Inicio Blog Página 179

Crisis de salud: “Esto no ha mejorado nada”

Por
adrian rodriguez alicea
-

 

 

CLARIDAD

 En un sistema de salud que mayormente depende de fondos recurrentes del Gobierno federal, el panorama del sistema médico en Puerto Rico pareciera ir en picada. Con gran parte de los hospitales operando desde el déficit, una falta de especialistas en aumento y cierres de centros de atención necesarios, “no hay forma de dar mejores servicios’, de acuerdo con el doctor Carlos Díaz Vélez.

Para el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el Gobierno entrante enfrentará una plétora de retos por la desventaja que supone la condición política del país. Puerto Rico, que recibe menos pareo de fondos federales que otras jurisdicciones, está supeditado a las mismas regulaciones hospitalarias que los demás estados de Estados Unidos (EE UU). Con una segunda administración Trump enfocada en el ahorro y eficiencia gubernamental, agregó Díaz Vélez, el empeoramiento del sistema es casi seguro.

“Esto no ha mejorado nada. No ha habido un cambio (a nivel federal) que pueda ayudarnos. No le veo grandes esperanzas a mejorías en el sistema en la parte financiera. Y van a haber hospitales que van a seguir cerrando, van a haber hospitales que van seguir transformando su filosofía a otros tipos de servicios, como vimos con Pavía, que ahora va a ofrecer servicios de salud mental”, explicó el cardiólogo.

Díaz Vélez precisó que para contrarrestar el deterioro del sistema de salud,  el Gobierno local debe abordar diálogos que reformulen la manera en que se atiende la salud. En una clara alusión a las aseguradoras médicas, el líder gremial denunció que “hay unas estructuras que nadie quiere tocar”.

“Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y el Gobierno que entra no cambia o rediseña la manera en que se distribuye el dinero en Salud, esto va a seguir igual. Va a seguir peor cada día. Amerita que nos sentemos todos los componentes de la salud: aseguradoras, gobierno, privados, hospitales, todos los proveedores, farmacias, laboratorios médicos. Tenemos que sentarnos y actuar ahora. No podemos esperar más”, aseveró el presidente del CMCPR, organización que agrupa aproximadamente 9,400 profesionales de la salud.

Además, el cardiólogo postuló que los médicos, como servicios profesionales, operan como una microempresa, que implica una red de empleos, equipos, rentas y apoyos. En ese sentido, Díaz Vélez exhortó a que el Estado afiance, más allá de las plazas disponibles, la entrega de licencias, la otorgación de contratos e incentivos contributivos para retener a la clase médica.

“Ellos (los médicos) se van a ir para Estados Unidos porque allá hay una escasez de médicos también y, sobre todo, de médicos latinos. La población latina necesita atención, y Puerto Rico tiene unos médicos bien entrenados con las mismas credenciales y preparaciones de Estados Unidos, pero hablan español. Se llevan a los muchachos con tremendos incentivos”, adujo Díaz Vélez.

Por esa razón, Díaz Vélez plantea que no basta con que se conceda una licencia provisional a las dos semanas de obtener el título médico, sino que las aseguradoras médicas deben contratar, en menos de un mes, a los médicos recién graduados. “Están obligadas, punto. Aquí hay una crisis”. Según el experto, el tiempo promedio que tarda una aseguradora en contratar a un médico es de seis meses.

“También (los médicos) necesitan un incentivo contributivo, por lo menos, por los primeros cinco años. Después de que un médico está establecido, no se va… no es un regalo que se está dando, es que ellos inyectan dinero a la economía. Así que podemos hablar de plazas y residencias nuevas, pero la ecuación no está completa sin estos pasos”, reparó el presidente del CMCPR que, desde hace más de un año, perdió la obligatoriedad de la colegiación.

En otros asuntos, Díaz Vélez subrayó que, indistintamente de quien dirija el Departamento de Salud, cualquier secretario de la agencia debe llegar “con una agenda clara” para escuchar y enlazar todos los componentes del Estado en pro del sistema de salud. Las discusiones partidistas, a juicio del doctor, son el mayor escollo para recorrer ese camino.

“La salud de la gente se va a ver seriamente afectada si no se actúa pronto”, concluyó el médico.

