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Triunfa Playas pa’l Pueblo

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Tras catorce años de lucha la organización Amigos del Mar, que mantuvo el Campamento Playas pa’l Pueblo, lo cual mantuvo a raya las pretensiones de la compañía ‘CH Properties’ de privatizar cinco cuerdas de terreno del Balneario Público de Carolina, dio a conocer que el Municipio Autónomo de Carolina y CH Properties, llegaron a una estipulación que devolverá la mayor parte de los terrenos al balneario. 

Aunque la estipulación se logró el 11 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina debido a los procesos no fue hasta esta semana en que se hizo público. La estipulación requirió la aprobación de la Asamblea Municipal y conlleva el pago por parte del Municipio de Carolina de $2 millones a CHP; un primer pago de un millón y el segundo millón se dividirá en dos pagos. El acuerdo incluye un nuevo contrato de arrendamiento por parte del MA de Carolina a CHP de una porción de 0.9268 de las cuerdas en litigio, el resto 4.0732 cuerdas de terreno serán agregados a la finca de 39,831, cuerdas que comprenden los terrenos del Balneario de Carolina. 

Para Vanessa Uriarte, portavoz de Amigos del Mar, -en entrevista- expresó que el acuerdo garantiza los dos objetivos principales por el que se inicio la lucha hace 14 años atrás y es que prohíbe la construcción de edificaciones privadas en espacios públicos y devuelve la mayor parte de las cinco cuerdas al pueblo. “No es un acuerdo perfecto pero entendemos que en estos momentos es una victoria para todo Puerto Rico sobre todo para las organizaciones y movimientos en las comunidades que se están organizando en contra de la privatización de nuestros recursos y de nuestros bienes públicos”.

Aunque la estipulación se logró el 11 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina debido a los procesos, no fue hasta esta semana en que se hizo público. La estipulación requirió la aprobación de la Asamblea Municipal y conlleva el pago por parte del Municipio de Carolina de $2 millones a CHP; un primer pago de un millón y el segundo millón se dividirá en dos.

Añadió que como organización ambiental que es Amigos del Mar y como los iniciadores del campamento consideran que no fueron 14 años en vano, “sino por el contrario hemos aprendido mucho y que esto es un logro significativo, importante y trascendental para los que se están organizando en otras partes de la isla en momentos donde la privatización está raspante el devolverle un pedazo de playa que le pertenece al pueblo y que se ha cuidado con tanto esfuerzo y tanto trabajo no puede ser motivo de otra cosa que no sea celebrar una victoria”. 

Durante estos 14 años Amigos del Mar, han visitado otras comunidades que se encuentran también amenazadas con el desplazamiento ante proyectos turísticos de privatización. En pueblos como Rincón, Aguadilla, Patillas, Río Grande, Vieques, señaló que estos proyectos son silenciosos y se están dando a nivel Isla, “nosotros tenemos 48 municipios a vuelta redonda que cuentan con playas y cuentan con aguas que están siendo amenazados constantemente”. 

En cuanto a las relaciones con el Municipio de Carolina, tras el acuerdo Uriarte reconoció que hasta el momento no tienen ninguna cercanía, aunque hizo la salvedad de que las relaciones tampoco están cerradas. Comentó que se han reunido con personas que representan al Municipio y sí hay un reconocimiento del trabajo que se ha hecho en las cinco cuerdas de terreno. “Creemos que esta es la oportunidad de movernos a otro tipo de lucha que es la preservación del bosque que ha crecido durante estos pasados 14 años, por eso decimos que es una victoria hemos recibido la confirmación de que no pretenden talar todo lo que hay y añadirlo al balneario porque hay un reconocimiento de que la naturaleza es sabia los árboles crecieron y demostrado que allí puede haber otro tipo de playa”.

