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Rafael Hernández Colón y Juan Mari Brás: El horizonte vivo del diálogo entre el autonomismo y el independentismo

Por Carlos Rivera Lugo

Especial para CLARIDAD

El fallecimiento en estos días del exgobernador y líder autonomista Rafael Hernández Colón me ha provocado toda una tormenta de recuerdos e ideas, sobre todo en relación a una serie de eventos que fueron marcando, a partir de finales de la década de los setentas del siglo pasado, la potenciación de una nueva posibilidad histórica para el diálogo y acercamiento entre autonomistas e independentistas para la descolonización plena de Puerto Rico y la derrota de la ofensiva anexionista que se fue articulando a partir de ese momento. 

Vivimos en un país donde se nos ha pretendido matar nuestra memoria histórica y reducirnos a una existencia sin otro sentido que el retorno cotidiano de lo mismo. Sin embargo, quien desconoce la historia, está condenado no sólo a seguir preso de su repetición fatal sino que a ignorar la fuerza potencial de cambio que encierran ciertos acontecimientos. 

El primer mandato de Rafael Hernández Colón como gobernador de Puerto Rico (1973-1976) culminó con su derrota electoral en noviembre de 1976 a manos del anexionista Carlos Romero Barceló. La combatividad del movimiento obrero de aquel entonces, del que el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) era parte importante, fue uno de los factores que contribuyó a su caída. Su prepotente respuesta a una huelga de los trabajadores de la UTIER y el Cuerpo de Bomberos, movilizando la Guardia Nacional de Puerto Rico en su contra, fue uno de sus grandes errores que finalmente le pasó factura. 

Por otro lado, a finales de 1976 recibe otra gran derrota: el entonces presidente estadounidense Gerald Ford descarta su largamente trabajado Nuevo Pacto de Unión Permanente, que contenía una serie de reformas mínimas al “estado libre asociado”. El mandatario estadounidense lo sustituye unilateral y arbitrariamente con un proyecto de anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. 

Parecía ponerse fin a la ilusión de los autonomistas de que podría concretarse el compromiso hecho por Washington en 1953 ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar paso a cualquier solicitud del pueblo de Puerto Rico a favor de un grado de mayor autonomía e, incluso, la independencia completa. La acción de Ford se inscribió en lo que el PSP había denunciado como una ofensiva anexionista en el que parecían coincidir tanto el nuevo gobierno colonial, bajo Romero, y algunos intereses vinculados a la nueva administración en Washington, encabezada por James Carter.

En el verano de 1978, Hernández Colón renuncia a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y se desconoce por un tiempo su paradero. Se decía que estuvo en Caracas reunido con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Walter Mondale, tratando el tema de la descolonización de Puerto Rico. A su regreso a Puerto Rico, pronunció el 25 de julio de 1978 un mensaje en un acto conmemorativo del establecimiento del “estado libre asociado”. En éste afirma que el “ela” tiene que desarrollar sus poderes políticos “hacia una nueva dimensión de la soberanía” o, de lo contrario, será destruido por fuerzas internas y externas que se mueven en su contra.

El Encuentro de Aguas Buenas

Al día siguiente, Marco Antonio Rigau, un allegado al exgobernador quien había sido Director de la Oficina del Gobierno de Puerto Rico en EEUU bajo su administración, le hace llegar una invitación de Hernández Colón al líder Socialista Juan Mari Brás para que considere explorar la posibilidad de trabajar juntos en torno a una nueva resolución para la próxima consideración del caso colonial de Puerto Rico, en septiembre de ese año, ante el Comité de Descolonización de la ONU. De inicio, desea que Mari Brás les facilite una reunión directamente con el gobierno de Cuba para discutir los pormenores de la resolución, siendo que ésta dependería mayormente del auspicio protagonista de La Habana. Sin embargo, el compañero Mari Brás le expresa que lo preferible sería que ambos se reúnan y si lo que se acuerde cuenta con el apoyo del movimiento independentista, se podía tener la confianza de que gozaría también con el endoso cubano. Hernández Colón acepta y Mari Brás me designa para que trabaje, junto a Rigau, en un primer borrador de Resolución que sirva de base a un primer encuentro suyo con el líder autonomista.

Había conocido a Rigau con motivo de un viaje que éste realizó poco tiempo antes a La Habana como parte de un grupo turístico. Yo me desempeñaba en ese momento como Delegado del PSP y jefe de su Misión Permanente en Cuba. Ya para entonces me constaba que el gobierno cubano favorecía que el movimiento independentista puertorriqueño forjara algún tipo de alianza política descolonizadora con el movimiento autonomista, para así articular una fuerza con mayor capacidad política y poder de convocatoria para enfrentar la ofensiva anexionista. La revolución es el arte de sumar fuerzas, había sentenciado en una ocasión su líder histórico Fidel Castro. 

