo es ignorante, que uno no lo puede creer”, expresó Ortiz indignado respecto la conducta de la AEE. La intención de aumentar el uso del gas contradice además la supuesta meta del Gobierno de llegar a 50% de energía renovable para el 2040, ya que el plan preferido solo llegaría al 29% energía renovable para el 2038.

ELAC denunció además que el borrador del PRI fue preparado por la empresa Siemens Industries (SI) y serían sus plantas las recomendadas para ser compradas por la AEE. Ortiz hizo hincapié en que ELAC está en contra de la privatización y en que el uso del gas natural es aun más atractivo para el privatizador. “Van a subir el precio, ninguna compañía va a invertir en un sistema en que va a perder dinero. Van a tener que subir el precio por kWh 27 a 30 centavos, con gas o petróleo, aunque el costo de la compra del gas natural les va a salir más barato”. 

En tanto, la abogada ambiental Ruth Santiago declaró; “Hay que desenmascarar el mito de la transición con gas natural. Puerto Rico ya genera más de una tercera parte de la energía eléctrica con la quema de gas. Está comprobado que el gas envuelve la sustitución de un grupo de emisiones tóxicas por otro”.

Expuso que revaporizar y quemar gas causa un aumento en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y de CO₂ equivalente. El aumento de estas emisiones con la quema de gas se da porque el gas pasa por un proceso de revaporización o regasificación para cambiarlo de su estado líquido al gaseoso. Una mayor inversión en gasoductos, terminales y plantas nuevas para integrar más gas metano representa un obstáculo para la transición deseada hacia energía renovable.

“Aunque es casi unánime el llamado a la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico con la incorporación de energía renovable, hay divergencia en cuanto a cómo llegar a integrar la energía renovable, principalmente solar, al sistema eléctrico del país,” dijo.

El plan de aumentar el uso del gas natural depende de una exención a las leyes de cabotaje. “El gobierno y la AEE están contando con que van a conseguir esa dispensa porque así supuestamente conseguirían el gas a un precio más económico”, señaló la licenciada Santiago. Señaló que las instalaciones propuestas superarían la necesidad que tiene el país, y coincidió con el señalamiento de que todo este asunto está muy ligado a la infraestructura, producción y explotación mediante el método del fracking (fracturación hidráulica) de la industria del gas metano en EEUU.

En cuanto al gasoducto, la licenciada Santiago hizo la observación de que parece ser que la AEE no tiene una preferencia por un gasoducto al sur o al norte de la isla. Esto está en el plan principal, pero no en el Plan de Acción. El énfasis es en los gasoductos marinos, aclaró. 

La organización Sierra Club fue otra que hizo duras críticas al PRI. En comunicado de prensa indicó que el documento que describe el futuro desarrollo y continuada recuperación de la red eléctrica de la isla en los próximos 20 años contempla la construcción del mayor sistema de almacenaje en baterías en Estados Unidos, además de los tres terminales de importación de gas licuado.“Durante el Huracán María, cientos de personas murieron, simplemente, porque no pudieron mantener su insulina refrigerada o sus respiradores artificiales en funcionamiento”, dijo Adriana González, organizadora de Justicia Ambiental de esa organización.

El Sierra Club señala que el plan energético incluye 2220 millones de vatios (MW) de energía solar y 1080 MW de almacenaje energético. Esto sería una inversión sin precedentes de almacenaje en baterías. Argumenta que, según Bloomberg NEF, toda la red eléctrica de Estados Unidos cuenta con solo 1031 MW de almacenaje. Esta iniciativa también pondría fin al uso de carbón y aceite búnker para generar electricidad, “grandes noticias para la salud pública y la limpieza del aire”, denunció en tono irónico la organización.

Estas no son las primeras denuncias en cuanto a las consecuencias de los planes de la AEE sobre el uso de gas natural. Ya en varios artículos, el Instituto para el Análisis Económico y Financiero (IEEFA, siglas en inglés) hizo las mismas advertencias, desde que el director ejecutivo de la AEE lo anunció en agosto del pasado año. En el primero de sus análisis, publicado en septiembre pasado, los analistas Cathy Kunkel y Tom Sanzillo sentenciaron que las alternativa de las plantas de gas eran un “nuevo y equivocado impulso para una mayor dependencia del gas natural importado para la producción de electricidad”. También adelantaron que el resultado de los planes de la AEE sería en beneficio de la industria del gas natural de EE UU al convertir a la isla en centro de exportación a otras islas de El Caribe. Además pusieron en duda los planes y las alegaciones de la AEE de que podrá generar el 60% de electricidad mediante el uso de gas natural, a la vez que promete reducir las tarifas de electricidad a 16 centavos / kWh. Para IEEFA, ese número es sospechoso porque no incluye el servicio en la montaña de deuda, es decir, la deuda pendiente de la AEE. 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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“A mí el mundo se me derrumbó, fue revivir otra vez el caos, la angustia que solamente los papás que tenemos nenes en el sistema de Educación Especial (EE) sabemos, ya serían tres escuelas en un año”. Jazmín Berríos, madre de una niña que asiste a la Escuela de la Comunidad Rafael Colón Salgado, en Royal Town, Bayamón, cuenta su reacción al enterarse de que la escuela a la cual su hija lleva asistiendo tan solo dos meses sería convertida en una escuela charter. La noticia de por si es devastadora, la forma en la que se enteró deja en evidencia la falta de transparencia mediante el cual el Departamento de Educación (DE) pretende establecer las llamadas “escuelas público alianzas”. Contó que se encontraba en la oficina de la Región Educativa de Bayamón, tramitando la transportación escolar para su hija, y allí una empleada le dijo ‘mamá no te esfuerces mucho porque esa escuela cierra en mayo, si a esa escuela la hacen charter en agosto’. 

