Especial para CLARIDAD

Al concluir el año 2018, varios elementos del escenario político demuestran que —aunque el bipartidismo cerrado PPD-PNP no ha desaparecido— dicho binomio está en estos momentos en creciente deterioro:

(1) ambos partidos tienen graves divisiones internas;

(2) ambos tienen lideratos “sacados de balance” por las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal. Ante las amenazas de reducciones en las pensiones, Puerto Rico no tiene realmente quien lo defienda en ninguno de esos dos partidos. Sus líderes están demasiado perplejos para tomar la ofensiva. Ni siquiera tienen una defensiva coherente; algunos dicen algo, pero luego bajan la cabeza y callan.

(3) ambos muestran incapacidad para traer al gobierno propuestas que propendan a lograr un nuevo ciclo de desarrollo económico: atolondrados como están por la ideología de la austeridad que impone el Congreso, ninguno de los dos partidos ve que pueda tener un verdadero programa de desarrollo para el país y no menos importante;

(4) los dos, el PPD y el PNP, han visto al Congreso y otras autoridades estadounidenses hacer trizas las esperanzas del PNP con la estadidad y las del PPD con la viabilidad de un ELA territorial mejorado, en otras palabras, ambos partidos padecen hoy de anemia perniciosa ideológica.

Las divisiones internas

Las divisiones se han agravado en ambos. El PNP ya no es un partido coherente. Se ha convertido en un monstruo de tres cabezas: Rivera Schatz por un lado desde el Senado con sus propias prioridades; Ricardo Rosselló disparando al aire, sin ton ni son, ante lo que se le ha venido encima; y Jenniffer González, por otro lado, como Comisionada Residente, con sus propias agendas, más fracasadas que exitosas. Los encontronazos entre sectores se repiten. Como epítome del “entertainment” de la negación, el Gobernador Rosselló dijo en días pasados, en respuesta a los conflictos personalistas en el PNP, “en este partido todos somos estadistas”. Lo dijo para responder al actual presidente del PPD Aníbal José Torres y como para recordarnos a todos que, mientras en el PNP hay unidad sobre el estatus, el PPD anda dividido por eso. Tampoco es cierto que “todos sean igualmente estadistas en el PNP”. Eso se evidenció en los datos de las entrevistas profundas que hicimos en 2015 con 59 seguidores de ese partido. ¡Ya van apareciendo quiénes empiezan a dudar del promisorio paraíso estadista que les vendió el PNP!

En el caso del PPD la división está servida hace un tiempo entre los conservadores de la cúpula y la base votante de ese partido, mucha de la cual se refugia en los gobiernos municipales simpatizantes de la soberanía propia para Puerto Rico. Los líderes conservadores del PPD, o se reafirman en mantener el ELA territorial, o son aspirantes a algo tan confuso como “el crecimiento orgánico del ELA” que el propio Estados Unidos ha descartado por inconstitucional. Eso los distancia cada vez más de su propia base, quienes, o desean ya vehementemente un cambio de rumbo, o viven sumamente confundidos con lo que declaran los diferentes dirigentes del PPD. Para más división y complicación interna, buena parte de la base del PPD está muy molesta porque los líderes tampoco son capaces de hacerle una oposición efectiva al PNP.

La última sutileza inútil nos la acaba de servir el flamante Presidente del PPD en su reunión de Asamblea General en Río Grande. Aníbal José (Josie) Torres declaró que en el Partido Popular lo principal no es el estatus —descubrió el Mediterráneo— sino la “justicia social”. Válgame, como dice el jíbaro a quien los Populares olvidaron, ¿la justicia social? Todo el mundo con algún dedo de frente sabe que justicia social hoy día implicaría frenar el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal que precisamente incluye múltiples decisiones que van contra la justicia social. Dicho plan agrava las diferencias entre los puertorriqueños al quitarles recursos a los más vulnerables, mientras dejan incólumes los sueldazos en el gobierno, así como los “contratitos” tan costosos con los amiguillos de los líderes políticos. Sigue la fiesta para los amigos y favorecidos mientras el Pueblo continúa como víctima de las austeridades de la Junta Fiscal. Y víctima también del hábito de Rosselló de preferir contratar compañías estadounidenses a las puertorriqueñas, con lo que lanza a la quiebra a muchos aquí, todo por hacerles ver a los estadounidenses que él protege sus intereses en Puerto Rico. Tal conducta tan lesiva a la economía boricua no tiene otra explicación que la ingenuidad del Gobernador creyendo que, al actuar de esa manera, acerca la posibilidad de aceptación de la Estadidad para Puerto Rico en Estados Unidos.

