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¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!

Reunidos  frente al Capitolio, en ocasión del reinicio de la sesión legislativa en la Cámara de Representantes, portavoces de la Campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible advirtieron  en conferencia de prensa sobre la ambigüedad y amplitud del el proyecto del Senado PS 923y sus repercusiones en la salud y vida de las personas gestantes.

El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado por descargue, pretende enmendar el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico para definir el asesinato como dar muerte a propósito, con conocimiento o temerariamente a una persona, incluido el concebido no nacido en cualquier etapa de gestación.

La abogada y profesora de Derecho Yanira Reyes Gil expresó que espera que la Cámara de Representantes no haga lo mismo que el Senado y que haga  valer la democracia y permita la participación  ciudadana en la discusión de la medida.

“En este país parece que la democracia se fue a dormir o se fue de viaje a España. Me parece que es importante que el Senado, la Cámara, la Legislatura y la gobernadora recuerden que están ahí para servir al pueblo y que hay una serie de grupos que estamos  interesados en la participación, así que esperamos y exigimos a la Cámara que  no asuma la misma actitud antidemocrática del Senado  y que permita vistas públicas”

Sobre el proyecto, lo describió como ambiguo y excesivamente amplio, lo que genera una confusión legal y pone en duda  si se extiende o no a decisiones válidas, legales y constitucionales que pueden tomar las personas sobre su salud y sus cuerpos.

“Insistimos en que el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y afirmamos que las decisiones que tomamos las mujeres y las personas gestantes sobre nuestros cuerpos están protegidas por un derecho superior al Código Penal. Nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la legislatura de erosionar nuestros derechos y nuestras acciones”, indicó Reyes Gil.

Por su parte, la médico de familia Dra. Enid Quintana señaló que “ya  el presidente del Colegio de Médicos advirtió que se practicará la medicina defensiva y que prevé que muchos médicos dejarán de atender pacientes embarazadas, en un país donde ya hay una crisis por falta de médicos especialistas y obstetras”. Añadió que la medida no solo afecta  la práctica del aborto, sino el acceso a la salud para todas las personas en estado de embarazo.

A preguntas de CLARIDAD, expuso que hay condiciones de salud previas al embarazo que pueden crear conflictos. Hay personas que tienen anatomías distintas en el útero que hace que un embarazo sea de alto riesgo, personas que tienen condiciones preexistentes como la diabetes e hipertensión o condiciones neurológicas que necesitan medicamentos que son contraindicados en un embarazo. Todas esas personas quizás tendrían que tener un plan reproductivo que les permita tener acceso al aborto.

Otro aspecto que trajo a la atención es que se sabe cuando los estudiantes de medicina van a decidir su especialidad o ya están terminándola, este tipo de medida les va a hacer pensar dos veces si el país les dará la bienvenida y si los va a dejar practicar la medicina como un paciente se merece.

En tanto, la licenciada Reyes Gil resaltó que el proyecto “no viene solo”. Enumeró que ya se aprobó la Ley 166 del 2025, que es  conocida como la Ley Keisha Rodríguez, que le da personalidad jurídica al feto y que enmienda el Código Civil. A esta se le añade PS 923 que define como asesinato toda muerte con conocimiento a una persona, que incluye al concebido no nacido en cualquier etapa de gestación. Apuntó que una combinación de todas estas leyes realmente lo que crea es un aislamiento de la mujer de su propio cuerpo.

“Fíjense  que ya hay personas del movimiento provida que están diciendo que las mujeres perdemos la autonomía una vez que estamos en estado de embarazo. Fíjate que en la medida en que se le reconoce personalidad al concebido no nacido, en la medida en que se criminaliza cualquier acto que vaya en contra del desarrollo de un feto o la vida,  la libertad de la mujer queda desplazada precisamente  mientras está durante el tiempo de gestación. Pero queremos decir que aun más que todo, que para las mujeres que están en etapa reproductiva también implica que van a estar en un ejercicio de vigilancia constante”, manifestó Reyes Gil.