La hija de Berríos de cuatro años tiene la condición de autismo y el pasado año cerraron la escuela a la cual asistía, la Lorencita Ramírez de Arrellano, en Toa Baja. De ahí -denunció- que su niña fue ubicada en una escuela receptora en clara violación a sus derechos ya que se supone que una estudiante de Educación Especial requiere una ubicación seleccionada. Cuando llegó el primer día de clases en esa segunda escuela la niña no tenía salón, ni transportación. Luego de “pelear” por que se le brindara el servicio de transportación para esa segunda escuela se probó que esa no era la ubicación correcta para la niña y fue entonces que la reubicaron en la Colón Salgado. Indicó que debido a los cierres de escuelas en Toa Baja y Cataño ahora no hay espacio para más estudiantes de EE en estos pueblos. 

“La escuela es única porque es especializada en autismo, luego de estar dos meses entendí porqué mi nena allí encaja, tiene cinco salones contenidos. Es bien difícil conseguir en Educación Especial salones a tiempo completo y salones preparados para poder ofrecer terapias”. 

Berríos expresó su consternación por el daño que puede provocar un cambio de escuela para un menor con autismo o alguna otra condición que requiera Educación Especial. Los cambios van en contra de la estabilidad que estos estudiantes requieren, en particular un menor con la condición de autismo requiere de un ambiente estructurado, necesita un periodo de adaptación para aceptar ese ambiente y poder empezar un progreso académico. Un estudiante autista puede ser brillante pero ante un cambio muestran una regresión en lo que su sistema vuelve aceptar ese nuevo entorno. 

“Eso es básico es parte de su condición y el Departamento-se refiere al DE- no entiendo, o no sabe, o simplemente no les interesa porque cuando empezaron a cerrar escuelas afectaron directamente a niños autistas y no les importó. Esa es la tercera escuela para mi hija en este año escolar lo cual para mi es inaceptable”. Su niña con cuatro años asiste al ‘kinder’, ya sabe leer aunque no habla y debido a su adelanto se contemplaba que podría comenzar el primer grado el próximo año. 

El Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial, junto a la comunidad de la Escuela Rafael Colón Salgado, se han organizado para combatir que la escuela se convierta en una escuela charter, para lo cual celebraron una asamblea el 15 de febrero en la que recogieron 482 firmas de una matrícula de 528 estudiantes. 

Sandra Cruz, miembro del Comité Timón dijo a este semanario que los padres se enteraron de que la escuela está en la lista de las charter para agosto cuando intentaron hacer el procedimiento de matrícula en línea, como exige ahora el DE. Al entrar a la plataforma del DE y escribir el grado al cual se supone irá el estudiante los pocos padres que han podido realizar la matrícula, reciben un mensaje de confirmación al finalizar, indicando que esa escuela es una posible escuela público/alianza. 

Tanto padres de estudiantes de EE y líderes magisteriales denunciaron a CLARIDAD que el DE no ha cumplido con los procesos de la Ley 85 de la Reforma Educativa que dispone que la comunidad escolar tiene que ser consultada primero si desea o no que la escuela sea una charter. 

Según han sabido los padres y la facultad la institución que ocuparía la escuela es la National Academy. Cruz denunció que a la escuela se presentó personal de la National Academy que se identificó como personal de la Región Educativa. Ante estas denuncias el DE les han indicado que no es un cierre, que es transición. 

“Sin embargo, la compañía que alegadamente será la receptora del contrato, National Talent Academy, se dedica a reclutar a jóvenes de 14 a 18 años en riesgo de deserción escolar. No existe una transición de estudiantes de kínder a octavo a un programa de estudiantes en riesgo de deserción escolar”, expresó Cruz. 

En tanto la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, a preguntas de CLARIDAD respecto a la participación de los maestros en el proceso de que una escuela pueda convertirse en una charter, denunció que los maestros están ajenos a todo el proceso, y aunque se supone que haya una consulta a la comunidad escolar, y otorgue la escuela de manera oficial, la práctica ha sido que llega mayo se cierra la escuela y los maestros tienen que hacer una solicitud de reubicación. Los maestros que decidan quedarse en la escuela “alianza” están sujetos a toda la reglamentación del ente privado y luego de dos años si no regresan al DE pierden su permanencia en el DE. Tras el cierre en mayo Martínez denunció que lo que antes se comenzaba en abril-el traslado y reubicación de maestros- ahora se hace de manera atropellada en los meses de verano. En el caso de la Escuela Colón Salgado defendió en contra del cierre que esta es una escuela de excelencia y que fue una escuela receptora este año.