La cadena de acciones de Donald Trump dirigidas a desmantelar el aparato gubernamental de Estados Unidos y a cambiar los supuestos básicos de la política exterior y comercial de su país, no deben sorprender a nadie porque está haciendo lo había anunciado. Todos los actos que hasta ahora ha desplegado fueron anunciados durante la campaña electoral. Algo muy distinto está ocurriendo en Puerto Rico con el nuevo gobierno de Jennifer González y Thomas Rivera Schatz. Entre las acciones de importancia que este binomio ha lanzado tan pronto comenzaron a controlar el aparato gubernamental se encuentran varias que nunca se asomaron durante reciente la campaña electoral porque les hubiesen costado muchos votos. Ahora, instalados en el efímero poder colonial, han echado a correr la verdadera agenda que siempre han tenido.
Si al binomio González-Schatz le hubiesen preguntado durante los muchos debates electorales si se proponían alterar de raíz la política cultural del gobierno puertorriqueño, desmantelando o atacando las instituciones que le sirven, seguramente lo habrían negado y hasta habrían puesto caras de agraviados. Aun para anexionistas recalcitrantes como estos dos la campaña electoral es momento para tratar de cubrirse con la bandera puertorriqueña, sobre todo si su principal contrincante era el candidato del Partido Independentista. En el caso de González, seguramente se habría presentado como defensora de la cultura, mostrando la canción de Antonio Cabán Vale (que vergonzosamente utilizó como parte de su propaganda) como ejemplo de su supuesto compromiso.
Sin embargo, a pesar de que ese campo no fue parte de su oferta electoral, más bien lo contrario, una de las primeras acciones del binomio González-Schatz ha sido un ataque directo a una de las principales instituciones culturales del País, el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Peor aún, junto a la propuesta de destruir el ICP se anuncia como política oficial convertir la actividad cultural en un mero apéndice del desarrollismo económico, reduciéndola a los bailes y cánticos que se inventan para entretener turistas.
La propuesta se originó en el Senado por su todopoderoso presidente Rivera Schatz y tiene como objetivo central trasladar al Departamento de Desarrollo Económico las funciones del ICP, junto a los bienes culturales que custodia, muchos de ellos parte importante de nuestro patrimonio histórico y artístico. Curiosamente, una vez presentado, el proyecto de ley pasó a ser tramitado por la Comisión de Turismo del cuerpo confirmando la visión que la mayoría senatorial tiene sobre la actividad cultural.
Hasta ahora todas las reacciones que ha tenido la propuesta dirigida a desmantelar el ICP, incluyendo la de su actual director ejecutivo Carlos Ruiz Cortés, han sido de rechazo porque se valora muy positivamente la labor que ha realizado la institución durante sus 70 años de existencia. Aunque en la actualidad opera con muchas limitaciones, producto mayormente de los repetidos cortes de presupuesto que ha sufrido, el Instituto que promovió don Ricardo Alegría en 1955 sigue siendo una organismo útil y necesario para nuestro desarrollo cultural.
No hay duda de que el ataque al ICP es parte del histórico plan del anexionismo criollo dirigido a tratar de eliminar, o al menos reducir, lo que sin duda es el principal escollo para que Estados Unidos pueda considerar una eventual anexión de Puerto Rico: nuestra particularidad cultural y la fortaleza de la nacionalidad boricua. Ilusamente creen que eliminando al ICP darían un paso importante en esa dirección. Pasan por alto que nuestra nacionalidad creció y se fortaleció en medio de todas las agresiones culturales que se pusieron en función a partir de 1898 y que ese proceso vivo jamás se detendrá. Aunque la creación del ICP en 1955 aportó al desarrollo cultural, el dinamismo del proceso nace del mismo pueblo y sin duda se mantendrá si esa institución es desmantelada.
Nuestro país derrotó el proceso que se puso en marcha en 1900 dirigido a destruir nuestro vernáculo, tratando de ponernos a hablar inglés como hicieron con Hawái. Ni aun tratando de desnaturalizar la educación de la niñez, atosigándole otro idioma y otras manifestaciones culturales, lograron su propósito porque cada generación fue más puertorriqueña que la anterior. Obviamente, debemos juntar todas las fuerzas para derrotar esta nueva agresión a la cultura, pero teniendo, a su vez, la tranquilidad de que aún si se imponen, nunca lograrán detener el desarrollo de una nacionalidad acostumbrada a crecer en medio de la adversidad. Lo que pasó en Hawái nunca pasará en Puerto Rico.
Finalmente, no debemos pasar por alto de que el ataque al ICP tiene también un propósito económico y empresarial. La institución es una parte importante de la cadena de permisos necesarios previos a cualquier desarrollo urbano. Esa función de la institución es parte de su condición de entidad protectora de nuestro patrimonio histórico y arqueológico. Eliminándola matan dos pájaros con un solo tiro porque golpean la gestión cultural y, de paso, eliminan uno de los permisos que tanto incomodan a los empresarios que quieren construir y destruir sin limitaciones.
