Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto @claridadpuertorico.com
Alertando de que la Junta de Control Fiscal “quiere traer a los municipios las medidas de austeridad que tanto dolor han creado en el país”, la alcaldesa del Municipio de San Juan (MSJ), Carmen Yulín Cruz, impugnó en el Tribunal Federal la constitucionalidad de la determinación de la Junta de certificar a su municipio como entidad cubierta bajo la jurisdicción de la Ley Promesa.
En la reunión pública del 9 de mayo, la JCF anunció que designó como entidades cubiertas por la Ley Promesa a los 78 municipios, con el objetivo de “asegurar la viabilidad fiscal de los municipios a largo plazo”.
“La experiencia del país con la Junta de Control Fiscal es que la Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas. No hay razón para pensar que la nueva intromisión de la Junta con los municipios, que ya cubre a los 78 municipios, tenga resultados diferentes a lo que ha sucedido en el Gobierno central”, denunció la alcaldesa en conferencia de prensa, donde dio a conocer sobre la radicación de la demanda en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el llamado Tribunal federal.
Cruz Soto trajo a la atención la situación de su municipio y la de otros. El Municipio de San Juan recibe del Gobierno central única y exclusivamente $80,500 000 anuales de la Ley 52 (Ley de Municipios). Cuando ella comenzó como alcaldesa, el municipio recibía $ 2,790, 730. Agregó que el MSJ, como el resto de todos los 78 municipios, tiene sus préstamos pagados y prepagados; contrario al Gobierno central que, aun cuando recibe el $1.03% de los ingresos de los municipios por medio del CRIM, lo que representa $116 millones anuales, no está pagando la deuda, cuando se supone que ese dinero está destinado para el pago de la deuda. “Los 78 municipios tienen sus préstamos pagados y prepagados porque así se los exige la ley”, recalcó.
Añadió que lo otro importante que hay que saberes que mientras el MSJ ha hecho ajustes en su presupuesto, el Gobierno central sigue utilizando a los municipios para pagar el sistema de retiro. Precisó que cuando llegó al Municipio, pagaba $26.9 millones para las pensiones de los empleados, y que ahora, teniendo menos gente, paga $54.7 millones; un aumento de 1.9%.
La alcaldesa de la Ciudad Capital manifestó que las determinaciones de la JCF son en complicidad con el Gobierno central. En esa línea, denunció que aun cuando la JCF dijo que iba a implementar un plan piloto para los primeros diez municipios, el 9 de mayo publicó un anunció solicitando propuestas para contratar una firma para desarrollar los planes fiscales de los municipios y para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Además, en esa misma fecha le envió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares una carta en la que se detalla el plan de intervención para los 10 municipios seleccionados, comenzando con que el Gobierno debe presentar del plan fiscal del CRIM este siete de junio. La Alcaldesa señaló, entre otras denuncias, que la intervención de la JCF sobre los municipios va dirigida a aumentar los impuestos del CRIM.
A pregunta de CLARIDAD, tampoco descartó que la intervención de la JCF en los municipios, en complicidad con el gobernador, tenga la intención de tratar de imponer el modelo de los condados, ya que el gobernador se encuentra con la zancadilla del Senado, que ha dicho que la legislación para eliminar municipios no va a pasar.
“Ante esto, hay dos caminos: consentir o confrontar. En San Juan la decisión siempre ha estado clara: no hay espacio para colaborar con los enemigos de San Juan y con los enemigos de Puerto Rico. No vamos a consentir que la JCF secuestre el poder de nuestra gente a nivel municipal, como ya ha ocurrido en el Gobierno central, con la anuencia del gobernador”, afirmó la Alcaldesa.
En tanto, el representante legal del Municipio, licenciado Charlie Hernández, expuso que la demanda se presentó bajo tres parámetros. El primero, que al adoptar la Ley Promesa, el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder y no le dio parámetros racionales a la Junta, como lo requiere la normativa federal. Segundo, que la determinación de intervenir sobre las finanzas del MSJ carece de base racional, ya que la aportación del Gobierno central al municipio no tiene un impacto sustantivo en las finanzas del Gobierno central. Tercero, que a la luz de la declaración del Tribunal Apelativo del Primer Circuito de que los nombramientos de la Junta son inconstitucionales, esta carece de autoridad legal para tomar determinaciones.
Al momento de su radicación, el caso fue designado a la sala del juez Delgado; pero el licenciado Hernández no descarta que el caso sea referido a la sala de la juez Laura Taylor Swain, quien es la designada para atender todos los casos relacionados con la Ley Promesa.
