La Policía de Puerto Rico volvió a repetir su patrón agresivo contra manifestantes. Lo hizo el 1 de mayo del 2017, lo repitió el 1 de mayo de este año y lo reiteró nada más y nada menos que el Día Internacional de No Más Violencia Contra la Mujer, el 25 de noviembre. A las mujeres que exigían en una manifestación que el Gobernador firmara una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia por la violencia que se ha destacado este año contra la mujer la Policía las agredió.
Este patrón violento exhibido por ese cuerpo paramilitar parece extenderse a la vida personal de sus miembros. De las 22 mujeres asesinadas hasta el 24 de noviembre, tres fueron asesinadas por policías estatales. Es decir, los policías han sido los autores del 14% de los asesinatos por violencia doméstica hasta ese momento.
La organización Kilómetro Cero denunció que, de acuerdo con el más reciente informe sobre la Reforma de la Policía del síndico federal Arnaldo Claudio, en el 2017 se radicaron 99 querellas por violencia doméstica contra policías estatales. Pero, mientras que el 14% de las denuncias por violencia doméstica en la población general resultan en condenas, en el caso de los policías ninguno de esos 99 oficiales fue condenado. El Monitor Federal de la Policía, indicó en su informe que estas estadísticas presentan un hallazgo que debió haberse discutido extensamente en el informe de la Policía; pero no se hizo.
Para este año de 2018, según la información disponible en el portal electrónico de la PPR, se han radicado 71 querellas administrativas relacionadas con violencia doméstica. De las 71 querellas, 40 aún están pendientes de ser investigadas.
Una fuente de CLARIDAD –a quien protegemos su identidad por razones obvias– explicó que los casos de violencia doméstica de los agentes se manejan de forma separada de los casos radicados por víctimas de civiles. El proceso comienza cuando llega la víctima de violencia doméstica y una trabajadora social de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer (OPM) destacada a la División de Psicología y Trabajo Social de la Policía le hace una entrevista. De haber caso, entonces se refiere para que se expida una orden de protección, y otra trabajadora social de la Procuraduría lleva la orden junto a un agente de la Policía que trabaja casos en la División de Violencia Doméstica. Los psicólogos que refieren casos a la TS de la Procuraduría trabajan con el agresor, pero no existe un procedimiento o protocolo que establezca qué se va a hacer con él.
La fuente denunció que en ocasiones los agresores son desarmados, pero si la víctima no continúa con la denuncia, no existe forma para justificar el proceso de desarme. Además, la División de Violencia Doméstica tampoco tiene establecido un registro de posibles policías ofensores referidos que permita brindar seguimiento y orientación. Lo que existe es un registro de antecedentes de cuántas veces han sido atendidos en la División de Psicología, pero no se establece un registro específico para agresores.
En tanto, las victimas tienen que asistir a la División de Psicología y Trabajo Social de la Policía. La fuente describió que el que ha asistido a dicho lugar sabe, que antes de ser atendidas, las víctimas se encuentran con otros policías, que en ocasiones, conocen al victimario, por lo que puede sentirse intimidadas. Es el personal de la División de Violencia Doméstica de la Policía quien supervisa los casos referidos a las TS que, a su vez, son empleadas de la Procuraduría. Esta División de Violencia Doméstica está compuesta por agentes que no siempre manejan los casos de manera confidencial, sobre todo si los agresores son conocidos.
“Esto lo saben las víctimas porque se habla o porque el victimario lo sabe. Eso desanima a las víctimas a asistir en busca de ayuda para protegerse de la violencia”, expresó la fuente de CLARIDAD. La fuente también confirmó que no hay seguimiento por parte de la Procuradoría de la Mujer a los casos de violencia doméstica en la uniformada.
A preguntas de este semanario, la licenciada María Dolores Fernós, primera directora de la OPM, dijo que respalda que sea personal fuera de la Policía quien atienda las querellas de sus miembros, pero hizo la salvedad de que alguien tiene que dar seguimiento. Fernós destacó que se sabe que lo que da resultado para detener esta conducta de violencia es acabar con la impunidad, que la persona no piense que, haga lo que haga, va a estar protegido por el sistema. Comentó que los protocolos para atender los casos de violencia doméstica en la Policía y en otras agencias, “no son malos”, ya que fueron hechos por una comisión interagencial. No obstante, reiteró la necesidad de dar seguimiento y supervisión a los procesos.
Fernós señaló que esa es la responsabilidad de la OPM: dar seguimiento, supervisar y fiscalizar qué y cómo las diversas agencias están atendiendo los casos de violencia doméstica. Coincidió en la apreciación de que la OPM no está dando seguimiento a las agencias. Trajo como ejemplo que en el caso del ahora exalcalde de Guaynabo Héctor O’neill en que la mujer policía municipal se querelló contra el alcalde primero en la OPM y el caso le fue asignado a una hija del exsenador y miembro del Partido Nuevo Progresista Charlie Rodríguez; pero hasta que el Gobernador le dijo a la Procuradora que actuara, no había pasado nada. “Para detener la impunidad, las personas que atienden estos procesos tienen que ser personas con independencia de criterio, con conocimiento de cómo tienen que actuar con un protocolo y que lo sigan”, recalcó la activista.