Entre las actividades que realizaron durante estos 14 años en que Amigos del Mar junto a otras organizaciones mantuvieron viva la defensa del citado espacio, se ofrecieron talleres de reforestación vegetal y de dunas costeras. Reparó que tras el huracán María, el Municipio de Carolina junto a organizaciones inició un proyecto de reforestación del balneario. “Entendemos que sí en el Municipio ha habido un cambio de perspectiva y reconoce la importancia de hacer las cosas diferentes, terminó diciendo.


UPR: Un servicio esencial

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

Considerar la Universidad de Puerto Rico (UPR) como un servicio esencial para el pueblo es y era uno de los asuntos sobre el que varios profesores de la Facultad de Estudios Generales pretendían insistir durante la reunión de claustro que había sido pautada para el pasado viernes 12 de abril. La reunión debía considerar este asunto luego de que anteriormente se aprobara una moción de la facultad para atender dicho reclamo.

Pero la reunión de claustro fue cancelada por falta de quórum. En una entrevista fugaz con nuestro periódico, el profesor Waldemiro Vélez criticó que no se hubiese hecho al menos una reunión para informar sobre cuáles eran las últimas gestiones con relación a la acreditación de la Middle State y las comparecencias que se hicieron en marzo. 

“Se podía hacer una conversación sobre el futuro de la Universidad. Tener 280 profesores en un salón y no hacer nada, no conversar, pedir propuestas e ideas para ver cómo podemos atender esta situación, no tiene justificación alguna. Lo que hace pensar que desde el principio no se quería hacer, que no había la voluntad de un diálogo universitario”.

Vélez comentó que en sus 32 años como profesor en el Recinto de Río Piedras nunca se hizo una asamblea un viernes por la tarde. 

“En la medida en que se pueda determinar que la UPR es un servicio esencial, evidentemente, se debe garantizar su presupuesto sólido y robusto y luego bregar con los bonistas”.

Considerar un servicio como esencial, según el título 2 de la Ley Promesa, es fundamental, pues establece las responsabilidades de la Junta de Control Fiscal para con los mismos y determina que antes de pagarle a los bonistas debe asegurarse que estos servicios tengan suficiente presupuesto. “En la medida en que se pueda determinar que la UPR es un servicio esencial, evidentemente, se debe garantizar su presupuesto sólido y robusto y luego bregar con los bonistas”.

Dio como ejemplo que hay actualmente negociaciones con los bonistas de obligaciones generales (GO). Esto es deuda cubierta por mandato constitucional. La negociación con el gobierno central es fundamental ya que se pueda decir que este dinero no se puede utilizar para el pago de la deuda porque es un servicio esencial.

A mediados de abril la Universidad entregó a la JCF el nuevo Plan Fiscal, vigente del 2019 al 2024. Plan en el que continúa la tendencia de reducción en los fondos que recibe la UPR del gobierno de Puerto Rico (presupuesto general).

“En este momento son $247 millones menos del fondo general, se espera que para el 2024 sean $390 millones menos del total que se supone reciba la Universidad. Esto implica que el presupuesto de la UPR se reduce prácticamente un 48%, casi la mitad. Así está en la propuesta que le está haciendo la Universidad a la Junta, siguiendo las directrices del ente federal”. 

De $56 que estaba el crédito en 2018 para el nuevo año académico, aumentará a $115 y se proyecta que al 2024 sean $159. 

El profesor indicó que, en contraste con los recortes, el aumento en las becas pell es proporcionalmente insignificante. Ese aumento en las ayudas fue de $5,900 a $6,015. 

Además, destacó que se deben considerar los costos de estudio más allá de los costos de matrícula: las cuotas, alimentación, traslado, vivienda, libros, materiales. Todo eso son una cantidad de gastos que la Universidad tiene que reportar al Departamento de Educación Federal y que, antes de este aumento, se estimaban en $15 mil anuales, solo en el Recinto de Río Piedras. 

“Con el aumento en la matrícula, esa cifra ($15 mil) puede estar cerca de los $17 mil al año, por lo que con una beca pell de un máximo de $6 mil quedarían descubiertos casi $10 mil dólares. Los estudiantes que no pueden pagar eso tienen que trabajar o dejar de estudiar, ese es el impacto más brutal”.

