Una de las consignas principales en defensa de la escuela pública es Nuestra escuela no se vende, nuestra escuela se defiende. Esta es una consigna que afirma la pertenencia y pertinencia que tiene la escuela pública para cada comunidad escolar. Es reafirmar que la escuela como institución social esta al servicio de los estudiantes y la comunidad, no de los que buscan hacer negocios con la educación.
Derogar la Ley 149 de 1999, como requisito de una “reforma educativa,” implica eliminar la participación democrática de cada comunidad escolar porque, según dicha ley, “las escuelas pertenecen a las comunidades que sirven y éstas deben participar en su gobierno.” Contrario a este principio, el lenguaje de la reciente ley firmada por el Gobernador establece que la escuela chárter “será administrada y gobernada por una junta de directores u otro cuerpo de gobernanza de la Entidad Educativa Certificada, según sea estipulado en la Carta Constitutiva.” Es decir, el Consejo Escolar con representación de todos los componentes de la comunidad escolar (director, maestros, padres, estudiantes y ciudadanos de la comunidad) es sustituido por una Junta de Directores con mentalidad empresarial para ahorrar gastos y generar ganancias.
La misma exposición de motivos de la Ley reconoce el valor de la Ley 149 al reconocer que “aunque el espíritu de dicha Ley fue darles autonomía a las comunidades para empoderarse de la educación de sus hijos, la carencia de suficientes garras y parámetros malogró ese fin.” Les quitan la autonomía a las escuelas porque las “garras y parámetros” políticos partidistas y sus donantes, impiden el empoderamiento de cada comunidad escolar.
Sin lugar a duda, el modelo público de escuelas de la comunidad es superior a cualquier modelo de privatización de escuelas. El obstáculo son los políticos que protegen las estructuras burocrático-partidistas, que se resisten al cambio de dejar en manos de la comunidad escolar las decisiones fiscales, administrativas y docentes. Se han resistido a ese cambio y utilizan el poder para reprimir las iniciativas liberadoras de la democracia y la autogestión.
El negocio de las escuelas charter
El proyecto enviado por la Fortaleza era tan deficiente en contenido y en su intención reformadora, que los legisladores tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para “salvarlo” y aprobar algo que intentara acercarse a la calidad superior de la Ley 149 de 1999, aprobada bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Sin embargo, tuvieron que hacer las enmiendas cosméticas propias para ponerle peluca y pulseras a su Frankestein, y conservar el objetivo principal de comercializar la educación mediante escuelas chárter y vales educativos.
Toda reforma educativa verdadera tiene que ir dirigida a crear las mejores condiciones de estudio para los estudiantes y las mejores condiciones de trabajo para los maestros. La verdad es que este proyecto no se hizo por los niños, sino por los privatizadores que son amigos donantes de sus campañas políticas. El gobernador y la Legislatura han asumido el mismo rol de la Secretaria de Educación: ser enlaces y contratistas del sector privado.
Los expertos en pedagogía, las organizaciones magisteriales en lucha y exsecretarios serios del Departamento de Educación, han sido categóricos en afirmar que esto no es una reforma educativa, sino una reforma administrativa o fiscal. Evidencia de esto es que lo más que se destaca en la discusión pública es la cantidad de dinero que representa cada estudiante ($6,400) y el mercadeo que hace el Gobernador de que esa cantidad de dinero estará donde vaya el estudiante. Es decir, tener 100 estudiantes en una escuela equivale a $640,000 que recibirá en fondos públicos la empresa privada “sin fines de lucro”. Pero si puedo tener 400 estudiantes en la escuela eso representa que el gobierno asigna a la entidad privada $2,560,000. La educación es un negocio atractivo para los privatizadores.
Todo lo que dice el proyecto sobre los objetivos, misión y visión del sistema educativo se puede lograr bajo el modelo público. Por ejemplo, asignar a las escuelas el 70% del presupuesto solo requería que lo ejecutara la Secretaria de Educación o que se enmendara la Ley 149 con esta medida. La única diferencia con la Ley 149 de 1999 es que mediante el plan del Gobernador se abre la puerta para que el sector privado administre los fondos públicos y la operación de la escuela. De este modo el Estado se libera de una responsabilidad constitucional.
Repudio masivo en EU y PR al fracasado modelo de escuelas charter
Lo esencial de una reforma es que los estudiantes tengan un mejor servicio educativo mediante la implantación de un nuevo currículo y nuevas estrategias pedagógicas dirigidas a lograr el perfil del estudiante que requiere el mundo actual en el aspecto social, laboral, cultural y económico. Este proyecto no logra evidenciar que este objetivo se logra mediante el modelo de escuelas chárter. La evidencia científica y pedagógica demuestra que no hay diferencias significativas en el aprovechamiento académico entre una escuela tradicional y una escuela chárter. Se impone por legislación por ser un capricho que busca, una vez más, recurrir a fondos federales para repetir la practica fracasada de contratar compañías privadas que hacen negocio, cierran el negocio, se llevan sus ganancias, vienen los “federales” a investigarlos y no pasa nada.
Al presentar el proyecto, de la mal llamada reforma educativa del gobernador Ricardo Rosselló, se intentó manipular la opinión pública planteando que hay 44 Estados con escuela chárter. De este modo, le comunicaban a sus correligionarios estadistas que si queremos ser Estado hay que ensayar e implantar escuelas que hay allá. Pero, ante la globalización de la información, inmediatamente encontramos datos sobre la minoría que son las escuelas chárter en el modelo público de los Estados Unidos. Luego de 25 años impulsando este modelo, no supera el 7% de las escuelas públicas de EUA. Esta es la realidad dado que las escuelas chárter son un modelo fracasado constatado por los resultados en pruebas estandarizadas, por el discrimen y la segregación de estudiantes, la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y la corrupción.
