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La pelea por Europa y el drama catalán

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Europa pasa por momentos difíciles. Tal vez no tan malos como los que se juntaron en la década del ’30 del pasado siglo para desembocar en la guerra más letal de su historia, pero lo suficiente para preocuparse. 

El resultado de las elecciones para elegir los integrantes del Parlamento europeo del pasado domingo 26 de abril, celebradas en todos los estados miembros de la Unión, reforzó esa preocupación. En esa consulta los partidos y movimientos que apoyan la continuidad y el fortalecimiento de la UE (conservadores, socialdemócratas, liberales y ecologistas) ganaron suficientes escaños para garantizar que no se produzcan cambios importantes, pero a la misma vez, las fuerzas de ultraderecha, que tratan de hacer implosionar el ente continental, ganaron fuerzas y ahora mismo representan una cuarta parte de la legislatura central. 

En dos de los estados fundadores de la UE, Francia e Italia, la fuerza política más votada fue la ultraderecha, aunque en ninguno de ellos alcanzó mayoría absoluta. En Francia se trató de una repetición porque en las elecciones de 2015 el Frente Nacional de Marine Le Pen obtuvo un porcentaje similar, pero en Italia los resultados representaron una mejoría importante para el partido del aprendiz de Mussolini, Matteo Salvini. En Hungría el partido del ultraderechista Viktor Orbán, actual jefe del Gobierno, obtuvo el 52% de los votos. 

La presencia de esta fuerza compacta dentro del Parlamento europeo, que en la mayoría de las ocasiones actuará como un bloque ideológico, augura debates intensos durante los próximos años. Sus acciones estarán dirigidas a intentar reducir el poder de los organismos continentales en áreas vitales como el control de las fronteras y las finanzas. 

Cuando se habla de “control de fronteras” se refiere particularmente a los emigrantes como problema central. La llegada en grandes grupos de personas provenientes de Asia, el Oriente Medio y, sobre todo, de África, fue el tema central de la campaña de muchos de los países. Los grupos de ultraderecha, alimentados por el racismo más que por el problema social que representan los inmigrantes, manosearon este tema a todo dar, alimentando miedos y prejuicios religiosos. 

Esta agitación se benefició del hecho de que, ciertamente, las instituciones europeas han atendido muy mal el tema de la migración y todo indica que se le ha salido de las manos. Abrumados por el intenso tráfico – que impulsado por la necesidad y organizado por las mafias que se lucran del dolor ajeno – las autoridades la UE no han logrado dar con una respuesta coherente al problema. Esto ha implicado que los países que sirven como puertas de entrada –Italia, Grecia y España– tengan que soportar una dosis mucho mayor de la crisis. En el caso de Italia, que está exactamente frente a Libia, el principal puerto de embarque, el problema ha superado todo posible encuadre, lo que explica muy bien el auge del aprendiz de Mussolini.

La fuerza de la ultraderecha, que en un momento de la campaña se temió mucho mayor, se ha visto mitigada por el ascenso de los partidos liberales y ecologistas que, aunque críticos en varios temas, apuestan por la continuidad de la UE. Estos captaron parte de descontento generalizado con conservadores y socialdemócratas, los que hasta ahora se habían repartido el poder. 

Detrás del debate europeo, como el lobo que mira de lejos las ovejas pastando, está la Rusia de Putin. Igual como sucedió en las elecciones estadounidenses, donde apoyaron sin reserva al troglodita Trump, el gobierno ruso hizo todo lo posible por mercadear a los ultraderechistas, pavoneándose con Marine Le Pen y Matteo Salvini, y patrocinando encuentros entre los partidos ultras. Más que la sintonía ideológica, lo que está detrás de este apoyo es un objetivo geopolítico. En medio de su expansión, la UE se ha movido hacia la Europa del Este y los Balcanes, tradicionales áreas de interés ruso por lo que la debilidad de la UE redundaría en ganancias para Moscú. 

En España las elecciones del Parlamento europeo fueran dominadas por el Partido Socialista (PSOE), seguido de los partidos de la derecha que apoyan la UE, Populares y Ciudadanos. Los tres obtuvieron 40 de los 54 escaños en disputa. El ultraderechista Vox sólo obtuvo 3. Donde se produjo un resultado lamentable fue en las elecciones municipales que se juntaron con la europea. La capital, Madrid, controlada por el PP durante décadas, había sido dominada por la izquierda en las elecciones de 2015. La exjueza Manuela Carmena, postulada por Unidos Podemos, ejerció como alcaldesa en los pasados 4 años recibiendo elogios por una administración eficiente e inclusiva. Previo a la elección, hasta el New York Times se unió a los aplausos. El pasado 26 de abril la candidatura de Carmena fue la más votada, pero la unión de los tres partidos de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, permite que el candidato del primero controle la alcaldía madrileña. 