Fue así que luego de un par de reuniones entre Rigau y yo, y el visto bueno dado al borrador inicial tanto por Hernández Colón y Mari Brás, se procedió a coordinar la reunión entre ambos. Ésta se realizó el domingo 6 de agosto en Aguas Buenas con la presencia de Hernández Colón, Mari Brás, Rigau y yo. Tanto a Hernández Colón como a Rigau no les pasó desapercibido la sede de Aguas Buenas, vinculada a una importante declaración autonomista, de 1970, a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente que trabajara a favor de “una autonomía en libre asociación con los Estados Unidos”. Pensaban que la reunión respondía al mismo espíritu de aquel Pronunciamiento de Aguas Buenas.

Fue todo un operativo en el que se tomaron las medidas de rigor para asegurarnos de que no fuésemos seguidos y descubiertos, sobre todo por las agencias represivas, tanto las externas como las internas. Ambas partes estábamos conscientes del paso significativo que se estaba dando para entablar nuevamente comunicación entre el autonomismo y el independentismo. Hasta ese momento, nuestra relación era mayormente adversativa, habiendo sido marcada por la brutal y extensa represión que el primero desató contra el segundo bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín, sobre todo luego de la revolución nacionalista de octubre de 1950. Así las cosas, ambos jugábamos con fuego, particularmente en medio de la desconfianza casi visceral que existía, entre sus respectivos movimientos históricos, hacia cualquier acercamiento.

De inmediato me impactó la naturalidad con la que se fue desenvolviendo la conversación entre ambos. Mari Brás le preguntó al exgobernador porqué había preferido reunirse con él para este diálogo, en vez de acudir a algún otro líder independentista. A lo que Hernández Colón respondió que reconocía en Mari Brás un compromiso auténtico con el pueblo de Puerto Rico por encima de cualquier agenda personal o particular. Hacia mi interior pensé que también, claro está, tendría que ver con el hecho de que el PSP era el principal interlocutor con el gobierno cubano, a quien quería contactar, y poseía una red amplia de relaciones internacionales, siendo miembro-observador del Movimiento de País No Alineados. Además, nuestra organización había demostrado su influencia decisiva al interior del movimiento obrero, con capacidad para prácticamente desestabilizar el país. 

“¿Por qué aceptaste dialogar y reunirte conmigo?”, quiso por su parte indagar Hernández Colón. Mari Brás respondió que sentía que tal vez tendría una oportunidad para abrir paso a una transición pacífica hacia la descolonización de Puerto Rico, evitando así el derramamiento de sangre que ha ocurrido bajo otras experiencias de lucha por la liberación nacional. De lo que se trataba era de cerrar definitivamente el paso a la anexión y dejarle de legado a sus nietos la posibilidad de abrir, en el futuro, la puerta a la independencia, sobre todo teniendo como punto de partida o etapa previa ya no la colonia sino que la libre asociación.

El autonomismo y el independentismo se necesitan mutuamente

En esos días se discutían en el país los planteamientos del escritor dominico-puertorriqueño José Luis González, exiliado en México, sobre el tema en una conversación con Arcadio Díaz Quiñones, publicada por Ediciones Huracán (1977). González proponía que para que avanzara la independencia como objetivo preferente de los puertorriqueños, debía agotarse primero la viabilidad y la pertinencia de la autonomía como opción. Advertía, sin embargo, que los autonomistas eran incapaces, por sí solos, de culminar su propio proyecto histórico. El independentismo debía auxiliarles en ese sentido, para así poder proseguir con su propio proyecto histórico. 

Por otra parte, no creo que le pasara desapercibido a nadie en la reunión cuán dolorosamente personal le resultaba a Mari Brás la idea de una transición pacífica luego de haber sido víctima del vil asesinato de su hijo mayor Chagui en medio de unos hechos que llevaban todas las señas de ser producto de un operativo represivo federal dirigido contra el ampliamente reconocido dirigente revolucionario puertorriqueño. También estaba presente como, apenas unos días antes, el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla de Jayuya, el gobierno colonial de Romero Barceló había sancionado un operativo que culminó en el fusilamiento, por un pelotón de la Policía de Puerto Rico, de dos jóvenes independentistas. El crimen pretendió sembrar el terror entre el independentismo y criminalizar su lucha.

Mari Brás se encargó de esbozar lo que, desde su perspectiva, era no negociable: el reconocimiento al principio inalienable a la autodeterminación e independencia; el principio de la transferencia previa de los poderes propios de la soberanía que pusiese al pueblo puertorriqueño en condiciones de negociar libremente desde una posición de igualdad con Estados Unidos, incluso en el caso de la libre asociación; y el reconocimiento exclusivo de la independencia y la libre asociación como opciones descolonizadoras. La llamada “estadidad” representaría tan sólo la culminación del coloniaje en el caso particular de Puerto Rico. Por eso ni el “estado libre asociado” actual ni la “estadidad federada” podían ser opciones legítimas.

La única reserva manifestada por Hernández Colón fue sobre la figura de la transferencia de poderes, la cual él entendía que podría ser un reconocimiento estrictamente formal de la soberanía, sin efectos prácticos inmediatos. De lo contrario, se entendería la transferencia de poderes como una independencia previa, lo que provocaría grandes reservas entre sectores significativos del país que no quieren debilitar sus vínculos ciudadanos actuales con Estados Unidos. Con la opción de la libre asociación, Hernández Colón no expresó reserva alguna. Era conocida su posición en torno a la libre asociación como un desarrollo del propio “estado libre asociado” hacia la plenitud del gobierno propio y no como una república asociada que posee una soberanía independiente de la de Estados Unidos.

