La Policía de Puerto Rico volvió a repetir su patrón agresivo contra manifestantes. Lo hizo el 1 de mayo del 2017, lo repitió el 1 de mayo de este año y lo reiteró nada más y nada menos que el Día Internacional de No Más Violencia Contra la Mujer, el 25 de noviembre. A las mujeres que exigían en una manifestación que el Gobernador firmara una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia por la violencia que se ha destacado este año contra la mujer la Policía las agredió.

Este patrón violento exhibido por ese cuerpo paramilitar parece extenderse a la vida personal de sus miembros. De las 22 mujeres asesinadas hasta el 24 de noviembre, tres fueron asesinadas por policías estatales. Es decir, los policías han sido los autores del 14% de los asesinatos por violencia doméstica hasta ese momento.

La organización Kilómetro Cero denunció que, de acuerdo con el más reciente informe sobre la Reforma de la Policía del síndico federal Arnaldo Claudio, en el 2017 se radicaron 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales. Pero, mientras que el 14% de las denuncias por violencia doméstica en la población general resultan en condenas, en el caso de los policías ninguno de esos 99 oficiales fue condenado. El Monitor Federal de la Policía, indicó en su informe que estas estadísticas presentan un hallazgo que debió haberse discutido extensamente en el informe de la Policía; pero no se hizo.

Para este año de 2018, según la información disponible en el portal electrónico de la PPR, se han radicado 71 querellas administrativas relacionadas con violencia doméstica. De las 71 querellas, 40 aún están pendientes de ser investigadas.

Una fuente de CLARIDAD –a quien protegemos su identidad por razones obvias– explicó que los casos de violencia doméstica de los agentes se manejan de forma separada de los casos radicados por víctimas de civiles. El proceso comienza cuando llega la víctima de violencia doméstica y una trabajadora social de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM) destacada a la División de Psicología y Trabajo Social de la Policía le hace una entrevista. De haber caso, entonces se refiere para que se expida una orden de protección, y otra trabajadora social de la Procuraduría  lleva la orden junto a un agente de la Policía que trabaja casos en la División de Violencia Doméstica. Los psicólogos que refieren casos a la TS de la Procuraduría trabajan con el agresor, pero no existe un procedimiento o protocolo que establezca qué se va a hacer con él.

La fuente denunció que en ocasiones los agresores son desarmados, pero si la víctima no continúa con la denuncia, no existe forma para justificar el proceso de desarme. Además, la División de Violencia Doméstica tampoco tiene establecido un registro de posibles policías ofensores referidos que permita brindar seguimiento y orientación. Lo que existe es un registro de antecedentes de cuántas veces han sido atendidos en la División de Psicología, pero no se establece un registro específico para agresores.

En tanto, las victimas tienen que asistir a la División de Psicología y Trabajo Social de la Policía. La fuente describió que el que ha asistido a dicho lugar sabe, que antes de ser atendidas, las víctimas se encuentran con otros policías, que en ocasiones, conocen al victimario, por lo que puede sentirse intimidadas. Es el personal de la División de Violencia Doméstica de la Policía quien supervisa los casos referidos a las TS que, a su vez, son empleadas de la Procuraduría. Esta División de Violencia Doméstica está compuesta por agentes que no siempre manejan los casos de manera confidencial, sobre todo si los agresores son conocidos.

“Esto lo saben las víctimas porque se habla o porque el victimario lo sabe. Eso desanima a las víctimas a asistir en busca de ayuda para protegerse de la violencia”, expresó la fuente de CLARIDAD. La fuente también confirmó que no hay seguimiento por parte de la Procuradoría de la Mujer a los casos de violencia doméstica en la uniformada.

A preguntas de este semanario, la licenciada María Dolores Fernós, primera directora de la OPM, dijo que respalda que sea personal fuera de la Policía quien atienda las querellas de sus miembros, pero hizo la salvedad de que alguien tiene que dar seguimiento. Fernós destacó que se sabe que lo que da resultado para detener esta conducta de violencia es acabar con la impunidad, que la persona no piense que, haga lo que haga, va a estar protegido por el sistema. Comentó que los protocolos para atender los casos de violencia doméstica en la Policía y en otras agencias, “no son malos”, ya que fueron hechos por una comisión interagencial. No obstante, reiteró la necesidad de dar seguimiento y supervisión a los procesos.

