Una de las consignas principales en defensa de la escuela pública es Nuestra escuela no se vende, nuestra escuela se defiende. Esta es una consigna que afirma la pertenencia y pertinencia que tiene la escuela pública para cada comunidad escolar. Es reafirmar que la escuela como institución social esta al servicio de los estudiantes y la comunidad, no de los que buscan hacer negocios con la educación.

Derogar la Ley 149 de 1999, como requisito de una “reforma educativa,” implica eliminar la participación democrática de cada comunidad escolar porque, según dicha ley, “las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y éstas deben participar en su gobierno.” Contrario a este principio, el lenguaje de la reciente ley firmada por el Gobernador establece que la escuela chárter “será administrada y gobernada por una junta de directores u otro cuerpo de gobernanza de la Entidad Educativa Certificada, según sea estipulado en la Carta Constitutiva.” Es decir, el Consejo Escolar con representación de todos los componentes de la comunidad escolar (director, maestros, padres, estudiantes y ciudadanos de la comunidad) es sustituido por una Junta de Directores con mentalidad empresarial para ahorrar gastos y generar ganancias.

La misma exposición de motivos de la Ley reconoce el valor de la Ley 149 al reconocer que “aunque el espíritu de dicha Ley fue darles autonomía a las comunidades para empoderarse de la educación de sus hijos, la carencia de suficientes garras y parámetros malogró ese fin.” Les quitan la autonomía a las escuelas porque las “garras y parámetros” políticos partidistas y sus donantes, impiden el empoderamiento de cada comunidad escolar.

Sin lugar a duda, el modelo público de escuelas de la comunidad es superior a cualquier modelo de privatización de escuelas. El obstáculo son los políticos que protegen las estructuras burocrático-partidistas, que se resisten al cambio de dejar en manos de la comunidad escolar las decisiones fiscales, administrativas y docentes. Se han resistido a ese cambio y utilizan el poder para reprimir las iniciativas liberadoras de la democracia y la autogestión.

El negocio de las escuelas charter

El proyecto enviado por la Fortaleza era tan deficiente en contenido y en su intención reformadora, que los legisladores tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para “salvarlo” y aprobar algo que intentara acercarse a la calidad superior de la Ley 149 de 1999, aprobada bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Sin embargo, tuvieron que hacer las enmiendas cosméticas propias para ponerle peluca y pulseras a su Frankestein, y conservar el objetivo principal de comercializar la educación mediante escuelas chárter y vales educativos.

Toda reforma educativa verdadera tiene que ir dirigida a crear las mejores condiciones de estudio para los estudiantes y las mejores condiciones de trabajo para los maestros. La verdad es que este proyecto no se hizo por los niños, sino por los privatizadores que son amigos donantes de sus campañas políticas. El gobernador y la Legislatura han asumido el mismo rol de la Secretaria de Educación: ser enlaces y contratistas del sector privado.

Los expertos en pedagogía, las organizaciones magisteriales en lucha y exsecretarios serios del Departamento de Educación, han sido categóricos en afirmar que esto no es una reforma educativa, sino una reforma administrativa o fiscal. Evidencia de esto es que lo más que se destaca en la discusión pública es la cantidad de dinero que representa cada estudiante ($6,400) y el mercadeo que hace el Gobernador de que esa cantidad de dinero estará donde vaya el estudiante. Es decir, tener 100 estudiantes en una escuela equivale a $640,000 que recibirá en fondos públicos la empresa privada “sin fines de lucro”. Pero si puedo tener 400 estudiantes en la escuela eso representa que el gobierno asigna a la entidad privada $2,560,000. La educación es un negocio atractivo para los privatizadores.

