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Alayubia y la nueva tradición del libro

Por Rafael Acevedo/En Rojo

James Joyce andaba con aquellos centenares de papeles llenos de fragmentos sórdidos, obscenos, incoherentes, de arriba para abajo. Parece que no era un tipo muy simpático y la misantropía le salía por los poros. Pero escribía con arranques demenciales. Y ahí estaba su novela, Ulises, viajando con él en busca de editor. 

La primera vez que se imprimió completa fue en París. La leyenda dice que solo fue posible porque los trabajadores de la imprenta no sabían inglés. Lo cierto es que se publicó en el exilio gracias a la complicidad de Sylvia Beach, propietaria de la librería Shakespeare & Co. que se convertiría es un paradigma de espacio cultural libre, experimental, arriesgado. ¿La novela? Algunos críticos dicen que es la más importante que se haya escrito en inglés. Pero no es ese tipo de novela que uno se lleva en el avión, o para leer en la playa. A menos que uno quiera parecer interesante.

Ahora bien, salvando las distancias, Irlanda, Francia, Puerto Rico, un siglo ¿cuántos libros geniales no hay por ahí en cuartos alquilados de calles calurosas de Santurce o Boquerón? ¿Cuántos escritores geniales no están dándose par de tragos ahora, rumiando su dolor por falta de descubridores? Bueno, genios siempre habrá muy pocos. Pero libros buenos hay decenas escritos y la mayoría no se publicarán. 

Quizás para eso y por eso existen editoriales independientes. No le deben nada a nadie en términos de selección. No hay un comité ejecutivo de expertos en mercadotecnia que certifique en una reunión que aquel libro X va a ser un éxito de ventas. Tampoco buscan que el escritor más famoso les deje caer un libro de borradores para ranquearse. Y no es que no dependan de las ventas o que van a rechazar a una estrella de las grandes editoriales que deje un libro olvidado en medio de una borrachera. Es que como son independientes pueden darse el lujo de eso: de ser independientes. 

Generalmente son los libros más bellos. Diseñados con afán estético. Son libros en distintos formatos y de diversos autores que rara vez encuentran espacio en el coto cerrado de las estanterías. Eso si uno encuentra esos jardines cada vez más escasos que algunos dan en llamar librerías. 

Por eso admiro a los que se lanzan en esos proyectos. Ese es el caso del bardo Gegman Lee Ríos. Es un laureado escritor que, además, está constantemente buscando sabuesamente libros raros, que son todos aquellos que se publicaron antes y que con los años se ponen mejor. Busca y encuentra autores emergentes con rigor en la escritura. Hace descubrimientos y redescubrimientos. Hará reediciones de algo memorable, y así. Por eso ha creado ediciones Alayubia.

La editorial es parte de una gran cantidad de esfuerzos independientes que han permitido una verdadera explosión de textos. Pero Gegman tiene su propio flow, su propio dembow. Y es que su acercamiento a la literatura, y específicamente a la música de las palabras, surge de escuchar y rapear con sus primos en los años ’90. De ahí, de reconocer en las palabras tanto un instrumento de comunicación como un material de construcción y juego, fue realizando a conciencia sus malabares.

La conciencia del libro, tanto los suyos propios, como la idea de convertirse en editor, se va sedimentando además en el intercambio con el poeta y paradigmático constructor de libros, Joserramón Melendes. Melendes, creador de la editorial Qease, fue maestro de muchos tanto en el quehacer poético como en el arte de hacer libros y en la conciencia del concepto “libro” como unidad de sentido. Gegman también asistió a talleres de trabajo con la poeta Nicole Delgado en los que se elaboran libros artesanales. 

De esa práctica en la construcción de libros y diálogos (o monólogos) sobre poesía surgió la revista Parhelios en 2013, junto a otros poetas como Alejandro Medina.

Con Alayubia, Gegman propone una editorial especializada en promover y publicar un canon exclusivo. Ser parte de la creación de una tradición cultural y poética. Tierra intermitente,. de Raquel Salas Rivera; Cielo Riel, de Yara Liceaga; Aterrizar no es regreso, de Xavier Valcárcel o Mala Leche, de Gabriel Carle, son algunos títulos de la editorial. A eso hay que añadir que el primer gesto de la editorial fue el Libro de la promesa, una suerte de antología de activismo poético-político.