“Ellos tienen que sacar una cifra nueva respecto a esos gastos de estudio, lo que yo estoy haciendo es más o menos un estimado en función de lo que era y lo que implican los aumentos”, dijo el profesor.

Por otra parte, están proponiendo una beca de $1,000, lo que no ayuda a subsanar el déficit para pagar sus estudios. El profesor no tardó en reclamar que mientras esto pasa, se le reducen igualmente las exenciones a atletas y artistas. 

Por un lado, se reduce y por otro se aumenta, lo que se traduce en que la gente se vaya de la universidad o a estar demasiadas horas en el trabajo lo que implica un retraso para el estudiante. 

“Las tasas de graduación se han ido extendiendo. Más o menos, en seis años se gradúa el 53% de los estudiantes en el Recinto de Río Piedras. Lo que implicaría tener mucho más tiempo que trabajar para extender ese período mucho más allá, lo que pasa es que la beca cubre hasta seis años. Así que lo más probable es que la gente deje de estudiar, un asunto grave para el futuro del país”.

Por otra parte, se reducen los beneficios marginales de los profesores; la insistencia de la Junta para eliminar el bono de Navidad; la reducción en la aportación al plan médico de unos $580 a $350. Tampoco, se están creando plazas nuevas mientras que mucho profesores siguen retirándose. “Mientras menos colegas haya trabajando a tiempo completo mas tareas nos toca hacer a los que estamos activos”. 

Respecto a la reunión de claustro y la Asamblea Estudiantil, también pautada para ese mismo viernes, y que tampoco tuvo quórum, añadió que tanto profesores como estudiantes tienen los días muy comprometidos. Para los estudiantes que tienen que trabajar cada vez más (tomando en consideración lo antes dicho), el viernes es un día de trabajo. Si no van a la asamblea es porque les cuesta demasiado en función de las necesidades que tienen que atender. 

Por su parte, el profesor y también estudiante de doctorado, Rui Costa, añadió que todo es parte de una misma estrategia de precarización. Considerando esta estrategia manifestó preocupación respecto al cierre de ResiCampus por ser la única residencia accesible para los estudian. También, la eliminación de contratos a tiempo completo para no tener que pagar beneficios sociales como el retiro y el plan de salud. 

“Todo conduce a un aumento de la austeridad y por eso de la desigualdad entre aquellos profesores que tienen algún tipo de seguridad en el contrato y los que no. Lo mismo sucedería entre los estudiantes que vienen de familias trabajadoras y que dependen de becas”, sostuvo Costa.

El veto de Trump impidiendo que se ponga fin a la venta de armas destinadas a la guerra del Yemen

Señal de que los déspotas van ganando en EE.UU. y en Arabia Saudí

Por Sarah Aziza

El martes 9 de abril Donald Trump invocó su poder de veto por segunda vez durante su presidencia. La medida de Trump anuló una resolución del Congreso que hubiera puesto fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra liderada por los saudíes en el Yemen. Al actuar así sofocó un momento raro de conjunción bipartidista, haciendo alarde de sus propias tendencias autoritarias para proteger a un compañero autócrata, el príncipe heredero de la corona saudí Mohammed bin Salman, conocido por sus iniciales MBS. 

De esa forma, Trump no solo manifestaba su lealtad a un príncipe que estuvo ampliamente implicado en el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, así como en el encarcelamiento y la tortura de numerosos activistas de los derechos humanos, sino que también se aseguraba de que EE. UU. siga siendo cómplice de la peor crisis humanitaria del mundo. Lejos de ser un esfuerzo para proteger la Constitución, como afirmó Trump, el veto fue más bien el ejemplo más reciente de los negocios autocráticos revanchistas que en los últimos años han venido dominando cada vez más la geopolítica de Medio Oriente. 