 Luego de la reunión, Mari Brás se encargó de compartir con el resto del independentismo y algunos autonomistas como, por ejemplo, el exgobernador Roberto Sánchez Vilella, el proyecto de Resolución armado a partir de lo conversado con Hernández Colón. Por su parte, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, fue honesto en sus reservas, ya que entendía que ello le podría dar un aire al PPD y al “estado libre asociado”, cuando lo que tal vez debería estar haciendo el independentismo es posicionándose como alternativa diferenciada de cambio.

Finalmente, unos y otros, incluyendo el PIP, acudieron al Comité de Descolonización con ánimo de producir una Resolución que reflejase un nuevo y más ampliado consenso anticolonial. Aún con las críticas que salían de las propias filas del PPD, Hernández Colón se mantuvo firme en su compromiso con los términos del proyecto de Resolución acordada en el diálogo con Mari Brás, el cual se amplió ya en Nueva York, en particular con la incorporación del entonces embajador de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcón de Quesada. El exgobernador denunció a Washington por haber incumplido con sus compromisos de 1953 y pidió el auxilio de la ONU para la descolonización de Puerto Rico. 

El 12 de septiembre de 1978 el Comité dio su aprobación final a este nuevo e histórico pronunciamiento en torno al caso colonial de Puerto Rico. Además de reiterar el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico, como nación diferenciada, a su autodeterminación e independencia; requirió que un proceso de descolonización en nuestro caso debía ser precedido por una transferencia previa de poderes para garantizar mínimamente la igualdad soberana entre las partes en cualquier negociación futura con Washington; y limitó las opciones legítimas de descolonización en el caso de Puerto Rico a la independencia y la libre asociación. La “estadidad” o anexión quedó deslegitimada. 

Ante el ciclo absurdo de la colonia eterna

Este acontecimiento tendrá hondas repercusiones sobre el futuro. El diálogo entre los autonomistas e independentistas no sólo consiguió su objetivo inmediato ante la ONU, sino que sirvió para generar un nuevo clima de distensión, acercamiento y colaboración entre ambos movimientos, el autonomista y el independentista. En cuanto al autonomismo, particularmente dentro del PPD, fue potenciando el crecimiento de las fuerzas creyentes en la soberanía y la libre asociación en su seno. En cuanto al independentismo, éste se transformó en un movimiento más plural capaz de explorar las múltiples expresiones societales de la soberanía que se van construyendo desde abajo, más allá de los formas jurídico-políticas clásicas.

Al final de su vida, Hernández Colón parecía haber retornado a sus originales inclinaciones, más conservadoras y colonialistas. Las esperanzas despertadas en los tiempos aquellos del 1978 se fueron disipando poco a poco. El independentismo perdió gran parte de su poder decisivo de convocatoria con la lamentable y desacertada liquidación del PSP y el debilitamiento en general del movimiento obrero ante los cambios estructurales acaecidos en nuestra economía y en la organización social del trabajo. El discurso anexionista a favor de la igualdad de los ciudadanos residentes en el territorio de Puerto Rico, se fue convirtiendo poco a poco en hegemónico ante la desmovilización creciente, tanto en Puerto Rico como en “las entrañas del monstruo”, de toda una generación de cuadros militantes que pasaron a ser mera fuerza de trabajo bajo las lógicas del capital. El mundo atravesó profundas transformaciones a partir de las cuales el capital lo fue sometiendo todo nuevamente a sus dictados, especialmente los financieros. Ante esta devaluación de las circunstancias históricas, Hernández Colón pensaría que lo único que le queda a Puerto Rico es conformarse con el eterno retorno de lo mismo. Le parecería que nuestra historia se estrelló contra la falta de voluntad de su pueblo.

Sin embargo, Mari Brás siempre enmarcó lo acontecido en 1978 como una nueva posibilidad histórica que se abría paso: un amplio reagrupamiento político de fuerzas que serviría para relanzar nuestra lucha más que centenaria por nuestra liberación nacional y social. Si algo distinguió al compañero fue su conciencia estratégica, es decir, del tiempo histórico. No dejaba que los errores o fracasos le nublaran su vista del horizonte. Y si somos capaces de mirar más allá de nuestras narices, de lo inmediato y de las estrechas perspectivas que priman entre nuestros políticos y los medios de información, nos daremos cuenta, tal vez, que el horizonte aquel de 1978 sigue vivo como posibilidad. Tan sólo aguarda porque le reimprimamos su vocación de ruptura con ese ciclo absurdo de la colonia eterna. 

El autor es Profesor de Derecho y Ciencia Política. Fue encargado de la Misión Permanente del PSP en Cuba, Director de Claridad y co-fundador, junto a Juan Mari Brás, de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, de Mayagüez.    