Más que los inmigrantes, lo que motivó a la derecha española fueron los reclamos de independencia de los catalanes. Pero a pesar del escarceo, los independentistas lograron su objetivo de colocar en el Parlamento europeo a dos de sus principales dirigentes, el expresidente Carles Puigdemont y el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras. El primero se estableció en Bruselas para evadir los intentos españoles para juzgarlo por “sedición”, mientras el segundo sigue encarcelado desde hace casi dos años, en “prisión preventiva”. Ahora ambos pueden utilizar el Parlamento de la UE como caja de resonancia de la causa catalana y el caso de Junqueras, que ahora es un diputado europeo encarcelado, le representa un problema muy singular al gobierno español. 

Municipio de San Juan enfrenta a la Junta

Carmen Yulin Cruz, alcaldesa de San Juan

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto @claridadpuertorico.com

Alertando de que la Junta de Control Fiscal “quiere traer a los municipios las medidas de austeridad que tanto dolor han creado en el país”, la alcaldesa del Municipio de San Juan (MSJ), Carmen Yulín Cruz, impugnó en el Tribunal Federal la constitucionalidad de la determinación de la Junta de certificar a su municipio como entidad cubierta bajo la jurisdicción de la Ley Promesa. 

En la reunión pública del 9 de mayo, la JCF anunció que designó como entidades cubiertas por la Ley Promesa a los 78 municipios, con el objetivo de “asegurar la viabilidad fiscal de los municipios a largo plazo”.

“La experiencia del país con la Junta de Control Fiscal es que la Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas. No hay razón para pensar que la nueva intromisión de la Junta con los municipios, que ya cubre a los 78 municipios, tenga resultados diferentes a lo que ha sucedido en el Gobierno central”, denunció la alcaldesa en conferencia de prensa, donde dio a conocer sobre la radicación de la demanda en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el llamado Tribunal federal.

Cruz Soto trajo a la atención la situación de su municipio y la de otros. El Municipio de San Juan recibe del Gobierno central única y exclusivamente $80,500 000 anuales de la Ley 52 (Ley de Municipios). Cuando ella comenzó como alcaldesa, el municipio recibía $ 2,790, 730. Agregó que el MSJ, como el resto de todos los 78 municipios, tiene sus préstamos pagados y prepagados; contrario al Gobierno central que, aun cuando recibe el $1.03% de los ingresos de los municipios por medio del CRIM, lo que representa $116 millones anuales, no está pagando la deuda, cuando se supone que ese dinero está destinado para el pago de la deuda. “Los 78 municipios tienen sus préstamos pagados y prepagados porque así se los exige la ley”, recalcó.

Añadió que lo otro importante que hay que saberes que mientras el MSJ ha hecho ajustes en su presupuesto, el Gobierno central sigue utilizando a los municipios para pagar el sistema de retiro. Precisó que cuando llegó al Municipio, pagaba $26.9 millones para las pensiones de los empleados, y que ahora, teniendo menos gente, paga $54.7 millones; un aumento de 1.9%. 

La alcaldesa de la Ciudad Capital manifestó que las determinaciones de la JCF son en complicidad con el Gobierno central. En esa línea, denunció que aun cuando la JCF dijo que iba a implementar un plan piloto para los primeros diez municipios, el 9 de mayo publicó un anunció solicitando propuestas para contratar una firma para desarrollar los planes fiscales de los municipios y para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Además, en esa misma fecha le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares una carta en la que se detalla el plan de intervención para los 10 municipios seleccionados, comenzando con que el Gobierno debe presentar del plan fiscal del CRIM este siete de junio. La Alcaldesa señaló, entre otras denuncias, que la intervención de la JCF sobre los municipios va dirigida a aumentar los impuestos del CRIM.

A pregunta de CLARIDAD, tampoco descartó que la intervención de la JCF en los municipios, en complicidad con el gobernador, tenga la intención de tratar de imponer el modelo de los condados, ya que el gobernador se encuentra con la zancadilla del Senado, que ha dicho que la legislación para eliminar municipios no va a pasar.