Trump dejó en claro que su decisión perseguía aumentar sus poderes ejecutivos. En su declaración, calificó al proyecto de ley -que habría hecho historia como la primera legislación bajo la Ley de Poderes de la Guerra de 1973 que recibe apoyo bipartidista- de “intento peligroso para debilitar [sus] autoridades constitucionales”. Trump dijo que la reducción de la participación de EE. UU. en el letal conflicto del Yemen pondría en peligro a “los ciudadanos estadounidenses y a los valientes miembros del ejército, tanto hoy como en el futuro”. 

Sin embargo, el proyecto de ley, al igual que la objeción al mismo del presidente, tenía mucho más que ver con la incansable e insensata devoción de Trump hacia MBS. La resolución cobró impulso por primera vez tras el asesinato de Khashoggi en octubre de 2018, un crimen que muchos – incluida la comunidad de la inteligencia estadounidense – han vinculado con el príncipe heredero. MBS también es responsable de liderar la coalición de los Estados del Golfo Pérsico en su ofensiva de cuatro años contra el Yemen, que ha dejado a miles de civiles yemeníes muertos y a millones de seres devastados por el hambre y las enfermedades . Además de supervisar esta guerra desastrosa, MBS también ha ordenado numerosas medidas represivas contra sus propios civiles, incluidos arrestos en masa y presuntas torturas a defensores no violentos de los derechos humanos. 

Al pedir que se ponga fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra, el Congreso destacó la obstinada y cada vez más insostenible lealtad de Trump a MBS. Desde el asesinato de Khashoggi, incluso los firmes partidarios de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí, como el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, se han vuelto críticos con Riad. En contraste, Trump ha ignorado persistentemente los maltratos a los activistas de los derechos humanos saudíes, minimizó la catástrofe que se está produciendo en el Yemen y calificó a Arabia Saudí como un “aliado verdaderamente espectacular”. 

Por tanto, no constituyó gran sorpresa ver que el presidente recurría al poder de veto para proteger la desastrosa campaña de MBS en el Yemen. Bajo apelaciones superficiales al constitucionalismo y la seguridad nacional, Trump está actuando de acuerdo con un patrón ya familiar: gravitar hacia los tiranos y hacer negocios basados en el personalismo. Este narcisismo empresarial ha alimentado gran parte de la vol á til pol í tica exterior del presidente, desde sus irregulares “relaciones” con el presidente ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un, hasta su rabiosa devoción por la construcción de un muro en la frontera con México. 

Esta tendencia tiene implicaciones dramáticas en Oriente Medio. Desde el colapso de la Primavera Árabe y después de años de intervención extranjera, las esperanzas de democracia en la región han dado paso en gran medida a todo un elenco de gobernantes autoritarios. Desde MBS en Arabia Saudí, hasta Recep Tayyip Erdogan en Turquía y el recientemente reelegido Benjamin Netanyahu en Israel, la región aparece cada vez más polarizada bajo líderes derechistas de línea dura. 

En medio de esta refriega, Trump, junto con su yerno y consejero Jared Kushner, identifican a MBS como un socio ideal. El presidente y el príncipe heredero comparten un mensaje alarmista de Irán como amenaza regional y ambos utilizan esta postura para justificar políticas desestabilizadoras, como el desmantelamiento del acuerdo nuclear iraní y la guerra en el Yemen. Trump elogió también a MBS y a los saudíes por sus presuntos esfuerzos para frenar el extremismo en la región, a pesar de los informes de que Riad ha cerrado acuerdos con combatientes de Al Qaida en el Yemen. 

Por su continuo apoyo, que incluye miles de millones en ventas de armas , Trump ha contado con la cooperación de los saudíes para su propia agenda regional, incluso en sus esfuerzos por “resolver” el conflicto entre Israel y Palestina. Trump y Kushner se están preparando para presionar por este “acuerdo del siglo” en los próximos meses, una negociación que tiene mucho más que ver con negocios de trastienda que con cualquier preocupación democrática o humanitaria. 

