Luego de que el pasado viernes 27, el oficial Lamboy, de la Policía de Puerto Rico, detuviera sin ningún motivo al director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, y lo pusiera bajo arresto al alegar que se encontraba en estado de embriaguez, el detenido se mostró tranquilo, aunque incómodo porque se encontraba con su hija menor al momento de los hechos.

“Esto no me quita el sueño, me causa pensamiento y reflexión sobre qué hay detrás de toda la situación”, dijo para CLARIDAD.

Massol, quien aseguró que ha habido otras instancias de amenaza para su familia y para la organización que capitanean en Adjuntas, continúo expresando que “este fue un evento mayor en el que la Policía saca un comunicado con una versión contraria a la realidad”.

El incidente en las afueras de la pizzería Lucy’s del pueblo de Adjuntas ocurrió en el contexto de la visita de varios congresistas a la sede de Casa Pueblo esa misma tarde, de la firma por parte del gobernador de la ley que entrega playas a una empresa en Carolina, y de la discusión y denuncia de eliminar Reservas Naturales.

“Eso de antesala, pero creo que fue (el arresto) por una agenda que está cuajándose y para la que, aparentemente, Casa Pueblo es una amenaza”. Massol indicó, además, que el incidente provocado “muy bien pudiera ser porque quieren eliminar la Reserva del Bosque del Pueblo. No sabemos que se está fraguando a espaldas del país”.

Aunque el informe policial establece que le formularon cargos, la realidad según Massol es que lo citaron a una vista el 28 de agosto en el tribunal de Adjuntas. Para la mencionada cita, el acusado cuenta con las declaraciones públicas del dueño de la pizzería, Ángel Irizarry, quien también llamó a Arturo para indicarle que lo apoyaba con la evidencia del recibo de compra.

“No se trata de la vista del 28. Eso no debe ser lo que le preocupe a la gente, sino cómo se va a hacer a la policía responsable de que se haga una investigación y se sepa cuál es la tramoya que hay detrás, que mantiene esos estilos de intimidación impropia con la gente que lucha en este país”, sentenció quien ha asumido en carne propia el tema de energía solar para Puerto Rico.

“Lo que iba a decir ya lo comuniqué públicamente. Es un caso bien evidente de acecho. Esos no son hechos aislados, está ocurriendo cada vez más en la lucha política”, culminó el líder comunitario.

Reproducimos para beneficio de nuestros (as) lectores(as) la narración que hizo Arturo Massol del incidente.

En la noche de ayer, después de un arduo día de trabajo en Casa Pueblo, fui a la pizzería Lucy’s en el pueblo de Adjuntas a comer un pedazo de pizza con mi hija menor. Consumí un refresco con mi comida. Estacioné mi Jeep de 1952 en la acera de la plaza pública. En Adjuntas mucha gente conoce mi Jeep porque es muy peculiar pero es un vehículo que, por su antigüedad, utilizo poco y mayormente en la finca.

Saliendo de la pizzería, casi frente a Casa Pueblo, el oficial Lamboy, de la Policía de Puerto Rico, me detuvo y, sin motivo fundado, alegó que yo me encontraba en estado de embriaguez. Sabiendo que su alegación era falsa, accedí a hacer la prueba de aliento. El Policía, sin embargo, alegó que arrojé “8.1” (sus palabras) pero, al solicitarle que me mostrara los resultados, se negó rotundamente afirmando que “ya no se veía el número”. Inmediatamente comenzó a acusarme de no querer “cooperar” y me puso bajo arresto. Es completamente falso que no haya querido cooperar y prueba de ello es que accedí a hacerme la prueba de campo.

La Policía me esposó y me llevó al cuartel de Adjuntas, donde no querían permitirme hacer una llamada. Apretaron las esposas fuertemente a pesar de que les pedí que las soltaran un poco pues me estaban lastimando. Luego insistían en que firmara un documento. Yo, defendiendo mi derecho a un abogado, les expliqué que no podía firmar documento alguno sin consultar con un abogado. Solo cuando ya estábamos en el cuartel, me presentaron el supuesto equipo con el registro de “8.1”. Desconozco de dónde salió esa lectura, dado que nunca se me mostró en la escena donde se me hizo la prueba.