“Ante esto, hay dos caminos: consentir o confrontar. En San Juan la decisión siempre ha estado clara: no hay espacio para colaborar con los enemigos de San Juan y con los enemigos de Puerto Rico. No vamos a consentir que la JCF secuestre el poder de nuestra gente a nivel municipal, como ya ha ocurrido en el Gobierno central, con la anuencia del gobernador”, afirmó la Alcaldesa.

En tanto, el representante legal del Municipio, licenciado Charlie Hernández, expuso que la demanda se presentó bajo tres parámetros. El primero, que al adoptar la Ley Promesa, el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder y no le dio parámetros racionales a la Junta, como lo requiere la normativa federal. Segundo, que la determinación de intervenir sobre las finanzas del MSJ carece de base racional, ya que la aportación del Gobierno central al municipio no tiene un impacto sustantivo en las finanzas del Gobierno central. Tercero, que a la luz de la declaración del Tribunal Apelativo del Primer Circuito de que los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, esta carece de autoridad legal para tomar determinaciones.

Al momento de su radicación, el caso fue designado a la sala del juez Delgado; pero el licenciado Hernández no descarta que el caso sea referido a la sala de la juez Laura Taylor Swain, quien es la designada para atender todos los casos relacionados con la Ley Promesa.

Independencia y desarrollo económico

 

Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD

La única razón que necesito para explicar por qué soy independentista es sencilla, porque en Puerto Rico deben mandar las y los puertorriqueños. Sin embargo, sé que es importante abundar sobre las razones objetivas de los beneficios de la independencia. Para ello, comparto este segundo artículo sobre las herramientas que nos brinda la independencia para el desarrollo social y económico del país.

Sólo la independencia nos provee los poderes soberanos necesarios para proteger nuestra industria, comercio y agricultura; para lograr acuerdos con otros países –incluyendo los Estados Unidos– que promuevan la inversión de capital que nos permita desarrollar nuestra economía, así como acuerdos que amplíen mercados a nuestra producción manufacturera, agro–industrial, agrícola y de servicios. Por ello, es conveniente –para Puerto Rico y los Estados Unidos– acordar un tratado de amistad y cooperación, que provea un proceso de transición para transformar nuestra economía de dependencia, a una de producción y trabajo, incluyendo libre comercio entre ambos países.

Contrario a lo que muchos creen, nuestra extensión geográfica no es un obstáculo para el desarrollo económico. Se pueden lograr niveles altos en los indicadores de salud y educación en naciones pequeñas, sin que se tengan los mismos niveles de desarrollo económico de países industrializados. Aquellos que cuestionan la viabilidad de nuestra independencia utilizando ejemplos negativos de países vecinos, esconden que Puerto Rico se parece en su estructura socioeconómica más a Costa Rica y otras naciones pequeñas de las Antillas Menores, que nos rebasaron ya en los indicadores de desarrollo económico y humano. En síntesis, lo importante para un país es su capacidad para utilizar efectivamente sus recursos humanos, naturales, geográficos, culturales y su capacidad institucional y política, que se logra mediante el ejercicio de la soberanía plena.

En este nuevo mundo de economía globalizada, el sistema colonial ha colapsado y los Estados Unidos para no reconocer esa derrota han mantenido artificialmente nuestra economía, mediante transferencias federales, lo que la ha convertido en una economía de extrema dependencia. Por tanto, la colonia no puede ser la solución al problema. Por otro lado, la estadidad empeoraría nuestro problema económico, ya que continuaríamos perdiendo empleos y aumentaría dramáticamente el desempleo y la tasa de participación laboral. EI problema de la dependencia aumentaría vertiginosamente, al tener que proveer el gobierno federal aún más fondos federales que al presente.

La independencia incrementa las opciones de progreso económico. Cabe destacar por ejemplo, países como Costa Rica y Uruguay, para mencionar dos naciones pequeñas, que advinieron a la independencia más o menos cuando lo hicieron algunos países del Caribe, y ciertamente han alcanzado unos logros en calidad de vida que son muy superiores a los de Puerto Rico. Al igual que a las trece colonias británicas, en su momento les convino la independencia para convertirse en la República de los Estados Unidos de América, Puerto Rico no debe dudar que la soberanía política nos permitirá un uso más provechoso de los recursos humanos, sociales e infraestructurales que ya se han desarrollado muy limitadamente bajo la colonia. Pensar que con la independencia nuestra población volverá a los niveles de analfabetismo que tuvimos a principios del siglo XX, o que por arte de magia nuestras tuberías de agua y líneas eléctricas desaparecerán, o que se van a enrollar las vías públicas, o se van a desmontar las universidades del país, es subestimar irracionalmente la capacidad de nuestra gente, no ya de progresar, sino de tan siquiera retener conocimientos adquiridos y logros alcanzados.