La activista Ruth Arroyo denunció que la medida es un  ejercicio simplemente de acoso a las mujeres y a los proveedores de salud de los servicios sexuales y reproductivos. “Nosotras sabemos que están en una agenda que va en aceleración. Hay que reafirmar que el aborto es legal en Puerto Rico, que  existen clínicas que están reglamentadas que son totalmente legales y atendidas por profesionales que están altamente capacitadas para  atender estas situaciones”.

Luego de la conferencia de prensa, se llevó a cabo una manifestación en la plazoleta del Capitolio. Entre los presentes estuvo la presidenta del Colegio de Abogados. A preguntas de este medio, la licenciada Vivian Godineaux Villaronga afirmó que el Colegio se opone a la medida y repasó que esta fue aprobada en el Senado, por lo cual ya presentaron un memorial en la Cámara porque no se sabe si habrá  vistas públicas. “Nos  hemos expresado en contra del proyecto por las repercusiones que puede tener en las mujeres gestantes y a nivel del mismo sistema judicial”. Precisó que con la medida  lo que se pretende es enmendar la definición de asesinato, que es un delito grave, a los fines de aplicarla al no nacido en cualquier etapa de gestación.

La presidenta del CAPR reafirmó que, en general, los proyectos denunciados representan un retroceso en términos de derecho no solo para las mujeres, sino para la sociedad entera.  “Estamos teniendo desde el año 2025 del primer proyecto de ley de retroceso en derecho y lo que ha habido continuamente es una agenda que está impactando derechos que son adquiridos”.

“¡Aborto libre, seguro y accesible!” Tal como lo adelantaran y denunciaran durante la conferencia de prensa, una vez  concluida la manifestación, se tuvo conocimiento de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto mediante descargue.

Entrevista a Javier Colón Morera

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“Trump proyecta más poder del que realmente tiene en términos de la situación internacional”

Tras el ataque militar para raptar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores; de las repetidas amenazas contra Cuba y México y de las amenazas de tomar a Groenlandia, para el estudioso de la política internacional, profesor Javier Colón Morera, el presidente Donald Trump quiere dar la impresión de que tiene un mayor control de los acontecimientos de lo que realmente tiene.

La política internacional de Trump, contrario a otros contextos de Estados Unidos, está basada un poco en cuáles son las prioridades que él mismo va estableciendo. “Distinto a otras administraciones, hay como una toma de decisiones que es mucho más personalista, más propia de lo que se le ocurra al presidente, de los mensajes que envía. Pero eso no necesariamente cuadra con la realidad internacional”, señaló Colón Morera.

Un ejemplo es el cambio de tono que ha tenido que dar Trump con el tema de Groenlandia ante el impacto negativo que estaba tomando el asunto, en términos de que Europa amenazó con dejar sin efecto el tratado comercial con EE. UU., lo que resultaría perjudicial para EE.UU., y la reacción internacional que ha habido en su contra. Ahora el presidente está diciendo que debe haber unos arreglos, aunque no es el arreglo que estaba buscando de asumir la propiedad de Groenlandia.

Hay una continuidad en términos de que Trump en un tono muy bravucón expone lo que va a ocurrir de acuerdo con su interés, pero eso no cuadra necesariamente con la realidad internacional. Un ejemplo es lo que le pasó con China cuando trató de imponerle unos aranceles y China respondió con restricciones al acceso a tierras raras sin los cuales EE. UU. no puede funcionar, por lo que tuvo que retractarse también.

En el caso de Venezuela, el rapto de su presidente y su esposa fue una acción que no produjo un cambio en lo que constituye el régimen político del país. En el caso de Cuba y México, Estados Unidos ha reconocido que no son un blanco fácil, destacó el experto en política internacional.

