La coalición Queremos Sol denunció mediante comunicado de prensa que la Cámara de Representantes se propone aprobar “en un proceso atropellado y poco democrático” un proyecto de ley que extiende la operación de la planta de carbón AES, elimina las metas de energía renovable y altera la política energética de Puerto Rico.
El proyecto de ley para extender la operación de la planta de carbón de AES y eliminar las metas de energía renovable es muestra de una administración y una estructura privatizadora que opera de espaldas al pueblo.
Queremos Sol advirtió que el proyecto, que se pretende aprobar sin permitir a las comunidades cercanas a la planta de carbón, a expertos, grupos interesados y la ciudadanía expresarse en vistas públicas, tiene consecuencias negativas para la salud, el bolsillo y el medio ambiente.
“La oficina del representante Víctor Parés y la Comisión de Gobierno de la Cámara nos han informado que no se van a llevar a cabo vistas públicas de los proyectos PC 267 y PC 268, en las que la ciudadanía, expertos y grupos interesados puedan deponer para informar a la Comisión sobre las implicaciones de lo que se propone. Esto representa una amenaza directa a la salud, el medio ambiente, las posibilidades de un servicio eléctrico confiable, e imposibilita la reducción y estabilización del costo energético. Exigimos a la comisión que establezcan un calendario de vistas públicas, siendo este un tema de alto interés público. Están retrocediendo en políticas que se lograron gracias a la insistencia pública en la confección de estas leyes”, planteó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio y portavoz de Queremos Sol.
Según la coalición el representante Parés anunció que solo habrá una vista pública el miércoles, 5 de febrero, sobre los dos proyectos y los deponentes serán exclusivamente el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y ‘zar’ de energía, el ingeniero Josué Colón, y el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés.
“Muestran un proceso atropellado y poco democrático”, expresó el abogado ambiental Pedro Saadé, quien aseguró que “el PC 267 es un engaño. Los altos costos que enfrentamos son, precisamente, por la dependencia en combustibles fósiles y la estructura privatizadora. Lo que busca este proyecto es establecer las condiciones para asegurar jugosos contratos a largo plazo que nos atan a los combustibles fósiles”.
El representante Parés había indicado que se quiere agilizar la evaluación de los proyectos 267 y 268, por considerarlos vitales para la reconstrucción de la red eléctrica. El PC 267 enmienda la Ley de Transformación y Alivio Energético y el PC 268 propone darle al Negociado de Energía autoridad para imponer multas más grandes, en lugar de ejercer una verdadera fiscalización de los operadores privados del sistema eléctrico.
El PC 267 aplaza la salida de la carbonera AES hasta 2030 y permite al NEPR extenderla por periodos de 5 años, sin límites, si no se ha sustituido la generación. Igualmente, elimina las metas intermedias de energía renovable (40 % al 2025 y 60 % al 2040). La eliminación de estas metas dificulta alcanzar el objetivo de energía limpia y accesible que proteja la salud pública. Elimina también el requisito de alcanzar 30 % de eficiencia energética al 2040 y el reemplazo de 100 % de luminaria pública por LED al 2030. Todos los reglamentos tendrán que atemperarse a esta ley.
Portavoces de Queremos Sol cuestionaron que estas medidas puedan mejorar el sistema eléctrico con sus actuales operadores. “La falta de servicio eléctrico es producto de la incapacidad de LUMA y Genera de operar y mantener el sistema y de la renuencia de adoptar la energía renovable distribuida en techos como norte de la transformación del sistema eléctrico público. Genera ha creado una crisis al no poder reparar ni tener en operación la flota existente, para justificar el que se construyan más plantas de gas como negocio para su empresa matriz, New Fortress Energy”, comentó la líder ambientalista Myrna Conty.
La abogada comunitaria y ambiental Ruth Santiago, por su parte, denunció también que ahora se pretenda extender el contrato de la empresa carbonera AES en Guayama. “La permanencia de AES es muestra adicional de que esta administración y la estructura privatizadora operan de espaldas al pueblo y que poco les importa la salud de la población, las enfermedades y la agonía diaria de las comunidades aledañas y el deterioro y desastre ambiental que ha creado la carbonera”, manifestó.
Asimismo, Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico señaló que “con estas enmiendas el Gobierno trata de evadir su responsabilidad con la salud pública y la necesidad de energía renovable adaptada al país”.