El veto, a pesar de todas sus cínicas implicaciones sobre el estado de la política exterior de EE. UU., debería también preocupar a los estadounidenses en su país. El anuncio del martes se produjo apenas un mes después del primer veto de Trump, del que hizo uso para hacer cumplir su declaración de emergencia en la frontera a pesar de la oposición del Congreso. Para ello, Trump cruzó los límites externos de la legalidad en pos de su irracional proyecto favorito, el llamado muro fronterizo con México, de gran coste financiero y humano. Tales acciones son solo la extensión lógica de una presidencia que comenzó con la “prohibición musulmana”, moralmente indefendible y constitucionalmente insostenible, emitida por orden ejecutiva en los primeros días de la administración. 

El presidente se está valiendo repetidamente de estos mecanismos de poder personalizados y unilaterales. Los efectos de tal patrón no pueden mantenerse a raya mediante la anulación ocasional del Congreso o del juez disidente. Los estadounidenses deben reconocer esta peligrosa erosión de los principios democráticos y combatir la fatiga para seguir resistiendo. 

Reproducido de www.rebelion.org. Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernánde



Soñando en Miami

Por Ricardo Alarcón de Quesada

Luego de tres meses de amagos y amenazas y en un escenario doble –el Departamento de Estado en Washington DC y un teatro de Miami–finalmente la Administración yanqui anunció lo que se propone hacer para intensificar su guerra económica contra Cuba.

El día 17, a media mañana en breve ceremonia, apenas unos minutos, en la capital, el Secretario de Estado Mike Pompeo hizo saber que aplicarán completamente el Título III de la Ley Helms-Burton. No ofreció mayores explicaciones aunque sí dijo que a partir del dos de mayo los “cubanoamericanos” podrán actuar ante los tribunales de Estados Unidos contra quienes utilicen de algún modo las propiedades que, alegan, fueron suyas o de sus familias.

No hubo preguntas ni fue entregado algún texto que respondiese a las interrogantes que semejante decisión debía provocar entre quienes recuerden que durante veintitrés años –Clinton, W. Bush, Obama y el propio Trump– habían adoptado una posición contraria a lo que ahora se anuncia.

Se produjeron inmediatamente declaraciones oficiales de España, Canadá, México y de las autoridades de la Unión Europea que, además de protestar advirtieron que adoptarán las medidas que sean necesarias para neutralizar cualquier intento de dañar sus legítimos intereses y recordaron que están en capacidad de hacerlo tomando en cuenta que no son pocas las inversiones norteamericanas en sus países.

El espectáculo más notorio fue reservado para Miami y John Bolton, Asesor Nacional de Seguridad, desempeñó la función principal. Su auditorio eran los integrantes de lo que queda de quienes fueron parte de la Brigada 2506, o sea, los restos del grupo invasor que 58 años atrás fue derrotado por el pueblo cubano en 66 horas.

Bolton repitió lo antes dicho por Pompeo respecto a las demandas judiciales y anunció asimismo la reimposición de severas restricciones a los viajes de los cubanoamericanos a su país de origen y a las remesas que envían a sus familiares en la isla, medidas estas que antes aplicó W. Bush y generaron el rechazo de la inmensa mayoría de esa comunidad lo cual ha sido reflejado desde entonces en las elecciones del Condado Miami-Dade.

El show miamense fue tan patético como grotesco.

Los viejos y cansados veteranos fracasaron cuando eran jóvenes, y organizados por la CIA y con el apoyo de las fuerzas armadas yanquis fueron a Cuba a recuperar “sus” latifundios, “sus” fábricas y “sus” mansiones. Ahora Bolton les promete que, finalmente, la quimera será realidad.

El espectáculo lo resumió Nicolás Gutiérrez Castaño: “Ni en nuestros sueños más febriles pudimos concebir que un gobierno de Estados Unidos lo haría. Ninguno lo hizo nunca. Olvídense de Reagan. Olvídense de Bush”.

Emocionado, el habilidoso abogado gestor de la Helms-Burton, cree llegado el momento de “recuperar” las cuantiosas propiedades que robó su bisabuelo.