En cuanto al PPD, para que le pudiéramos creer alguna palabra sobre justicia social, dicho partido tendría que organizar, no después de las elecciones, si gana, sino desde ahora mismo —que para eso es el principal partido de oposición— un reclamo masivo y contundente para que se eliminen de los planes fiscales de la Junta todas las decisiones que empeoran la mala distribución de los ingresos y de las oportunidades. Por eso se reitera la misma indignación en gente de su base, más o menos expresada en estos términos: “Yo he sido Popular y leal a mi partido, pero el ELA anda mal, ya dio lo que iba a dar y necesitamos un estatus de soberanía. Necesitamos los poderes aquí para que Estados Unidos no pueda anularle los poderes al país”. ¡Cómo será la división interna en el PPD que hasta un legislador como Rafael “Tatito” Hernández salió últimamente a proponer unos diálogos con la base para poder tener un “partido unido” y ganar las próximas elecciones!

A ambos partidos del bipartidismo, la metrópoli les desmanteló sus propuestas de estatus

No habré de comentar las múltiples pruebas de cómo las tres ramas del Gobierno de Estados Unidos han hecho trizas tanto al ELA como las perspectivas de obtención de la estadidad federada. Eso está ya más que comprobado y todo el mundo lo sabe. Lo importante en este momento es examinar cómo se están afectando esos partidos —en su base y en su liderato— por su frustrante comprobación de esas realidades.

Lo que se esperaría de líderes con los pies en la tierra es un cambio de rumbo: en el PPD la adopción del credo de la libre asociación soberana, que además de tener precedentes históricos en el Pacífico, tiene respaldo por varios alcaldes, entre ellos la alcaldesa de la capital, y otros líderes menores del partido, y por buena parte de su base militante. En el PNP se esperaría un giro hacia una independencia con tratados especiales con Estados Unidos, que provea al país poderes de soberanía propia, a la par que mantenga lazos y compromisos con Estados Unidos. De hecho, para buena parte de la base de ese partido, tal es el rumbo a seguir, si se les niega la estadidad. El problema radica en que no acaban de admitir que la indiferencia del Congreso y la posición del Presidente Trump al respecto son ya de por sí una negativa. En su ingenuidad e ignorancia política sobre cómo opera el Congreso en Estados Unidos, mucha gente de esa “base estadista” sigue esperando una negativa tajante del Congreso que elimine la estadidad como opción. Eso no va a ocurrir. El Congreso no opera de esa manera. A EEUU le conviene mantener la ilusión estadista como estrategia, no para dar o imponer la estadidad a Puerto Rico, sino para mantener la colonia. Saben muy bien que mientras un porcentaje alto de los puertorriqueños, aunque sea minoría, tenga cifradas sus esperanzas en la estadidad, ni la libre asociación soberana, ni la independencia, serán opciones vencedoras en cuantos plebiscitos o referendos se quieran organizar. La estadidad no vendrá, pero la ilusión estadista es un veto efectivo contra las únicas dos fórmulas realmente descolonizadoras: la libre asociación soberana y la independencia. Divide et impera.

El liderato conservador del PPD ha puesto el partido en manos de dos personas conocidas por favorecer la libre asociación: Aníbal José Torres y José Ariel Nazario. Hasta el momento, sin embargo, no existe evidencia alguna de que ese sea el nuevo derrotero político del partido. No cuando el propio nuevo presidente, Aníbal José Torres en su primera declaración pública dice que el PPD no es un partido principalmente de estatus sino de “justicia social”. Cuando todo el mundo sabe que no tienen un proyecto claro ni para lo uno ni para lo otro. Mientras tanto, se les pide a los seguidores que se unan para que el partido gane en las próximas elecciones lo que podría ser su “último turno al bate”. Pero, ¿qué turno al bate ni que turno al bate? Si el bate, la bola, el guante y todas las bases las controlan hoy la Junta de Supervisión Fiscal y la jueza Swain? Ese es el mayor problema del PPD: con su boca teatral habla de asumir posiciones claras, pero con las acciones, los líderes “se hacen los que no saben” quiénes son los que realmente mandan en la colonia. Mientras tanto, la base del PPD se erosiona por vía de que la gente más inteligente cae en la cuenta: el alto liderato del PPD está “en la Babia”, mientras la poca autonomía que tenía Puerto Rico se despedaza y mientras las decisiones del Plan Fiscal agravan la injusticia social.