Un país sin salas de emergencia

Era una noche arroyana tan plácida como fresca, los muchachos jugaban fútbol bajo una luna que menguaba y daba paso al vendaval nocturno. René, seudónimo de quien contó esta historia a CLARIDAD, se estrenaba en un nuevo equipo con la esperanza de aunar experiencia a su trayectoria de atleta. La meta era clara: llevarse el balón; pero un mal salto desembocó en una fractura de largas consecuencias. Mientras descendía del brinco, René esquivó la patada de su homólogo contrario y, con el impacto, se desprendió el codo como la palanca de una maquinilla.

Varios minutos después, una ambulancia privada transportó a René al Hospital Menonita en Guayama, el centro de salud más cercano. Daban las diez y, luego de la evaluación inicial, el deportista aguardó hasta el filo de la medianoche. Cuando el dolor se disipó, el joven incorporó su cuerpo abatido, caminó hasta la recepcionista y comentó: “Mira, yo me voy. No soy del área y es peligroso que me quede hasta más tarde”.

Lo dejaron irse. Cuando finalmente consiguió ayuda y diagnóstico en el Hospital Metropolitano, el futbolista local fue enterado de que su brazo derecho, roto y desprendido, debía ser intervenido quirúrgicamente el próximo miércoles. “No había doctores, te lo juro. No había nadie en esa sala”.

Mientras, la United Auto Workers (UAW) en Puerto Rico denunció que el Hospital Pavía de Hato Rey planteara cerrar su sala de emergencia, departamentos de radiología, sala de operaciones, laboratorios médicos y terapias respiratorias. De acuerdo con Desireé López Ramírez, presidenta de la unión, esta determinación impactaría a las comunidades aledañas, como Floral Park, la Comunidad Mita, la Égida Sunrise y, por supuesto, a los trabajadores del hospital.

“Este cierre es un duro golpe para estas comunidades y acrecienta la crisis de salud que vive el país con la falta de médicos y servicios directos a los pacientes”, expresó la líder sindical.

A su vez, el director ejecutivo del hospital, Carlos Santiago, defendió la decisión del conglomerado de salud por “el alza en los casos de suicidio y otros diagnósticos de salud mental”. Habiendo consultado la movida con Salud, el hospital ubicado en la avenida Juan Ponce de León ahora ofrecerá servicios de psiquiatría, psicología, trabajo social, evaluación médica, nutrición y enfermería. Al cierre de esta edición, Santiago no respondió a la solicitud de entrevista enviada por CLARIDAD.

 

 

Editorial -Nunca pasará lo que pasó en Hawai

Por
editorial
-

 

La cadena de acciones de Donald Trump dirigidas a desmantelar el aparato gubernamental de Estados Unidos y a cambiar los supuestos básicos de la política exterior y comercial de su país, no deben sorprender a nadie porque está haciendo lo había anunciado. Todos los actos que hasta ahora ha desplegado fueron anunciados durante la campaña electoral. Algo muy distinto está ocurriendo en Puerto Rico con el nuevo gobierno de Jennifer González y Thomas Rivera Schatz. Entre las acciones de importancia que este binomio ha lanzado tan pronto comenzaron a controlar el aparato gubernamental se encuentran varias que nunca se asomaron durante reciente la campaña electoral porque les hubiesen costado muchos votos. Ahora, instalados en el efímero poder colonial, han echado a correr la verdadera agenda que siempre han tenido.

Si al binomio González-Schatz le hubiesen preguntado durante los muchos debates electorales si se proponían alterar de raíz la política cultural del gobierno puertorriqueño, desmantelando o atacando las instituciones que le sirven, seguramente lo habrían negado y hasta habrían puesto caras de agraviados. Aun para anexionistas recalcitrantes como estos dos la campaña electoral es momento para tratar de cubrirse con la bandera puertorriqueña, sobre todo si su principal contrincante era el candidato del Partido Independentista. En el caso de González, seguramente se habría presentado como defensora de la cultura, mostrando la canción de Antonio Cabán Vale (que vergonzosamente utilizó como parte de su propaganda) como ejemplo de su supuesto compromiso.

Sin embargo, a pesar de que ese campo no fue parte de su oferta electoral, más bien lo contrario, una de las primeras acciones del binomio González-Schatz ha sido un ataque directo a una de las principales instituciones culturales del País, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Peor aún, junto a la propuesta de destruir el ICP se anuncia como política oficial convertir la actividad cultural en un mero apéndice del desarrollismo económico, reduciéndola a los bailes y cánticos que se inventan para entretener turistas.