Fernós señaló que esa es la responsabilidad de la OPM: dar seguimiento, supervisar y fiscalizar qué y cómo las diversas agencias están atendiendo los casos de violencia doméstica. Coincidió en la apreciación de que la OPM no está dando seguimiento a las agencias. Trajo como ejemplo que en el caso del ahora exalcalde de Guaynabo Héctor O’neill en que la mujer policía municipal se querelló contra el alcalde primero en la OPM y el caso le fue asignado a una hija del exsenador y miembro del Partido Nuevo Progresista Charlie Rodríguez; pero hasta que el Gobernador le dijo a la Procuradora que actuara, no había pasado nada. “Para detener la impunidad, las personas que atienden estos procesos tienen que ser personas con independencia de criterio, con conocimiento de cómo tienen que actuar con un protocolo y que lo sigan”, recalcó la activista.

La Resistencia contra la quema de carbón y sus cenizas tóxicas (RCC) denunció que el reglamento redactado y aprobado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para el manejo de estas cenizas es uno falso, el cual va en contra de toda la evidencia de la naturaleza contaminante y su propósito es permitir el depósito de cenizas en vertederos por todo Puerto Rico, su uso como relleno para la construcción como para estabilizar el terreno.

Las denuncias se dieron en ocasión de la celebración de una “vista pública” sobre el reglamento, llevada a cabo este pasado jueves 29 de noviembre por el DRNA. El reglamento lleva por título, “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón”, aseveración que contrasta con la postura de los grupos opositores y evidencia científica presentada a través de variados estudios en Puerto Rico y otros lugares.

Los grupos que conforman la Resistencia son: Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas, la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur y el Comité Diálogo Ambiental de Salinas presentaron una sola ponencia ante el DRNA en la cual denunciaron que en el 2012 ya hubo un intento fallido de parte del gobierno, de establecer unas “Guías para usos de los residuos de combustión de carbón”, y ahora presenta un falso reglamento que pretende, una vez más, resolverle el problema a AES de la disposición de sus cenizas tóxicas, sin enmendar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni Resoluciones de la Junta de Planificación (JP) que establecen la exportación de los residuos de los residuos de la quema de carbón, es decir las cenizas.

A su vez denunciaron que el supuesto reglamento se presenta en momentos en que la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico (RS 727) lleva a cabo una investigación sobre los hallazgos del Informe Anual de Monitoreo de Aguas Subterráneas de 2017 realizado por DNA-Environmental LLC, en el área de la planta de AES en Guayama, así como la determinación de transportar miles de toneladas de cenizas fuera de la isla.

Víctor Alvarado, del Comité de Salinas dijo a CLARIDAD que la ponencia de la Resistencia se había presentado por escrito mediante correo electrónico hace dos semanas al DRNA. Otros deponentes en la vista pública lo fueron el licenciado Omar Saade Yordán, el doctor José A Norat Ramírez, de la Escuela de Salud Pública del recinto de Ciencias Médicas (RCM-UPR), la investigadora y botánica, María Benedetti, todos en contra del reglamento. No obstante expresó que no se sabe cuánto peso el DRNA le va a dar a los deponentes. Agregó que por lo regular cuando el DRNA hace la vista pública ya el reglamento está redactado. Se supone que hasta tanto el documento no se presente ante el Departamento de Estado, este no se hace oficial.

Alvarado denunció además que el DRNA no les ha querido contestar si el reglamento le fue presentado a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés). Según atribuyó en declaraciones públicas la secretaria del DRNA, Tania Vázquez, en marzo de este año dijo que, el reglamento ya había sido enviado a la EPA, y que la agencia lo estaba evaluando y que en dos meses estaría listo para comentarios públicos. Sin embargo- expresó Alvarado- en una actividad del Colegio de Químicos en el mes de agosto en donde estuvo presente la directora regional de la EPA, Carmen Guerrero, se le preguntó si había recibido el reglamento y ésta dijo que no. “Así que la secretaria del DRNA ha dicho una mentira pública en marzo y a estas alturas no sabemos si la EPA vio o no el reglamento”.

