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Urgen a la movilización contra los planes energéticos del gobierno

Ni más quema de carbón, ni plantas de gas, ni almacenamiento con baterías, ni cable submarino para conectar electricidad de la República Dominicana, el experto en temas energéticos, el doctor Arturo Massol Deyá, urgió a la movilización para hacer frente a esta agenda gubernamental la cual denunció busca encadenar al país al uso perpetuo de combustibles fósiles.

En su reciente presentación de la segunda edición del libro “Democracia y energía: desafiando la economía de los combustibles fósiles por un país propio”, Massol Deyá, expuso que todas esas propuestas aplazan injustificadamente la meta de conversión a energías renovables, y ninguna de ellas favorece el desarrollo social y económico de quienes habitan el archipiélago.

“En este momento, todo lo que está alineado es una nueva planta de gas y un circuito de gasoductos, como si eso resolviera algún problema en este país. Ahora también nos dicen que van a hacer un cable y vamos a poner las plantas, no en Salinas, sino en la República Dominicana, bien lejos, porque nos quieren gasificar por la cocina”, pronunció el   director asociado de Casa Pueblo, desde el Taller Comunidad La Goyco en Santurce.

Massol Deyá denunció que poner $800 millones en baterías en todas las centrales termoeléctricas de Genera Puerto Rico, no son para producir energía renovable, para movernos al futuro, sino “para tapar la ineptitud, la ineficiencia, la incapacidad de Genera Puerto Rico de operar y mantener las plantas que nos dijeron que iban a arreglar. Y, como fallan tan frecuentemente, también necesitan un backup y necesitan que el país se lo construya. Es una configuración totalmente bizarra”, aseveró el profesor universitario.

Al urgir a la movilización contra los planes energéticos del gobierno expresó que “en algún momento, tiene que haber otro tipo de conversación, de integración, con una agenda sencilla y puntual, como fue decirle no al gasoducto. Todo el mundo tenía diferencias, pero era no al gasoducto y se acabó”.

El autor de “Democracia y energía: desafiando la economía de los combustibles fósiles por un país propio”, reconoció que existen diferencias de criterio entre los grupos que favorecen el uso de energía renovable, mas resaltó que esta causa es tan meritoria que la unidad de todos y todas resulta fundamental.

Para alcanzar la independencia energética, propuso como receta la insurrección energética que ha liderado Casa Pueblo desde Adjuntas, la cual consiste en impulsar proyectos de generación en el punto de consumo y el establecimiento de microrredes, sin contar con la asistencia ni el financiamiento del gobierno.

“Con la energía va a haber que llegar a un punto muy definido donde todos estamos de acuerdo y vamos a tener que irnos a las calles o hacer algo. Porque nosotros (en Casa Pueblo) seguiremos construyendo nuestro ejemplo, documentamos que funciona, pero la amenaza es muy grande y las implicaciones de lo que se va construyendo son muy avasalladoras. Es serio y muy dañino lo que se avecina para el país. El modelo energético que se va a reconstruir es para hacer imposible vivir en este país y que te tengas que ir”, sentenció.

La presentación del libro estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

La abogada comentó que este “es un libro personal, es una historia necesaria que necesitamos reconocer, en la que nos necesitamos mirar”, y que también es una memoria.

“Es un libro que en un momento en el cual nos están despojando de la memoria, en el que se están cancelando libros, precisamente, de análisis crítico, en el que en nuestras propias escuelas no se quiere hablar de nuestra historia, pues es un rescate necesario. En sí mismo, creo que es un gran aporte para nuestro pueblo”, manifestó.

“Es un libro duro porque da esperanza, pero cuando sales del libro y regresas a la realidad que estamos viviendo hoy, se siente tan pesado, se siente tan imposible. Así que yo creo que este libro es como un rescate, como un salvavidas, como una manera de regresarnos a pensar que sí es posible, que se puede soñar, no solamente con algo ideal, sino que se puede accionar ese sueño y hacerlo realidad, una cosa que es tan necesaria en un momento como este”, señaló Martínez Orabona.

Datos recogidos de comunicado de prensa.