El PNP no está mucho mejor y por eso su base se sigue deteriorando. Mientras Rosselló se contenta con decir que “en el PNP somos todos estadistas”, la estadidad se sigue demostrando imposible en Washington, y los líderes, como si nada hubiese pasado. Eso va debilitando la fe de muchos, quienes van acercándose a considerar una posible independencia con tratados especiales con EEUU. Lo que el liderato debiera hacer, pero no hace, lo va poco a poco adoptando la base: de ahí la abstención y los votos por candidatos independientes en las elecciones de 2016.

Ya el Pueblo votante lo aprendió de las elecciones de 2016. La combinación de alta abstención y de voto para Gobernador por candidatos independientes, da resultado para debilitar el bipartidismo. Si continúa aumentando la abstención —como reacción al desgobierno en este cuatrienio— no es imposible que algún candidato independiente a Gobernador logre en 2020 un 30 y pico% de los votos que sea mayor al 30 y pico del candidato PPD y al 30 y pico% del candidato del PNP. Si ese escenario posible ocurre, por primera vez el bipartidismo podría ser retado fuertemente por el voto del Pueblo.

Entretanto, termina 2018 y no se ve en el horizonte, todavía, un Frente Amplio electoral alternativo, y efectivo, de los indignados. Quiénes parecen más adelantados en esto, el grupo VAMOS y sus seguidores, no parecen haber decidido todavía una estrategia electoral única para 2020. Así, terminamos el 2018 con más incertidumbres que certezas. Típico de la política en estos tiempos.

El autor es profesor jubilado de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Comentarios a: angelisrael.riveraortiz@gmail.com

Especial para CLARIDAD

Son los más vulnerables los que nos muestran el camino hacia la recuperación tras el paso de los huracanes en el 2017. Por un lado vemos a la naturaleza trabajando con eficiencia, sin perder tiempo, reestableciendo los procesos que permiten la interacción entre animales, plantas y el medioambiente y que dan forma a la comunidad natural. Por otro lado vemos a las comunidades que enfrentan las injusticias de la desigualdad tomando las riendas del futuro en sus manos para asegurar el bienestar de sus residentes y del país en general, poniendo sus capacidades en función para brindarse apoyo, abrirse a nuevas ideas, desarrollar iniciativas y procurar soluciones sostenibles. En el 2018 vemos pues un país que en su capacidad natural y comunitaria está en movimiento y evolución y que contrasta con un gobierno que no sale del estancamiento.

El golpe de los huracanes todavía se refleja en el semblante de nuestro entorno natural. Fue la naturaleza el primer frente de batalla, sufriendo los estragos de un ataque sin piedad. Y es sin duda un ataque, porque aunque natural, estos son eventos alimentados por la acción irresponsable del ser humano que ha permitido contaminar nuestro planeta, a cambio de muchas monedas para unos pocos, produciendo un cambio climático que hace más violentos y frecuentes estos episodios atmosféricos. El resultado: bosques devastados en 90 por ciento y reducción en las poblaciones de especies de fauna y flora tras enfrentar los fuertes vientos y las crecidas de los ríos; corales fracturados y la pérdida de costa y de su vegetación producto de la embestida enérgica del mar. Todavía no se sabe con precisión y detalle el efecto total de estos dos eventos atmosféricos en nuestros recursos naturales, pero sí sabemos que hoy se encuentran vulnerables, con capacidad limitada para enfrentar tormentas futuras. Los expertos indican que tomará más de una década para que la naturaleza se regenere.

No empece el embate, ha sido la naturaleza la primera que ha tomado un paso afirmativo hacia la recuperación. Sin necesidad de un plan fiscal que la guíe, ya vemos a nuestras montañas recubriéndose nuevamente del verdor que las distingue. Vemos a nuestra flora y fauna en plena faena de reproducción y propagación. No estar a la merced de fondos federales brinda gran capacidad de acción.

A la vez hemos visto el compromiso de tantas personas y entidades dedicadas a apoyar la recuperación de elementos naturales en estado de fragilidad. Desde los apicultores que buscan restablecer la población de abejas en la isla, el 80% de la cual se vio afectada tras los huracanes, hasta los determinados buzos que con escasos fondos se han dado a la tarea de restaurar parte de los arrecifes despedazados, así como los grupos apoyados por organizaciones del exterior que buscan proteger los polluelos del gavilán de sierra, ave endémica de Puerto Rico en peligro de extinción. Estos son solo algunos de decenas de ejemplos de proyectos e iniciativas en curso que procuran brindarle ayuda a los más vulnerables en la cadena natural.