Todo lo que dice el proyecto sobre los objetivos, misión y visión del sistema educativo se puede lograr bajo el modelo público. Por ejemplo, asignar a las escuelas el 70% del presupuesto solo requería que lo ejecutara la Secretaria de Educación o que se enmendara la Ley 149 con esta medida. La única diferencia con la Ley 149 de 1999 es que mediante el plan del Gobernador se abre la puerta para que el sector privado administre los fondos públicos y la operación de la escuela. De este modo el Estado se libera de una responsabilidad constitucional.

Repudio masivo en EU y PR al fracasado modelo de escuelas charter

Lo esencial de una reforma es que los estudiantes tengan un mejor servicio educativo mediante la implantación de un nuevo currículo y nuevas estrategias pedagógicas dirigidas a lograr el perfil del estudiante que requiere el mundo actual en el aspecto social, laboral, cultural y económico. Este proyecto no logra evidenciar que este objetivo se logra mediante el modelo de escuelas chárter. La evidencia científica y pedagógica demuestra que no hay diferencias significativas en el aprovechamiento académico entre una escuela tradicional y una escuela chárter. Se impone por legislación por ser un capricho que busca, una vez más, recurrir a fondos federales para repetir la practica fracasada de contratar compañías privadas que hacen negocio, cierran el negocio, se llevan sus ganancias, vienen los “federales” a investigarlos y no pasa nada.

Al presentar el proyecto, de la mal llamada reforma educativa del gobernador Ricardo Rosselló, se intentó manipular la opinión pública planteando que hay 44 Estados con escuela chárter. De este modo, le comunicaban a sus correligionarios estadistas que si queremos ser Estado hay que ensayar e implantar escuelas que hay allá. Pero, ante la globalización de la información, inmediatamente encontramos datos sobre la minoría que son las escuelas chárter en el modelo público de los Estados Unidos. Luego de 25 años impulsando este modelo, no supera el 7% de las escuelas públicas de EUA. Esta es la realidad dado que las escuelas chárter son un modelo fracasado constatado por los resultados en pruebas estandarizadas, por el discrimen y la segregación de estudiantes, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y la corrupción.

El pasado 19 de marzo de 2018, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) con apenas cuatro días de antelación, convocó a un Paro Magisterial que evidenció la contundencia del rechazo al modelo de escuelas chárter. Funcionarios del Departamento de Educación afirmaron que el ausentismo de maestros fue de un 49% y el de los estudiantes fue de un 92%. Aunque el DE y la Secretaria de Educación no tienen credibilidad alguna, el reconocimiento de esos datos nos permite afirmar que el rechazo al modelo de escuelas chárter es mayoritario en Puerto Rico. Más de 16,000 maestros apoyaron el paro y más del 90% de las madres y padres acogieron el mensaje de que la escuela debe estar en manos de la comunidad y no de los negociantes y empresarios.

El truco de las enmiendas

El presidente del Senado, que no se había expresado a favor o en contra del proyecto, hábilmente utiliza a una organización magisterial para justificar la aprobación del mismo. Incluso establece que “mientras unos gritan otros dialogan.” Lo que no reconoce el presidente del Senado es que todas las organizaciones magisteriales y de directores escolares presentaron en vistas públicas excelentes ponencias que derrumbaron todas las argumentaciones dirigidas a justificar el proyecto. Sin embargo, el presidente del Senado no estuvo en ninguna de las vistas públicas para dialogar con los representantes del magisterio y los directores. Prefirió reunirse a puertas cerradas para luego proyectarse, con el aval del liderato de la Asociación de Maestros, como el supuesto protector de los trabajadores.

Todas las organizaciones magisteriales afirmamos que este proyecto no era enmendable, porque sabíamos que cualquier enmienda que no eliminara lo relacionado a las escuelas chárter y los vales educativos sería cosmética. En las vistas públicas un legislador le pregunta a la presidenta de la Asociación de Maestros cómo se podía mejorar la pieza legislativa y contestó: “Mejor me muero antes de apoyar una cosa como esta.” Hay quienes mantuvieron su posición y hay quienes se entregaron.

