Una Junta ilegal

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, que declaró que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal (JCF), fueron inconstitucionales tiene una estrategia política, no puede verse sólo como una estrategia judicial. Así lo apuntó en entrevista con CLARIDAD respecto a la evaluación que hacia de la decisión frente a críticas de que ésta reafirma la condición colonial y deja intacta los poderes de la Junta.

La determinación del TAB fue emitida este pasado 15 de febrero y firmada por el juez Juan Torruellas. El licenciado Emmanuelli Jiménez, representante de uno de los demandantes la UTIER (Unión Independiente de Trabajadores de la Industria de Energía Eléctrica), trajo a la atención que cuando se dio a conocer la radicación de la demanda se expuso que esta era una estrategia política de desestabilizar a la Junta y crear un espacio de debilidad que permita ir al Congreso y decir que el problema colonial hay que resolverlo. “Esa es la oportunidad que tenemos y eso es lo que se está planificando hacer”. Resaltó que la decisión permite ganar un espacio de influencia adicional en el Congreso y el Ejecutivo, y “ponemos a Puerto Rico en la tarima si el Congreso, el Ejecutivo escogen no hacer nada se acabó la Ley Promesa porque se desestima el caso de Título Tres, así que tiene que tomar una decisión y si desean continuar con los casos va hacer a base de una nueva junta que podría cambiar totalmente la visión, una diferente a la vieja, una nueva Junta puede cambiar todo lo que hizo la anterior”. 

A juicio de Emmanuelli Jiménez, la decisión tiene unas consecuencias bien importantes; Uno, el hecho de que la Junta sea inconstitucional, es obvio que aclara el aspecto de qué es lo que puede hacer el Congreso bajo la Cláusula Territorial (CT). El juez Torruellas resolvió que aun cuando hay unos poderes bien amplios bajo la CT, esos poderes no pueden ir sobre las disposiciones estructurales de la Constitución de EE UU. Eso significa -explicó- que las disposiciones que arman al gobierno federal, el hecho de que el Presidente sea el que nombre y que el Senado sea el que confirme y no sea al revés como ocurrió con los nombramientos de la Junta -que el Congreso fue el que le sometió los nombres al Presidente – es una disposición estructural porque hace un balance de los poderes. “Yo escojo a mi libre discreción y tu escoges si lo confirmas o no, no puede ser al revés”, recalcó. 

Es claro que a la luz de esta exposición los nombramientos fueron inconstitucionales, pero la defensa que presentaron los opositores, el gobierno de EE UU, la JCF, y otros cuatro opositores entre ellos bonistas, el Comité de Acreedores y el mismo gobierno de Puerto Rico, argumentaron que como la CT es tan poderosa no había que cumplir con esa disposición. Este argumento el juez Torruellas lo descartó diciendo que aun los Casos Insulares resuelven que hay unas limitaciones a la doctrina de lo qué aplica y no aplica y que en el asunto de la cláusula de los nombramientos hay una relación de Ley General y Ley Especial. La Ley General es la CT que dice cómo se administran los territorios pero luego está la especificación de cómo es que se nombran las personas. Según el juez Torruellas una ley general no puede ir sobre una especial. 

Emmanuelli Jiménez, agregó que esto sson asuntos técnicos de interpretación pero que son importantes porque están bien afianzados en el Derecho. Es decir que una ley general cede ante una más específica, mas particular y el Juez entonces determinó que la CT es una ley general y la cláusula de nombramientos es especial, por lo que va por encima de esta primera. 

El otro asunto importante sobre la decisión -explicó- es que lo mismo aplica con los derechos fundamentales de los puertorriqueños que son disposiciones constitucionales especiales no generales. Se refirió a que las disposiciones constitucionales se hicieron en el 1789 y las enmiendas especiales en el 1791, dentro de ese contexto -la decisión del TA dijo – fortalece la visión que se tiene en otros casos como los de las uniones del Fondo Seguro del Estado (FSE) de que la Ley Promesa no puede menoscabar los derechos sustanciales de los puertorriqueños, como lo son el sufragio, la libertad de expresión, la discriminación por raza entre otros. 