Le pregunté al oficial Lamboy quién lo había mandado a arrestarme y, de inmediato, el sargento Irizarry reaccionó desde otro escritorio muy sobresaltado e interrumpió la conversación diciéndole al Oficial: “¡No contestes eso! ¡Tú no tienes que contestar eso!”.

Al ver la forma ilegal y caprichosa en que la Policía me detuvo, sin motivo fundado alguno, inmediatamente me percaté de que era un arresto selectivo. No es la primera vez y seguramente tampoco será la última. Desde que tengo memoria, la Policía acosaba a mi familia, intentaba intimidarnos e incluso penetraba en nuestra casa dejando nuestras mascotas ahorcadas a la entrada del hogar, el tiempo de las carpetas. Durante años recientes, las autoridades de inmigración me bajaban de los aviones, me interrogaban durante horas y me confiscaban pertenencias, publicaciones, libros y hasta mi teléfono. También en años recientes he recibido amenazas anónimas. A Casa Pueblo y a mi familia nos han acusado de todo, han tratado por todos los medios de amedrentarnos, de minar nuestro espíritu de lucha y nuestra reputación. Nunca han podido ni podrán porque nuestro expediente lo construimos a diario, con las puertas abiertas a todos y todas los que deseen escuchar y unirse, todos los días actuando, haciendo, construyendo por el País.

En relación a la ausencia de marbete en mi Jeep de 1952, es cierto que no lo tenía. Pero esa infracción administrativa no es causa para arresto en nuestro sistema jurídico. Mi marbete se venció en octubre, y en medio del caos y el inmenso trabajo en que hemos estado sumergidos en estos últimos diez meses, la verdad es que, en momentos, se me ha olvidado renovarlo y, en otros, lo he pospuesto por no tratarse de mi vehículo principal.

Sobre mi niña, que atestiguó y sufrió el momento, no se preocupen. Ella está muy bien pues está muy educada sobre los excesos en que habitualmente incurre la Policía.

Aunque nunca comunico sobre la represión que vivimos, me toca en este momento salirle al paso a esta agenda de intimidación. Como siempre, estos sucesos no hacen más que alimentar nuestra convicción de continuar construyendo autosuficiencia y defendiendo nuestros recursos naturales.

Es evidente que los estilos históricos de intimidación política no están superados en la Policía de Puerto Rico. Es por esto que responsabilizaré al mando de la Policía por cualquier ataque que puedan sufrir miembros de mi familia o de nuestra organización comunitaria.

Mientras más casos contra la Ley Promesa de parte de grupos de la sociedad civil puertorriqueña lleguen ante la consideración de la juez Laura Taylor Swain, más oportunidad habrá de demostrar las consecuencias del menoscabo, la violación de los derechos políticos y humanos, que significa la imposición de la ley y su Junta de Control Fiscal (JCF) para todas y todos los puertorriqueños. Así se desprende de la exposición de una nueva demanda por parte de las uniones de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFES) y sus asesores legales.

La Unión de Empleados (UECFSE) y la Unión de Médicos (UMCFSE) presentaron la semana pasada una segunda demanda contra la JCF y el gobierno de Puerto Rico, en la cual plantean que el plan fiscal (PF) certificado por la Junta viola la ley Promesa, la constitución de Estados Unidos (EEUU) y Puerto Rico, y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva bajo la constitución de Puerto Rico.

En conferencia de Prensa el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que la Constitución de EEUU tiene una cláusula que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales y cuando dice que prohíbe se refiere a que los estados no pueden menoscabar una obligación contractual de un convenio colectivo. Esta obligación contractual está avalada también por la constitución del ELA que establece que hay un derecho a la negociación colectiva y por tanto un estado no puede alterar las disposiciones de un convenio colectivo a menos que exista una justificación apremiante.

