El referido para investigación hecho al Departamento de Justicia por la gobernadora Wanda Vázquez del secretario de Agricultura, Carlos Flores, por alegaciones de conducta impropia, parece que pica y se extiende. Fuentes de CLARIDAD han informado que la acción de la Gobernadora fue motivada, entre otras razones, por la manera en que el hasta ahora Secretario ha dispuesto del dinero asignado para subsidios agrícolas del Fondo para el Desarrollo Agrícola.
Las razones oficiales tras el referido han estado envueltas en un halo de misterio. Ni la mandataria, ni sus secretarias de la Gobernación y de Justicia, han querido ofrecer detalles sobre las razones que dieron base a tan inusitada decisión. Pero, como dice el refrán, “cuando el río suena es porque agua lleva”, por lo cual una fiscal experimentada como Wanda Vázquez, y una abogada y legisladora sagaz como Zoé Laboy deben haber encontrado abundantes fundamentos legales en las querellas presentadas y juramentadas, como para tomar la decisión de referirlo a Justicia. La secretaria de la Gobernación ha lamentado públicamente que el referido se filtrara a la prensa, a pesar de que trataron de manejar el asunto con el mayor sigilo. Laboy debería haber sabido que la información se iba a filtrar rápidamente. No solo porque Puerto Rico es pequeño, y aquí todo se sabe, sino porque el Secretario de Agricultura no es “santo de la devoción” de mucha gente desde hace tiempo, y sus acciones y determinaciones en dicho departamento han sido cuestionadas por importantes sectores de la industria agrícola.
Las controversias públicas entre el secretario Carlos Flores y sectores medulares de la industria agrícola de Puerto Rico son conocidas. Estas tomaron un giro más enconado a raíz de la decisión del Secretario de destituir de su puesto al administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), Jorge Campos, destitución que fue revertida por la Gobernadora. Específicamente, la Asociación de Agricultores y la Cooperativa de Productores de Leche (COOPEL) han sido críticos acérrimos del Secretario, y han cuestionado cómo este ha manejado los subsidios e incentivos agrícolas. Máxime, cuando tras el paso del huracán María el sector lechero ha dejado de recibir unos $4.8 millones, y otros $57 millones el sector de café. Además, el sector de café le imputa a Flores negligencia en el manejo de más de 2 millones de semillas para la siembra, lo cual afectaría la producción del grano.
La Federación de Pescadores Comerciales también se ha manifestado a favor de investigar al Secretario de Agricultura. Su presidente, Miguel Ortiz, denunció la poca ayuda ofrecida y recibida del Departamento de Agricultura por los grupos de pescadores comerciales afectados severamente por el huracán María. Muchas de estas facilidades de pesca fueron destruidas y permanecen en condiciones precarias dos años después del huracán.
Específicamente, la fuente de CLARIDAD se refirió a la asignación de $30 millones del programa de subsidios agrícolas que hizo el Secretario de Agricultura, para que Suiza Dairy, una empresa privada del sector lechero, establezca una planta procesadora de leche de larga duración (UHT) en Puerto Rico. Esto está en abierta y directa contradicción con la marca puertorriqueña Indulac, líder de leche UHT en este mercado, y propiedad de la Cooperativa de Productores de Leche (COOPEL). A Suiza Dairy, ORIL le había prohibido hace unos meses la importación y venta en Puerto Rico de leche evaporada y condensada, porque esa práctica amenazaba la producción puertorriqueña. Poco tiempo después de la determinación de ORIL, el Secretario Flores destituyó al administrador de dicha oficina, levantando señalamientos de parcialidad y preferencia hacia la susodicha empresa privada.
Si examinamos las sociedades más sostenibles del mundo, todas- grandes y pequeñas- tienen de común denominador una industria agrícola fuerte y bien dirigida, con políticas públicas y administradores dedicados a estimular y fortalecer la agricultura de cada país. Puerto Rico no podrá superar sus muchos retos si seguimos dependiendo tan abrumadoramente del suministro de productos agrícolas de primera necesidad del extranjero. Al presente, Puerto Rico importa el 85% de lo que consume y es imperativo revertir esa ecuación si queremos aspirar a construir un país sostenible. Por eso, el Secretario y el Departamento de Agricultura son vitales como el brazo activo y entusiasta que impulse y sostenga el despertar agrícola de Puerto Rico.
Ya Puerto Rico ha pagado un costo muy elevado por privilegiar lo de fuera sobre lo nuestro. Lo hicimos con la industria avícola y Puerto Rico perdió. Se destruyó una industria avícola del país pujante, mientras se permitió la entrada indiscriminada y el “dumping” de excedentes de pollos y huevos del extranjero, en perjuicio de la producción del país. No podemos permitir que ocurra lo mismo con la leche o el café, y que la pesca buena y fresca sea solo para consumirse en ciertos restaurantes exclusivos. La industria agrícola puertorriqueña necesita aliados firmes y valientes que no desalienten a las nuevas cepas de agricultores que apuestan a un futuro distinto en nuestro país.
La acción de la Gobernadora de referir al Secretario de Agricultura para que sea investigado por el Departamento de Justicia es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. El Secretario de Agricultura debió haber sido relevado de sus funciones hasta tanto concluya la investigación en su contra. Además, es imperativo que nuestro pueblo conozca de primera mano los pormenores de una investigación que ya se ha filtrado, para que no se ponga en entredicho la intención de esta Gobernadora de impedir que en su gobierno haya una doble vara en la aplicación de las reglas del juego.