Trajo a la atención que bajo el estado de derecho actual, el DRNA podría clasificar los residuos de la combustión de carbón o cenizas de carbón como desperdicios peligrosos, así como lo ha hecho California, pero insiste, de manera incorrecta en alegar que está imposibilitada de hacerlo. Incluso, la Regla aprobada en el 2015 por EPA le permite ser más restrictiva, pero el DRNA, y antes la Junta de Calidad se niegan a serlo.

Otro aspecto sobre el cual llamaron la atención es que el DRNA descarta, sin ninguna base científica, todos los casos, estudios y evaluaciones científicas que se le han presentado a través de los años, que demuestra la peligrosidad, toxicidad y radiactivdad de las cenizas. “Nunca la JCA ni el DRNA han asumido una posición sobre el desastre ambiental, de salud y agrícola que causaron las miles de toneladas de cenizas de carbón que la AES descartó en Arroyo Barril, República Dominicana, entre 2002 y 2003. Sin embargo, esas son las mismas cenizas que la JCA permitió desparramar entre 2004 y 2014 sobre terrenos, acuíferos, solares baldíos, cercanos a ríos y quebradas en Puerto Rico, y que el falso reglamento presentado por el DRNA propone volver a permitir su uso”, cita la ponencia.

El DRNA también descarta de manera selectiva tomar en consideración los casos de Town of Pines, Indiana y Battlefield Golf Course en Chesapeake, Virginia.

Intereses detrás de la cenizas

Ante estos y otros señalamientos los activistas denunciaron que las decisiones del DRNA no están basadas en elementos científicos, sino en las presiones de AES y otros intereses. En esa dirección Alvarado narró que la realidad es que a nivel mundial el uso del carbón ha ido bajando y AES también ha bajado sus plantas de uso de carbón para sustituirlas con placas solares. En el caso de Puerto Rico, AES estaba detrás de un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para suplir de gas natural a las plantas generatrices del norte. Aunque el contrato se le otorgó a otra compañía, todavía AES está detrás de otro contrato a través de la empresa Fluence, esto por medio de la firma de una alianza con la empresa Siemen, la que a su vez es la empresa que redactó el Plan Integrado de Recursos de la AEE. Esta relación de Siemen y AES por medio de Fluence, lo que pretende es un contrato del almacenaje de energía para la AEE.

Sobre esta maniobra Alvarado expresó que aunque por un lado a AES daría la impresión de que está tratando de moverse a gas natural y dejar el carbón, puso en cuestionamiento qué pasará de aquí al 2027, quizás cuando se acabe el contrato de AES con la AEE, el problema será que por un lado nos dejan la inmensa montana de cenizas que hay en Guayama contaminando el acuífero y envenenando a la agente, no se hace nada de lo qué pasara con las otras dos toneladas de millones de cenizas que están acumuladas en otros 14 municipios y qué vamos hacer con las otras 2 y 3 millones de toneladas de cenizas que van a generar de aquí al 2027.

El drama con ribetes surrealista en el que Wanda Vázquez, la Secretaria de Justicia (al momento en que se escribe este artículo lo sigue siendo) es personaje central, confirma lo que muchos en Puerto Rico vienen denunciando desde tiempos inmemoriales: que el sistema de investigación y procesamiento criminal se manipula según los intereses de quienes lo controlan. Las denuncias sobre fabricación de acusaciones y la manipulación de procedimientos judiciales casi siempre salían de labios de algún dirigente independentista y ahora, para asombro de algunos, la escuchamos en la voz de la persona que se supone dirija el aparato acusador.

Dice la secretaria Vázquez que la imputación que le hace el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) no es más que una burda fabricación impulsada por la presidenta de ese organismo, la ex juez (y exsenadora, exsecretaria de Corrección y permanente contratista del mismo gobierno), Nydia Cotto Vives. Insinúa que detrás de la acción del PFEI está la figura del actual presidente de Senado, Thomas Rivera Schatz, cuya administración es a su vez objeto de una investigación por parte de Departamento que dirige Vázquez, relacionada con “empleados fantasmas”.