Los trucos para aprobar esta legislación con enmiendas mantienen la desviación de fondos públicos a entes privados mediante escuelas chárter y vales. Las sólidas argumentaciones que sometimos las organizaciones magisteriales en lucha demostraron la superioridad de la Ley 149, lo que provocó que copiaran algunos artículos de dicha ley como estrategia para justificar lo esencial de su visión privatizadora en el proyecto. Los que luchan no nos dejamos engañar.

Una de las enmiendas indica que “los derechos adquiridos por los maestros, previo a la aprobación de esta Ley, serán garantizados por el Secretario del Departamento y el Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, aquellos que atiendan su permanencia y retiro.” Es fácil garantizar esos derechos en las escuelas que no son chárter. Pero en un ente privado el asunto cambia, no existe esa garantía. Este lenguaje de la enmienda puede parecer categórico, pero está sujeto a interpretación. La permanencia y el retiro siempre han sido modificados por legislación. Por ejemplo, la permanencia es un derecho adquirido y ha sido modificado por legislación. Cabe recordar la Ley 7 de 2009 que provocó el despido de más de 20,000 empleados permanentes.

En relación con el plan médico indica: “Toda Escuela Pública Alianza tendrá que ofrecer un plan de seguro de salud para los empleados de la Entidad Educativa Certificada.” Es decir, te ofrecen un plan médico, pero no garantizan la aportación patronal. Una enmienda más precisa y real indicaría que toda escuela chárter aportará $120 mensual (aportación patronal actual) o más al plan médico que seleccione el maestro. Sin embargo, la enmienda es genérica.

En cuanto al derecho a “asociarse a colegios profesionales, sindicatos o asociaciones,” no obliga al ente privado a reconocer a una organización; es un asunto personal del trabajador. Una enmienda especifica hubiese sido toda escuela chárter reconocerá a todas las organizaciones magisteriales implantando la Ley 45 de 1998 y las leyes laborales de organizaciones bonafides.

Sin embargo, promover que se garanticen los derechos adquiridos a cambio de privatizar escuelas es la mayor traición a la educación pública. Implica entregar a los estudiantes y maestros por treinta monedas de plata. Una organización sindical no puede desvincularse de los trabajadores, ni de la comunidad a la que se ha comprometido a servir. Sindicato y comunidades unidas pueden reconstruir un país. Tan pronto predomine el interés de la salvación individual, se traiciona la salvación colectiva.

Luchar contra el plan fiscal del gobierno

Este plan de privatización de la educación pública no es un asunto aislado. Está atado al plan fiscal del Gobierno que pretende cerrar 305 escuelas, eliminar más de 4,000 maestros transitorios, congelar plazas de maestros que se acogen a la jubilación o renuncian, la segregación de estudiantes, el discrimen, el hacinamiento en la sala de clases, entre otras medidas que destruyen la escuela de la comunidad.

El momento histórico requiere de diversas estrategias de lucha para defender el presente y el futuro de nuestro país. Los que han sido electos a posiciones políticas nos siguen fallando y traicionando. Salvo algunas excepciones, todos se han entregado a los que tienen el poder económico. Por lo tanto, no esperemos un líder salvador. Las organizaciones sindicales, comunitarias, sociales, culturales, deportivas, ambientales y políticas (insertadas en la lucha del pueblo), tenemos la responsabilidad de unirnos para lanzarnos a la calle a reclamar que no se pague la deuda y que se implante un proyecto de desarrollo económico de reconstrucción nacional impulsando, simultáneamente la liberación de la condición colonial que nos agobia. Solo el pueblo salva al pueblo.

El autor es Presidente de UNETE

Las manifestaciones de resistencia en contra de la llamada reforma educativa, que conlleva la implantación de escuelas “charter” y los “vales educativos”, continuó este sábado con una nutrida marcha que salió pasada la una de la tarde desde la Plaza Colón, para llegar hasta los predios de la Fortaleza, en el Viejo San Juan.