Como poeta, la obra de Gegman Lee fue premiada en el certamen El farolito azul, de la Editorial Callejón en 2014 con Nostos. De esa misma colección ideada por el entrañable Elizardo Martínez, Gegman publicó Elegía a los vencidos.

En estos dos últimos párrafos quiero destacar que se trata de un trabajador de la cultura que se acuerda de los otros y de si mismo a la hora de hacer libros. Es riguroso. Tiene proyectos claros. Ha sido chófer de Uber y es barbero, pero es además director de una editorial independiente y poeta. Tiene las manos llenas. Pero no hay nada romántico en eso. O al menos eso no es lo importante. 

El asunto es que quiere vender libros y por eso está pendiente del diseño y de las características particulares de los textos. Reconoce que son determinantes los tamaños y los precios, aparte del contenido. Quiere hacer buenos libros bien diseñados. En eso tiene la colaboración de Adaris García, lo que garantiza que Alayubia se ve bien y se lee mejor. Esta nota es apenas una invitación a confirmar lo que afirmo. Hay buenos libros en Alayubia. Visitar las librerías, la página de la editorial, preguntarle al propio Gegman a través de las redes, les permitirá acceder a un proyecto cultural que, como desea el propio poeta, será grande y reconocido en el mundo. 

La ONU, Comité Especial y Puerto Rico

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1961 un Comité Especial de 17 miembros, ampliado hasta 24 miembros en 1962, para examinar la aplicación de la Declaración sobre la descolonización y formular recomendaciones sobre su aplicación. Aunque comúnmente se le denomina Comité Especial de los 24 o Comité Especial de Descolonización, su nombre completo es Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

El Comité se reúne anualmente para revisar y actualizar la lista de territorios incluidos en la Declaración. Escucha las declaraciones de representantes nombrados y electos de los territorios, así como de peticionarios, envía misiones visitadoras a los territorios y organiza seminarios sobre la situación política, social, económica y educacional en los territorios. El Comité formula asimismo recomendaciones en relación con la difusión de información para movilizar a la opinión pública en apoyo del proceso de descolonizacióny celebra la Semana Internacional de solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos. 

Este lunes 24 de junio de 2019, es la vista de este año sobre Puerto Rico. Sobre la historia de estas vistas, compartimos de la página del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano:

Juan Mari Brás en sus memorias nos narra cómo el Congreso Puertorriqueño Anticolonialista sirvió de plataforma de unidad concertada entre las fuerzas patrióticas para enfrentar la maniobra estadounidense de lavarle la cara al colonialismo con el plebiscito de 1967.

“Del Congreso Puertorriqueño Anticolonialista surgieron las iniciativas unitarias que llevaran a que, por primera vez desde 1953, se iniciara un debate en Naciones Unidas sobre el caso colonial de Puerto Rico en 1967.

Desde comienzo de 1967, el MPI inició una intensa campaña para forzar al Comité de Descolonización de la ONU a discutir nuestro caso, venciendo las presiones norteamericanas. Una delegación del movimiento viajó a Chile, Uruguay y Venezuela –que eran los países que representaban a América Latina en el Comité de los 24– para hacer los contactos con las fuerzas políticas afines y con los gobiernos a favor de nuestra petición de que se discutiera el caso colonial de Puerto Rico ese año. Nos basábamos en que el gobierno de Washington le había pedido al gobernador y la legislatura de Puerto Rico que aprobaran celebrar un plebiscito sin que el mismo cumpliera siquiera mínimamente los requisitos que ha definido la ONU para validar tales consultas, y era necesario que el Comité Especial de Naciones Unidas pasara juicio sobre ese evento, antes de que el mismo ocurriera.”

La delegación conjunta que hizo las gestiones antes reseñadas, estaba conformada por representantes del MPI, el PIP y el Congreso Puertorriqueño Anticolonialista, además de Juan, el Dr. Gilberto Concepción de Gracia, la Dra. Piri Fernández de Lewis y el Dr. José Milton Soltero, entre otros.

Nos dice Juan que el resultado de aquella gestión fue que “derrotó, a mediano plazo, el propósito norteamericano de utilizar el falso plebiscito de ese año como freno al examen por parte del comité especial de descolonización de la ONU del caso colonial de Puerto Rico.”

