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El Caucus de Representantes Estudiantiles ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (JU- UPR) calificó de urgente el que se inicie un  proceso formal de evaluación de la presidenta, Dra. Zayira Jordán Conde,  ante el deterioro en la gestión administrativa de la institución.

El coordinador del caucus estudiantil, Edward J. Maldonado Rosa, a preguntas de CLARIDAD señaló que en los pasados meses de la gestión administrativa de la doctora  Jordán  Conde, desde la Junta Universitaria (JU), que por ley es la encargada de ser el cuerpo asesor de la presidencia, han estado pidiendo la presentación de informes acerca del estatus de la universidad y las propuestas de su administración para  la Universidad. Denunció que fuera de llevar a la prensa su apoyo a las iniciativas de la gobernadora, Jenniffer González, no han visto que de su presidencia en estos seis meses hayan salido propuestas concretas de avance para la UPR.“Ni tampoco ha utilizado a la Junta Universitaria  como el espacio que debe ser de diálogo para tomar decisiones para su mejoramiento”, manifestó.

Maldonado Rosa resaltó que la exigencia de la evaluación cobra mayor urgencia dado a que en la reunión de diciembre de la Junta de Gobierno (JG) su representante estudiantil, Simonelly Hidalgo, presentó una moción para que se evaluara el desempeño de la presidenta, proceso que está  facultado por completo por el  reglamento de la JG. Ante eso, el presidente de la JG, el CPA Ricardo Dalmau, decidió no atender la solicitud en el pleno de la reunión, sino encomendarla a un comité de la Junta para que evaluara si es posible se evalúe el desempeño de la presidenta. La  representante estudiantil expuso que la moción no ameritaba ser enviada  a un comité, sino que era una decisión que la JG podía tomar en pleno.

Ante ese planteamiento, Dalmau ordenó un receso de la reunión. Cuando se retomaron las labores, dijo que la decisión estaba tomada y que se haría el comité, el cual deberá entregar un informe de la evaluación de la presidenta para el próximo mes de marzo. El coordinador del caucus estudiantil anticipó que es muy posible que la evaluación quede pendiente en el comité y que no se atienda.

Sobre la presentación de informes acerca del estatus de la universidad agregó que, por ejemplo, de parte de la administración universitaria no se tiene información sobre la solicitud de presupuesto para el próximo año fiscal. “Esperamos que ahora, en el próximo semestre académico, la administración sea un poco más abierta en los procesos de preparación presupuestaria, debido a que ahí sí que comienza el  proceso, que serían las vistas públicas, y  lo que sería la solicitud del primer presupuesto de Jordán ante la Asamblea Legislativa”.

Respecto a la alineación de Jordán Conde con las políticas de la gobernadora, el representante estudiantil expuso que la propuesta de la presidenta de que la UPR ofrezca cursos vocacionales es parte de las  iniciativas de campaña de la gobernadora. Sobre el curso de esa propuesta dio a conocer que la presidenta le solicitó a los recintos  que identificaran cuáles cursos podrían ofrecer. Además, la información que se les ha dejado saber es que la propuesta de la presidenta sería encaminada a través de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, no sería una oferta académica que emane directamente de los departamentos académicos.

Maldonado señaló que da la casualidad que en las semanas posteriores al anuncio de la presidenta de que los recintos se movilizaran a realizar esas ofertas académicas, el senador Héctor Joaquín Sánchez presentó el proyecto PS 794 que propone transferir los institutos tecnológicos del Departamento de Educación (DE) para ser administrados por la UPR. Al presente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Educación del Senado y se sabe que se le pidió un memorial explicativo al DE. De acuerdo con Maldonado Rosa, la presidenta mencionó en una reunión que le pidieron un memorial, pero no le ha dicho a la JU la postura que ella tomaría al respecto. “Por sus acciones podemos inferir que será a favor”, aseguró el estudiante del recinto de Río Piedras.