Bajo el escenario de la República de Puerto Rico podríamos, no sólo sostener, sino mejorar significativamente el desarrollo industrial–manufacturero. Esto se debería principalmente a la capacidad de ampliar fuentes de capital y mercados extranjeros, a la vez que se facilita el desarrollo de la empresa de capital local. Por ejemplo, bajo las disposiciones aplicables del Código de Rentas Internas federal y los tratados contributivos que el gobierno de Estados Unidos acostumbra firmar con naciones amigas, las compañías norteamericanas establecidas en países extranjeros suelen obtener beneficios contributivos.

Es importante destacar que en tiempos modernos el gobierno de Estados Unidos ha rechazado los esquemas de subsidios basados en incentivos contributivos y utiliza con mayor eficacia los acuerdos bilaterales y multilaterales amparados en la soberanía de los países con los cuales negocia. Además, bajo la independencia Puerto Rico podría atraer más eficazmente capital industrial a través de tratados similares a los que países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Japón, entre otros, acostumbran firmar con naciones soberanas en desarrollo. Dichos tratados usualmente proveen incentivos contributivos que solo podemos negociar mediante el ejercicio de nuestra soberanía plena, que no es otra cosa que la independencia.

Por carecer de soberanía plena no hemos podido firmar ningún tratado de esa naturaleza, y no hemos podido aprovechar las oportunidades de desarrollo que esos países nos ofrecen. La independencia también permitiría revitalizar las industrias de capital local en la manufactura, agricultura y servicios. Al asumir jurisdicción nuestro gobierno sobre el comercio internacional del país, podrían protegerse las industrias locales en sus etapas incipientes como lo hacen todas las naciones libres del mundo. Además, podría abaratarse el costo de insumos industriales o de bienes y servicios de todo tipo que actualmente hay que comprar a precios altos en los Estados Unidos. Los costos de transportación de mercancías también se abaratarían. Según las leyes de cabotaje de Estados Unidos que nos aplican por la condición colonial, nos vemos obligados a usar la marina mercante estadounidense, que es la más cara del mundo. En la independencia podríamos usar barcos más baratos de otros países para la transportación de materias primas y productos semielaborados y terminados. Esto reduciría dichos costos en cerca de 40% y mejoraría la capacidad de nuestras industrias para competir en el mercado de Estados Unidos.

Finalmente, mediante tratados comerciales podría facilitarse también el acceso a otros mercados por parte de nuestras empresas, las cuales actualmente son consideradas como empresas norteamericanas para propósitos de terceros países. Esta es una dimensión que ampliaría sustancialmente nuestra capacidad productiva y fomentaría los vínculos de Puerto Rico con el resto de las naciones que desde hace décadas comercian entre sí y se benefician de los poderes que sólo son posibles al utilizar eficientemente la plena libertad política al amparo de su independencia nacional.

Por el gran potencial de desarrollo que significa que logremos nuestra independencia, es que los que se han enriquecido con la colonia han creado el discurso derrotista del “que nos haríamos sin los americanos”.  Cuando la realidad es que la independencia es la única solución para lograr el desarrollo económico que nos impulse a convertirnos en una nación prospera y alcanzar la justicia social.

Denuncian deforestación en área del carso del centro de la isla

Por Internews Service

El Comité Despertar Cidreño denunció la deforestación y remoción de la cubierta vegetal en el área de captación de la cuenca del río Cagüitas y las cuevas de Aguas Buenas realizada el pasado 23 de mayo.

Los terrenos impactados están ubicados en el barrio Sumidero de Aguas Buenas, colindando con el barrio Cañaboncito de Caguas. Estos terrenos están clasificados como suelo rústico altamente protegido.

Además, esta es un área del carso en el centro de la isla.Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), “la zona cársica constituye uno de los recursos naturales no renovables más preciados por su geomorfología y por los ecosistemas particulares que en ella se desarrollan”.

Añade el DRNA que esta región es vulnerable a daños irreversibles. Entre las actividades humanas que afectan esta región se han identificado, entre otras, construcciones (cambios en los patrones de descarga de las escorrentías), remoción de la corteza terrestre y transformación de los usos del suelo.