A juicio de Colón Morera, en lo que respecta a México, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene dos cosas a su favor: primero, que tiene una popularidad de 75 % y, segundo, que es una de las líderes más queridas en América Latina en este momento.

En el caso de Cuba, el tema lo ha manejado más el secretario de Estado, Marco Rubio, y en términos generales, lo que le gustaría a EE.UU. que ocurriera es que hubiese una reducción sustancial del petróleo venezolano a Cuba para que eso tenga un efecto económico que le cree un problema interno. Destacó que el hecho de que México se haya mantenido firme en que va a seguir vendiendo petróleo a Cuba es algo que va en contra de la estrategia de EE.UU., igual que con China, que tiene proyectos de instalaciones de parques solares en la isla lo que puede empezar a aliviar el tema.

Mientras México, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia se mantienen firmes frente a las presiones de Estados Unidos, llama la atención a que de parte de la República Dominicana se observa una relación cada vez más estrecha de apoyar a Estados Unidos en su política intervencionista. Su parecer es que la República Dominicana está respondiendo al énfasis de Trump de “estás conmigo o estás en contra mía”.

México se ha mantenido firme en dos puntos importantes: uno, que puede haber colaboración en el tema del narcotráfico, pero que no autoriza bajo ningún criterio el uso de fuerzas militares de EE.UU. en su territorio y, dos, que el país conserva su soberanía, y eso incluye venderle petróleo a Cuba. La presidenta ha dicho que también es un acto humanitario ante un bloqueo que está creando unas necesidades muy fuertes a la población de Cuba.

Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, igual se ha plantado firme frente al presidente Trump ante sus amenazas de imponerle aranceles si el gobierno continuaba con el juicio contra el expresidente Bolsonaro.

Sobre Colombia, destacó que el presidente Petro también ha asumido una posición muy digna y está tratando de llegar a una negociación con Trump. Sobre esta postura de Petro, observó que este considera que lo más responsable en este caso es evitar una confrontación militar, lo que siempre tiene efectos sobre la población civil. Apuntó que Petro ha tenido la flexibilidad de asumir una posición fuerte y al mismo tiempo la flexibilidad de proteger los intereses nacionales.

“Vemos unos casos en América Latina en donde hay varios líderes que se le han puesto de frente bajo la teoría de designar a Trump como un narcisista maligno. Cuando se tiene a una persona con esas características, no puedes plegarte a sus designios y se tiene que hacerle frente. República Dominicana cogió otra ruta, no la de Lula, México, Colombia, que están mostrándose más efectivas en este momentos al tratar con Trump”.

En cuanto a China, sus políticas han sido más alineadas con la política de EE.UU., por lo que no hay un tipo de diferendo más profundo como el que existía con Venezuela. Aun así, al cuestionar si es posible que Estados Unidos pueda tener tantos frentes bélicos a la vez, Colón Morera dijo creer que no. “Al final del día, hay el elemento que se tiene que tomar en cuenta de que Trump llegó a la presidencia diciéndole al pueblo americano que él se iba a enfatizar en Estados Unidos y que no se iba a meter en tantos asuntos internacionales”.

Observó que lo que hace Trump son unos operativos, como por ejemplo, el ataque a Irán, y reclama que es efectivo. Aunque fuentes internacionales lo desmientan, él lo llama una solución al problema y se vuelve a otro asunto. Pero resaltó que Trump no se mete con el problema mayor, que es la invasión de un país, lo que requiere que una vez lo invades para cambiar el régimen, se tiene que tener lo que se conoce como una estrategia de salida, y eso no es lo que está haciendo.

“Entrar a un conflicto es relativamente fácil con la fuerza militar que Estados Unidos tiene, pero lo difícil es cuándo decide que cumplió con los objetivos que se había planteado. Hay que saber separar la retórica bravucona del presidente Trump de lo que realmente es la capacidad que pueda tener Estados Unidos para crear las condiciones en distintos países. Uno puede tener la tentación de pronosticar de que, a base de lo que hizo en Venezuela, van a haber nuevas aventuras militares; pero eso no necesariamente es así”, apuntó.