En esta dirección plantea que las leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico entre ellas la Ley ley 66 del 2014, la Ley 3 del 2017, la Ley 8 del 2017 – la que crea el empleador único y el programa de movilidad y la Ley 26 del 2017, todas ellas están incorporadas en el PF de la CFSE certificado por la JCF y al estar incorporadas han menoscabado de manera sustancial los derechos negociados en los convenidos colectivos de las uniones de la CFSE. La aplicación de estas leyes a los trabajadores de la CFSE han tenido un impacto de alrededor de $139 millones para los de la UE y unos $12.7 millones para la UM.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, expuso que los empleados y médicos de la CFSE tienen su convenio colectivo y que forman parte de la operación de una entidad que es solvente, que no tiene problemas económicos y que además presta un servicio esencial, e incluso que el Fondo es un servicio esencial para la estabilidad de la económica del sistema capitalista al dar una inmunidad patronal por accidentes en el trabajo, por lo que es indispensable para el sistema económico y político que tenemos.

Destacó que estos señalamientos son “importantísimos” porque la Ley Promesa dice que el plan fiscal debe proveer el financiamiento adecuado a los servicios esenciales. “Entonces tenemos aquí una corporación pública que es solvente que ha sufrido por mucho tiempo unos ataques del gobierno central, que ha menoscabo sus finanzas pero ha sido por problemas que tiene el gobierno central, no el Fondo”. Desde este hecho dijo que la aplicación de las leyes de austeridad laboral a los empleados de la CFSE no se justifican a la luz del servicio esencial que presta y a la luz de que la corporación no es una entidad que tenga insolvencia económica. La CFSE tampoco ha presentado un caso de Titulo 3, de Promesa de ajuste de deuda. “En ese sentido no se justifica que el gobierno le aplique las disposiciones de austeridad a unos empleados de una corporación pública que no está en este tipo de problemas”, reiteró.

En tanto la constitución de Puerto Rico-dijo- tiene una cláusula similar, por lo que considera que hay un espacio para cuestionar estas leyes bajo estas cláusulas y si se resuelve que en efecto no hay una justificación para menoscabar los derechos de los trabajadores de la CFSE pues la ley es inconstitucional. Según explicó el licenciado Emmanuelli Jiménez de ser así entonces la jueza Taylor Swain tendría que entrar en el remedio apropiado que evidentemente sería la restitución de todas las prerrogativas en el convenio.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, quien participa de varios pleitos contra la Ley Promesa, aclaró que esta demanda es un reclamo distinto a la que presentaron los trabajadores y los médicos de la CFSE hace unos meses. Indicó que este es un pleito nuevo, independiente, con un procedimiento adversativo que va a seguir su tramo bajo las reglas de quiebra que apliquen a los procesos de Título III. .

En el primer caso las uniones plantearon que la Ley Promesa es inconstitucional porque violenta la Enmienda número 13 -la cual prohibe la esclavitud- y la Enmienda 15 -que prohibe el menoscabo del voto por razón de raza- de la Constitución de EE UU. En ese caso el planteamiento básico -expuso- es que Puerto Rico ha tenido un gobierno propio, aunque limitado, insuficiente, pero habiendo un gobierno propio a la luz de la constitución de 1952, ese gobierno fue menoscabado sustancialmente con la Ley Promesa.

Continuó que la controversia que tenía y que tiene todavía ante si la juez Taylor Swain, -respecto a la polémica sobre el presupuesto- es precisamente a los efectos que tiene la Ley Promesa en los poderes políticos del gobierno. Describió las consecuencias de que mientras los ciudadanos y empleados del Fondo -todos- nos afectamos en nuestro derecho al voto, votamos por unos funcionarios que no tienen los poderes porque han sido menoscabados, que no tienen los poderes para implantar políticas publicas, ni siquiera el presupuesto. Ese derecho que se tenía para un gobierno propio se ha menoscabado.

Además, señaló que se han menoscabado las prerrogativas democráticas que están protegidas por la Constitución federal y el Derecho Internacional de los empleados del Fondo porque los que están implantando las políticas públicas son personas que no han sido electas por ninguno, sino que fueron personas seleccionadas por el presidente de EEUU de una lista que le dio el Congreso. A juicio de Emmanuelli Jiménez el nuevo pleito viene a redondear los planteamientos que tienen los demandantes en oposición a la Ley Promesa y reinvindica los derechos políticos en el primer caso como los derechos laborales.