El nuevo drama entre el gobierno y la Junta por el Presupuesto

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccottto@claridadpuertorico.com

La cercanía del año electoral es lo que está de por medio en el aparente nuevo enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo contra la Junta de Control Fiscal. En esta ocasión el enfrentamiento responde a la advertencia de la JCF a la Legislatura de que la aprobación de $30 millones en gastos propuestos por el Gobierno no son parte del Presupuesto Certificado del Estado Libre Asociado (ELA) para el presente año fiscal y, por lo tanto, son inválidos bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (PROMESA).

La Junta escogió el atardecer de este domingo cinco de mayo para publicar las cartas que les envió al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) licenciado Christian Sobrino Vega y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos donde les reclama que las 24 resoluciones conjuntas que conllevan los $30 millones en gastos no están exentas del proceso de certificación del presupuesto, independientemente de que hayan recibido aprobación legislativa.

A juicio del presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) profesor Heriberto Martínez Otero, una vez más se presenta el enfrentamiento del poder del ejecutivo y el legislativo tratando de ejercer su poder constitucional más importante, que es aprobar el presupuesto y aprobar partidas de gastos, versus el poder de la Junta. En cuanto al poder de la Junta, trajo a la atención que con la renominación de sus miembros por el presidente Trump, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones la Junta se encuentra en la circunstancia de tener que presentar un informe final en el que deje establecido qué fue lo que hizo y cuál es la ruta que deben seguir sus miembros, en caso de que haya cambios.

“En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es que no hay mucho logro porque la Junta propiamente se puso tres metas fundamentales: la primera, balancear el presupuesto; la segunda, reiniciar el pago de la deuda pública y la tercera, poner a Puerto Rico en posición de retornar a los mercados de capitales internacionales. Ninguna de las tres se ha cumplido en lo que va de término y lo que hemos visto es un enfrentamiento duro entre los poderes institucionales”, expresó a CLARIDAD el también abogado.

Respecto a la situación económica del Gobie/rno, expuso que el país está experimentando lo que se conoce en la macroeconomía como un shok positivo, debido a que han estado llegando fondos federales con los cuales no se contaba antes del huracán María. Del dinero asignado –aun con los casos de corrupción y a pesar de que no se han recibido todos los supuestos asignados– lo que se ha recibido está circulando en la economía del país y ha tenido impacto en los recaudos del IVU y en las contribuciones, por lo que el Estado ha tenido más ingresos. Aunque el Gobierno ha recibido más dinero, la Junta insiste en mantener un presupuesto de $18 mil millones.

“En mi opinión lo que está pasando es que la Junta está tratando de decir que no le interesan los tiempos electorales porque ellos han sido nombrados por el Gobierno Federal para hacer un trabajo determinado”, denunció Martínez Otero, a la vez que reparó en que en la Junta hay personas con conflictos de intereses, por lo que no deberían estar en ella.

Mientras, el gobernador está admitiendo que las políticas de austeridad han afectado sus posibilidades de reelección. Por lo tanto, ahora el presupuesto del año preelectoral y del año electoral deben de ser unos que le permitan aumentar el gasto público y así tratar de tranquilizar o detener la imagen negativa que han podido provocar las políticas de austeridad de estos primeros dos años de su administración.

Martínez Otero no descarta que, aun cuando el pulseo entre la Junta y la administración de Rosselló Nevares aparente que llegará a las últimas consecuencias –que sería acudir al tribunal–, como en enfrentamientos anteriores, la Junta y el Gobierno al final lleguen a un acuerdo para aplicar recortes a la inversión social, manteniendo intacto el gasto político “porque el gasto político no se ha tocado nada”. Una prueba de estas posturas es el hecho de que ni la Junta ni el Gobierno han querido definir cuáles son los servicios esenciales.

Señaló que aun así, en un año electoral el presupuesto del Gobierno tiende a aumentar para poder hacer “obra”, por lo que habrá que ver hasta dónde va a llegar la controversia. En caso de que termine en los tribunales –apuntó–, estos están siendo sumamente pesados a la hora de tomar decisiones. En su lugar tiende a pensar que la situación va a terminar de nuevo con un cabildeo intenso en Washington D.C., y que entonces se verá cómo los acreedores y los diferentes grupos reclamarán sus intereses. La controversia en el fondo –describió– es que ahora el Gobierno va a tener más dinero. La duda es si el dinero se va a utilizar en inversión social o se va a disponer para pagar la deuda.

El economista atribuye a la JCF estar apostando a que ese dinero pueda usarse para el pago de la deuda y señala que, aunque el gobernador no está muy distante de las ideas de la Junta, reconoce que de querer prevalecer en las próximas elecciones, va a tener que usar parte de ese dinero en inversión social.


La Junta de Control Fiscal demanda a parte de sus aliados

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Dos años tarde, en el último día que le permitía la ley, la Junta de Control Fiscal (JCF) por fin demandó a 20 bancos, a bufetes de abogados y a firmas de asesores financieros que participaron en emisiones ilegales de bonos del Gobierno de Puerto Rico. Las emisiones ilegales fueron por la cantidad de $9 billones y, según la JCF, con la demanda se espera recuperar $1 billón de dólares. 