A la marcha convocada por el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, respondieron padres, madres de estudiantes, todos los gremios magisteriales a excepción de la Asociación de Maestros (AMPR), estudiantes universitarios, organizaciones políticas, como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el movimiento Amplio de Mujeres (MAM) y el Colegio de Trabajadores Sociales, entre otros.

En esta ocasión la manifestación tuvo en primer plano la denuncia de que los estudiantes de educación especial serán los más perjudicados con la llamada reforma educativa. Los estudiantes con diversidad funcional representan más de una tercera parte de la matrícula de las escuelas públicas. En entrevista la portavoz del Comité Timón de madres y padres de Educación Especial (CTMPEE), Carmen Warren contó a CLARIDAD que ya la declaración de 608 maestros como “recursos disponibles” ha provocado crisis emocional en estudiantes de educación especial. Se refiere a que la semana pasada la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, declaró a 608 maestros que ya estaban ubicados en salones de clases con sus respectivos grupos como “recursos disponibles”, lo que implicó el traslado de estos maestras y maestros a otras escuelas. Warren denunció que esto incluye a maestros de todas las disciplinas y a todos los niveles. En el caso de los estudiantes de educación especial los cambios han provocado ansiedad tanto en los de escuela elemental como superior.

“Desde que llegó Keleher todo está mal, se priva más a los estudiantes de servicios y la desinformación hacia los maestros es peor”, denunció. En esa dirección recordó que cuando se inició el pleito de la Ley Promesa, en una reunión en Fortaleza en donde participó el Comité, el DE y el Departamento de Justicia, se llegó al acuerdo de que el pleito de clase de las y los estudiantes se mantendría activo y a cambio se detuvo el pleito por indemnización. Según este acuerdo se supone que el DE esté dando todos los servicios a los estudiantes de educación especial, incluyendo que el DE esté pagando los honorarios de los abogados del caso. La realidad es que el DE no ha cumplido con los acuerdos. En particular la falta de cumplimiento en proveer los servicios educativos a los estudiantes está reflejado en los informes que la monitora impuesta por el Tribunal Superior, Pilar Meléndez tiene que entregar cada tres meses. Warren dijo que aun cuando el informe de la monitora está basado en información que a su vez le brinda el mismo DE éste siempre sale mal.

“El Comité siempre ha estado impugnando esos datos y a pesar de las mentiras siempre el departamento sale mal en los informes”. Warren atribuyó que la declaración de maestros de “recursos disponibles”, es un cambio de nombre a los ya declarados “maestros disponibles”, y como el DE no nombró al inicio del año alrededor de mil maestros, ahora el cambio de los maestros llamados “disponibles” es para que al final del año en los informes aparezca, como que se llenaron todas las plazas. Añadió que cuando se cierren las 300 escuelas estos maestros quedaran despedidos.

La portavoz del Comité Timón denunció que ni los padres, ni los maestros de educación especial tuvieron oportunidad de ser escuchados en las vistas del proyecto de reforma. Añadió que aun cuando la Cámara de Representantes creó una comisión especial para atender los reclamos de esta comunidad eso tampoco ha sucedido y cuestionó qué pasará o si se cancela la comisión, una vez el gobernador firme el proyecto. De hecho a preguntas de la Prensa hace una semana el gobernador Ricardo Rosselló Nevares alegó que no había firmado el proyecto todavía porque tenía mas de 300 enmiendas , era un proyecto muy largo y tenía que leerlo.

Warren expresó “existe mucha desesperanza después del huracán y estamos aquí defendiendo la escuela pública”.

En conversación con una terapista ocupacional presente en la actividad CLARIDAD confirmó que, por ejemplo en los pueblos de Arroyo y Patillas los traslados de maestros han provocado trastornos en los estudiantes de educación especial. Contó la experiencia de un estudiante con autismo de cuarto año se le quitaron tres maestras lo que representó la perdida de cuatro clases. “El joven no se podía concentrar y expresaba su preocupación de qué iba a pasar con él y que iba a pasar con las maestras”.