La propuesta se originó en el Senado por su todopoderoso presidente Rivera Schatz y tiene como objetivo central trasladar al Departamento de Desarrollo Económico las funciones del ICP, junto a los bienes culturales que custodia, muchos de ellos parte importante de nuestro patrimonio histórico y artístico. Curiosamente, una vez presentado, el proyecto de ley pasó a ser tramitado por la Comisión de Turismo del cuerpo confirmando la visión que la mayoría senatorial tiene sobre la actividad cultural.

Hasta ahora todas las reacciones que ha tenido la propuesta dirigida a desmantelar el ICP, incluyendo la de su actual director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés, han sido de rechazo porque se valora muy positivamente la labor que ha realizado la institución durante sus 70 años de existencia. Aunque en la actualidad opera con muchas limitaciones, producto mayormente de los repetidos cortes de presupuesto que ha sufrido, el Instituto que promovió don Ricardo Alegría en 1955 sigue siendo una organismo útil y necesario para nuestro desarrollo cultural.

No hay duda de que el ataque al ICP es parte del histórico plan del anexionismo criollo dirigido a tratar de eliminar, o al menos reducir, lo que sin duda es el principal escollo para que Estados Unidos pueda considerar una eventual anexión de Puerto Rico: nuestra particularidad cultural y la fortaleza de la nacionalidad boricua. Ilusamente creen que eliminando al ICP darían un paso importante en esa dirección. Pasan por alto que nuestra nacionalidad creció y se fortaleció en medio de todas las agresiones culturales que se pusieron en función a partir de 1898 y que ese proceso vivo jamás se detendrá. Aunque la creación del ICP en 1955 aportó al desarrollo cultural, el dinamismo del proceso nace del mismo pueblo y sin duda se mantendrá si esa institución es desmantelada.

Nuestro país derrotó el proceso que se puso en marcha en 1900 dirigido a destruir nuestro vernáculo, tratando de ponernos a hablar inglés como hicieron con Hawái. Ni aun tratando de desnaturalizar la educación de la niñez, atosigándole otro idioma y otras manifestaciones culturales, lograron su propósito porque cada generación fue más puertorriqueña que la anterior. Obviamente, debemos juntar todas las fuerzas para derrotar esta nueva agresión a la cultura, pero teniendo, a su vez, la tranquilidad de que aún si se imponen, nunca lograrán detener el desarrollo de una nacionalidad acostumbrada a crecer en medio de la adversidad. Lo que pasó en Hawái nunca pasará en Puerto Rico.

Finalmente, no debemos pasar por alto de que el ataque al ICP tiene también un propósito económico y empresarial. La institución es una parte importante de la cadena de permisos necesarios previos a cualquier desarrollo urbano. Esa función de la institución es parte de su condición de entidad protectora de nuestro patrimonio histórico y arqueológico. Eliminándola matan dos pájaros con un solo tiro porque golpean la gestión cultural y, de paso, eliminan uno de los permisos que tanto incomodan a los empresarios que quieren construir y destruir sin limitaciones.

Políticas migratorias y algo más

Por
yarima gonzalez crespo
-

 

Especial para CLARIDAD

 

Ellos pintaron la raya
Para que yo la brincara
Y me llaman invasor
Es un error bien marcado
Nos quitaron ocho estados
¿Quién es aquí el invasor?

– Los Tigres del Norte

 

Las políticas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, no son un asunto de seguridad nacional. Son un asunto de puro racismo y miedo ante una creciente diversidad étnica, que cada vez más ocupa espacios que antes eran inimaginables de ocupar, tanto en la esfera política, como en la sociedad civil. Esta es la verdadera amenaza para la raza blanca anglosajona, quienes poco a poco han visto cómo se ha ido reduciendo su supremacía racial.