Y así como la naturaleza busca reestablecer su capacidad y funcionamiento, hemos visto como miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, algunos con respaldo filantrópico y de organizaciones no gubernamentales, han tomado también riendas sobre sus destinos. Ya sea reestableciendo y mejorando el funcionamiento de sus acueductos comunitarios, procurando organizar sedes de apoyo y respuesta en sus centros comunitarios y dándose a la tarea de potenciar el recurso sol mediante la instalación de placas fotovoltaicas y hasta sistemas de almacenamiento. Sin duda el 2018 tiene que ser el año en que más sistemas fotovoltaicos se han instalado a nivel de residencias y comunidades. El 2018 ha representado también la ampliación en el conocimiento general de la población sobre el potencial del sol como recurso energético, renovable, limpio y local. Iniciativas como 50 con Sol, liderada por Casa Pueblo en Adjuntas, así como la propuesta Queremos Sol, presentada por un grupo multisectorial, han recogido ese sentir ciudadano traduciendo a la acción lo que el gobierno se ha negado a hacer y lo que muchos solo consideraban una aspiración: que Puerto Rico pueda energizarse 100% con energía distribuida derivada del sol y almacenamiento, poniendo fin a la era de los combustibles fósiles. La transformación hacia la autosuficiencia energética apenas comienza.

Desafortunadamente, en contraste con el vigor que nos muestra la naturaleza y nuestro pueblo que procuran superar la evidente fragilidad causada por los huracanes, vemos un sector público desenfocado e incapaz de tan siquiera aprender de los eventos naturales del 2017. Y es que la falta de nociones básicas sobre el rol del gobierno, la ocupación de las instituciones públicas por parte de consultores que con el consentimiento del gobierno procuran proteger intereses propios, así como la perversidad que implica la Junta de Control Fiscal y su prédica basada en el desmantelamiento de lo público concentra el campo de acción de la gestión gubernamental al enriquecimiento de unos pocos a costa del sufrimiento de toda una población, y les impide ver otros caminos. Es pues la acción recogida en la agenda del gobierno, de los partidos, de la Junta y de los intereses del lucro la que hoy nos deja con el aparato gubernamental más enclenque de las pasadas décadas.

Esta debilidad institucional se ve reflejada en el estancamiento en el proceso de respuesta y recuperación tras los huracanes, en la falta de empleados para manejar asuntos, en consolidaciones de agencias que procuran reducir el campo de participación pública, en leyes que criminalizan la protesta y coartan la participación ciudadana, en la falta de transparencia que les permite hacer y deshacer tras bastidores. Ante momentos de enormes exigencias no contamos con un servicio de gobierno a la altura de dichas exigencias. La protección del medioambiente y de la salud son dos de sus muchas víctimas.

La incapacidad de internalizar lo sucedido tras el huracán e incorporar cambios dramáticos en la acción del gobierno llaman la atención. Luego de la sacudida que representaron los huracanes, el gobierno regresó como resorte a su estado previo, a su “business as usual” plagado de deficiencias, ineptitud, y corrupción. En el 2018 no vimos jornadas gubernamentales para discutir lecciones aprendidas con la ciudadanía, con las comunidades. No se encaminó una revisión urgente a la normativa relacionada a construcciones costeras. No vimos acción contundente y esperada que permitiera iniciar el dragado del Caño Martín Peña y no continuar a la merced de acción congresional.

El abandono del gobierno a los embalses continuó en el 2018 en el que poco o nada se hizo para atender la crítica situación de sedimentación, que amenaza el abastecimiento de agua potable ante predecibles eventos de sequía futuros. Porque cabe resaltar que el cambio climático traerá consigo cambios significativos en temperaturas y precipitación en nuestra Isla. Y hablando de cambio climático, tampoco hemos visto que éste se integre como eje central en la toma de decisiones del gobierno. Una tímida orden ejecutiva que mantiene el tema como accesorio en la gestión pública no solo es insuficiente, sino inadecuada. Es como si la presencia casi permanente de polvo del Sahara sobre nuestra región este año hubiera nublado la capacidad del gobierno de ver las amenazas venideras.

Por otra parte, la falta de ordenamiento gubernamental en el tema de manejo de desperdicios sólidos echó a perder la gran oportunidad que podía haber representado el recogido de material vegetativo y de troncos de árboles luego de paso del huracán. Un plan ordenado hubiera permitido no solo maximizar el rescate y uso de maderas preciosas, sino que podía haber establecido, con miras a permanecer, centros regionales de composta que generarían empleos y actividad económica a través del manejo sustentable del material. De igual manera el recogido de escombros que hoy amenaza con restarle capacidad y vida útil a los vertederos existentes, pudo haberse estructurado para optimizar su reuso y reciclaje. Cabe mencionar que permanecemos estancados en un 14% en la tasa de reciclaje a nivel nacional.