Un tercer aspecto importante expuso es que antes de la determinación los miembros de la Junta eran oficiales territoriales y eso es lo que justifica que sea el gobierno de Puerto Rico quien pague los gastos de la Junta. Ahora si esos oficiales son federales, la pregunta que surge es si la constitución de Puerto Rico permite que se gaste dinero en un oficial federal o agencia federal. 

De acuerdo a Emmanuelli Jiménez esto podría tener unas ramificaciones bien importantes en términos de quién es el responsable de la deuda de Puerto Rico. Trajo a la atención el que todavía está pendiente ante la Corte de Reclamaciones de EE UU que es donde se ventilan las reclamaciones de dinero al gobierno federal, esta controversia ya que este tribunal dijo que los funcionarios de la Junta eran federales. Dentro de ese contexto la decisión de Torruellas apoya este caso de que se determine que es el gobierno de EE UU el que tiene que pagar la deuda de Puerto Rico porque fue éste quien la emitió. Si segń la CT el poder reside en el Congreso, el Congreso lo que hizo fue delegar a Puerto Rico el poder de emitir deuda y la fuente originaria es el gobierno de EE UU. 

En cuanto a los nombramientos denunció que ha habido mucha confusión la cual considera que ha sido a propósito tanto de parte de algunos apologistas y de la misma Junta. En esa línea apuntó que si los nombramientos de la Junta vencen en agosto, de todas maneras, el presidente Trump es quien tendría que nombrarlos. Ahora con la decisión los podrá nombrar pero esta vez con el consentimiento del Senado. “¿Qué pasó con los nombramientos anteriores?, se coló Carlos García, José Ramón González, que son parte del problema porque emitieron deuda cuando estuvieron en el Banco Gubernamental luego fueron a Santander eso no hubiera ocurrido si esos nombramientos hubiesen pasado por el examen y consentimiento del Senado porque allí se hubiera denunciado por la lucha política entre demócratas y republicanos de que esos nombres no son buenos”, declaró. 

Continuó que ahora hay otra controversia adicional y es que el presidente tiene que hacer los nombramientos en 90 días, si no lo hace la Junta deja de operar ya que es inconstitucional. Para el representante de varios grupos civiles que han impugnado la Ley Promesa y su JCF con todos los problemas que tiene Trump, con todo el desprecio que tiene contra Puerto Rico y el informe Muelller que va a salir ya mismo y que podría implicarlo en una conducta criminal, Trump, no va a tener espacio ni el Senado para en 90 días confirmar nombramientos a la JCF. 

Más aun considera que esto representa que también la Junta se ha desmoralizado. “Mira esta imagen, cuando hay elecciones en Puerto Rico y el partido en el poder era el PNP y ganan los PPD, ¿qué pasa con todos esos empleados de confianza?, que al otro día de las elecciones están con la cara mas triste del mundo porque saben que se han quedado sin trabajo, pues mira la Junta es igual”. No obstante hizo la anotación que en el caso de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko es agente de la CIA. En esa dirección el licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que la conducta de la Junta de seguir ajustando deudas, llegando a acuerdos, compromisos y hasta dando regaños es una conducta de mala fe, a sabiendas de que es una ilegal, y recalcó que la Junta está actuando de manera muy cuestionable y que aun cuando la decisión del Apelativo la haya validado todavía, está evaluando si pedir consideración o no y acudir al Tribunal Supremo de EE UU. 

Mientras con relación a la acción del gobierno de Puerto Rico que aun cuando concurría con la JCF en su posición de validar los nombramientos, luego de la decisión la coge como una oportunidad para entonces hacer unas movidas y desobedecer la Junta, señaló que si bien en estricto derecho Rosselló no tiene razón, Emmanuelli, lo ve como un acto de resistencia. “Aquí hay que resistir, porque la Junta es dictatorial, es criminal porque viola el derecho internacional y nos somete a un régimen criminal, burdo, eso es lo que debió haber hecho desde el comienzo cuando se impuso la Junta”.

Frente al hecho de que ninguna de las partes hasta el momento ha dicho si apelara la decisión, la Junta tiene 30 días para ello, Emmanuelli Jiménez, expresó que cree que esto sería académico porque sus nombramientos se vencen en septiembre. 

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