Otro aspecto que señaló en el que todavía hay un muchas lagunas es sobre la Ley 113 del 2025, la cual dispone una admisión automática a la UPR a todo estudiante de grado once, que esté en el 20 % de índice académico más alto, de su clase graduanda, cuando termine el grado 12.  La ley es tanto para estudiantes de escuelas públicas, privadas o home schooling.  Denunció que en todas las reuniones de la JU han levantado el tema del proceso a seguir. Se supone que las escuelas tienen que hacerle llegar la lista de los estudiantes a la UPR en colaboración con el DE. De parte de la UPR se supone que le envíe una solicitud al estudiante y le invite a que llene el formulario de admisión, dado a que se supone a que ya está admitido.  Según lo que les ha dicho la administración, el estudiante que demuestre interés  recibe una segunda comunicación para que entonces exprese en el programa que desea ser aceptado.

Maldonado Rosa dijo que el problema con la implementación de la ley es que esta se aprobó fuera del calendario académico en verano y la presidenta decidió implementarla, aun cuando la ley establece que la administración central universitaria le debe presentar a la JG un reglamento o un protocolo para la admisión de estos estudiantes, paso a paso, de cómo se va hacer esa admisión. Denunció que no fue hasta este mes de diciembre que la Administración Central le presentó el reglamento  a la JG, pero todavía no se ha aprobado. Los primeros estudiantes admitidos se estarían graduando el próximo mayo de 2026 para entrar en agosto.

El coordinador del caucus estudiantil resaltó que los estudiantes y el caucus claustral de la Junta Universitaria coinciden en que el estilo de liderazgo de la doctora Zayira Jordán no incluye a la comunidad universitaria. Aunque están representados en los cuerpos de gobernanza, no son tomados en consideración, “incluso su dinámica y actitudes en las reuniones rayan en la falta de respeto a los miembros de la comunidad universitaria, entiéndase, los representantes estudiantiles y claustrales”, afirmó.

Administración pone en peligro plan médico de pensionados

Por otra parte, la Junta de Retiro de la UPR denunció que los pensionados de la UPR  podrían enfrentar  riesgos en la continuidad de sus servicios médicos a días de comenzar el nuevo año, debido a que la administración universitaria ha incumplido con la aportación patronal al plan médico por tres meses consecutivos y se ha negado a firmar el contrato requerido por la aseguradora MCS para garantizar la continuidad del plan.

En comunicado de prensa, la Junta de Retiro dio a conocer que la aseguradora le informó que la deuda asciende a $3 millones y advirtió que la póliza podría verse afectada si no se reciben los pagos adeudados ni se formaliza el acuerdo requerido para su continuidad.

“Responsabilizamos directamente a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, por someter a los pensionados a un proceso de incertidumbre totalmente innecesario en plena época navideña. Ya van tres meses sin enviar la aportación patronal al plan médico y esta es la segunda vez que ocurre este año”, denunció Luis Vicenty Santini, presidente de la Junta de Retiro UPR, cuerpo fiduciario del plan de pensiones universitario.

“Además, la aseguradora nos ha informado que tiene serias preocupaciones ante la negativa de la presidencia de la UPR a comprometerse a firmar el contrato correspondiente. Esa falta de acción es lo que coloca a los pensionados como afectados ante el incumplimiento de la administración universitaria”, añadió.

El presidente de la Junta de Retiro destacٕó que si en realidad se quisiera actuar de forma responsable, se convocaría a todas las partes, se llegarían a acuerdos claros y, sobre todo, se harían los pagos correspondientes. “Nada de eso ha ocurrido. Todo se ha manejado tras bastidores y, cuando la situación se tranca, pretenden trasladar la responsabilidad al Fideicomiso. Invitamos a la administración universitaria a actuar con premura y de buena fe ante la seriedad de estos asuntos”, declaró.

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Entrevista al Dr. Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos

La reelección del Dr. Carlos Díaz Vélez como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), confirmada el pasado 14 de diciembre, consolidó varios cambios en el gremio profesional. A dos años de eliminarse la colegiación, la colectividad atraviesa enmiendas reglamentarias, nuevas formas de organizarse y una visión despolitizada que, en muchas instancias, ha tenido que enfrentarse con los intereses del Gobierno de Puerto Rico.

Entrevistado por CLARIDAD, Díaz Vélez expuso que, como primer cambio, el gremio ahora elegirá un presidente por un máximo de dos términos de tres años. Anteriormente, cada persona al mando tenía derecho a dirigir durante tres períodos de dos años. La modificación, elaboró el galeno reelecto, es para ajustar el gremio a su realidad “descolegiada”.