Cualquiera que conozca un poco sobre cómo se bate el cobre en esta ínsula colonial puede confirmar que las acusaciones que se lanzan unos y otros son básicamente ciertas, y que ahora se esgrimen y se magnifican con la sola intención de dañar al contrario. De ordinario los únicos receptores de los abusos públicos son los más débiles (activistas comunales, estudiantes, luchadores independentistas, etc.) pero ahora, en un momento en que el gobierno parece no haber liderato, las fieras se han dedicado a comerse unas a otras y ha quedado expuesto lo que antes se ocultaba.

La acusación contra Vázquez aún no se conoce, pero ya la han crucificado porque lo que se quería era, precisamente, lograr ese efecto. Aparentemente tiene relación con el procesamiento criminal de dos jóvenes que cometieron ciertos delitos contra su hija. Como vemos, no se trata de que la Secretaria haya manipulado el aparato legal para beneficiar a un familiar acusado de algo. El familiar en cuestión era la víctima. Ya de por sí suena raro que en ese procedimiento Vázquez hubiese cometido algún acto punible como delito.

Lo que pasa es que Vázquez, tanto cuando fue Procuradora de la Mujer como en la actual silla en Justicia, se ha prestado para mucho juego político y en ese campo es imposible complacer a todos y sólo hacer amigos. La lista de sus acciones con carga política es larga. Una de las últimas fue la investigación en torno a la conspiración dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) conocido como el “chat de Moca”. Allí para complacer al Senado quiso ser firme y terminó haciendo referidos al PFEI que provocaron las renuncias de muchos funcionarios claves del actual gobierno. La evidencia que recopiló no era muy buena, pero ella le dio mucha cuerda buscando un efecto político. Dejó complacido a Rivera Schatz, se cobró alguna que otra venganza personal y azuzó a un gran grupo de enemigos.

Luego aparecieron otras dos investigaciones relacionadas con la misma CEE – la de los vagones con suministros misteriosamente desaparecidos y la del hijo de la comisionada Noma Burgos – en las que Vázquez reculó buscando beneficiar al gobernador Rosselló y a Burgos. Ante ese giro, el antes complacido Rivera Schatz se tornó iracundo. Vázquez entonces pretendió jugar pelota dura y anunció una investigación sobre los contratistas y empleados fantasmas que llenan la nómina de la Legislatura.

Con el juego ya complicado apareció en escena la otra dama de la justicia, Nydia Cotto, cuyo historial es aún más vasto que el de Vázquez y quien, además de todas sus intenciones políticas, lleva clavada una espina desde que ésta le canceló un contrato (también fantasma) con la Procuradoría de la Mujer. Nydia Cotto también sabe jugar pelota dura y la posible venganza le cayó en la falda una vez Vázquez refirió al PFEI a los conspiradores del chat. Esa otra institución con poder para iniciar procesos criminales es controlada por Cotto, quien no tuvo reparos en exonerar a los implicados y proceder a investigar a quien los refirió. Revolcando yaguas viejas encontró la cucaracha del procesamiento a los implicados en el caso de la hija de Vázquez y de inmediato se lanzó al ataque.

Todavía no llegamos al final del drama, pero es posible predecir que, aunque difícilmente Wanda Vázquez termine siendo procesada criminalmente, con toda probabilidad no sobrevivirá en el cargo de Secretaria de Justicia. Pero, independientemente del desenlace, lo que ha quedado expuesto con gran nitidez es la gran mentira del sistema de procesamiento criminal. Las manipulaciones políticas y personales que ha sufrido por décadas han quedado a la vista de todos. Si los responsables de ese sistema son capaces de atacarse unos a otros y llegar al extremo de fabricarle un caso a misma titular del Departamento de Justicia, ¿quién se salva?

Y para terminar, faltaba este capullo. Antes de cesar como Secretaria de manera temporal, tal vez presintiendo que no volverá al cargo, Vázquez procedió a limpiar la casa trasladando a lugares remotos a los fiscales que no le eran fieles. De la noche a la mañana, algunos debieron abandonar sus oficinas en Miramar o Hato Rey para enfilar hacia Aibonito, Guayama o Ponce. Poco le importó a la Secretaria las investigaciones criminales en curso que resultarían afectadas con estos traslados caprichosos. Fue un manotazo de despedida que le salió del pecho. Así es Wanda y así es el sistema que nos presentan como una dama justiciera que actúa los ojos vendados. Una farsa.