Sobre el papel de la potencia asiática en el escenario internacional provocado por Trump, el profesor de Ciencias Políticas considera que China está observando que, en cierto sentido, Estados Unidos se está disparando a sus propios pies. “Hay un dicho en política de que cuando el enemigo se está autodestruyendo, tú no intervienes, lo dejas. En cierto sentido, el proceder de Trump es autodestructivo”.

Los ejemplos de eso son varios, como lo es el resultado de las amenazas de Trump a Canadá, que lo que ha provocado es que Canadá haya mejorado sus relaciones con China. Europa también está haciendo gestiones para mejorar sus relaciones con América Latina, acaba de completar un acuerdo con Mercosur y está en conversaciones con la India para crear una de las zonas económicas más grandes del mundo.

Colón Morera explicó que las amenazas de Trump han tenido el efecto de que el multilateralismo siga avanzando y se aceleren procesos multilaterales que pueden terminar debilitando mucho a Estados Unidos como país. “En ese sentido, en realidad, China juega el juego a largo plazo, no está pendiente de lo que pueda pasar el próximo mes”.

Apuntó que la perspectiva a largo plazo es que China se está fortaleciendo en términos estratégicos y tiene una política industrial que ha sido muy efectiva. Mientras EE. UU. se está yendo de organismos multilaterales, China sigue participando de esos espacios que le resultan de gran beneficio por los errores que está cometiendo Trump en el plano internacional.

En ese mismo plano internacional, el papel de la ONU está terriblemente debilitado, describió. Esto es evidente en el papel tan pasivo que han asumido las Naciones Unidas frente al genocidio en Gaza. Expresó que si se es totalmente honesto, ese papel no es nuevo. Frente a ese genocidio tan brutal, la ONU ha estado muy dependiente de la política unilateral de EE. UU. y, ahora, de la política confrontativa de Trump, colocándose en una posición vulnerable.

No importa su ruta, ya sea cruzando el centro de la, isla o sus costas, la existencia de un gasoducto representa una amenaza para  Puerto Rico por su condición de altamente volátil y nos aleja de la meta de la transición a energía renovable.

Nuevamente, un gobierno del Partido Nuevo Progresista anunció en días recientes la intención de construir un gasoducto entre las centrales de San Juan y Palo Seco. La  organización de justicia climática, El Puente Puerto Rico, denunció en comunicado de Prensa que el propuesto gasoducto representa una seria amenaza para la seguridad, la salud y el bienestar de las comunidades de Cataño, Toa Baja, Guaynabo y San Juan, municipios que ya cargan con los impactos acumulados de la infraestructura energética basada en combustibles fósiles.

Según la información divulgada, el proyecto impulsado con el aval del Gobierno de Estados Unidos  y el Gobierno de Puerto Rico busca expandir el uso del llamado gas natural —principalmente gas metano— mediante nueva infraestructura que atravesaría zonas densamente pobladas. El Puente  denunció que esta propuesta ignora los riesgos reales que conllevan el transporte y manejo de este combustible fósil en contextos urbanos y comunitarios.

“El gas metano no es una alternativa limpia ni segura. Es un combustible fósil altamente volátil que ha provocado explosiones, incendios, evacuaciones forzadas y pérdidas humanas en comunidades alrededor del mundo. Pretender ignorar este riesgo es irresponsable”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.

Las comunidades que se verían impactadas por el gasoducto ya enfrentan múltiples cargas ambientales, incluido contaminación industrial, cercanía a plantas generatrices, tráfico pesado, emisiones tóxicas y una infraestructura energética obsoleta. En lugar de aliviar estas condiciones que afectan la calidad de vida de estas comunidades, incluso riesgos a su salud, el proyecto del gasoducto profundiza la dependencia en un modelo energético que prioriza las ganancias de las compañías multinacionales de combustibles fósiles sobre la vida y la seguridad de las personas.