Robo en el Fondo con el Plan Fiscal de la JCF

En tanto el presidente de la UECFSE, Francisco Reyes, presente en la conferencia de prensa denunció que el Fondo es una “corporación auto sustentable, que no depende de asignaciones del Fondo General del Gobierno para operar y cumplir con su deber constitucional de proveer un seguro completo y servicios de salud de manera que los trabajadores lesionados puedan retornar a sus labores. Pero con las leyes aprobadas el gobierno atentó contra la estabilidad económica del Fondo al exigirle transferir fondos a otros agencias”.

Se refiere a que en el PF certificado por la JCF aprobado el 29 de junio le imponen a la corporación una reducción de $315. 7 millones en cinco años. A preguntas de CLARIDAD sobre cómo se haría esta reducción Reyes expuso que la reducción en los gastos, implica cortes en servicios. Las pólizas a los patronos se van a seguir cobrando, pero en la Ley 26 se habla de un “sobrante” es decir -los $315.7 millones- van a ir al gobierno central.

Se trajo a la luz que hay versiones del PF de la JCF que hablan del concepto de monetización del Fondo, concepto que significa privatización. En algunos estados de EEUU este tipo de servicios de salud a los trabajadores lesionados está privatizado. Para el licenciado Emmanuelli Jiménez dentro de la visión que tiene la JCF la privatización de la CFSE es una de las “joyas de la corona”, al igual que la AEE.

Mientras el vicepresidente de la Unión de Médicos, Walter Ramos, denunció que desde hace varios años la plantilla de médicos de carrera en la CFSE se ha ido reduciendo de 250 hace 12 años a 119 al presente lo que afecta los servicios. Precisó que, desde hace 12 años que no se revisan las escalas salariales por lo que la aplicación de las nuevas leyes laborales hacen muy poco atractivo la corporación para los nuevos médicos. Reclamó que los médicos que trabajan en el Fondo practican una medicina ocupacional especializada y denunció que por ejemplo hay dos regiones Arecibo y Caguas en las que quedan solo dos médicos de carrera. El Hospital Industrial no tiene especialistas en dermatología, gastroenterologo, las plazas de internistas están congeladas, hay un solo ortopeda, no hay cirujanos y hay un solo neurólogo por contrato. Este personal para atender alrededor de tres mil pacientes.

CLARiDAD

En el año y medio que lleva Ricardo Rosselló en el gobierno hay un área de gestión administrativa que acumulaba pocos titulares negativos: el ambiente y los  recursos naturales. No es que recibiera aplausos, porque su atención al problema de las cenizas tóxicas en el municipio de Peñuelas destaca como un ejemplo de manipulación y mal manejo, sino que el tema no aparecía maltratando sus días como sucede con la educación, la salud, las finanzas públicas y la permanente crisis con la electricidad.

Tal parece que Rosselló estaba esperando a cumplir año y medio en la Fortaleza para soltar los caballos contra el ambiente. La pasada semana, en dos acciones casi simultáneas, se abrieron las compuertas para facilitar el aterrizaje de los buitres que estaban planeando sobre reservas naturales y terrenos costeros.

El primer gran zarpazo fue la anulación de siete reservas naturales por parte de la Junta de Planificación. En total, todas estas áreas cubren más de 12 mil cuerdas de terreno costero, seco o sumergido. Tras la fulminante acción de la JP, cualquier buscón de esos que, con un funcionario público al lado, proclaman diariamente su deseo de “ayudar a la recuperación del país”, puede proponer un proyecto que impacte alguna de estas áreas costeras. La Mar Chiquita de Manatí, el área del Río Camuy y Punta Guilarte en Arroyo, son algunas de las áreas de crucial valor ecológico que quedan ahora “open for business”.

Como recordarán, esa “apertura a los negocios” había sido anunciada por el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, hace algunos meses cuando divulgó un catálogo elaborado por su oficina con una lista de inmuebles disponibles para venta o alquiler. Entre los terrenos ofertados estaba la isla Icacos, que es parte del Corredor Ecológico del Noreste. Tras la indignación pública que provocó el anuncio, la isla se retiró del catálogo y el asunto quedó como un “error” o “malentendido”. Ahora, con siete antiguas reservas “abiertas a negocios”, vemos como el malentendido de Laboy no fue tal.