La deuda es un mecanismo de dominación muy importante en el capitalismo de hoy pues viene acompañado con la imposición de un modelo de consumo. Así lo expuso el economista haitiano, Camille Chalmers, en entrevista para CLARIDAD luego de su participación en el conversatorio “¿Esclavitud Abolida? Seguimos en rebeldía y honrando la memoria de las que lucharon”.

“Estamos ante la dominación del capitalismo financiero transnacional… Muchas veces la deuda está asociada con el tipo de consumo que haces y ese modelo de consumo reproduce la lógica del mercado capitalista”.

A partir de esta lógica se aísla el intercambio financiero entre países pero, también, se invisibilizan otros intercambios que explican la transferencia de riquezas del sur hacia el norte, de las comunidades pobres a las ricas y de los países que dicen subdesarrollados hacia los desarrollados. Por ejemplo –dijo Chalmers– la fuga de cerebros, el comercio desigual, el pago al servicio de la deuda, todo eso explica que transferimos cada año recursos que podrían ayudarnos a resolver nuestros problemas.

Hay todo una ideología de la deuda donde esta crece de manera permanente, que no tiene relación con sus efectos y se autonomiza. Una ideología que gira en torno a la lógica del dinero sin pensar en lo material, sin pensar en la vida, sin pensar en las necesidades humanas.

Si bien la deuda como mecanismo de dominación se trata de un fenómeno global, Chalmers, expresó que los pueblos caribeños han sido “muy golpeados” por este fenómeno y explicó que nuestra posición geográfica demuestra un proceso de dominación geopolítica muy importante.

“Estamos muy cerca de EEUU en una posición de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico y hay una fuerte concentración del proceso de dominación sobre el Caribe. Podemos ver por ejemplo, la presencia de ejércitos de Francia, Gran Bretaña, Holanda, EEUU, en esta pequeña zona. El Caribe juega un papel muy importante en la acumulación global de riquezas”, añadió sin dejar pasar la oportunidad para mencionar que también el Caribe es una zona de rebeldía, una zona que ha dado ejemplo de dos revoluciones que muestran la posibilidad de construir un proyecto nacional totalmente opuesto a la lógica dominante del Capitalismo.

La nación haitiana fue construída bajo la violencia de una deuda injusta, impuesta por los colonos franceses durante 21 años después de que Haití obtuviera su independencia en 1804. Haití, estuvo pagando por más de 100 años para indemnizar a los dueños de esclavos y plantaciones. Eventualmente la deuda fue comprada por EEUU y hoy el pueblo haitiano sigue pagando esa deuda más allá de su aspecto económico. Según Chalmers, al calcular los flujos de pagos queda se han hecho, Francia le debe a Haití por lo menos $24,000.

“En Haití estamos en un momento de gran movilización popular porque estamos cuestionando la lógica de esa deuda que se acumula rápidamente. Estamos reclamando restitución, justicia y transparencia sobre eso. El 7 de octubre tuvimos casi dos millones de personas exigiendo restitución. Interesante porque abre todo un cuestionamiento sobre la lógica de dominación y abre la posibilidad de construir una sociedad distinta pos-capitalista”, dijo Chalmers que es también coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití.

El domingo, 2 de diciembre, día en que se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, se llevó a cabo el conversatorio “¿Esclavitud Abolida?” en el Bosque Costero de Playas pa’l Pueblo, en Isla Verde.

Luego de una pequeña caminata para ver las ceibas que fueron sembradas en homenaje a Isabelita Rosado, Lolita Lebrón, Haydee Colón, Ivania Zayas, Mirka Negroni y Berta Cáceres en el Bosque Costero de Playas pa’l Pueblo, en Isla Verde, dio inicio la actividad donde tanto Chalmers como la profesora, psicóloga social y coordinadora de la Región Caribe de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Doris Quiñones, hablaron sobre las distintas manifestaciones de la esclavitud moderna, la violencia selectiva y machista sobre los cuerpos y las mujeres, entre otros.