“La remoción y deforestación llevada a cabo afectará las corrientes de agua del área y el sistema de aguas subterráneas del sistema de las cuevas Aguas Buenas, esto con el aval de la Oficina General de Permisos(OGPe), que otorgó el permiso para crear solares y desarrollar construcciones en el área, procediendo el desarrollador Andrés Muñiz Colón, propietario de las 13 cuerdas impactadas, a deforestar y remover la corteza terrestre. Las querellas sometidas al DRNA no han tenido ningún efecto pues la agencia se ha cruzado de brazos al existir un alegado permiso de la OGPe”, afirmó la portavoz Vivian Morales Santiago.

Agregó que “cuestionamos el permiso otorgado por OGPe está ser una zona protegida y que suple agua a varios ríos que terminan en el Río Grande de Loíza. Después las mismas agencias gubernamentales hablan de los problemas de la sequía y de la protección al ambiente.

La preparación de los terrenos y la construcción de edificaciones en las cuencas hidrográficas aumenta la variedad y cantidad de contaminantes transportados hacia quebradas, ríos y lagos”.

Además, detalló que entre los contaminantes se encuentran sedimentos, pesticidas y fertilizantes, metales pesados provenientes de vehículos, techos metálicos y otra fuentes, además de aceites, grasas y productos químicos provenientes de vehículos.

“Exhortamos al DRN y Junta de Calidad Ambiental a detener este atentado contra el ambiente y aplicar las leyes y reglamentos ambientales”, sostuvo la vocera.

Senado admite su error sobre las cenizas

Por Internews Service

Activistas del Campamento contra las cenizas de Peñuelas destacaron como otro logro de la lucha en contra de la empresa AES y sus residuos tóxicos de carbón la aprobación unánime en el Senado del Proyecto 1221, que prohibiría definitivamente el depósito y disposición de cenizas de carbón en los vertederos, “incluyendo cualquier mezcla” de los desechos.

El proyecto enmienda “la controversial Ley 40, aprobada por el mismo cuerpo legislativo en el 2017 y que permitió que continuara el depósito de cenizas tóxicas en los vertederos de Peñuelas, luego de unos polémicos cambios hechos a la medida por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares”, recuerda Yanina Moreno Febres, portavoz de la organización peñolana.

“Hace años les presentamos evidencia científica a los legisladores sobre la peligrosidad y toxicidad de las cenizas. Los expertos advertían que era cuestión de tiempo para que los acuíferos se contaminaran, como ha pasado en varios lugares en Estados Unidos. Y sólo cuando el daño al agua subterránea en Guayama es un hecho, entonces dicen ‘cometimos un error’, y nos dan la razón”, agregó.

Sin embargo, la líder ambiental reafirmó que el proyecto aprobado no resuelve el problema.

“La aprobación de este proyecto es sólo otro paso más en nuestra lucha, pero todavía quedan sobre dos millones de toneladas de cenizas enterradas en 14 pueblos de la isla, con la amenaza al ambiente y a la salud que esto conlleva”, explicó Moreno.

Mientras, José M. Díaz Pérez, también del Campamento, explicó que la persistencia de la lucha contra la AES y las cenizas ha tenido varios logros.

“Pudimos detener el depósito de cenizas en los vertederos y obligar a la AES, hace más de un año, a sacar las cenizas fuera de Puerto Rico, y eso no fue gracias a los legisladores. Fue gracias a la lucha en la calle en contra de las decisiones de la mayoría de senadores y representantes, y del atropello del gobierno”, resaltó el activista.

Añadió que “es un logro el cambio de posición del Senado, pero se nos hace difícil olvidar que cuando el gobernador realizó 18 operativos de la policía para proteger y escoltar los camiones de cenizas tóxicas de AES, arrestando y arremetiendo contra los manifestantes y residentes de Peñuelas y Guayama, la mayoría de ellos no dijeron nada”.

El líder comunitario enfatizó que la lucha aún no ha terminado: “Hay que presionar para que los representantes y el gobernador endosen el proyecto aprobado en el Senado, con unas enmiendas que vamos a someter. Además, nada se ha dicho de la responsabilidad de la empresa carbonera sobre el envenenamiento de nuestro ambiente y el efecto perjudicial en la salud de los vecinos de sus instalaciones. Esa empresa no puede quedar impune y hay que sacarla de nuestro país”.