A su vez, el 2018 fue el año en que el gobierno incluyó en la lista de activos disponibles para hacer negocio diecisiete áreas de valor ecológico, incluyendo la Reserva Icacos y el Corredor Ecológico del Noreste. Y aunque luego la Legislatura ordenó revertir dicha acción, la intención es clara y cónsona con los objetivos de la Ley Promesa: los activos del pueblo de Puerto Rico pueden utilizarse para allegar fondos conducentes al repago a los bonistas. Este fue solo el primer intento y, aunque infructuoso, debemos permanecer alertas a nuevos ensayos. ¿Por qué en vez de tanto empeño en vender propiedades de valor natural, el gobierno no enfoca sus esfuerzos en diseñar y poner en marcha un plan integral de manejo sustentable de desperdicios que incluya la educación para reducir la generación, que procure el desarrollo de negocios para la reparación y reuso y promueva la creación de industrias locales que reciclen material aquí, creando productos nuevos de materiales desechados?

Hay que señalar también que este año las agencias responsables de la protección ambiental continuaron haciéndose de la vista larga, actuando inclusive con complicidad, sobre la operación de la planta de generación de energía a base de carbón de AES en Guayama. Aún con evidencia clara de contaminación a aguas subterráneas y de incumplimientos con la reglamentación ambiental, que es todo lo que se necesita para ordenar la cancelación inmediata del contrato, no vimos respuesta contundente gubernamental. Por el contrario, la Agencia Federal de Protección Ambiental adoptó guías a la medida de AES para no considerar las 400,000 toneladas de cenizas acumuladas al 2017 en Guayama como un vertedero, librando a la corporación de tener que cumplir con parámetros básicos de protección. Y ahora el gobierno estatal propone un reglamento que permitiría que las cenizas tóxicas se puedan utilizar y depositar en cualquier parte de Puerto Rico. Con esa acción se atenta contra la salud de toda una población ya aquejada por altos índices de asma, cáncer y otros padecimientos.

Pero a pesar de las fuerzas en contra, las luchas ambientales anotaron importantes conquistas en el 2018, como el retiro del endoso del gobierno al incinerador de desperdicios sólidos propuesto por Energy Answers para Arecibo, así como el más reciente anuncio de la cancelación por parte del proponente del Aguirre Offshore Gasport, instalación de gas natural impulsada para Salinas.

Y si por algo debemos destacar estas dos victorias es porque validan que son los ciudadanos, las comunidades históricamente golpeadas por la desigualdad, así como las organizaciones que las apoyan, las que nos muestran el camino hacia una transformación justa y sostenible. Aun siendo las más vulnerables ante el azote de los huracanes, y aun con limitados recursos, son las comunidades las que mostraron mayor capacidad para responder, para ayudarse mutuamente, revelando que no es la capacidad económica lo que define nuestra posibilidad de recuperación, sino nuestra capacidad humana: nuestra capacidad intrínseca como seres de un mundo compartido.

Imaginemos las posibilidades que se abrirían ante nosotros si el sector gubernamental decidiera apoyar los esfuerzos que encaminan estas comunidades y sectores. ¿Cuál sería el resultado si en vez de abrirle la puerta a los grandes intereses el gobierno revirtiera el modelo enraizado por décadas y comenzara a e fortalecer la fibra social que hoy vemos despuntando? De igual manera, ¿cómo sería nuestro entorno natural si el aparato gubernamental en vez de estar infligiendo heridas a nuestra naturaleza y viéndola como otra ficha de mercado, la reconociera como nuestro mayor tesoro y destinara los recursos necesarios para preservar y asegurar la máxima expresión de nuestra flora y fauna y para procurar recursos de agua, suelos y aire limpios y protegidos de contaminación? ¡Puerto Rico no tendría comparable en el mundo!

Sin embargo, ante la realidad de un gobierno que no parece capaz de moverse de su posición tenemos que evaluar donde ponemos nuestros esfuerzos. Por ejemplo, ¿a dónde el tercer sector, las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, deben destinar su atención y sus recursos? El 2018 nos muestra que al igual que los sistemas naturales los ciudadanos, las comunidades, están dando pasos certeros hacia la recuperación del país, sin necesidad de un plan fiscal que les diga lo que tienen que hacer. Es ahí donde debe centrarse nuestro apoyo y nuestra apuesta.

La autora es Ingeniera ambiental, exsecretaria de la gobernación.