Soñador desaforado, Bolton, por su parte, invitó a hacer un brindis por la Doctrina Monroe que, según él, está viva y saludable.

Embriagados, “celebrando” su fulminante derrota, los invitados al extraño banquete, lo aplaudieron con delirio.

Es hora de hacerlos despertar.

Reproducido de “Por Esto!”.

Entre dos pueblos

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Al margen de la ola de protestas del pueblo haitiano en contra de las medidas económicas del gobierno del presidente Jovenel Moise, la población dominico-haitiana continúa padeciendo la inseguridad de la deportación. La activista Colette Lespinasse, expresó que las deportaciones siguen cada día no solo de dominicanos de ascendencia haitiana, sino de emigrantes haitianos que llegan a la República Dominicana. 

El año pasado denunció mas de 132 mil personas fueron repatriadas, entre haitianos, jóvenes y niños nacidos en República Dominicana que ya tenían sus documentos, o que lo normal es que deben tenerlos y no los tienen. “Cuando esos niños que están repatriados llegan a Haití en condiciones muy difíciles a vivir en comunidades que habían dejado hace tiempo una situación muy difícil porque la integración en una cuestión muy difícil”. 

En tanto, Lespinasse expuso que las relaciones entre ambos gobiernos- el de Haití y el de República Dominicana- se limitan asuntos diplomáticos, pero el tema de la inmigración se evade, “hablan de comercio, negocios, pero ese tema no se toca”. Mientras a nivel de la frontera hay choques pero siempre la gente vuelve a ponerse a trabajar juntos porque ambos lados viven de esas relaciones comerciales. De hecho Haití es el segundo país de exportación de la producción agrícola de la República Dominicana. 

“Hay muchas ciudades, pueblos del lado de la frontera dominicana que depende de ese comercio sobre todo alimento, la gente ha conformado mercados a todo lo largo de la frontera, se habla de 10 grandes mercados pero hemos contado mas de 30, entre los pueblos hay cuatro cruces oficiales, pero sabemos que hay mas cruces porque son 320 kilómetros donde a veces del lado de Haití no hay militares la gente intercambia muchas cosas”. La activista abundó que hay mucho contrabando en la frontera de grandes negociantes que pasan sus productos sin pagar impuestos. Por parte del gobierno de Haiti censuró que que en lugar de organizarse para cobrar esos impuestos el gobierno opta por recuperar ese dinero imponiéndole más y altos impuestos a los ciudadanos. 

De la otra parte para los dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana, expresó que la situación se ha puesto peor. Lespinasse llamó la atención a que aun cuando la República Dominicana presenta al mundo que el problema se solucionó, eso no es cierto, “es peor porque han hecho la ley de la regulación apátrida que no es lo mismo que las leyes y medidas que tomaron que era una para regularizar a los migrantes pero no para los nacidos de ascendencia haitiana”. Denunció que se han regularizado de manera temporera a mas de 150 mil personas, los cuales además de tener que renovar los permisos están expuestos a que se los puedan quitar y votar en cualquier momento. Narró que le han quitado los documentos a mucha gente, incluso un amigo suyo abogado se encuentra en esa situación -aun cuando ha planteado su situación en distintos foros legales – no puede viajar fuera del país debido a que no tiene ningún documento. Además el gobierno dominicano -denunció- ha borrado del registro civil el nombre de mucha gente. “Todo eso se hace sin que haya una movilización dentro de República Dominicana, ni de Haití”, expresó entre indignación y tristeza.

Más allá del intercambio con la República Dominicana describió que hay un movimiento entre los ciudadanos haitianos y las otras islas del Caribe los cuales tienen su propio circuito de intercambios comerciales, sin el apoyo del gobierno haitiano. Mientras continúan los intentos de ciudadanos haitianos por arribar a Estados Unidos. Tan reciente como hace unas semanas dijo hubo un naufragio de una embarcación cerca de las Bahamas que dejo 17 personas muertas. Del lado de EE UU igual continúan las deportaciones. Haití tiene una población de 12 millones de personas.