Como ya es costumbre en este gobierno, se recurrió a una mentira casi infantil para encubrir el verdadero propósito tras la anulación. Según la oficial del JP que hizo el anuncio, la acción anuladora era necesaria porque en la designación inicial se había incumplido con los reglamentos de la propia Junta. La alegada reglamentación incumplida fue, ¡vaya usted a ver!, la que promueve la participación ciudadana. El gobierno de Rosselló quiere hacernos creer que debido a su supuesta preocupación por las opiniones de la ciudadanía se procede a eliminar de golpe y porrazo la protección de siete reservas naturales que la propia gente siempre ha querido proteger. ¡El cinismo que brota de esa alegada excusa rebasa los límites!

Mientras todavía se saboreaba la anulación de las reservas ecológicas, Rosselló procedió a convertir en ley una medida de  la Legislatura que elimina una sentencia judicial y entrega un pedazo de playa a una empresa privada bloqueando, de paso, un reclamo ciudadano de 22 años. Se trata de cinco cuerdas aledañas al balneario de Isla Verde que, desde 1996, una empresa que ahora se hace llamar CH Properties, operadora del aledaño Hotel Marriot, quiere dedicar a otro desarrollo turístico privado. Posterior a aquel primer intento que levantó la protesta de la ciudadanía, el Municipio de Carolina adquirió los terrenos deteniendo el desarrollo. La acción del Municipio se sostuvo en los tribunales. Ahora, por vía de un mandato de la Legislatura, se quiere obligar al ente municipal a permitir el desarrollo o, en su defecto, entregarle los terrenos al gobierno para que lo viabilice.

La acción de la Legislatura tiene pocos precedentes, pues se trata de legislación dirigida a proteger de manera específica y abierta a una sola empresa, la que se identifica con su nombre. Detrás de la acción legislativa está un senador por Carolina cuyas menciones públicas no arrastran mucho lustre. Su nombre es Eric Correa, hermano de crianza de aquel notorio narcotraficante apodado Coquito, que lleva décadas en la Legislatura sin acciones que justifiquen su abultado salario.

A pesar de sus conflictos recientes con la Legislatura, en particular con el Senado, Ricardo Rosselló se apresuró a convertir en ley el proyecto promovido por Correa. Rencillas aparte, cuando se trata de proteger a empresarios amigos, la hermandad brota. Las dos personas detrás de CH Properties son Pedro Rosario Urdaz, quien trabajó en fortaleza en los tiempos de Pedro Rosselló, y Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano, ex jefe de finanzas de Pedro Pierluisi.

Estos dos buitres beneficiados por las acciones de la Legislatura y el Ejecutivo, deben estar muy contentos. También lo están los que ya están planeando sobre las reservas naturales abandonadas. Como quiere la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico está “open for business”. Hace algunos meses la JCF promovió, y en gran medida consiguió, otro objetivo que también resumían con una frase en inglés: “employment at will”. Para hacer cumplir ese objetivo impulsaron la eliminación de casi todas las protecciones legales que tenían los trabajadores puertorriqueños, permitiéndole a los patronos contratar y despedir empleados a bajo costo y como les plazca. Con la excepción de la Ley 80, que garantiza una pequeña mesada en caso de despido injustificado, efectivamente la Junta logró su objetivo de “el empleo a voluntad”. Alcanzada esa meta, le tocó el turno a las reservas naturales que ahora están “open for business”.

El reconocimiento a la participación de la mujer puertorriqueña en la lucha Patria y otras luchas sociales, un llamado a la unidad en la diversidad, a la defensa de la escuela pública, en contra de la presencia de la Junta de Control Fiscal, a respetar todas las formas de lucha, marcaron la conmemoración del aniversario número 40 de los asesinatos en el Cerro Maravilla.

Un nutrido grupo de independentistas acudió a la convocatoria de la Coordinadora del Cerro de los Mártires para honrar la memoria de los jóvenes independentistas Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados el 25 de julio de 1978, por la Policía de Puerto Rico bajo la administración del Partido Nuevo Progresista dirigida por el entonces gobernador Carlos Romero Barceló.