La demanda se radicó una semana después de una vista ante la sala especial del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico que atiende el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa. La juez Laura Taylor Swain le exigió a la Junta presentar una lista de las entidades responsables de las emisiones ilegales y presentar las demandas antes del 2 de mayo. Aun cuando la Junta había solicitado al Tribunal mantener en confidencialidad los nombres de los posibles demandados –postura que fue apoyada por el Gobierno de Puerto Rico– las demandas no se presentaron selladas.

Dos días antes de que la JCF radicara las demandas, en entrevista con Armando Santiago Pintado, miembro del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), este argumentó que la posición de la Junta de mantener en confidencialidad a las entidades que participaron de las emisiones ilegales es para proteger conflictos de intereses internos. A pesar de haber encontrado salvaguardas para no revelar la identidad de las personas, la Junta misma ha tenido que reconocer que estas desempeñaron un papel en la emisión de deuda ilegal. “Nosotros estamos segurísimos, no cabe duda a base de las investigaciones que hemos hecho de información que es pública, que entre los nombres que van a surgir por fraude, emisiones de deuda ilegales, transferencias fraudulentas e insolvencia del Gobierno están incluidos los nombres de Carlos García, de José Ramón González, de algunos de los socios de negocios de José Carrión y de alguno de sus familiares. Estos son hechos y sabemos que hay nombres y personas que ellos están tratando de proteger por ser ellos mismos o sus familiares y socios”.

De hecho, entre los demandados, la JCF no incluyó al Banco Popular. Algunas de las entidades demandadas son: Bank of New York Mellon, Jefferies, UBS Securities, Northern Trust, ANB Bank, Union Bank, Barclays, Bank of America–Merryl Lynch, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, RBC Capital, Santander Securities, UBS Financial Services of Puerto Rico, Morgan Stanley, Ramírez & Co. (Samuel A. Ramírez & Co.), Mesirow Financial, VAB Financial, Raymond James, Scotia MSD, TCM Capital, BMO Capital.

La ilegalidad de las emisiones responde a que fueron hechas en exceso del límite constitucional, a sabiendas por los funcionarios del mismo gobierno de que las entidades que tomaron parte –bancos, bufetes legales, asesores financieros– conocían de la incapacidad del Gobierno para poder tomar prestado, entre otros delitos. La JCF reconoció que la emisión de estos bonos contribuyó a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) violara su deber fiduciario. 

Santiago Pintado describió esta participación del Gobierno como una fraudulenta, a la vez que trajo a la atención que no existía, ni existe voluntad para esta fiscalización. Una de las pocas agencias que podrían investigar las transacciones de emisiones de bonos del Gobierno para hacer un estudio real es la Oficina del Contralor (OC), pero esta nunca ha hecho ni siquiera una auditoría financiera de la deuda. La primera y única auditoría que ha hecho la OC fue publicada en el 2016, sobre COFINA, cinco años después de su última emisión de bonos. La auditoría no encontró ni hizo ningún tipo de detección de si la deuda era ilegal, si cumplía con parámetros o estándares legales constitucionales. Se limitó a un ejercicio matemático de la cantidad que se tomó prestado, lo que se tenía que pagar y las fechas de pago.

Otro aspecto sobre el cual llamó la atención es que en la OC tampoco nunca se ha registrado un solo contrato de los bancos que participaron en esas emisiones, esto pese a que se sabe que desde el 1998 desde el BGF se hicieron más de 116 emisiones de bonos y el banco nunca radicó copia al contralor de los contratos contraídos para estas emisiones.

Lo peor de esta situación es que no se sabe a dónde fue a parar el dinero de estas emisiones, afirmó el investigador. Explicó que al momento de las emisiones, se supone que el Gobierno tuviera unos controles financieros que pudieran hacer un rastreo del dinero; pero ese dinero no se ha rastreado de manera adecuada. “No podemos estar seguros de que el dinero se invirtió en el país”. Reveló que lo que el Frente Ciudadano ha encontrado en sus investigaciones es que en los últimos años de las emisiones de deudas el dinero no llegaba al Gobierno de Puerto Rico. El dinero era dinero que estaba en papel que decía que el Gobierno de Puerto Rico lo tenía, que se le iba a transferir al Gobierno; pero en realidad, el mismo documento de la emisión de deuda decía que el dinero se le estaba dando la banca para pagar a su vez el dinero que el Gobierno les debía, o el que se le prestó o el que se le condicionó.

Es decir, la banca se estaba pagando a sí misma el dinero que había prestado. Una de estas situaciones ocurrió con la última emisión de bonos que hizo el gobierno de Puerto Rico en el 2014, emisión que la JCF también reconoce que fue ilegal, ya que el 100% se hizo para pagar a la banca. Ese dinero – denunció el portavoz del FCAD– no terminó en el país, ni siquiera en manos del Gobierno. La porción más grande se usó para pagar deuda vieja del BGF porque, si no, el banco se hubiese ido en insolvencia, y si el banco se iba en insolvencia, como terminó sucediendo, y los funcionarios del banco seguían aceptando depósitos del gobierno, estarían incurriendo en delito. En fin, el propósito de la emisión fue evitar que los ejecutivos del BGF fueran a la cárcel. 