Junta de Control Fiscal y sus dos varas Millones a consultores y trato desigual a estudiantes de Educación Especial

Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) paga millones a sus consultores, como por ejemplo los $356 millones pagados al bufete Proskauer Rose LLP, o los aumentos de tarifas concedidos a sus asesores estratégicos McKinsey Company, firma que ya ha recibido en pagos $307.3 millones, el ente fiscal federal pretende que las familias del pleito de clase Rosa Lydia Vélez un pago total de $5,100 por los daños y perjuicios sufridos por la negligencia y falta de servicios del Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico hacia sus hijos y familiares con necesidades educativas especiales.

En conferencia de prensa este lunes 17 de febrero, el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial (CTMPEE)- en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación- y la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) expresaron su repudio a la orden emitida el 11 de febrero de 2025 por la jueza Laura Taylor Swain, que autorizó la propuesta unilateral presentada por la JCF el 6 de noviembre de 2024. Esto, a pesar de las preocupaciones que la propia jueza expresó durante la audiencia celebrada el 11 de diciembre de 2024.

Las portavoces de ambas organizaciones expusieron que la JCF propone un pago de $25,000 por hogar o unidad familiar, sin importar cuántos miembros de la familia sean reclamantes ni la magnitud de los daños sufridos. Según se explicó bajo la ley de Puerto Rico, cada reclamante individual puede tener derecho a compensaciones de hasta $75,000 por persona y $150,000 por incidente, lo que demuestra que la cantidad ofrecida por la JCF es significativamente menor a lo que los reclamantes podrían recibir si su caso fuera evaluado de manera justa. Esta cantidad se vería reducida por el plan de ajuste de la deuda (PAD) que en estos momentos propone pagar aproximadamente el 20.4% de la cantidad de la oferta de $25,000.  Esto significa que de los $ 25,000 cada familia solo recibiría $5,100.

“Con su autorización y visto bueno la jueza Taylor Swain dictó sentencia de muerte a las reclamaciones presentadas por 6,500 familias de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial, lo cual incluye a sus madres, padres y personas encargadas”, expresaron. La jueza les ha dado a las familias reclamantes hasta el 3 de junio de 2025 para notificar su aceptación o rechazo a la propuesta presentada y notificada por la JCF.

Las madres líderes manifestaron que la orden de la jueza Swain, con la anuencia del Gobierno de Puerto Rico, enterrará las reclamaciones presentadas por el grupo más desventajado de la sociedad puertorriqueña: las niñas, niños, jóvenes y adultos de educación especial, que han sufrido daños irreparables por el incumplimiento del Departamento de Educación con sus derechos constitucionales y legales.

Joyce Dávila, directora de la Alianza de Autismo y Carmen Warren portavoz del Comité Timón, indicaron que, a partir del 6 de noviembre de 2024, los representantes legales de la mayoría de las familias reclamantes, con el apoyo del Comité Timón, solicitaron a la jueza Swain que no autorizara el insensible, desvergonzado y atropellado proceso que ya se ha concretado. Reclamaron que, en todo momento, han impulsado soluciones que garanticen una compensación y un procedimiento justo para las personas reclamantes, incluyendo la solicitud de mediación para llegar a un acuerdo que realmente proteja sus intereses.

Por su parte los licenciados Marilucy González Báez, Rolando Emmanuelli, José Juan Nazario de la Rosa, Carlos Gómez Menéndez y José E. Torres Valentín exhortaron a que los reclamantes deben mantener la calma ante este proceso y para ello deben orientarse y comunicarse con sus respectivos representantes legales. Leer la comunicación que contiene las recomendaciones de los representantes legales de la mayoría de las familias reclamantes, en la cual se destaca, que no se recomienda la propuesta transacción. Se informó que esta comunicación ya circula por internet y deberá ser notificada por la JCF a sus correos electrónicos o direcciones postales en los tres próximos días. También pueden escribir a la siguiente dirección electrónica: reclamacionespleitodeclaserlv@gmail.com para recibir copia de la referida comunicación.

El licenciado Rolando Emmanuelli indicó que se presentará una solicitud de reconsideración a la jueza  no más tarde del próximo 24 de febrero de 2025. “Esperamos con dicha acción, que la jueza Taylor Swain reconsidere su Orden de 11 de febrero de 2025 y atienda nuestras objeciones al respecto”.