Estas gestiones del 1967 fueron las que desembocaron en la aprobación de la primera resolución sobre el caso de Puerto Rico el 28 de agosto de 1972. Nos explica Juan que el debate quedó suspendido sine die en 1967. Los votos en aquel momento estaban divididos en 8 a favor nuestro, 8 a favor de EEUU y 8 abstenidos. La paralización sin embargo fue temporera. Juan nos recuerda que la unidad lograda contra el plebiscito fue más allá del independentismo.

https://minhpuertorico.org/index.php/documentos/57-documentos/1418-cuarenta-anos-y-31-resoluciones-de-la-onu-ipodemos-lograr-la-descolonizacion

¿Y los millones? ¿A dónde van?

Por Giancarlo Vázquez López/ CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com

Hace unas semanas, el presidente de los E.E.U.U., escribió en su cuenta de Twitter: “Puerto Rico debería amar al presidente Trump. Sin mí, habrían sido excluidos”. Esto parece que fue razón más que suficiente para movilizar a la Federación de Universitarios Republicanos de Puerto Rico, que anunció este pasado fin de semana el inicio de una campaña de recaudación de fondos para financiar el costo de una estatua de bronce de ese presidente. 

El tuit, fue publicado luego de que Trump convirtiera en ley el proyecto 2157 de Asistencia por Desastres el pasado 6 de junio. La ley proporcionaría cerca de $904 millones adicionales para la recuperación de Puerto Rico.  La Casa Blanca anunció ese mismo día que el proyecto podría facilitar hasta $1,400 millones a Puerto Rico. 

La legislación bipartidista, originada en la Cámara baja, proporciona en total $19,100 millones en fondos de recuperación ante los desastres naturales que han afectado a los estados y territorios en los últimos tres años. 

Se supone que esta asignación de $904 millones sea distribuida entre fondos  de Asistencia Alimentaria ($600 millones), el Departamento de Agricultura Federal ($5 millones) y el Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres ($304 millones). 

Pero después de todo, no será tan fácil. Según determina el estatuto, los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Recuperación por Desastres (CDBG-DR,  por sus siglas en inglés) no estarán disponible hasta que el Gobierno de Puerto Rico logre un acuerdo sobre las obras permanentes que financiará la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), bajo la sección 428 de la ley Stafford.

Si el Gobierno no produce los estimados para octubre 11, tendría que allanarse a lo que estime FEMA. 

La medida también ordena publicar en 90 días los requisitos de las subvenciones de fondos de mitigación CDBG-DR. Esto aplicaría a una partida de $8,200 millones que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) aún tiene que autorizar para la isla.

En 2018, a Puerto Rico se le asignaron $18,000 millones en fondos CDBG-DR mediante la aprobación de la Ley 115-123. De estos, $9,700 millones fueron destinados para la recuperación de viviendas y $8,200 millones para labores de mitigación. 

De los $9,700 millones aprobados, solo se han autorizado $1,500 millones. Los otros $8,200 millones están a la espera de que HUD publique la notificación en el registro federal sobre su uso, un trámite reglamentario que otorga tiempo al gobierno para someter el Plan de Acción sobre los proyectos que desarrollará con ese dinero. 

Los controles financieros que debe establecer el HUD tienen como fin —en teoría— asegurar el buen uso de los fondos y evitar la duplicidad de beneficios, garantizar el gasto oportuno de los fondos, mantener sitios web completos con respecto a todas las actividades de recuperación de desastres asistidas con estos fondos y detectar y prevenir el desperdicio, el fraude y el abuso de fondos. 

Pero ante estas nuevas restricciones para desembolsar el dinero persiste la preocupación de que la entrega de los fondos sea cada vez más lenta.  

El pasado, 27 de febrero, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) develó que Foundation for Puerto Rico obtuvo el más jugoso contrato de dinero de CDBG-DR, sin someter propuesta. 

El Departamento de Vivienda en Puerto Rico (DV) no divulgó los criterios en los que se basó para otorgar un contrato de $37.5 millones a la organización “sin fines de lucro”. Por otra parte, Foundation for Puerto Rico (FPR) tampoco presentó propuesta alguna demostrando su interés o experiencia para manejar un programa de planificación comunitaria. 

En pocas palabras, FPR no pasó por un proceso competitivo para administrar dicha suma. Así lo reconoció la presidenta y CEO de la fundación, cuyos activos netos para el 2017 eran de $8,874,383, según el informe anual presentado por el Departamento de Estado. Como si fuera poco, Vivienda sometió una enmienda para aumentar a $55 millones la cuantía asignada a FPR.   