¿La demanda de la JCF cancela cualquier otra demanda que pueda presentar otro grupo?

Santiago Pintado explicó que hasta ahora el entendido generalizado es que el deudor es quien único puede presentar demandas para recuperar dinero que se le defraudó. Ese deudor es el Gobierno, el pueblo de Puerto Rico, que está siendo representando por la JCF. En la reciente vista, un grupo de acreedores acusó a la Junta de no querer demandar a la gente que tiene que demandar para recobrar el dinero, por lo que le solicitó a la jueza que pusiera a la Junta en sindicatura para ellos actuar en calidad de deudor. La jueza denegó la petición, pero les permitió ser codemandantes con la JCF. La intención es que los demandados entre ambos puedan llegar a acuerdos y la Junta no tenga el control de las negociaciones.

Hay otro grupo de acreedores que le solicitó a la jueza que una vez se revele la lista de los nombres que van a ser demandados, después de un periodo de tiempo que estipule el tribunal, ellos entonces tengan el derecho a presentar sus propias demandas para evitar transferencias fraudulentas que les impida recuperar su dinero.

¿Qué tan sólida puede ser la demanda de la JCF si está basada en el informe sobre la deuda que hizo Kobre & King, el cual no es una auditoría?

Oficialmente, el informe de Kobre & King (K&K) es la única investigación que ha reconocido la Junta. Lo que sugiere el trámite legal público es que ha habido un intercambio de información entre el Comité de Acreedores No Asegurados, que es el comité que ha estado llevando la batuta de que la deuda es ilegal. “Parece que han estado intercambiando información y llegando a negociaciones. En ese comité hay personas que tienen información mucho más confiable que la de K&K, que han estado llevando a cabo sus propias investigaciones y son parte también del análisis que hace el informe que sacó la Auditoria para el Crédito Público en el 2016. No es K&K la única fuente, aunque oficialmente es lo único que se ha reconocido”, delató respecto a la JCF.

Al coincidir con el señalamiento de que la demanda se puso muy tarde, Santiago Pintado apuntó que eso es parte de lo que encarece el litigio. Expuso que el Gobierno y la Junta debieron haber hecho una auditoría antes de sentarse a negociar, la cual iba a revelar que había deuda ilegal, “pero el Gobierno y la Junta se fueron a la quiebra sin estar preparados, fueron al tribunal a improvisar a un proceso”. Una prueba de esta improvisación es que aun cuando la quiebra se radicó en el 2017, el último estado financiero auditado del Gobierno era del 2015; todavía no han sacado los del 2016. “Están pasando mucho trabajo tratando de esconder algo”, comentó sobre la demora. No fue hasta este lunes seis de mayo que el gobierno anunció que se disponía a entregar el estado financiero del 2016.

En fin, la estrategia de la Junta y del Gobierno de no tener de antemano una auditoría, de esperar hasta el último día para demandar a la vez que se sienta a negociar, no es en definitiva la mejor estrategia para proteger el dinero del pueblo de Puerto Rico.

Se van los pobres y llegan los ricos ¡Otra vez!

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Mientras los afroamericanos, a mitad del siglo XX, abandonaban el Sur empobrecido hacia los centros urbanos del Norte, los puertorriqueños emprendían el mismo viaje mayormente hacia Nueva York. La diferencia era que los puertorriqueños contaban con un gobierno que los impulsaba a salir. En 1947, el gobierno del partido político de Luis Muñoz Marín creó una oficina sobre migración, un caso raro de una agencia gubernamental dedicada a promover que la gente saliera. El gobierno distribuyó millones de panfletos para ayudar a la gente a adaptarse a vivir en el continente. Oficiales del gobierno de Muñoz Marín crearon un programa de entrenamiento de tres meses dirigido a mujeres que trabajarían en servicio doméstico. Allí recibían lecciones de inglés, cómo lavar platos, pulir plata, contestar el teléfono y arreglar la ropa.”

La cita anterior, tomada del libro How to hide an empire de David Immerwahr, Pág.251, (traducción mía) nos lleva a un periodo de la historia puertorriqueña bastante parecido al actual, cuando un segmento importante de la población abandonó nuestro país hacia Estados Unidos. Siempre se supo, como destaca el autor citado, que aquella oleada migratoria recibió el estímulo oficial de un gobierno que buscaba reducir la pobreza expulsando a los pobres. Según el discurso oficial el esfuerzo gubernamental sólo se dirigía a darle algún amparo al emigrante, pero resultaba evidente el estímulo para que la corriente migratoria incrementara. 

Al impulso a la emigración se unió una intensa campaña de control de la natalidad que nos llevó a tener una de las tasas más altas del mundo de esterilización femenina. Dice Inmmewahr (Pág. 248): “Los puertorriqueños tienen historia sirviendo como sujetos para la experimentación médica, desde la anemia hasta el gas mostaza. Su pobreza y su condición marginal en la sociedad estadounidense los convierte en un atractivo forraje. No sorprende entonces que Puerto Rico se hubiese convertido en campo de experimentación de uno de los inventos más trasformadores del siglo XX: la pastilla para controlar la natalidad.” A la pastilla se unió la esterilización física, practicada de forma masiva en los hospitales públicos. 