Los representantes legales destacaron que, si un reclamante decide no aceptar la oferta del acuerdo propuesto, su reclamación seguirá activa dentro del proceso de reconciliación de reclamaciones bajo el Título III de PROMESA. Esto significa que conservará su derecho a presentar su caso y su prueba de manera individual para buscar una compensación más justa y adecuada a su situación particular. A través de este proceso, el reclamante podrá probar sus daños y justificar la cantidad a la que realmente tiene derecho, conforme a los procedimientos establecidos por el tribunal.  No obstante, es importante tener en cuenta que, en todo caso, cualquier suma que se obtenga a través del proceso de reconciliación de reclamaciones estará sujeta a los términos del PAD lo que significa que el monto final será ajustado a aproximadamente un 20.4% de la cantidad reconocida en el proceso. Estos son factores que cada reclamante debe evaluar cuidadosamente al tomar su decisión sobre la oferta presentada.

Las portavoces anunciaron que se proponen solicitar una reunión a la gobernadora Jennifer González Colón y al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para atender de manera inmediata y efectiva el reclamo de miles de puertorriqueñas y puertorriqueños bajo el injusto trámite judicial que establece la Orden emitida el 11 de febrero de 2025 por la Jueza y la ley PROMESA.

Insistieron en que existen alternativas viables para hacer justicia a los reclamantes, integrantes de la población de educación especial, sus padres, madres y encargados y reclamaron al Gobierno de Puerto Rico a que rectifique “esta traición a la niñez y juventud con diversidad funcional”.

DEL MEMORANDO A LO ILUSORIO

El puertorriqueño Javier Hernández, junto a otros estudiosos de la realidad boricua, recientemente redactaron un memorando que anda circulando entre personas vinculadas a los centros de poder de Estados Unidos, generando interés. El documento, que resume muy bien la realidad sociocultural, busca promover un debate sobre Puerto Rico y alentar una salida descolonizadora, aprovechando el intenso ambiente político que se vive en Washington.

La iniciativa es plausible y muy oportuna a juzgar por el interés que ha generado. Si algo quedó claro del resultado de la última elección general es que la mayoría de los puertorriqueños cree necesario superar nuestra realidad colonial, derrotando el inmovilismo en que hemos estado sumidos por tantas décadas. Aunque los funcionarios electos el pasado mes de noviembre (con voto minoritario, valga aclarar) quisieran cimentar ese inmovilismo, ya fuere para conservar la colonia, en el caso del comisionado residente, o porque el ambiente no es propicio para la anexión, en el caso de la gobernadora, tenemos que buscar la manera de impulsar cambios. El memorando que circula ayuda en ese objetivo.

Lo que me parece raro, y hasta peligroso, es el entusiasmo que se está manifestando en algunas personas en cuanto a que el ambiente exacerbado que se vive en Washington tras la llegada de Donald Trump pudiera conducir a una declaración de independencia para Puerto Rico. Creen que el odio del nuevo mandatario hacia los puertorriqueños, junto a su objetivo de reducir a cualquier precio el presupuesto federal, pueda conducirlo a querer disponer del territorio puertorriqueño con la misma facilidad con que se abandona un edificio en ruinas. Simultáneamente, piensan que esa disposición unilateral pudiera hacerla el magnate-presidente en uno de los decretos que, llamándolos “órdenes ejecutivas”, firma a diario.

No hay duda de que Donald Trump nos odia y que ese odio es corolario de su racismo y del exclusivismo nacionalista que está en la base de su movimiento político. También es cierto que el colonialismo puertorriqueño, desde que un patriarca anexionista se inventó la consigna “la estadidad es para los pobres”, ha degenerado en la glorificación de la dependencia económica como medio de mantenernos más unidos a Estados Unidos. Todo eso conduce a la certeza de que durante esta nueva administración de Trump debemos esperar humillaciones y, en lo que al gobierno colonial se refiere, severos cortes presupuestarios, sobre todo en aquellos programas sociales dirigidos a las personas.

Sin embargo, quienes piensan que esa realidad conducirá a que el magnate megalómano firme una orden ejecutiva disponiendo alegremente del territorio pasan por alto que Puerto Rico no es el grupo de indigentes menesterosos que solo ve Trump. Aquí hay una actividad económica que le genera billones de dólares en ganancias anuales a las empresas que financiaron tanto la campaña del magnate como la de la mayoría de los congresistas. Ese grupo incluye varias de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y casi todos los conglomerados dedicados al turismo en los que, con toda probabilidad, el magnate y sus adláteres tienen inversiones. También incluye, de forma destacada, a los grandes consorcios del comercio al detal (Walmart et. al.) que es a donde en última instancia va a parar el dinero federal que se distribuye en forma de ayudas a las personas. Incluye, además a los exportadores que desde Estados Unidos nos inundan con su producción agrícola e industrial, junto a las navieras y líneas aéreas que la traen. Aquí también están, utilizándonos como paraíso de inversiones y como refugio contra los impuestos, un grupo cada vez más grande de magnates de la misma calaña de Trump. Varios de ellos participaron activamente (¿recuerdan a Paulson?)  en la última campaña del ahora presidente.