Los planes del Gobierno, según el plan autorizado por el HUD, son utilizar los fondos para vivienda, desarrollo multisectorial y revitalización de las comunidades, desarrollo económico y otros proyectos de infraestructura. 

Pero en entrevista con CLARIDAD, el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP) David Carrasquillo Medrano censuró la visión desarrollista del Plan de Acción de Vivienda del DV, exigencia del HUD para poder acceder a los fondos de recuperación CDBG-DR para el desarrollo comunitario. 

Además, censuró las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló y el secretario del DV, Fernando Gil Eseñat, quienes han dicho que sale más barato el desalojo y reubicación de comunidades que hacer proyectos de mitigación. Incluso, mencionó que fue testigo de reuniones en las que el gobernador le dijo a la comunidad que los fondos no se podían utilizar para mitigaciones. 

Gil Eseñat aseguró al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que escogieron a FPR porque propusieron siempre soluciones, a diferencia de otras fundaciones “que lo que querían no lo veían a nivel global”.  

Foundation for Puerto Rico presentó parte de sus programas e iniciativas y pidió que fueran incluidos como alternativa en el Plan de Acción de Vivienda (PDV). Vale señalar que los consultores que hicieron el plan de acción no son puertorriqueños. 

La misma ley de HUD dice que hay que armonizar las reglamentaciones de ordenamiento territorial federal con los ordenamientos territoriales de la jurisdicción, incluyendo las municipales. Sin embargo, eso está totalmente ausente del PAV, incluidas las vistas públicas, explicó Carrasquillo Medrano a este medio.  

En el artículo ya citado del CPI la organización Ayuda Legal denunció que, el acuerdo firmado entre Vivienda y FPR falla en detallar las responsabilidades concretas sobre la participación de las comunidades, que garanticen la igualdad de condiciones, establezcan los mecanismos de toma de decisiones y el diseño de criterios de elegibilidad. La organización advirtió además, que al acuerdo le faltan opciones para adelantar fondos a las comunidades, ya que las mismas no podrían participar de la propuesta mediante reembolsos, que es la única opción actualmente. De acuerdo con la organización, el contrato debió establecer criterios de elegibilidad y participación mínimos para las comunidades y municipios. 

Según el contrato otorgado a Foundation el pasado 15 de febrero, un 82% de los fondos del programa ($30,600,000) irá a las comunidades para el desarrollo de sus planes de resiliencia, pero eso está en veremos.

Mientras, hay quienes ponen todos sus esfuerzos en reconocer la visita de un presidente que se burla de los puertorriqueños y sus necesidades y que abogó por frenar las asignaciones a Puerto Rico para mitigar el desastre causado por el huracán María, con una estatua de bronce que sería ubicada frente al Capitolio. 

Sería más apropiado erigir una estatua de Trump representando a Gepeto y un Pinocho asomándose por detrás de su pierna derecha con un rollo de papel de baño en su nariz de mentiroso.

“La Policía esta en su peor momento”

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, licenciado William Ramírez Hernández calificó de “doble discurso” las declaraciones de la Fortaleza señalando como un logro de la reforma policiaca el que las partes trabajen en consenso para establecer la metodología de cumplimiento que se usará para evaluar el Negociado de la Policía.

“Eso no es un logro. La colaboración entre el Departamento de Justicia, sea federal o de Puerto Rico con la Policía o cualquier cuerpo policial, es algo que se espera. Tampoco es avance trabajar en la metodología sobre el uso de la fuerza”, reaccionó Ramírez Hernández respecto a las declaraciones emitidas por la Fortaleza, por voz del secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira.

El director ejecutivo de ACLU, organización que originó el proceso de sindicatura, fue enfático en rechazar que el Gobierno reclame como un logro la colaboración y resaltó que tiene que haber colaboración, puesto que fue el Departamento de Justicia —se refiere al de Estados Unidos— quien llevó a la Policía al tribunal e impuso el monitor.

Ramírez Hernández criticó las declaraciones de la Fortaleza de que en las próximas dos semanas el monitor deberá entregar información de la metodología sobre el uso de la fuerza, “eso quiere decir que en este momento no hay una medición de los éxitos; por lo tanto, no puede haber una conclusión de si ha habido éxitos o no”, y recalcó que el decir que se van a establecer unos procesos de medición no es un logro de la reforma.