Como ha sido la costumbre, en estos actos de conmemoración se reconoció a las y los prisioneros políticos puertorriqueños y se exhortó a apoyarles, en particular, a la joven Nina Droz Franco y a Ana Belén Montes. Los maestros de ceremonia, Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Berdecía, mantenedores del programa de radio (Podcast) por internet Radio Independencia expresaron que al igual que Soto Arriví y Rosado, Montés y Droz son víctimas de la represión y el carpeteo por oponerse al poder. También instaron a demostrar nuestra solidaridad escribiéndoles a las prisioneras.

Este año los actos estuvieron dedicados a la reconocida militante Prudencia “Pupa” Trabal, quien a sus 90 y tantos años mantiene su fervor patriótico. La lectura de la semblanza de Doña Pupa estuvo a cargo del poeta Carlos Quiles, el que utilizó precisamente el caudal del carpeteo que los agentes de la Policía elaboró por décadas contra Doña Pupa, para dejar evidenciada su moral patriótica. Citando una de las carpetas el público pudo saber, por ejemplo, que el 29 de julio de 1956 Doña Pupa asistió a la asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Teatro San Rafael de Mayagüez. El 30 de enero de 1959, el periódico El Imparcial informó que ella había sido miembro del Comité Organizador y una de las firmantes del Movimiento Pro Independencia (MPI).

Quirós destacó que los cientos de informes distribuidos en siete carpetas que la Policía fue escribiendo sobre las actividades de Doña Pupa a lo largo de su vida dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico, nos hizo un gran favor ya que estas dejaron plasmadas su moral patriótica. “Algo hay que agradecerle a la Policía. A un investigador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe se le hubiera hecho muy difícil, si no imposible, crear ese documento de tanto valor histórico y patriótico”.

Entre las anécdotas sobre esta mujer luchadora, Quirós contó que Doña Pupa en una ocasión le narró cómo, cuando niña, estando en la escuela, nunca hubo forma de que se levantara a saludar la bandera de Estados Unidos.

Además del reconocimiento de la Coordinadora, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, organización con la cual se identifica en la actualidad esta longeva luchadora, le hizo entrega de un retrato suyo, dibujado de una de sus fotos de fichaje de la Policía. La obra fue hecha por la artista Delia Cabrera.

Llamado a defender la escuela pública

Mientras, el portavoz del grupo magisterial Únete, Emilio Nieves, cuya organización es parte del Frente Amplio por la Educación Pública, expresó que en el día de peregrinación al Cerro de los Mártires para honrar la memoria de los que han luchado contra el estado opresor y el coloniaje, tenía que expresarse como educador sobre la responsabilidad fundamental que tienen los maestros de este país de educar para la liberación de nuestra nación. Antes, reconoció el papel protagónico de la mujer en la defensa de la escuela pública: a Eva Ayala, presidenta del grupo Educamos y a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, así como a las madres que llevan 30 años defendiendo los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Acotó que en el Departamento de Educación (DE), el 85% de la fuerza laboral son mujeres, que del personal de Comedores Escolares son el 70% y constituyen el 70% de las empleadas de custodia.

El líder magisterial denunció que para este próximo semestre que comienza en agosto, el DE anunció el cierre de 265 escuelas, de las cuales el 86% son escuelas elementales en la zona rural, que acogen a los niños de cinco a 11 años. “Los quieren desprender de su familia y de su comunidad. Precisamente, ese es el ataque principal: destruir el principio de la escuela de la comunidad porque se dieron cuenta que la ley anterior tenía un principio revolucionario, que las comunidades participan en el gobierno de sus escuelas”. Nieves dijo que desde un principio, cuando el gobierno se dio cuenta de esta participación, ha desarrollado todo tipo de estrategia para desmantelar el sistema educativo. Censuró que hora con la nueva ley el Gobierno ha hecho retroceder 80 años al DE.

Nieves exhortó a que para combatir el cierre de escuelas y la implantación de las llamadas escuelas Chárter, que no es otra cosa que la privatización de la educación pública, y para combatir todas las políticas neoliberales que pretenden imponer el Gobierno y la JCF a “seguir luchando porque nos asiste la razón y la verdad. Podrán tener el poder; pero no tienen la razón, y tenemos que mantener la resistencia. Pero la resistencia que refleja las convicciones que tenemos tiene que traducirse en lucha permanente para lograr la consecución de la meta a que aspiramos como pueblo”.