En la primera semana de su segundo término como presidente, Trump ha firmado más de doce órdenes ejecutivas que impactan directamente la política de inmigración y que pone en riesgo a millones de personas que residen en Estados Unidos. De un plumazo y por decreto, el presidente estadounidense pretende eliminar la ciudadanía para personas nacidas en Estados Unidos, cuyos progenitores sean inmigrantes; abrió paso para que, de manera expedita y sin que medie la corte de inmigración, se comience a detener y deportar masivamente a personas inmigrantes, bien sea por medio de redadas en las comunidades o por deportación directamente en la frontera. Este plan incluye a personas que tienen algún estatus migratorio, protección humanitaria, o que están esperando por una contestación de parte del gobierno respecto a sus solicitudes. Cabe mencionar que muchos de estos trámites de inmigración pueden tardar años, en algunos casos más de diez.

También eliminó el programa de refugiados, dejando en un limbo a miles de personas que ya tenían sus casos aprobados. Este programa protege a personas que viven bajo riesgo de tortura y muerte en sus respectivos países, y somete a quien lo solicita a un escrutinio riguroso antes de llegar a Estados Unidos ya con un permiso de entrada. Muchas de estas personas se encuentran a medio camino y no pueden regresar a sus países ni entrar a Estados Unidos porque Trump dio la directriz de eliminarlo de un día para otro. En estas mismas condiciones se encuentran miles de familia en la frontera con México, que ya tenían entrevistas calendarizadas para solicitar la entrada al país y eventualmente pedir asilo.

Trump eliminó también los programas de orientaciones legales dentro de los centros de detención, que permitían a las abogadas y abogados preparar a las personas que están enfrentando procesos de deportación y servirles de guía para que puedan representarse ante la corte de inmigración de una forma informada. Esto, porque, a pesar de que el proceso de deportación es bien parecido a un proceso penal, los inmigrantes no tienen derecho de asistencia legal paga por el estado, hay escasez de abogados y abogadas que brinden servicios de representación gratuita, y la mayoría de las personas inmigrantes no pueden pagar por servicios legales. Estos programas servían como un mínimo de garantía al debido proceso de ley consagrado en la Constitución de E.U., el cual se supone que cobije a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Pero la más nefasta de las acciones del presidente, es haber firmado la ley Laken Riley, con la cual se espera que aumente sustancialmente las cantidades de detenciones y por tal razón Trump propone el uso de la cárcel en Guantánamo para detención de inmigrantes, como si no supiéramos la cantidad de atrocidades cometidas en este lugar por militares estadounidenses contra árabes, luego de los hechos del 11 de septiembre de 2001.

La Ley de Inmigración y Naturalización (INA por sus siglas en inglés), ya establecía qué delitos cometidos por la persona inmigrante requerían detención obligatoria mientras enfrenta el proceso de deportación. Esto solía ser para personas que hubiesen cometido delitos graves, como lo son asesinato o distribución de drogas y armas. Ahora, con esta nueva ley Riley, firmada la semana pasada, las persona que enfrentan procesos de deportación pueden estar bajo detención obligatoria por delitos menores, sin posibilidad de salir bajo fianza y sin que el caso penal se haya visto en sus méritos. Tan sólo basta una mera acusación. Al final, la persona inmigrante puede terminar siendo deportada, aunque no se haya resuelto el caso penal, como si no le asistiera derecho a la presunción de inocencia.

El sistema migratorio es por diseño un negocio sumamente lucrativo para el gobierno federal, pero, sobre todo, para las empresas privadas que brindan “servicios” directos, muchas de las cuales invierten muchísimo dinero en cabildeo en el Congreso. Algunas de estas empresas son las que administran los mal llamados centros de detención, que no son otra que una prisión, con uniformes, verjas con serpentinas, trabajo forzoso, guardias armados y confinamiento solitario. Funcionan como cualquier sistema carcelario; son las propias personas detenidas quienes llevan a cabo las labores operacionales (cocina, lavandería, limpieza, etc.), por una paga miserable, si alguna, que puede ser tan baja como $2 la hora. Y ese dinero, sólo lo pueden utilizar para comprar en la tienda de la cárcel, que vende sus productos carísimos, por tanto, todo es ganancia para la empresa.

El suplidor más grande de servicios de administración en estos centros, GEO Group, duplicó sus acciones, luego de que Trump entrara nuevamente en funciones. El año pasado solamente, esta empresa tuvo contratos con el gobierno por 747 millones de dólares y se espera que esa cantidad aumente en al menos $400 millones. Muchos oficiales que trabajaban para la división de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés), recomendaron a GEO como contratista y ahora trabajan como altos ejecutivos en esta empresa. GEO Group también ha tenido varios y serios señalamientos de maltrato, de los cuales yo pude ser testigo de algunos casos.