“Como residente de Cataño, me pregunto si solo importa el gas y las aparentes ganancias de unos pocos o si la seguridad de los residentes de Cataño, Guaynabo, San Juan y Toa Baja les importa”, denunció la hermana Lissie Avilés, de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz y residente de Cataño

“El aumentar el uso de un combustible fósil como es el gas metano es aumentar la peligrosidad de la zona. ¿Quién pone la vida o el cuerpo? No son los empresarios y funcionarios del gobierno, somos nosotros el pueblo. New Fortress no ha presentado a la ciudadanía su plan de desalojo en caso de emergencia y ahora Genera y el Gobierno federal quieren hacer un nuevo tubo. No hay seguridad, solo buscan puro beneficio económico y no el bien del pueblo. La excusa es que es para combatir la crisis energética; pero cuando se va la luz, la generadora de energía a gas metano no funciona. No es para el bien de la ciudadanía, es excusa para seguir lucrándose y hacernos esclavos del gas”, denunció la Hermana Avilés.

El licenciado Pedro Saadé, por su parte, señaló que este proyecto dará mayor control monopolístico a New Fortress, siendo esta una de las consecuencias de haber eliminado las metas intermedias de energía renovable. “Como otros proyectos y contratos de energía, se planifica secretamente y sin evaluaciones ambientales y sociales adecuadas”, puntualizó.

El Puente también alertó de que el proyecto se está promoviendo sin un proceso amplio de consulta comunitaria ni una evaluación transparente de los riesgos acumulativos que enfrentan las comunidades por donde transcurriría este gasoducto. “No se puede hablar de progreso cuando se toman decisiones a espaldas del pueblo y se expone a comunidades enteras a peligros innecesarios”, subrayó Cintrón Moscoso.

La organización de justicia climática reiteró que la expansión del gas metano contradice la meta de una transición energética justa y verdaderamente renovable y aleja al país de los compromisos establecidos hacia el 2050. La Ley 33 exige al Gobierno reducir los gases de efecto invernadero en un 50 % para dicha fecha, cosa que no ha hecho. Por el contrario, continúa expandiendo la infraestructura fósil en detrimento de nuestras comunidades y el medio ambiente. La entidad hizo un llamado a invertir en soluciones energéticas descentralizadas, renovables y comunitarias que fortalezcan la resiliencia energética sin sacrificar vidas ni territorios.

“Puerto Rico no necesita más infraestructura fósil. Necesita proteger a su gente, sus comunidades y su ambiente. El gasoducto entre San Juan y Palo Seco no es progreso, sino riesgo, contaminación y una amenaza directa para nuestras comunidades”, concluyó el director ejecutivo de El Puente Puerto Rico.

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La nueva directora de la unión espera dialogar con la administración universitaria para resolver algunos de sus reclamos

 Tras resultar electa en diciembre pasado, Hilda Torres Guzmán preside ahora la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con la meta de reunirse con la jefa del sistema universitario y conocer las posturas y planes en torno al gremio y los trabajadores.

Torres Guzmán, quien sucede al expresidente Carlos de León, pautó una reunión con la doctora Zayira Jordán Conde para el próximo viernes, 30 de enero, donde espera recibir nueva información relacionada con el Convenio Colectivo 2024-2027 y su Plan de Clasificación y Retribución. Este plan, que se negocia con la administración, establece las normativas de trabajo para quienes estén protegidos.

“Esto es un Convenio Colectivo que fue ratificado por la matrícula, por la Junta de Gobierno, que fue firmada por la Hermandad y el expresidente Ferrao. Todavía no tenemos nada, ninguna información con relación. Ellos (la presidencia anterior) tuvieron reuniones sobre eso, pero no llegaron a nada más allá de que la Junta (de Control Fiscal) lo tiene. De que la Junta está trabajando ambas cosas y que no ha bajado nada”, expresó la nueva presidenta del gremio en entrevista con CLARIDAD.