Como se puede apreciar, no es fácil disponer de un territorio como Puerto Rico y mucho menos fácil que un magnate como Trump, amigo de todos los que se aprovechan de nosotros, lo haga alegremente. Pero hay más.

Aunque Trump se cree autócrata y si se dispusiera a actuar sobre Puerto Rico podría recurrir a otro de sus decretos, su actuación difícilmente se sostendría en un tribunal. Si hay un asunto claro en materia constitucional es la autoridad exclusiva del Congreso para “disponer” y establecer la reglamentación aplicable a los “territorios” y cualquier otra “propiedad” perteneciente a Estados Unidos. Desde 1787 el asunto está muy claro.

La última experiencia fue con Filipinas. La independencia se proclamó en 1946 al final de un plazo establecido en una ley aprobada por el Congreso en 1934, ratificada de forma unánime por la legislatura del archipiélago. Ni la ley misma ni su cumplimiento fue un proceso fácil porque numerosas fuerzas en Estados Unidos, mayormente económicas y militares, trataron de boicotearla.

En el caso de Filipinas hay otra lección muy importante para nosotros. En el proceso hacían la independencia lo que se manifestó, sobre todo, fue la enorme vocación de libertad de su pueblo. Cuando se aprobó la ley de 1934 estallaron protestas armadas en muchas islas, no porque se opusieran a la independencia, sino porque la querían de inmediato y no en el plazo de diez años establecido en la ley. Esa lucha fue la que en última instancia logró la independencia.

Comunidad universitaria rechaza intromisión político partidista en la selección del presidente

En un proceso marcado por la intervención político-partidista la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG -UPR) nombró como presidente interino de la institución al profesor del recinto de Mayaguez, Miguel Muñoz, quien ya fue presidente entre el 2011 al 2013.

La designación de Muñoz se dio tan pronto como el día antes de que fuese efectiva la renuncia del presidente Luis A Ferraro, el 15 de febrero.

Sectores universitarios denunciaron que la designación de Muñoz, se produjo en una cuarta votación de los miembros del JG luego de la intervención de la gobernadora Jenniffer González, por medio del secretario de la Gobernación Francisco Domenech, quien llamó al presidente de la JG, Ricardo Dalmau, para que se realizara una cuarta votación. En las tres votaciones efectuadas aparentemente hubo un empate. El otro candidato era el también ex presidente Walter Alomar.  Ambos candidatos eran y son rechazados por toda la comunidad universitaria.

Por parte de la gobernadora González admitió públicamente su intervención.  “Luego de la tercera votación, donde hubo un empate, yo estaba bien preocupada por qué iba a pasar ahí si hay un empate en la designación. Le pedí al secretario de la Gobernación que llamara al presidente de la Junta y que se asesoraran legalmente de cuál era el proceso legal para para que pudieran tener un presidente interino que pudiera hacer el trabajo”, citó la Prensa a la gobernadora.

Ante este proceso y la persona designada apenas se hizo pública su designación tanto la comunidad universitaria como otros sectores expresaron su rechazo tanto al nombramiento como al proceso.

La presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios (APU) la doctora Maria del Mar Rosa, llamó la atención a lo que fue la ejecutoria de los dos candidatos. “Ambos candidatos cuentan con un historial de controversias y desaciertos en sus pasados términos como presidente de la UPR y presidente de la Junta de Gobierno, respectivamente. Sus ejecutorias mostraron una falta de gobernanza participativa y eficaz, evidenciando así una ausencia de compromiso con los mejores intereses de la Universidad”.

Por su parte el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Carlos de León, reiteró la importancia de que la comunidad universitaria protagonice los procesos de nombramiento. “Las decisiones sobre la institución le competen a la comunidad universitaria, y están amparadas en las normativas vigentes en espacios de deliberación participativa. Pedimos que se respete el derecho de la comunidad universitaria a favorecer a quienes consideren más capacitados para liderar la Universidad”, expresó.