Ramírez también rechazó las declaraciones de que el DJ de E.E.U.U., que aconsejó al Tribunal “la suspensión de los procedimientos, dado a que ha visto una mejoría significativa”. Específicamente, aduce que ha visto cómo se han adelantado las iniciativas de manera eficiente y que en términos de metodología se ha logrado más progreso en dos semanas que en los últimos seis meses. Según la Fortaleza, esto fue recomendado por el asesor principal Carlos Saavedra.

Ante esta reclamación, Ramírez Hernández cuestionó a cuáles iniciativas se refería el citado asesor y trajo de ejemplo que una de las partes de la reforma sobre la cual grupos comunitarios y organizaciones han trabajado y tienen que pasar juicio sobre los protocolos de la Policía es el de los casos de violencia de género. “No hay que ir muy lejos, estamos entrando en un récord de matanza y agresiones en un momento en que ellos dicen que han tenido logros, cuando eso es una de las partes de la reforma”, expresó en tono de indignación. Más aun comentó que este protocolo se hizo parte esencial de la reforma “y estamos en el peor momento de la violencia contra la mujer, tanto así que dentro de los mismos miembros de la policía hay esa violencia”.

De igual manera catalogó de “pura propaganda” decir que se ha logrado más en dos semanas que en seis meses. El director ejecutivo de ACLU cuestionó cómo es que una persona nueva, que acaba de entrar, va a lograr en dos semanas lo que no se logró en dos años. Se refiere al monitor John Romero, designado tras la renuncia del coronel Arnaldo Claudio. “Yo mismo dije que cuando se fue el monitor iba a haber un atraso. No es porque el monitor haya sido eficiente, sino porque a él le tomo dos años poder agraciarse con las diversas comunidades que son necesarias para que la reforma funcione. Si a él le tomó tanto tiempo establecer esas relaciones, ¿cómo va a venir una persona en dos semanas lograr lo que a él le tomó dos años?”.

Ante los reclamos de la gobernación, Ramírez Hernández reiteró que si se van a medir en realidad, los logros sustantivos de la reforma de la Policía para el pueblo de Puerto Rico son muy pocos. “La Policía está en su peor momento tanto desde el punto de vista laboral como en la ejecución de su trabajo. Sí hay cambio; pero para lo peor. Decir que se va a establecer en dos semanas lo que no se ha hecho en varios años no es ningún logro”.

Siguen los nombramientos por el juez Gelpí

Por otra parte, mientras la Fortaleza reclama progreso en la reforma policial, el juez Gustavo Gelpí, quien preside el proceso de la reforma de la Policía en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, la llamada Corte federal, hizo otro nombramiento cuestionable. CLARIDAD logró obtener copia de una orden del juez Gelpí por la cual nombró a un tal Thomas Petrowski como asistente especial del ya asistente especial Alejandro del Carmen.

Según la orden de Gelpí la contratación de Petrowski, exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y en la actualidad miembro de la Facultad de Traleton State University, en Texas, los servicios profesionales se pagarán a $150 la hora. Para ello se han separado $65 mil dólares para este año fiscal, además del pago de hasta de $7 mil para gastos en el año. La orden establece que el Gobierno de Puerto Rico consigne en el tribunal la cantidad de $72 mil, con el beneficio de los intereses, para los pagos a Petrowski. La orden será efectiva a partir del próximo 1 de julio.

Llama la atención que la contratación de Petrowski—quien no habla español— sea para a su vez asistir a Alejandro del Carmen, designado también por el juez Gelpí el pasado diciembre. Se supone que Del Carmen es especialista en contabilidad y análisis estadístico y que fue nombrado para ofrecer asesoramiento a la oficina del monitor, en ese entonces dirigida por el coronel Arnaldo Claudio. Del Carmen, de acuerdo con la orden, se reporta directamente al Tribunal.

En febrero de este año, el juez Gelpí le ordenó al Gobierno de Puerto Rico que depositara la cantidad de $60 mil en el tribunal para pagar la compensación de del Carmen. De febrero a mayo, entre llamadas telefónicas, gastos de viaje y hoteles, Del Carmen ha facturado más de $30 mil dólares.