El pasado 19 de marzo de 2018, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) con apenas cuatro días de antelación, convocó a un Paro Magisterial que evidenció la contundencia del rechazo al modelo de escuelas chárter. Funcionarios del Departamento de Educación afirmaron que el ausentismo de maestros fue de un 49% y el de los estudiantes fue de un 92%. Aunque el DE y la Secretaria de Educación no tienen credibilidad alguna, el reconocimiento de esos datos nos permite afirmar que el rechazo al modelo de escuelas chárter es mayoritario en Puerto Rico. Más de 16,000 maestros apoyaron el paro y más del 90% de las madres y padres acogieron el mensaje de que la escuela debe estar en manos de la comunidad y no de los negociantes y empresarios.
El truco de las enmiendas
El presidente del Senado, que no se había expresado a favor o en contra del proyecto, hábilmente utiliza a una organización magisterial para justificar la aprobación del mismo. Incluso establece que “mientras unos gritan otros dialogan.” Lo que no reconoce el presidente del Senado es que todas las organizaciones magisteriales y de directores escolares presentaron en vistas públicas excelentes ponencias que derrumbaron todas las argumentaciones dirigidas a justificar el proyecto. Sin embargo, el presidente del Senado no estuvo en ninguna de las vistas públicas para dialogar con los representantes del magisterio y los directores. Prefirió reunirse a puertas cerradas para luego proyectarse, con el aval del liderato de la Asociación de Maestros, como el supuesto protector de los trabajadores.
Todas las organizaciones magisteriales afirmamos que este proyecto no era enmendable, porque sabíamos que cualquier enmienda que no eliminara lo relacionado a las escuelas chárter y los vales educativos sería cosmética. En las vistas públicas un legislador le pregunta a la presidenta de la Asociación de Maestros cómo se podía mejorar la pieza legislativa y contestó: “Mejor me muero antes de apoyar una cosa como esta.” Hay quienes mantuvieron su posición y hay quienes se entregaron.
Los trucos para aprobar esta legislación con enmiendas mantienen la desviación de fondos públicos a entes privados mediante escuelas chárter y vales. Las sólidas argumentaciones que sometimos las organizaciones magisteriales en lucha demostraron la superioridad de la Ley 149, lo que provocó que copiaran algunos artículos de dicha ley como estrategia para justificar lo esencial de su visión privatizadora en el proyecto. Los que luchan no nos dejamos engañar.
Una de las enmiendas indica que “los derechos adquiridos por los maestros, previo a la aprobación de esta Ley, serán garantizados por el Secretario del Departamento y el Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, aquellos que atiendan su permanencia y retiro.” Es fácil garantizar esos derechos en las escuelas que no son chárter. Pero en un ente privado el asunto cambia, no existe esa garantía. Este lenguaje de la enmienda puede parecer categórico, pero está sujeto a interpretación. La permanencia y el retiro siempre han sido modificados por legislación. Por ejemplo, la permanencia es un derecho adquirido y ha sido modificado por legislación. Cabe recordar la Ley 7 de 2009 que provocó el despido de más de 20,000 empleados permanentes.
En relación con el plan médico indica: “Toda Escuela Pública Alianza tendrá que ofrecer un plan de seguro de salud para los empleados de la Entidad Educativa Certificada.” Es decir, te ofrecen un plan médico, pero no garantizan la aportación patronal. Una enmienda más precisa y real indicaría que toda escuela chárter aportará $120 mensual (aportación patronal actual) o más al plan médico que seleccione el maestro. Sin embargo, la enmienda es genérica.
En cuanto al derecho a “asociarse a colegios profesionales, sindicatos o asociaciones,” no obliga al ente privado a reconocer a una organización; es un asunto personal del trabajador. Una enmienda especifica hubiese sido toda escuela chárter reconocerá a todas las organizaciones magisteriales implantando la Ley 45 de 1998 y las leyes laborales de organizaciones bonafides.
Sin embargo, promover que se garanticen los derechos adquiridos a cambio de privatizar escuelas es la mayor traición a la educación pública. Implica entregar a los estudiantes y maestros por treinta monedas de plata. Una organización sindical no puede desvincularse de los trabajadores, ni de la comunidad a la que se ha comprometido a servir. Sindicato y comunidades unidas pueden reconstruir un país. Tan pronto predomine el interés de la salvación individual, se traiciona la salvación colectiva.
Luchar contra el plan fiscal del gobierno
Este plan de privatización de la educación pública no es un asunto aislado. Está atado al plan fiscal del Gobierno que pretende cerrar 305 escuelas, eliminar más de 4,000 maestros transitorios, congelar plazas de maestros que se acogen a la jubilación o renuncian, la segregación de estudiantes, el discrimen, el hacinamiento en la sala de clases, entre otras medidas que destruyen la escuela de la comunidad.
El momento histórico requiere de diversas estrategias de lucha para defender el presente y el futuro de nuestro país. Los que han sido electos a posiciones políticas nos siguen fallando y traicionando. Salvo algunas excepciones, todos se han entregado a los que tienen el poder económico. Por lo tanto, no esperemos un líder salvador. Las organizaciones sindicales, comunitarias, sociales, culturales, deportivas, ambientales y políticas (insertadas en la lucha del pueblo), tenemos la responsabilidad de unirnos para lanzarnos a la calle a reclamar que no se pague la deuda y que se implante un proyecto de desarrollo económico de reconstrucción nacional impulsando, simultáneamente la liberación de la condición colonial que nos agobia. Solo el pueblo salva al pueblo.
El autor es Presidente de UNETE