“Estamos aquí para apoyar la movilización puertorriqueña y caribeña, apoyar la lucha independentista para que el Caribe pueda recuperar su soberanía tanto política como financiera”, dijo por su parte Chalmers.

Además, sugirió que cada pueblo debe inventar sus propios caminos de destreza y lucha, pero que es importante comunicar e intercambiar las experiencias, estar presentes en los momentos de lucha y aprender de la historia.

Como parte de sus movidas estratégicas según la agenda ideológica que han de seguir, la Junta de Control Fiscal ordenó recortar el 50% del presupuesto destinado al Programa de Salud Correcional.

Según esto el programa de salud correcional debe ahorrar $8 millones para este año y $13 millones para el 2019. La norma para generar ahorros sugiere principalmente buscar quien subsidie los gastos o reducirlos. Quizás, aumentar los ingresos, pero eso resulta imposible.

“La primera es imposible, te queda buscar subsidios o reducir servicios” dijo Manuel Quilichini, presidente de Correctional Health Service Corp. (CHSC).

En Estados Unidos algunos estados con el programa de seguros de salud, Medicaid sí le pagan al confinado desde la hora 23 en adelante, pero en Puerto Rico no es así –explicó– por lo que solo queda para reducir personal y servicios.

El ente federal que “vigila” y “asegura” la estabilidad económica de Puerto Rico, concluyó en una carta enviada al secretario del Departamento de Correción, Erick Rolón, que el costo de los servicios de salud por confinado debe ser reducido a un monto de $3,000 del promedio actual, $6,000.

En el sistema de prisiones según un informe realizado por el PEW Center en el 2014 el costo promedio de tratamiento de salud para un confinado sentenciado es de $6,000 al año.

“Nosotros estábamos en $6,300. Si nos pusiéramos en esa tabla haríamos el número 23, lo que quiere decir que estamos en el promedio de los que cuesta tratar a un confinado. Sin embargo, la JCF dice que deben ser $3,000. Un número imposible de cumplir precisamente por las condiciones de salud que tienen los confinados”, explicó el presidente de CHSC.

Como parte del caso Morales Feliciano, en 1998, se aprobó la privatización de los servicios de salud correccional mediante la creación de una entidad sin fines de lucro. A partir de esta orden, en el 2005, CHSC comenzó a ofrecer servicios médicos a los confinados y así lo hizo hasta finales del pasado mes de septiembre, cuando la compañía Physician HMO quedó a cargo de dichos servicios.

Al tratarse de una entidad sin fines de lucro –explicó Qulichini– el CHSC no estaba obligado a dar una ganancia por lo que los costos eran bajos. Pero llegado un punto no se pueden reducir gastos sin tener cortar servicios y es ahí donde radica el problema pues para cumplir con el Medical Care Plan y llegar a los $3,000 que dice la Junta hay que cortar servicios.

“El Departamento de Corrección va a tener que decir, no le vamos a dar tratamiento para estas condiciones de salud y eso puede constituir una violación de derechos constitucionales… Cortar el 50% del presupuesto del programa de salud correccional sin que se afecten los servicios es imposible”, sostuvo.

La razón por la que “puede” constituir una violación de derechos constitucionales es porque la Constitución Federal dispone que si el sistema de corrección conoce de que un paciente tiene una condición seria de salud y no le da tratamiento está actuando con “indiferencia deliberada”.

No toda negación de servicios llega a ese nivel, si son servicios que se consideran no-críticos no se considera como una violación de los derechos del confinado. La violación se da cuando hay una condición seria de salud que a sabiendas de que existe no se atiende.

Por lo antes mencionado, Quilichini, asumió que empezarán a quitar servicios no-esenciales o que se vean como no-críticos, por ejemplo, tratamiento a drogas, programas de rehabilitación, programas terapéuticos, entre otros.

“Nosotros dábamos Yoga, acupuntura como parte de un plan de tratamiento, ciertos servicios psicológicos de apoyo. Estos servicios no ponen en riesgo el bienestar y la vida del confinado”.

En cambio, el abogado mencionó que los servicios que sí son críticos, medicamentos que se reciben para pacientes con HIV, los pacientes que tienen condiciones serias de salud mental, condiciones crónicas como diabetes, asma, estarían protegidos.