Hay que recordar que a mediados de mayo el coronel Arnaldo Claudio cerró la oficina del monitor y denunció en varias comparecencias públicas su molestia por la manera en que se estaba utilizando el dinero público para la reforma.

Retiran proyectos de libertad religiosa y terapias de conversión

Parada 2019 LGBTTQ Foto> Alina Luciano

 

Por Giancarlos Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlópez@claridadpuertorico/.com

El Gobernador decidió retirar de la consideración legislativa los proyectos de libertad religiosa y terapias de conversión, sin embargo, esto no debe ser razón para bajar la guardia y evitar que no se repita éste, ni otros de carácter similar. 

La libertad de culto ya existe y está protegida por ambas constituciones, la federal y la estatal. Por ende, el Proyecto con título engañoso no tenía nada que proteger y se entiende que su única  justificación es que empleados de gobierno tuviesen la libertad de negarse a ofrecer servicios públicos a quienes ellos entendieran atentaba contra sus creencias. Por ésta y otras razones, diversos sectores se opusieron a la legislación y reclamaron que la medida era, en efecto, libertad para discriminar y odiar bajo el amparo de una ley. 

“Sabemos que estando la libertad de religión ya protegida, esto se estaba haciendo exclusivamente para discriminar… La medida nada tiene que ver con libertad religiosa, tiene que ver con poder negar servicios a personas que no les caigan bien”, manifestó el activista, Yoryie Irizarry. 

Se dijo que no se iba a discriminar, que en caso de que algún empleado no quisiera ofrecer el servicio se iba a conseguir otra persona de inmediato. Pero eso no estaba garantizado y en caso de que se consiguiera a otra persona el ciudadano sería tratado como de segunda o tercera clase. 

Por ejemplo: “Si tu vas a Registro Demográfico a solicitar el certificado de nacimiento y las tres personas que hay se ofenden y no pueden cambiarte el certificado ¿van a empezar a buscar quién de otra oficina te puede hacer la gestión? ¿Te van a decir ‘vuelva mañana que te va a atender fulanito? Entonces ya tú eres tratado como un ciudadano de segunda clase porque no tienes acceso a un servicio como cualquier otra persona”.  Añadió que originalmente la Ley 54 se hizo con un lenguaje inclusivo para que se pudiera aplicar parejas del mismo sexo. Eso fue así hasta que un juez estuvo de acuerdo con que la ley era para personas heterosexuales y no para personas gay. Eventualmente, se determinó que esa ley tampoco protegía a las concubinas y solo a personas casadas legalmente. 

Uno de los argumentos de la comunidad LGBT era “primero van a venir por nosotros, pero luego van por los demás”, expuso el activista partiendo de que la ley se prestaba para un sinnúmero de formas maquiavélicas de rechazo a distintos sectores. Por ejemplo, Santeros y mujeres no casadas. 

Irizarry destacó que esto no fue un triunfo exclusivo de la comunidad LGBT, sino de una alianza donde se unieron más de 40 organizaciones civiles, religiosas y de servicios. Lo que demostró que nunca hubo consenso sobre el proyecto pues mucha gente entendió que el proyecto afectaría a todos por igual. 

Pero los derechos civiles son cada vez más vulnerables a la rampante ideología conservadora. Se recortan derechos laborales, para las mujeres, las comunidades LGBTTQ, incluso, en algunos casos hasta se prohíbe que se le dé comida a los deambulantes. obran razones para mantenernos vigilantes. 

En cuanto al proyecto para prohibir las terapias de conversión se debe mencionar que originalmente la comunidad LGBTTQ endosó el mismo. Sin embargo, se le añadió una cláusula en la que decía que las iglesias y padres de menores estaban eximidas de esa prohibición por lo cual retiraron su apoyo. 

“Al ese proyecto no pasar, nuestros niños y niñas siguen desprotegidos y pueden ser forzados a coger terapias de conversión o reparativas. Eso ya está pasando”, advirtió Irizarry. 

Por otra parte, el proyecto de “libertad de culto” argumentaba que como el gobierno no puede ofrecer todos los servicios, es lógico que algunos de estos los cubran organizaciones de base de fe. Aunque, no pasó sigue siendo importante preguntarse ¿qué servicios le estarían delegando el gobierno a estas organizaciones? Y ¿por qué están estableciendo esa prioridad?