En cuanto al gobierno, el proceso de ajustar el estatus migratorio puede ser costosísimo. Casi todas las solicitudes, salvo muy pocas excepciones, requieren del pago de una cuota. Por ejemplo, una solicitud para obtener permiso de trabajo cuesta $465. Las fianzas para una persona que se encuentre detenida, comienza en $1,500. De ahí puede ser la cantidad que el juez de inmigración estime apropiada y, sea cual sea esa cantidad, se tiene que pagar en su totalidad, no el 10%, como suele ser en casos penales. Vi el caso de una persona que sin haber cometido delito alguno, la fianza se la fijaron en $8,000. Todo esto sin incluir los gastos legales. A esto le sumamos que es un proceso lento y sumamente burocrático, que no está exento de arbitrariedades por parte del sistema. El peso de la prueba recae sobre la persona inmigrante; las reglas de evidencia no aplican en estos procesos; muchos remedios disponibles para no ser deportados son a discreción del juez concederlos, aunque se cumpla con los requisitos, y así por el estilo. Es todo lo peor del sistema penal norteamericano, pero agravado.

Obviamente, por nuestra condición colonial, Puerto Rico no estará exento de sufrir las consecuencias directas de las atrocidades del plan de Trump. Las políticas migratorias están intrínsecamente ligadas a la dominación colonial. Ya los vimos hace unos días con las redadas en Barrio Obrero. El violento espectáculo que se llevó a cabo en esta comunidad, fue algo que todavía yo no he presenciado aquí en Estados Unidos; a plena luz del día y con autos militares en el medio de la calle. Esto no es casualidad. Que sean boricuas quienes se presten para esa barbarie, da vergüenza ajena.

Nadie es ilegal. El gobierno de Puerto Rico tiene la obligación ministerial de proteger a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, sean de la nacionalidad que sean. Muchos estados han adoptado medidas en protección de esta comunidad y han decido no cooperar con las autoridades federales y, por el contrario, hacerle frente a ICE. ¿Cómo es que el gobierno de Jenniffer González Colón se los va a entregar voluntariamente? La secretaria del Departamento de Justicia, que debe haber visto bastantes casos de violencia de género cuando era fiscal, ¿cómo es que ahora va a abandonar a estas víctimas porque no tienen un estatus migratorio y sin tan siquiera que alguien le haya pedido la información?

Todo este plan de deportaciones masivas y sus efectos colaterales, tendrá repercusiones directas en Puerto Rico. La falta de mano de obra para trabajos que no realizan los estadounidenses, como la agricultura, la construcción, servicios, entre otros, así como el propio costo que conlleva una operación de deportación, va a provocar un aumento en el costo de vida en Estados Unidos y, por ende, en nuestro archipiélago. Si la gobernadora de Puerto Rico no siente una onza de compasión por nuestra comunidad inmigrante, al menos que piense en el costo que tendrá para el territorio que se supone que ella defienda.

Nota: Si usted o alguien cercano necesita información acerca de algún asunto relacionado a inmigración, puede comunicarse con la línea de apoyo legal para inmigrantes de Ayuda Legal Puerto Rico, al 939-545-3030, de lunes a viernes, de 8am a 2pm.

 

La autora es abogada y trabaja en asuntos migratorios.

Jefe del FBI nominado para dirigir el Negociado de la Policía

Por
candida-cotto
-

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

El licenciado Fermín Arraiza Navas, director de la División Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, indicó que es prematuro emitir opiniones sobre la nominación de Joseph González, actual director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, a dirigir el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

El director Legal de ACLU, señaló que no es la primera vez que se nombra alguien de la esfera federal a  dirigir la Policía, como fue el caso de Arnaldo Claudio, quien fue nombrado monitor federal de la Reforma de la Policía y fue criticado por venir de la rama militar. Reconoció que Arnaldo Claudio resultó ser uno de los monitores que han intervenido en el caso que mayor énfasis e importancia le dio a la Reforma y a su cumplimiento.