Otras voces que expresaron al respecto fueron legisladoras del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). La representante  Adriana Gutiérrez Colón, afirmó que el nombramiento de Muñoz como presidente interino, “además de ser otra imposición que excluye la participación de la comunidad universitaria y transgrede el principio de autonomía, es regresar a los peores males del pasado. Hoy nombran a la misma persona que renunció a la Presidencia de la UPR en 2013 tras serios señalamientos de mal uso de fondos, de esquemas de fraude con el programa Crece-21, y cuya presidencia se caracterizó por la mediocridad e incapacidad administrativa que llevó a la congelación de fondos”, expresó.

Por su parte la representante Nelie Lebrón Robles acusó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de sobreponer sus intereses a las necesidades de la universidad. “Me solidarizo con el estudiantado y los sectores docentes y no docentes de nuestra Universidad de Puerto Rico en repudio al nombramiento atropellado de Miguel Muñoz como presidente de la UPR”, sostuvo Lebrón Robles.

Agregó que las decisiones sobre la institución le competen a la comunidad universitaria, y están amparadas en las normativas vigentes en espacios de deliberación participativa. “Pedimos que se respete el derecho de la comunidad universitaria a favorecer a quienes consideren más capacitados para liderar la Universidad”, expresó De León.

Este miércoles 18 los portones del recinto de Rio Pierdas de la UPR, permanecieron cerrados en un paro de 24 horas convocado por el movimiento estudiantil, en protesta por la designación de Muñoz.

El representante estudiantil ante la Junta Universitaria de la UPR Eduard Maldonado Rosa, expresó a Claridad que la designación del Dr. Muñoz a la presidencia interina no solo demuestra la desconexión de la Junta de Gobierno con la comunidad universitaria, que había apoyado unánimemente a la Dra. Mayra Charriez, “sino que también demuestra el nivel de intromisión político-partidista en la UPR. Por años los sectores de la comunidad hemos denunciado este tipo de intromisiones, pero nunca un gobernante lo había dicho públicamente. Las expresiones de la Gobernadora resultan en una falta de respeto para nuestra autonomía universitaria y al mismo tiempo vemos lo que el PNP quiere para la UPR. Una administración deficiente que, como ha demostrado anteriormente el Dr. Muñoz, tiene la capacidad de dejar en ruinas nuestro sistema universitario”.

Que se sepa toda la verdad sobre las muertes de Chagui y Carlos

Hace unos días, las congresistas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés- ambas boricuas- enviaron una carta a los nuevos jefes de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA) y el Negociado Federal de Investigaciones ( FBI) de Estados Unidos, solicitando la desclasificación total de los documentos relativos a los asesinatos políticos de Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela, ocurridos en Puerto Rico en los años 1976 y 1979, respectivamente.

Por cerca de 50 años estos dos asesinatos, crueles y sangrientos, han permanecido sin esclarecer, y sus detalles ocultos de las familias de las víctimas, el pueblo puertorriqueño y la opinión pública estadounidense.

Según las congresistas ya es tiempo de que las agencias concernidas sean transparentes sobre lo ocurrido en estos casos. A la petición oficial de Velázquez y Ocasio se ha unido el Senado de Puerto Rico, en resolución adoptada por iniciativa de su presidente actual Thomas Rivera Schatz.

Mari Pesquera de 23 años, hijo mayor del Secretario General del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), Juan Mari Brás, y Muñiz Varela, joven cubano-boricua y activista de la reunificación de las familias cubanas dentro y fuera de Cuba, fueron víctimas de un contexto político violento, dentro de la Guerra Fría que dividía al mundo en dos polos enemigos e irreconciliables. La década de los años 70 en Puerto Rico se recuerda como la de mayor violencia y represión contra el independentismo puertorriqueño y demás fuerzas de izquierda en la segunda mitad del siglo veinte. Igualmente estaba en carne viva la división de las familias cubanas, principalmente por las acciones de terror de un sector derechista del exilio cubano que pretendía- con el apoyo de la CIA y el FBI- derrocar por la violencia al Gobierno Revolucionario de Cuba y  su líder Fidel Castro, y así detener su creciente  influencia en el resto del Caribe, América Latina y otras partes del mundo. Por otro lado, apenas un año antes, en 1975, había concluido la Guerra de Vietnam con una derrota aplastante y humillante para las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Estados Unidos, y.como fiera herida, el imperialismo estadounidense buscaba resarcirse del lastre de dicha derrota.