En tanto a la llegada de la marcha a la calle Fortaleza, a una cuadra de la casa de la gobernación, jóvenes estudiantes se hicieron cargo de la actividad. “Nuestra escuela no se vende, nuestra escuela se defiende”, avivó Christian Daniel Pérez, estudiante de la Escuela José Julián Acosta, especializada en teatro, localizada en el Viejo San Juan, quien sirvió de maestro de ceremonia. El público quedó impresionado con el talento desplegado por el niño de ocho años Alejandro Rivera Ortíz, de la Escuela Segunda Unidad Pedro Fernández, de Naranjito, quien interpretó unas décimas en denuncia de las escuelas “charter”. Las décimas son de la autoría del trovador Ricardo Villanueva. Alejandro estuvo acompañado por la maestra de música de su escuela, Jaqueline Negrón.

Otro joven que desplegó su talento en unas décimas fue Sebastián González, de la Escuela Libre de Música, Ernesto Ramos Antonini, en San Juan. Mientras la maestra Negrón también interpretó la canción, Mis derechos de mujer, de su autoría. La actividad concluyó con la exhortación de continuar la defensa de la escuela pública en las calles.

ccotto@claridadpuertorico.com

Pobreza, emigración, la esclavitud del siglo XXI, son solo algunas de las consecuencias para las y los trabajadores(as) y por consecuente para el país, que acarreará la nueva reforma laboral, anunciada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, precisamente un día antes de conmemorarse el 145 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico (22 de marzo de 1873). Según lo anunciado la reforma limita los días de vacaciones y enfermedad para los trabajadores del sector privado a siete días, se elimina el bono de navidad y la Ley 80, que protege a al trabajador de despido injustificado. El gobernador defendió que con la reforma se aumentará el salario mínimo a 8.25 la hora de aquí al año 2023.

Las diversas organizaciones sindicales reaccionaron en primera instancia al anuncio mediante comunicados de prensa y este lunes 26 de marzo realizaron una manifestación frente al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

“El gobernador Rosselló es un hipócrita, que un día dice que no va a afectar a los trabajadores y días después los apuñala una y otra vez por la espalda. Él sabe muy bien que subir de manera pírrica el salario mínimo no es ninguna ayuda a la generalidad de la clase trabajadora porque solo se impacta a un porcentaje bien bajo. Además, ese aumento se le hace sal y agua frente a los beneficios que le pretenden quitar”, denunció Argenis Carrillo, presidente de la Unión de Tronquistas que agrupa a trabajadores del sector privado.

A él se le unió el Secretario Tesorero de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Juan Cortés Valle, quien expresó que era una inmoralidad quitarle más derechos a la familia trabajadora ante el desorbitante despilfarro de gastos públicos en contratos y sueldos que exhibe el gobierno.

“Cuando usted tiene a gente del gobierno cobrando cifras que alcanzan el medio millón de dólares, cuando tiene a una Natalie Jaresko cobrando casi tres cuartos de millón de dólares, usted no puede hablar de más estrangulamiento a la clase trabajadora. La crisis es solo para la familia trabajadora y los demás a vida de ricos de primer mundo. Basta ya, hasta aquí trazamos la raya”, denunció Cortés Valle.

Mientras Carrillo añadió que la intentona de derrotar la legislación protectora de los y las trabajadoras es insostenible e injusta cuando hay muchas compañías foráneas que expatrian miles de millones de dólares sin tributar en la isla.“Promover nueva legislación laboral que ahogue más a la familia trabajadora es sinónimo de agravar más la economía porque en la medida que se le quitan beneficios a las y los trabajadores, se reduce su movilidad para gastos y consumo. Eso es un efecto dominó exponencial que impacta también a las finanzas del gobierno. Tal parece que al gobernador le gusta jugar a la ruleta rusa, solo aquí a quien apunta es al pueblo”, añadió el dirigente de los Tronquistas.