“Habría que esperar cuáles son sus ejecutorias en este primer año. Y si sucede lo que se está adelantando por parte de la gobernadora: que su interés es básicamente federalizar a la Policía y dar por concluida la Reforma. Ya ahí habría unos conflictos de intereses. Si por el contrario, la participación de este funcionario lo que va a hacer es adelantar lo que es la etapa de cumplimiento, que es la etapa en la que nos encontramos, en colaboración con el Departamento de Justicia Federal (DJF), en términos de lo que es la Reforma de la Policía podría tener unos resultados positivos”, se aventuró a decir el director Legal de ACLU, que fue la entidad que llevó el caso al tribunal para una reforma de la Policía.

Más allá de la Reforma, indicó que tanto a la ACLU como al DJF les preocupa el sistema de monitoreo con cámaras e inteligencia artificial que está montando el NPPR en diversas partes del archipiélago. Reveló que  hay un centro de mando donde están las cámaras, lo que levanta  una seria preocupación por la violación de derechos constitucionales y porque básicamente estas conllevan una injerencia en la vida privada de las personas de saber dónde se encuentra cada individuo en cada momento.

El mencionado centro fue lanzado por el exgobernador Pedro Pierluisi en abril de año pasado en Bayamón.

“Estamos hablando de un sistema que tiene tecnología para el reconocimiento facial, las tablillas de vehículos de motor… quiere decir que puede monitorear dónde la persona está a cada momento, sin  orden judicial”.

En cuanto a la capacidad de vigilancia y su uso sin una orden judicial, puntualizó que el sistema crea una gran suspicacia y gran preocupación, por lo que habrá que ver si el exdirector del FBI va a fomentar que haya injerencia en la vida privada y familiar de los ciudadanos de las personas en Puerto Rico cuando vaya a ocupar la posición de comisionado del Negociado de la Policía.

“O si, por el contrario, va a poner freno en coordinación con el Departamento de Justicia Federal, que es lo que se supone que haga. Ser jefe de la policía no debe ser sinónimo de tener carta abierta para inmiscuirse en la vida privada del país. En ese sentido, ACLU está muy pendiente de cuál va a ser su gestión, para entonces poder emitir una opinión informada de cuál sería su desempeño en desarrollo y cumplimiento de la Policía”, manifestó Arraiza Navas.

En la actualidad hay cerca de cinco mil monitores instalados en sitios públicos, que  no solo van a poder conectarse a las cámaras que se instalen por parte del Gobierno, sino que hay una tecnología avanzada que podría permitir tener acceso a cámaras privadas, lo que es preocupante, agregó.

Sobre si hay alguna otra jurisdicción en Estados Unidos con este sistema, comentó  hay casos en que se han tratado de impugnar. En algunos casos, dependiendo de las circunstancias, han tenido éxito; en otros, no. Acotó que, en el caso de Puerto Rico, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el sistema de vigilancia, hacia qué sectores va a ir dirigido.

“Tenemos que estar vigilantes en cuanto a eso y tratar de presentar las enmiendas que se puedan presentar o eliminar por completo si es que no cumple con los estándares constitucionales que tiene que cumplir”, expresó el director Legal de ACLU.

Respecto a la posibilidad de acudir a los tribunales para cuestionar esta operación de la Policía, indicó que también podría ser mediante la vía legislativa. No obstante, admitió que “siempre lo van a tratar de justificar con el miedo de la criminalidad, pero lo cierto es que este tipo de sistema se presta para perseguir a ciertos grupos de manifestantes. Ya lo han hecho en el pasado, se hizo durante las manifestaciones del 1.0 de mayo en el 2017 y 2018. Nosotros vimos en qué desencadenó. En aquella ocasión, se hizo con órdenes del Departamento de Justicia, bajo la dirección de Wanda Vázquez, y firmadas por un juez. No deja de preocupar el hecho de que ahora se pretenda hacer sin órdenes judiciales”.

Parte del plan de ACLU, dijo, es tratar de conseguir una inspección ocular del centro y poder hacer las preguntas necesarias en compañía del representante del DJF.

Sobre cuánto le falta al  NPPR para cumplir con la Reforma, explicó que a base de las métricas y de los informes que ha preparado el propio monitor la Policía, Luis Saucedo, la Policía está muy lejos de las métricas de cumplimiento parcial.  Aunque está cumpliendo con unas áreas, en términos de cumplimiento a cabalidad,  las propias métricas de los informes indican que está en menos de un 50 a 40 % cuando se ve el desempeño en la calle, sobre todo lo que tiene que ver con  intervenciones indebidas, uso excesivo de fuerza, uso de fuerza mortal. “Me atrevería decir que están muy por debajo de lo que se espera en la Reforma”.