Con estos acercamientos en mente, Torres Guzmán cree que este siguiente encuentro con la administración puede rendir algún progreso para estos asuntos. No obstante, destacó que el Gobierno de Puerto Rico ha negociado ya, junto a la Junta de Control Fiscal los Planes de Clasificación y Retribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Comisión Estatal de Elecciones En ambos casos, más de la mitad de los trabajadores de esas agencias recibirán aumentos que fluctúan entre $5,000 y $11,000.

“El de nosotros fue presentado primero y todavía no tenemos ninguna información más allá de que no han hecho nada, que no se ha ventilado nada. Dependiendo de esa reunión, nosotros como Hermandad llegaremos a conclusiones y tendremos que empujar que eso suceda… Nosotros queremos saber cuál es la postura de la presidenta. Si sigue en la misma línea de hace unos meses de que hay que esperar a que la Junta conteste”, elaboró la representante de la unidad de Ponce.

De acuerdo con Torres Guzmán, la administración ignora los derechos laborales de muchos trabajadores de la UPR y trastoca su estabilidad económica al mantenerlos bajo las garantías del convenio acordado para el período 2021-2024. Por eso, de cara a la reunión, Torres Guzmán reparó en que no puede desentenderse de los problemas que otros sectores–incluida la HEEND– han enfrentado con la presidenta Jordán Conde ni a otras posibilidades de acción.

“Yo quise hacer esta reunión lo más rápido posible para saber si hay alguna información adicional que nosotros no sepamos sobre la Junta, viendo cómo se están dando otros planes. Pero claro, no me puede llevar a engaño  lo que está pasando con los otros sectores y la poca o ninguna voluntad que ella tiene con los reclamos de otros sectores. Eso no me lo puedo quitar de encima”, aclaró la presidenta del sindicato.

El reclamo por el convenio, que ha durado aproximadamente dos años, fue ignorado por el pasado presidente interino, Miguel Muñoz Muñoz. Entre los cambios que propone, el nuevo acuerdo traería el primer aumento de la HEEND en 13 años. Por eso Torres Guzmán entiende que, de no reconocerse el plan aprobado, la situación entrará en un “segundo plano”. Adelantó, además, que pronto habrá una convocatoria multisectorial.

La idea del llamado, profundizó, es exponer las tensiones que Jordán Conde confronta con el estudiantado, los trabajadores, la docencia, los integrantes de la junta administrativa y la propia Junta de Gobierno.

“Yo estoy muy preocupada. Pienso que no se les está dando atención a los empleados o los estudiantes ni sus reclamos. Hay que evaluar muchas cosas, pero la persona que está presidiendo nuestra universidad no conoce la esencia de ella. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Que se pueden hacer cambios? Claro, pero no pueden ser para empeorar la calidad de la universidad”, aseguró Torres Guzmán.

Con bajas matrículas en algunos recintos, aumentos en los precios de matrícula, instalaciones en deterioro y violaciones abiertas a los derechos laborales, la presidenta de la HEEND criticó el que una reforma universitaria se limite a reducir la plantilla de empleados o los cursos esenciales.

“Debemos todos estar inmersos en esa reforma: tanto empleados no docentes, los docentes y los estudiantes, también. No puede ser que vean un solo lado porque a nosotros nos ha afectado el dinero que nos quitó la Junta. La administración trabaja con muy poco y no hace nada por que eso se devuelva”, dijo.

En ese sentido, Torres Guzmán aspira a que la HEEND “ponga en movimiento” a su matrícula para que fiscalice desde todos los recintos de la UPR. Para ello, explicó, tendrá una plataforma basada en visitas frecuentes a todos los recintos. Sobre la reunión del 30 de enero, la nueva presidenta concluyó que hará declaraciones a la prensa en cuanto termine la discusión posterior al encuentro.