Las declaraciones de Cortés Valle y Carrillo fueron suscrita por la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada (afiliada a la CPT), la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (Ftpr-AflCio), la Federación Central de Trabajadores (FCT), la Unión Independiente de Trabajadores de los Aeropuertos, la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión de Tronquistas.

En tanto el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) también tronó contra la propuesta reforma laboral. “Es insólito que luego de más de 10 años de imponer recortes y eliminar derechos laborales anunciando que así generarán empleos, sigan exprimiendo y castigando a las y los trabajadores con el mismo cuento, con la misma excusa”, declaró indignado el presidente del SPT, Roberto Pagán. Pagán censuró que la anunciada reforma continúa la tendencia de los últimos años de reducir el salario real de las y los trabajadores mientras aumentan las ganancias de las mega empresas y los millonarios.

“Es una falacia alegar que con estas medidas estimulan la creación de empleos, cuando bien saben que lo que invitan es a que nuestra fuerza trabajadora emigre en busca de salarios decentes”, aseguró.

“El abuso contra los y las trabajadoras en el sector privado se da con tanto descaro porque no cuentan con una voz que les represente, ya que apenas el dos por ciento están organizadas en sindicatos. Por eso es urgente desarrollar una iniciativa organizativa que potencie la fuerza y el poder de este sector tan maltratado y acabar con tanto abuso”, continuó el líder sindical.

El presidente de la SPT advirtió a las y los empleados(as) públicos(as) el que también deben protestar en contra de estas medidas porque ya le han recortado días de vacaciones, licencias de enfermedad, días feriados y se aprestan a arruinar las pensiones. “Cada recorte de derechos en el sector privado es seguido por recortes en el servicio público, esa es la experiencia”, afirmó.

La SPT representa a sobre 12 mil trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado y está afiliado al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) que cuenta con sobre 2 millones de miembros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Por otra parte el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también reaccionó indignado ante lo anunciado. En conferencia de prensa el liderato del PIP, la vicepresidenta, exsenadora María de Lourdes Santiago y los legisladores, Denis Márquez y Juan Dalmau, emplazaron al primer ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y al gabinete económico del gobernador a que documentaran con absoluta transparencia los siguientes elementos: Los efectos en la economía y en la clase trabajadora de la imposición del IVU la eliminación de la ley de cierre y la primera reforma laboral. La cuantificación de los ingresos dejados de recibir por el fisco a través de los subsidios a grandes corporaciones y que se detallen los beneficios económicos que el país ha recibido a cambio.

Un estimado preciso de los empleados que se verán afectados por la nueva propuesta de reforma laboral incluía la cantidad de dinero que dejará de circular en el país por motivo de la eliminación del bono de navidad con una proyección validada del efecto que esto tendrá en las ventas de esa temporada.

El liderato independentista cuestionó el que la reducción de derechos sea un bien que se le esté haciendo al país y que termine incentivando el desarrollo económico. Señalaron que esa ha sido exactamente la misma justificación que se ha dado por diferentes administraciones ante las imposiciones previas de medidas que castigan a la clase pobre media y trabajadora como con el impuesto sobre las ventas y uso y sucesivos aumentos. Explicaron que con la primera reforma laboral se redujeron los días por enfermedad, vacaciones y se liberalizó la Ley 80 de protección contra el despido injustificado; se eliminó la ley de cierre, se privó de paga adicional a quienes trabajan los días domingo.

Estimaron que a estas alturas el país debiera estar listo para asumir una postura de cuestionamiento y confrontación. Los legisladores independentistas anunciaron que utilizarán el espacio legislativo para denunciar los efectos de la segunda reforma laboral y, a nivel institucional, la colectividad se mantendrá en comunicación con los sectores afectados.