Añadió que a ACLU también le preocupa el hecho de que una parte de la tecnología  se esté utilizando para sistemas de vigilancia e intervenir con la ciudadanía y no necesariamente para prevenir el crimen. En esa línea, denunció que el  sistema de reuniones con las comunidades que se supone tenga la Reforma se ha convertido en reuniones cívicas de la alta comandancia de la Policía. Dio como ejemplo el que estuvo en la de final de año en Aguadilla, y “aquello parecía una reunión cívica”.

Sobre la posibilidad de que se derogue  la Reforma, como  dijo la gobernadora, Jenniffer González, utilizando una orden ejecutiva del presidente Trump, el licenciado Arraiza Navas, aclaró que una cosa son los casos que se están viendo en los tribunales con  reformas de la policía y otra cosa muy distinta es cuando ya existe un acuerdo. En el caso de Puerto Rico, existe  un acuerdo desde el 2013 que al día de hoy no se ha cumplido. En lo que respecta a la Reforma de Puerto Rico, el caso  está cerrado, se negoció y se transó y quien tiene la autoridad de terminar con este es el juez federal Francisco Besosa, que es quien tiene a cargo el caso.

“Es cuestión de voluntad política de si se va a dejar dirigir por el presidente de Estados Unidos o va a asumir su rol y poderes constitucionales para terminar el proceso de la Reforma de la Policía”, expresó en referencia al juez. Recalcó que el caso está en sus manos, no del Departamento de Justicia  ni del presidente,  y levantó que en el peor de los casos el presidente le puede dar una instrucción al DJF de que dejen de promover el caso y darlo por cerrado, y aun estaría en manos del juez emitir una orden so pena de desacato para que se cumpla con lo que él instruya.

Ante todo lo anterior, Arraiza Navas trajo a colación la experiencia con el FBI en Puerto Rico, el cual ha participado en las iniciativas de represión contra los movimientos universitarios,  los movimientos de lucha por la libre determinación de Puerto Rico y otros movimientos sociales.

“Eso tiene que quedar claro y eso siempre va a ser una preocupación cuando entren a dirigir agencias de ley y orden en Puerto Rico. Eso pasó con Pedro Toledo, que estuvo en el FBI; pasó con Luis Fraticelli, que había sido también agente de FBI y bajo sus órdenes fue que se asesinó a Filiberto Ojeda Ríos,  y eso siempre va a dejar una preocupación genuina. Esa ha sido la experiencia en el pasado y lo rechazamos. Hemos tenido experiencias desastrosas con el FBI” concluyó.

En entrevista por separado, la directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, igual expresó ante el nombramiento de González, que siempre que se nombra a alguien del FBI hay una preocupación mayor porque eso pasa  por el intento de federalizar a la Policía.

“En este cuatrienio es una  preocupación que crece porque lo que estamos viviendo en el Gobierno es, definitivo, un régimen totalitario que se está vislumbrando desde el principio, y la federalización de la Policía puede llevarla  a una situación peor de lo que ya está”.

La directora de Kilómetro Cero dijo sobre la posibilidad de que se derogue, que la orden de Trump no aplica a la Reforma de la Policía  de Puerto Rico, sino  algunas investigaciones que se dieron bajo la presidencia de Biden.

En referencia a las declaraciones e intenciones de la gobernadora, Mari Mari apuntó: “Esto lo que demuestra es que el Gobierno del PNP  nunca ha tenido voluntad para ninguna reforma. Esto es revelador de lo que siempre hemos denunciado. Nunca han tenido voluntad para la Reforma de la Policía y, a la menor provocación, ven una justificación  por las  políticas descabellas y totalitarias del presidente de EE. UU.  Se les ve el refajo: están usando cualquier pretexto para justificar el cierre, es ya evidente. Es bien difícil transformar una institución cuando la institución ni sus supervisores creen en la Reforma”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de política energética sin vistas públicas

Por
redaccion-de-claridad
-
Foto Archivo CLARIDAD

 

La coalición Queremos Sol denunció mediante comunicado de prensa que la Cámara de Representantes se propone aprobar “en un proceso atropellado y poco democrático” un proyecto de ley que extiende la operación de la planta de carbón AES, elimina las metas de energía renovable y altera la política energética de Puerto Rico.