Un llamado a los jóvenes

Otra de las oradoras de la mañana fue la joven Jocelyn Velázquez, portavoz de la Jornada Se Acabaron las Promesas. Velázquez dio las gracias a la Coordinadora por el trabajo consistente que ha realizado para preservar la memoria histórica de nuestro pueblo: “La impunidad del imperio se alimenta del olvido. Por eso, es nuestro deber recordar a nuestras y nuestros mártires”, expresó, y de inmediato pidió un aplauso para la heroína puertorriqueña, Providencia “Pupa” Trabal.

La portavoz de Se acabaron las Promesas trajo a la atención la quiebra de la colonial, que abarca la crisis del retiro, la crisis de los servicios de salud, el cierre de escuelas, las pensiones, la Universidad de Puerto Rico, a Ciencias Forenses y que arrastra al exilio, entre otras denuncias. “Para colmo de males, lo que tenemos en Fortaleza es un bufón con su pintoresca familia, aun cuando Puerto Rico está viviendo un proceso de descolonización de sus mentes y sus espíritus”. No obstante, censuró que el movimiento independentista, desafortunadamente, no esté a la altura del país y sus necesidades. A juicio de la portavoz de Se Acabaron las Promesas, el independentismo está disperso y desorganizado y en muchas ocasiones se queda inmóvil ante las acciones del Gobierno.

Ante la falta de organización y ante dispersión, la portavoz de Se Acabaron las Promesas exhortó a los jóvenes a “asumir la crítica de nuestras acciones, a dejar la apatía profunda que tienen a organizarse, a romper con la cultura de la desorganización e internalizar que unidos somos una fuerza imparable, que para ser efectivos y que la lucha trascienda, se tiene que asumir el rol de la organización”. Por último destacó y reclamó la necesidad de que se respeten todos los métodos de lucha.

Tras los mensajes políticos, con temas muy combativos, desde la óptica feminista y de crítica social, el grupo Plena Combativa, integrado solo por féminas, ofreció a los presentes varias piezas musicales. Como ya es tradición, el cierre estuvo a cargo de la música jíbara de Tony Rivera, Mapeyé.

Las consecuencias del Plan Fiscal para el año académico 2018-2019, aprobado el 1 de julio de 2018 por la Junta de Control Fiscal, son cada vez más evidentes. Es cierto que los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no son nada nuevo y que eso ha creado las condiciones necesarias para su crisis; mas también es cierto que el miedo y la desconfianza generados por este plan (¿maquiavélico?) han agilizado la destrucción de la universidad pública.

La congelación de la fórmula presupuestaria en 2013 y el recorte de $41 millones contenido en el Plan Fiscal reducen el presupuesto general de la UPR a $590 millones. El Plan, también proyecta la eliminación de recintos y programas académicos; aumentos en los costos de la matrícula a nivel subgraduado y graduado; y recortes en áreas administrativas, entre otros, por los próximos 5 años.

El daño ya está hecho. Un ejemplo de esto son los profesores que no tienen suficiente carga académica para el próximo mes de agosto y que tendrán que trasladarse a otros recintos.

Este es el caso de Utuado donde, además de enfrentar el problema de baja matrícula, están moviendo personal docente a los recintos de Aguadilla, Ponce, Arecibo y Mayagüez, según lo explicó Javier Córdova, presidente de la APPU. Además, “es algo que nosotros vislumbramos que va a ocurrir a través de los 11 recintos en distintos programas académicos”, añadió. “Va a estar pasando, no solo por el recorte de ahora (2018-19), sino por el recorte acumulado desde 2013 y de lo que viene. Esto se va a poner peor en los próximos años”.

La situación de la UPR afecta a todos sus empleados: a los profesores porque no van a tener carga académica; al personal no docente porque muchos se van a quedar sin trabajo; y, obviamente, afecta a los estudiantes porque no van a encontrar sus cursos o no van a poder estudiar lo que quieren. En la medida en que se cierran programas académicos por la falta de profesores se limitan las posibilidades para los estudiantes.

“Ya van por $590 millones, le han reducido a la universidad más del 30% del presupuesto, y eso tendrá un impacto en muchos programas académicos. En Utuado ya estamos viendo el resultado”, dijo Córdova.