Por su parte el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) fue otro sector que condenó la intención del gobernador Ricardo Rosselló de continuar su ataque despiadado a la clase trabajadora. La presidenta del PPT, Mariana Nogales Molinelli, advirtió que continuar por este camino solo acelerará la migración de nuestra fuerza trabajadora y agudizará aún más las condiciones de pobreza de quienes permanezcan en Puerto Rico.

«El senador Rivera Schatz dice que con esto los puertorriqueños van a salir adelante. Pero a donde único van a salir con este plan es al exterior y a condiciones más terribles de pobreza y desesperación. El gobernador y sus secuaces no pueden decir que no conocen las consecuencias de lo que están haciendo. Múltiples sectores y la historia misma han confirmado el daño que las medidas de austeridad le hacen a la economía y a las condiciones de vida de la gente. Sin duda, están allanando el camino para convertir a Puerto Rico en un paraíso solo para ricos, donde no cabemos nosotras ni caben nuestros derechos. Rosselló va a ser recordado como el último verdugo de nuestros derechos laborales, los mismos que se ganaron durante el pasado siglo mediante grandes luchas que consiguieron acercarnos a una vida más digna», aseguró.

El abogado Edwin Vélez, defensor del estudiante Randiel J. Negrón Torres, uno de los(as) siete acusados(as) tras irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) donde se discutía el Plan Fiscal de la institución el pasado 27 de abril, aseguró a este medio que el proceso judicial que enfrentan será incierto y largo.

Además de Negrón Torres, Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo fueron imputados por los delitos de motín, daño agravado, derecho a reunión, restricción de libertad agravada, intimidar al orden público.

El miércoles pasado se llevó a cabo una vista preliminar para continuar con las declaraciones de los testigos de fiscalía. El sargento Valentín, uno de los guardias de seguridad encargados, declararía ante el fiscal que lidera el caso en el Tribunal Estatal, Ángel García.

Se pautó el 4 de mayo como el próximo día para continuar con la vista. “No sé cuál es el estado de Fiscalía en estos momentos. Hasta el 4 de mayo sigue la incertidumbre para estos muchachos. Podría ser que finalice ahí. Depende del fiscal”, dijo el licenciado entrevistado.

Cada estudiante cuenta con cuatro cargos “grandes y con implicaciones fuertes, como pena de cárcel, de resultar probados”, según Vélez.

Las vistas preliminares de este caso se han pospuesto porque el Tribunal tiene problemas con varios testigos en sus comparecencias. “De hecho, uno de los testigos que es importante para el fiscal, el agente investigador del caso, no está viviendo en Puerto Rico”, informó Vélez.

Según el licenciado, en esta etapa procesal, que es vista preliminar, el fiscal no está obligado a decir quiénes serán los testigos, aunque a este momento todos los abogados defensores saben quiénes son porque ya juramentaron. Sin embargo, “lo que no es normal en el proceso y lo que nos llama la atención es el interés que tiene el Estado en este caso. Desde Regla 6, fiscales, pruebas, regla 6 en alzada, el interés del Estado es seguir con estos estudiantes hasta el final”, confesó.

“Hay una intención del Estado de darles una enseñanza a esos estudiantes –y al sector del pueblo que representan– de que aquí se protesta como yo diga. Si protestas fuera de lo que yo acepto, eres un delincuente”, continúo ofreciendo Vélez su lectura sobre cómo el Estado ha desatado este proceso judicial.

El licenciado cree que Fiscalía quiere darle un escarmiento a los y las acusados(as), y más por ser estudiante de la UPR en el contexto histórico de hoy y teniendo en cuenta la recién aprobación del Plan Fiscal UPR. Parecido a lo que ha pasado con la compañera Nina Droz, Vélez piensa que el Estado tiene un interés bien particular de “bajarle con todo” al grupo de estudiantes.