El proyecto de ley para extender la operación de la planta de carbón de AES y eliminar las metas de energía renovable es muestra de una administración y una estructura privatizadora que opera de espaldas al pueblo.

Queremos Sol advirtió que el  proyecto, que se pretende aprobar sin permitir a las comunidades cercanas a la planta de carbón, a expertos, grupos interesados y la ciudadanía expresarse en vistas públicas, tiene consecuencias negativas para la salud, el bolsillo y el medio ambiente.

“La oficina del representante Víctor Parés y la Comisión de Gobierno de la Cámara nos han informado que no se van a llevar a cabo vistas públicas de los proyectos PC 267 y PC 268, en las que la ciudadanía, expertos y grupos interesados puedan deponer para informar a la Comisión sobre las implicaciones de lo que se propone. Esto representa una amenaza directa a la salud, el medio ambiente, las posibilidades de un servicio eléctrico confiable, e imposibilita la reducción y estabilización del costo energético. Exigimos a la comisión que establezcan un calendario de vistas públicas, siendo este un tema de alto interés público. Están retrocediendo en políticas que se lograron gracias a la insistencia pública en la confección de estas leyes”, planteó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio y portavoz de Queremos Sol.

Según la coalición el representante Parés anunció que solo habrá una vista pública el miércoles, 5 de febrero, sobre los dos proyectos y los deponentes serán exclusivamente el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y ‘zar’ de energía, el ingeniero Josué Colón, y el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés.

“Muestran un proceso atropellado y poco democrático”, expresó el abogado ambiental Pedro Saadé, quien aseguró que “el PC 267 es un engaño. Los altos costos que enfrentamos son, precisamente, por la dependencia en combustibles fósiles y la estructura privatizadora. Lo que busca este proyecto es establecer las condiciones para asegurar jugosos contratos a largo plazo que nos atan a los combustibles fósiles”.

El representante Parés había indicado que se quiere agilizar la evaluación de los proyectos 267 y 268, por considerarlos vitales para la reconstrucción de la red eléctrica. El PC 267 enmienda la Ley de Transformación y Alivio Energético y el PC 268 propone darle al Negociado de Energía autoridad para imponer multas más grandes, en lugar de ejercer una verdadera fiscalización de los operadores privados del sistema eléctrico.

El PC 267 aplaza la salida de la carbonera AES hasta 2030 y permite al NEPR extenderla por periodos de 5 años, sin límites, si no se ha sustituido la generación. Igualmente, elimina las metas intermedias de energía renovable (40 % al 2025 y 60 % al 2040). La eliminación de estas metas dificulta alcanzar el objetivo de energía limpia y accesible que proteja la salud pública. Elimina también el requisito de alcanzar 30 % de eficiencia energética al 2040 y el reemplazo de 100 % de luminaria pública por LED al 2030. Todos los reglamentos tendrán que atemperarse a esta ley.

Portavoces de Queremos Sol cuestionaron que estas medidas puedan mejorar el sistema eléctrico con sus actuales operadores. “La falta de servicio eléctrico es producto de la incapacidad de LUMA y Genera de operar y mantener el sistema y de la renuencia de adoptar la energía renovable distribuida en techos como norte de la transformación del sistema eléctrico público. Genera ha creado una crisis al no poder reparar ni tener en operación la flota existente, para justificar el que se construyan más plantas de gas como negocio para su empresa matriz, New Fortress Energy”, comentó la líder ambientalista Myrna Conty.

La abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago, por su parte, denunció también que ahora se pretenda extender el contrato de la empresa carbonera AES en Guayama. “La permanencia de AES es muestra adicional de que esta administración y la estructura privatizadora operan de espaldas al pueblo y que poco les importa la salud de la población, las enfermedades y la agonía diaria de las comunidades aledañas y el deterioro y desastre ambiental que ha creado la carbonera”, manifestó.

Asimismo, Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico señaló  que “con estas enmiendas el Gobierno trata de evadir su responsabilidad con la salud pública y la necesidad de energía renovable adaptada al país”.

1...178179180...1.866Página 179 de 1.866