El profesor de Ciencias de Cómputos en la UPR de Arecibo, explicó que el cierre de programas académicos se efectúa bajo el concepto de moratoria, que se basa en dos criterios, que describió como importantes, pero insuficientes: las tasas de retención y de graduación. Por su parte, sugirió que se deben considerar criterios adicionales.

“La tasa de retención tiene que ver con qué por ciento de los estudiantes que fueron admitidos al programa pasaron al segundo año y se mantienen en el mismo. Las tasas de graduación se calculan a base del número de estudiantes que entró al programa y cuántos se han graduado de ese mismo programa al cabo de seis años. Utilizan solamente esos dos criterios; pero no toman en cuenta cuán importante es el programa académico para el País, tampoco cuántos estudiantes consiguen empleo en ese área”, continuó.

“Yo te doy como ejemplo el caso del programa mío. Yo enseño Ciencias de Cómputos… posiblemente lo van a cerrar. Lo van a poner en moratoria porque no tiene las tasas de graduación y de retención que ellos quieren porque es un programa difícil, aunque casi todos los estudiantes cuando terminan consiguen trabajo. Pero ese criterio a ellos no les importa. Lo que les importa es cuántos estudiantes entraron y cuántos se graduaron. Nuestra tasa de graduación es bajita. Eso es un problema, y tenemos que trabajarlo; pero no es razón para cerrarlo. El programa es pertinente para el País y así ocurre con muchos otros”.

El programa que se encuentra en moratoria continúa hasta graduar a los estudiantes que tiene; una vez graduados, se cierra.

Van a hacer escante

Actualmente, la UPR en Utuado cuenta con bachilleratos en Contabilidad, Educación Elemental, Sistemas de Oficina, Agricultura Sustentable y un traslado articulado a Mayagüez en Ciencias. A excepción del bachillerato en Agricultura Sustentable, los demás son programas académicos que se consideran redundantes, por lo que deben eliminarse, según el Plan Fiscal.

“No sabemos si Utuado va a cerrar o no. Este año nos van a poner a negociar con Mayagüez. Quizás, en la negociación, el recinto se quede con algunas cargas académicas en la cuestión agrícola”, dijo Emmanuel Santiago Matos, miembro del Consejo de Estudiantes.

Para Santiago Matos, estudiante de bachillerato de Artes en Agricultura Sustentable, una de las pocas probabilidades que tiene la UPR en Utuado es que se especialice en agricultura.

“Pero para mí la universidad tiene que ser eso mismo: universal. Debe tener variedad de cursos y materias. Necesitamos, agricultura, administración de empresas, educación… ”, expresó.

“Esto afecta en términos académicos, administrativos y sociales en general. Si dejamos de ser una universidad y se convierte en colegio especializado, el impacto va a ser heavy… A la que el recinto de Utuado pierda autonomía y no pueda decidir por sí mismo, va a dejar de existir. Estaría localizado en Utuado, pero como una sede de Mayagüez, con la administración allá…”

“Esa gente está en otra, están bien claros en que lo que quieren es reformar. No están pensando en la accesibilidad de nuestros empleados. Walter Alomar nos dice que va a haber una reducción en tres años del 50% del personal universitario, y dice que no van a despedir a nadie, que esta reducción será de la gente que se jubile y no quiera trabajar más, y que a partir de eso no van a contratar más gente. ¿Tú te crees que 50% de los empleados de aquí al 2023 se van a haber ido?”

“¡Van a votar y van a hacer escante! Lo que viene no es fácil y van a querer arrasar con to’… Desde hace años esta guerra está cuajándose. Es una agenda que ellos tienen”, dijo Santiago Matos.

Por su parte, Córdova explicó que la UPR no tenía un problema fiscal; pero que en la medida en que se congeló la fórmula en 2013 ($833 millones), en el 2017 se le redujeron a la universidad $200 millones y ahora $40 millones más, por ahí seguirán hasta llegar a los 400. Es estrangularla. Además de que se está subiendo la matrícula al doble —lo cual posiblemente deje muchos estudiantes fuera—, injustificablemente, se le están quitando a la universidad demasiados fondos, añadió.