Cerca del 70% del costo de todos los medicamentos que se dispensan en el sistema de salud correccional van para fármacos antirretrovirales y psicotrópicos, medicamentos altos en costo por lo cual controlarlos es difícil.

Sin embargo, el abogado entiende que no es posible llegar a la cifra que sugiere la JCF cortando los servicios menos críticos por lo que quedaría despedir personal, enfermeros y enfermeras, medicos y especialistas.

Pero eso no es tan fácil –dijo Quilichini– porque, por ejemplo, el sistema tenía cerca de 1,000 enfermeros y enfermeras cuando CHSC comenzó a dar servicios y actualmente va por 450.

“En muchos casos esos profesionales son más importante que el médico porque el médico puede venir una o dos veces al día, una vez a la semana, pero el enfermero está ahí dando el servicio 24 hrs 7 días a la semana. Pues tú no puedes cortar servicios de enfermería, sin embargo es el grupo más grande que hay”

Por otra parte añadió que los médicos en el sistema de salud correccional reciben la paga más baja en Puerto Rico y quieren que se les aumente la compensación pero para eso habría que cortar el número de médicos que atienden “y si tu cortas el número de médicos que atienden, muchos pacientes se quedarían sin recibir tratamientos”.

Viéndolo desde las proyecciones del Departamento de Corrección de trasladar 3,000 confinados fuera de Puerto Rico, “a lo mejor” pueden bajar el costo de los servicios de salud en Puerto Rico, pero el problema con esto, según la experiencia del CHSC, es que en los dos traslados realizados anteriormente los confinados que se fueron para EE.UU son los “well babies”, reos que no tienen ninguna condición de salud, lo que quiere decir que por esta parte no se genera ningún tipo de ahorro.

“No va a tener efecto porque todavía vas a tener los gastos. Si te llevaras una población representativa, entonces los gastos en Puerto Rico bajarían porque los servicios médicos estarían incluidos en el contrato de los que se van fuera de Puerto Rico. Lo que pasa es que nuestra experiencia nos dice que los que siempre se han ido son los que estan bien”.

La directora de Administración de Seguros de Salud [ASES], Ángela Ávila, descartó que la población penal pudiera tener acceso a fondos Medicaid. Esto luego de que el presidente de Physcian HMO, Raúl Villalobos, proyectara generar más de $2 millones en economías al sustituir parte de la cubierta médica de los presos con fondos Medicaid.

Quilichini sostuvo que esto no es posible, pues CHSC ya había hecho un acercamiento tanto a ASES como a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid [CMS, en inglés].

“No es que los confinados no cualifiquen para Medicaid. Es que hay una regla dentro de Medicaid que si un confinado está en un hospital y pasan 23 hrs de ahí en adelante se le puede reclamar a Medicaid pero no es un derecho. Medicaid es quien deciden si van a pagar o no”.

“Yo no sé que va a hacer él [Villalobos] pero buscar dinero de afuera no es tan fácil porque las agencias federales y estatales van a decir corrección tiene su presupuesto para eso”, añadió.

El presidente de la empresa sugirió dar eficiencia en la utilización tecnología y puso como ejemplo el programa de tele-medicina del CHSC que contaba con cinco psiquiatras que atendían a todos los confinados en la isla. Con la eficiencia que ganaste mantuviste el servicio y bajaste los costos.

“De hecho mientras nosotros corrimos el sistema el presupuesto de salud correccional fue reducido hasta un 24% y nunca bajamos el nivel de cumplimiento”.

Cuando eres una empresa con fines de lucro tienes que producir una ganancia. Para esto tiene que haber un toma y dame. Nosotros no teníamos problemas, todo lo que hacíamos era sin ganancia, por ende, nosotros teníamos los costos mas bajos. En esta subasta dice el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erick Rolón, que esta compañía [Physician HMO] ofreció $500 mil al año menos que nosotros pero estos no cuentan todos los servicios”, dijo.

Physician HMO, por ejemplo, no tiene un sistema de récord médico electrónico por lo que utiliza el sistema administrado por CHSC. Solo el gasto que incurre el acceso a este servicio podría vislumbrar que a larga la empresa contratada el pasado mes de julio va a costar más que el CHSC.