“Se votaba en siete centros presenciales. La asistencia durante las últimas cuatro, cinco elecciones fue de entre 800 a 1,200 médicos. Vimos que había muy poca matrícula participando y que el gasto era altísimo. Nosotros teníamos un gasto de casi $90,000 en un día de elecciones. Eso era por los siete centros, pagados con el personal doble, alquiler de facilidades, más un abogado en cada centro, más todo el proceso de transporte”, abundó.

A modo de mitigar el costo y la baja participación, se establecieron los trienios presidenciales de manera que ahora coinciden con las certificaciones de la Junta de Licenciamiento. También se implantó un sistema de voto electrónico para ampliar la cantidad de sufragios en los comicios, y se habilitó de modo que cada elector podía votar dos semanas antes de la convención. Para el Dr. Díaz Vélez, esta modalidad permite que otros médicos –como aquellos que están de viaje o enfermos– no se abstengan del proceso eleccionario.

“Y aprovechamos la convención, donde vienen médicos de todas partes de Puerto Rico, y se votaba en la convención. Con papeleta, como siempre se hacía, como si fuese un centro de votación. Decidimos incluir esa parte presencial porque hay muchos médicos que no están muy duchos con la tecnología… e hicimos historia”, aseguró el cardiólogo.

De acuerdo con los resultados, participaron 2,547 galenos en esta pasada elección, superando toda cifra de participantes-electores desde que el CMCPR se fundó, en 1994. De ese total, 1,600 sufragios se hicieron de forma electrónica. A juicio de Díaz Vélez, la matrícula del Colegio se mostró complacida tanto con el proceso –en el que se contrató a una compañía de votación– como con los resultados.

“También, tuvimos la gala dedicada a los expresidentes del Colegio de Médicos que han forjado la historia de nuestro colegio. Quisimos darles un mensaje de agradecimiento. En ese mismo período, tuvimos las elecciones y la convención donde hubo más de 90 auspiciadores. No había aseguradoras médicas como auspiciadores. Eso es una regla que yo impuse. Fueron 2,300 a la convención. Fue un evento extraordinario”, repasó el doctor.

Asimismo, Díaz Vélez recalcó que el Colegio se enfrentó a tres auditorías en las que “no hubo ningún señalamiento”. Estas y otras ejecutorias, agregó, le dan una “doble fuerza” ahora validada por el respaldo de los gremiales en el CMCPR. Empero, reparó en que el proceso contó con ciertas campañas impulsadas por las aseguradoras.

“Estas elecciones tenían unas circunstancias bien especiales. Primero, teníamos y tenemos en contra a las aseguradoras. Este servidor y su junta teníamos en contra a las aseguradoras, al Departamento de Salud, a Fortaleza, hasta ciertos cabilderos. Porque la misión del gobierno es callarle la boca al Colegio. He sido contundente, he sido firme, he sido preciso y claro… Ahora, colocaron a un candidato que fuese muy nice con las aseguradoras o que no fuese crítico con el gobierno”, reveló el cardiólogo.

En esa línea, el doctor afirmó que funcionarios públicos intentaron influir en la decisión de decenas de médicos para que votaran por el opositor, el expresidente de la Junta de Licenciamiento, Dr. Ramón Méndez Sexto. El contrincante, quien obtuvo menos del 20 % de los votos, presidió el cuerpo gubernamental desde 2021 hasta 2025.

“Vimos ahí personajes como el doctor Víctor Ramos, siendo secretario de Salud, entrometiéndose en asuntos del Colegio… Mandaba textos y textos para que apoyaran al contrincante mío. ¿Cómo es posible que funcionarios de gobierno estén, en horas de trabajo, metidos en la campaña del Colegio de Médicos?… Es impertinente, imprudente, irresponsable”, criticó el presidente.

Dado el cuadro, Díaz Vélez llegó a dudar si el proceso electrónico era confiable. Tras investigarlo personalmente, descubrió que la contraseña utilizada en ciertos trabajos del Colegio de Médicos coincidía con la de la Junta de Licenciamiento, ahora presidida por el extesorero de Víctor Ramos Otero durante su incumbencia en el CMCPR, Roberto Pérez Nieves.