Santiago Mari Pesquera fue asesinado en su vehículo de un tiro de contacto en la sien, y Carlos Muñiz Varela fue emboscado mientras se dirigía a la casa de su mamá y ultimado a balazos en plena vía de rodaje. Ambos fueron actos de violencia descarnada, viciosos y vengativos, con todas las características de los crímenes de encargo con el propósito de golpear el espíritu, causar pánico, enviar una advertencia o dar un escarmiento.

Era un momento de alta militancia política en la izquierda en Puerto Rico. Había efervescencia social, sindical, estudiantil y comunitaria. Los luchadores de la independencia abrían nuevos frentes de lucha y el PSP se había inscrito como partido electoral y Juan Mari Brás era su candidato a gobernador en las elecciones de 1976. El vil asesinato de su hijo fue concebido como un golpe de gracia al espíritu del aguerrido líder del PSP, que no obstante, nunca lo desvió de su lucha.

Por otro lado, y en respuesta a la militancia de distintos frentes del  pueblo puertorriqueño,  las agencias represivas de Estados Unidos habían reforzado sus acciones de vigilancia y control. La CIA tenía en Puerto Rico una unidad especial, integrada por cubanos exiliados, entrenados y armados por ellos y puertorriqueños anexionistas y derechistas, que ejecutaban acciones terroristas, como la bomba colocada en Mayaguez, y que detonó durante un mítin del PSP el 11 de enero de 1975, dejando dos muertos y diez heridos. El FBI, como siempre, estaba a la caza de independentistas a quienes consideraba sus enemigos, y contra los cuales conducía sus operativos con total impunidad. Mientras, una poderosa banda criminal se había enquistado en la propia División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, bajo el mando de un Teniente Coronel asesino llamado Alejo Maldonado y su Escuadrón de la Muerte conformado por una unidad élite de policías desalmados, informantes y encubiertos de la peor calaña. Todo esto, bajo la mirada indiferente y cómplice de los gobiernos coloniales  de turno de los partidos Popular Democrático ( PPD) y Nuevo Progresista (PNP).

En ese contexto se dieron los asesinatos de Chagui y Carlos, así como las múltiples acciones de terrorismo de estado que.convirtieron la década de los años 1970 en un hervidero de violencia política que costó muchas vidas inocentes. Por el asesinato de Santiago, se acusó a un enfermo mental que luego de un errático proceso judicial fue sacado de Puerto Rico sin que nunca se haya sabido nada más sobre su paradero. Los nombres de los autores intelectuales del crimen que usaron y armaron al que disparó siguen amparados por la sombra de la impunidad y de la cobertura de agencias como la CIA y el FBI. Del asesinato de Carlos se sabe más. Gracias a la labor investigativa  incansable de sus amigos Raúl Alzaga y Ricardo Fraga, ( ver entrevista con Alzaga en esta edición de CLARIDAD) y de otras personas, se ha logrado componer un cuadro que apunta a elementos del bajo mundo del exilio cubano, a terroristas cubanos amparados por la CIA y el FBI, así como integrantes del Escuadrón de la Muerte de Alejo Maldonado, como los autores intelectuales y materiales de la vil emboscada que le costó la vida. Un floristo cubano ya fallecido, Julio Labatut, fue señalado como la persona que se encargó de pagar $25, 000 a los asesinos de Carlos. Este es el mismo individuo que en el año 2006 recibió un homenaje de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por iniciativa de la entonces Representante y hoy Gobernadora, Jenniffer González Colón, del PNP.

Casi 50 años después de haber sido asesinados, Santiago Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela y sus familias esperan por recibir justicia. La nueva administración de Donald Trump ha prometido transparencia, por lo cual esperamos que las peticiones de las congresistas Velázquez y Ocasio y del Senado de Puerto Rico a los nuevos jefes de la CIA y el FBI, para la desclasificación de todos los documentos relacionados a estos casos, sean acogidas positivamente  y atendidas con prontitud. Nada más y nada menos tendría que ocurrir para que se conozca, de una vez por todas, toda la verdad tras estos hechos causantes de tanto dolor y sufrimiento.