Mientras los puertorriqueños salían hacia los barrios marginales de Nueva York, se producía otro viaje en dirección contraria. En los nuevos aviones que cubrían la ruta directa entre San Juan y Nueva York llegaban los empresarios de la manufactura atraídos por las exenciones contributivas, la abundante mano de obra y los bajos salarios. También llegaban las primeras grandes empresas de consumo a captar los nuevos salarios que ya circulaban. 

Las consecuencias de aquel periodo las estamos viviendo ahora. La expulsión poblacional y la atracción de capital manufacturero con exenciones contributivas produjeron altas tasas de crecimiento económico, que le permitieron al gobierno colonial proclamar un “milagro económico” y a Estados Unidos vendernos como la “vitrina del Caribe”. Aquel crecimiento, sin embargo, no se tradujo en desarrollo. Tan pronto se redujo el flujo de capital externo, los males tradicionales emergieron porque nunca desaparecieron, tan solo se maquillaron. De paso nos convertimos en un país que, en términos proporciónales, tiene más población fuera que al interior de su marco territorial. 

Con el nuevo siglo XXI, mientras se agudizaba la problemática social con la crisis de la deuda pública, hemos estado viviendo otra ola migratoria hacia Estados Unidos. El viaje ahora es un poco más corto porque Nueva York ha sido sustituido por Florida, pero la historia es la misma: decenas de miles de puertorriqueños se han visto obligados a abandonar su país para “buscárselas” en otro lugar

También es igual el viaje que se da en la otra dirección, desde el norte hacia el Caribe. Mientras los boricuas son literalmente expulsados hacia Estados Unidos por las condiciones socioeconómicas, desde allá llegan como buitres detrás de la carroña los empresarios atraídos ¡otra vez! por las exenciones contributivas. El pasado fin de semana la prensa reportó el impacto que han tenido las llamadas leyes “20-22” en el ambiente social puertorriqueño, en particular en el mercado de vivienda. 

Esta nueva oleada de ricos, igual que los anteriores, tampoco ha venido a traer capital que impulse un verdadero desarrollo económico. Vienen a obtener una ganancia rápida y grande especulando con bienes raíces en el San Juan Antiguo, los barrios caros de la Capital y los municipios costeros. Ni siquiera construyen estructuras nuevas, lo que ayudaría en algo a la economía, sino que especulan con lo ya construido mientras se aprovechan de este nuevo paraíso fiscal tropical. 

Un adiós a dos hermanos

La pasada semana Puerto Rico perdió dos hijos de gran valía, de esos que no se reponen fácilmente: Lerroy López Morales y Carlos Alberty. En cuestión de días los dos partieron para siempre, víctima del corazón el primero y del maldito cáncer el segundo. 

Lerroy fue un precoz estudiante de economía que, todavía adolescente, logró ingresar a una de las universidades más prestigiosas del mundo, la británica Cambridge, donde cursó estudios doctorales. A su regreso a Puerto Rico practicó la profesión adquirida mientras simultáneamente militaba en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). Desde entonces nunca dejó de aportar al país de sus querencias.

Mientras Lerroy se destacó en el campo de los números y las ecuaciones, Carlos Alberty escogió el de las letras. Desde muy joven fue profesor de literatura en la UPR donde se convirtió en estudioso de la obra de otro pilar de las letras boricuas, el poeta Francisco Matos Paoli. Además, por mucho tiempo Alberty fue, junto a su querida esposa Sofía Cardona, fue un colaborador activo y constante de CLARIDAD, particularmente de la revista cultural En Rojo. 

Que los buenos recuerdos atemperen el golpe de esta pérdida. 


“Cada comunidad debe evaluar el sistema que más le conviene”

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

El tema de la tenencia de tierras en Puerto Rico ha vuelto a la discusión pública tras el huracán María. Es por esto que la conferencia internacional “Recuperación, titularidad y desplazamientos: Reflexiones desde la gestión comunitaria” tuvo, entre otros objetivos, provocar a las comunidades un sentido de necesidad de acceso a la tenencia de tierras y explorar opciones que se ajusten a su realidad.

En la actividad, realizada el pasado jueves 2 de mayo, en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), participaron 16 representantes de organismos y espacios de encuentros de diferentes países, líderes comunitarios que buscan adelantar una agenda incluyente en torno al derecho a la vivienda, a la ciudad y a la tierra. Cabe destacar que el evento se realizó como parte de la Jornada de Intercambio Internacional sobre Gestión Comunitaria y Tenencia de la Tierra. 

Lucy Cruz Rivera, presidenta del G-8, dio una cordial bienvenida a todos los presentes luego de repasar su experiencia en el proceso de conformación del grupo, compuesto por las 8 comunidades aledañas al Caño.

Así, dio paso formalmente al compartir de experiencias de líderes de comunidades en Sur África, E.E. U.U., Vietnam, Antigua y Barbuda, Argentina, Bangladesh, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Indonesia, Jamaica, Líbano, México y Puerto Rico. 