“No quiero insinuar nada, pero es donante, amigo íntimo de la gobernadora y Víctor Ramos… Gracias a esa duda que tuvimos, creamos, un sistema con passwords nuevos para que solo lo pudieran acceder las personas que decían accederlo”, adujo.

Del mismo modo, el presidente reelecto contó que participó de varias actividades en las que expuso sus posturas y propuestas. En una de ellas, aseguró haberse enterado de una aseguradora que llamó al organizador para increparle “por qué iba a dar charlas sin darle el mismo tiempo a su candidato”.

“Sentí temor de que el Colegio volviera a caer en gente del pasado, en cabilderos que saquearon el Colegio, en gente que utilizó el Colegio para cuestiones políticas, sin disimulos. El Colegio se usaba para propósitos políticos. Yo temía por todo ese trabajo que habíamos hecho, que hemos limpiado la casa, que hay un Colegio sólido, fuerte.”, dijo.

De cara a su nuevo trienio, Díaz Vélez piensa ampliar la educación continua que ofrece el Colegio, así como proseguir en la denuncia de que las aseguradoras son la causa principal de la crisis de salud en Puerto Rico. En ese sentido, recordó que una de las promesas de campaña de Jenniffer González Colón consistió en mitigar y regular a las aseguradoras.

“La verdad es que no hay iniciativa de crisis en este primer año de gobierno. Aquí no hay ni un proyecto de ley, de algún estudio, ni eso hay en la legislatura. La gente se queja de las aseguradoras todos los días. Las terapias de cáncer, para condiciones severas, el problema es que las aseguradoras no pagan. Lo vemos todos los días, y los responsables de la política pública no han hecho nada. Yo no puedo ser parte de eso, tampoco el Colegio de Médicos”, continuó.

Las aseguradoras por la libre y Salud desentendido

Con relación al desempeño del secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, el cardiólogo entiende que hay una negación de la crisis de salud que atraviesa el país. El titular, opinó Díaz Vélez, se limita a exponer campañas de vacunación u otros programas “de por encimita”, dejando los problemas medulares desatendidos. La actitud, de acuerdo con el galeno, es como si no existiera un éxodo de médicos, de enfermeras o una crisis de hospitales.

“Salud es otra bomba de tiempo que hace rato está explotando por ahí, y no se ve nada. Hay mucho proyecto para tapar rotos. ¿Cómo querer suplir la demanda de médicos preparando nurse practitioners? Ellos saben la causa del problema y no lo quieren atender”, advirtió.

Para poder paliar el asunto, Díaz Vélez entiende que el Estado debe regular la injerencia de las corporaciones de seguros de salud en la práctica médica, de manera que no puedan pautar los tratamientos en aras de ahorrar dinero. A falta de un plan articulado para esta situación, el sistema de salud queda especialmente vulnerable en temporadas pico como ahora, en época festiva.

“Cuando hay más bembé, reuniones familiares, alcohol, accidentes en la calle, hay más sangre que durante el resto del año. Sí, es una temporada de alegría, pero Centro Médico se congestiona de una manera horrible. También están los niños de vacaciones. Se exponen al golpe, a la caída, a la enfermedad, a infecciones… Todo este aumento de aglomeración es el caldo perfecto para propagar infecciones como la influenza, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Y si los médicos están de viaje, ¿adónde van a parar los pacientes? A la sala de emergencias”, arguyó.

Hasta ahora, el Dr. Díaz Vélez espera que el Colegio de Médicos continúe ampliando su matrícula, que ya ronda los 9,000 galenos. Además, busca que las colaboraciones con colectividades como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se sostengan y prolonguen sus servicios a la población migrante.

De forma similar, piensa reunirse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos (EE. UU.) para ampliar los espacios-santuarios. Por último, el CMCPR aguarda por el visto bueno de la Junta de Control Fiscal (JCF) con relación a una exención contributiva para médicos radicados en el país.

“Nuestro compromiso es seguir defendiendo a los médicos, seguir estando en todos los issues de salud donde los pacientes y los médicos estén envueltos”, concluyó.