El primer punto que se trajo a discusión fue el derecho de superficie. La presidenta de la Junta de Fiduciarios del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña Sara Delgado Brayfield explicó que el derecho de superficie es la figura jurídica existente que permite que los residentes tengan título inscrito público y real sobre sus estructuras, mientras que el suelo se conserva como un patrimonio íntegro e independiente de sus superficiarios (habitantes). 

Esta criticó que la titularidad se siga viendo como un asunto de regularizar documentos y no como un instrumento para lograr que una comunidad alcance sus metas para el futuro.

“A cada comunidad le toca evaluar cuál es el sistema que más le conviene. No solo se trata de un asunto legal, sino de planificación y organización de base”, abundó.

Los siguientes asuntos fueron lo informal, la regularización de la tenencia y el derecho a la vivienda 

Muchas veces, cuando se hace referencia a proyectos comunitarios se habla de lo informal. Por esto, antes de continuar con su presentación, Lorena Zárate, de la Coalición Hábitat Internacional (traducción literal del inglés), advirtió sobre la importancia de quitarnos palabras que tergiversan la realidad y que tienen implicancias muy complicadas. 

“Algo que es informal, irregular, marginal, enseguida pasa a ser ilegal y por lo tanto a criminalizarse. Por eso preferimos hablar de la ciudad hecha por la gente”, explicó. 

En el sentido económico y de la generación de ingresos, criticó que este es otro gran problema de las políticas de vivienda, puesto que “una cosa es la vivienda, otra el empleo, otra la salud, y todo está disperso y para cada cosa hay que negociar con diferentes funcionarios. Esto no sirve”. 

Acto seguido, sugirió que tenemos que verlo todo en el territorio integrado y que las comunidades saben hacer eso. Es un conocimiento que no está ni en la academia, ni en los funcionarios públicos, ni en el sector privado. Lamentó que ello sea algo que no se ve ni se valora. 

En cuanto al tema de la tenencia, Erika Fontánez Torres, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, reflexionó sobre las diferencias cuando se habla de tenencia versus titularidad. 

“La tenencia es algo mucho más amplio que la titularidad. Cuando hablamos de titularidad nos referimos solamente a una forma jurídica, y al igual que se diseñan casas y espacios, el derecho también se diseña. La titularidad es algo mucho más restringido que la tenencia y las formas de seguridad de la vivienda.”

Por eso —destacó—, es importante el contexto de Puerto Rico dentro del tema de la regularización de la tenencia. Que no se trata de un asunto a partir del huracán María, ni siquiera de un pasado reciente; sino de le cúmulo de experiencias históricas, sociales y culturales, de decisiones de política jurídica que se han hecho o no a lo largo del tiempo. 

Ese contexto mencionado por Fontánez se ubica en 1928, “un escenario muy similar como respuesta, por ejemplo, al huracán San Felipe, que da lugar unas políticas públicas que estuvieron muy presentes en las siguientes décadas”, dijo refiriéndose a la creación de la  Puerto Rican Emergency Relief Adminstration (PRERA, 1933) y la Puerto Rican Reconstruction Administration (PRRA, 1935) a partir del Nuevo Trato en 1930. 

Estas se enmarcaron dentro una serie de políticas públicas que conformaron la Reforma Agraria y la Ley de Tierras en 1941. A partir de entonces, ocurrió la repartición de de tierras en parcelas, según el Título V de dicha ley; esto luego de que la posesión de terrenos se convirtiera en un problema socioeconómico durante las primeras décadas del siglo 20. La mayor parte de las tierras cultivables habían sido ocupadas por las grandes compañías azucareras.

En el 68, tras el triunfo del PNP, se enmendó la Ley para que aquellas parcelas obtuvieran título de propiedad. “De ahí en adelante, se produce una gran masa aleatoria de entrega de títulos, que no necesariamente tenían que ver con políticas pensadas, de ciudad, de ubicación, ni con necesidades, sino con mucho clientelismo y discriminación política, hasta el día de hoy”. 

Esto y mucho más se discutió en las instalaciones del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.

La conferencia fue organizada por el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña; Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña, Inc. (G-8) y la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Fue apoyada por Ford Foundation, Communities Thrive Challenge (Chan Zuckerberg Initiative, The Rockefeller Foundation), Centro para una Nueva Economía (CNE), Para la Naturaleza, Microjuris, Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Tartak, Rapoport Center for Human Rights and Justice y University of Texas.

Además de las participantes aquí citadas colaboraron Theresa Williamson (Cathalytic Communities, Brasil), Tiffany Ebrahim (Socio Economic Rights Institute, Sudáfrica), María E. Hernández Torrales (Clínica de Asistencia Legal, UPR), Jerry Maldonado (Ford Foundation, Estados Unidos), entre otras y otros. 

Para conocer más sobre las experiencias de los invitados, que por razón de tiempo y espacio no podemos reseñar aquí, los invito a visitar el perfil de Microjuris.com en Facebook y ver la transmisión del evento a través de Facebook Live. Al cerrar esta edición el visual figura como el primero en la sección de videos de la página.