Por Damaris Suárez
Centro de Periodismo Investigativo
Tres días antes de terminar su mandato, el exgobernador Alejandro García Padilla enmendó la ley para hacer obligatoria la colegiación para toda corporación privada, incluyendo a las sin fines de lucro, como requisito para realizar cualquier evento público o privado. Si el productor no está colegiado, pagará $10,000.00 de multa por todo espectáculo en el que se cobre o no la entrada, con o sin fines de lucro, sea en un lugar al aire libre o cerrado, según esta Ley 205 de 2016.
Gestores culturales y organizaciones, como los Centros Sor Isolina Ferré, Teatro Coribantes y el Proyecto Verde Luz anticiparon el efecto adverso del nuevo estatuto que aumentaría el costo de sus operaciones y cuestionaron la necesidad de pagar cuotas para realizar eventos culturales o de recaudación al Colegio de Productores, una organización privada fundada en 2005 y que preside desde 2012 el productor Tony Mojena, que maneja cantantes como Luis Fonsi.
Los cambios a la Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico que entraban en vigor en julio, con la aprobación de un reglamento, se aplazaron por tres meses a petición del Departamento de Hacienda. El gobernador Ricardo Rosselló firmó la medida el 6 de agosto otorgando el plazo adicional. La agencia aún trabaja en la redacción del reglamento que permitirá la implantación, mientras la incertidumbre y los cuestionamientos aumentan entre la comunidad cultural.
El Colegio de Productores de Espectáculos ha realizado una intensa campaña para dar a conocer la aprobación de la Ley 205, que dispone también que todo productor colegiado tendrá que cumplir con un mínimo de seis créditos durante la vigencia de dos años de colegiación mediante cursos, seminarios o talleres. El Colegio se supone que desarrolle los cursos y talleres, por los que cobrará, o que realice alianzas con instituciones educativas para que estén disponibles, y es el responsable de certificar el cumplimiento de los colegiados.
El presidente de la Comisión Senatorial para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, José Vargas Vidot, trabaja en un proyecto legislativo para derogar la ley ya que, de entrar en vigor, provocaría mayores costos a las OSFL y una sobreregulación a los gestores culturales y otros proyectos educativos del país en momentos en que se reduce la inyección pública a este sector debido a la crisis fiscal del gobierno.
La medida de Vargas Vidot propone enmendar un sinnúmero de leyes, incluyendo la Ley de Nuestra Música Autóctona, para liberar a los grupos dedicados a la gestión cultural de la carga contributiva que se les impone.
Según el senador, no se visualiza el efecto de los proyectos legislativos de forma integral, por lo que leyes como esta terminan afectando adversamente a un sector importante y que rinde beneficios al país como la OSFL. “Estas medidas están matando a este sector”, puntualizó Vargas Vidot.
Hablan trabajadores de la cultura
Los cambios a la legislación afectan principalmente a los pequeños productores o los artistas y gestores culturales que por su limitación económica, hacen las funciones de promotores, directores, productores y todo tipo de gestión para poder trabajar.
Para el cantautor Mikie Rivera, incluir las entidades sin fines de lucro y las actividades libre de costo provocará más cortapisas a la realización de eventos culturales.
“Si el asunto es un problema de monitoreo y fiscalización para evitar el fraude, entonces hay alguien que no está haciendo su labor y una vez más, aquellos que hacen las cosas como es debido, pagarán las delincuencias de unos y las ineptitudes de otros”, cuestionó.
En respuesta a la excesiva reglamentación y su impacto a la gestoría cultural, un grupo de artistas y ciudadanos vinculados a la promoción de las artes formaron el Proyecto Verde Luz. El actor Ángel Vázquez, portavoz del colectivo, criticó que el gobierno se haya convertido en obstructor de la gestión cultural.
“Lo que tenemos es una serie de impedimentos y dificultades que no facilitan, sino que entorpecen la manera en que los gestores culturales realizamos nuestro trabajo. Nos hemos conformado en el colectivo Verde Luz para buscar alternativas que nos ayuden a subsistir en medio de esta crisis y esta ley es una que afecta aún más”, aseguró.
Por su parte, la Alianza de OSFL para la Cultura Puertorriqueña y Artistas Independientes, formada en febrero a consecuencia de la divulgación del nuevo estatuto, exige la derogación de esta ley y la del COPEP, por considerarlas discriminatorias, violatorias de derechos fundamentales, y muy difícil de implementar y reglamentar debido a sus contradicciones. El grupo está compuesto por cerca de 500 compañías de teatro, danza, música, artistas independientes, académicos, escritores y editores.
“Pedimos que se someta un nuevo proyecto y realicen vistas públicas para permitir la discusión y análisis, ya que esta ley 205 encarece y dificulta la libertad intrínseca de hacer arte”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo José Luis Figueroa, portavoz del grupo.
La Alianza alertó que la legislación afectará a las entidades sin fines de lucro dedicadas a la cultura, al deporte, la recreación, el entretenimiento, así como a los municipios, escuelas, universidades y artistas independientes que organizan eventos.
“Desvirtúa y corrompe la naturaleza de las entidades sin fines de lucro al tener que utilizar recursos económicos y humanos para llevar a cabo actividades ajenas a la misión y objetivos programáticos de las entidades. Aumenta los costos de producción de las entidades sin fines de lucro en el pago de expedición de licencias, cuotas y fianzas. Fomentará la emigración de nuestros artistas jóvenes al limitar y achicar la oferta de trabajo y autogestión”, insistió Figueroa.
Los eventos de recaudación de fondos son una parte esencial del plan de sostenibilidad financiera de los Centros Sor Isolina Ferré, dijo Yadira Valdivia, directora de comunicaciones de la organización.
“Estamos evaluando el impacto económico que pueda tener esta ley y entendemos que se debería incluir una excepción para los eventos de recaudación que son organizados por las entidades sin fines de lucro. No obstante, una vez entre en vigor, tomaremos las acciones correspondientes para seguir en cumplimiento con los requisitos que se establezcan para poder organizar este tipo de eventos, aunque ello implique costos adicionales como cuotas de colegiación o tomar cursos de educación continuada”, expresó Valdivia.
¿Quién tendría que colegiarse?
El lenguaje de la medida no es claro sobre cuáles entidades sin fines de lucro deberán colegiarse para realizar espectáculos públicos. Aunque se crea la categoría de “productores de eventos sin fines lucrativos”, que incluye a cualquier entidad sin fines de lucro que posea exención contributiva y exclusión de licencia de promotor, la definición de “espectáculos públicos” de la ley excluye los eventos organizados por entidades sin fines de lucro.
Todo tiende a indicar que el Departamento de Hacienda parte de la premisa que le aplica a todas las sin fines de lucro. Varios portavoces de OSFL que no se dedican a la producción de espectáculos confirmaron que funcionarios de esa agencia le han indicado que tendrán que colegiarse cuando han ido a hacer gestiones para eventos de recaudación de fondos en la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos. Aunque el Centro de Periodismo Investigativo solicitó confirmar la versión ofrecida por las OSFL, el Departamento de Hacienda no quiso aclararlo.
Para el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos, el incluir a las entidades sin fines de lucro en la legislación significa que todas tendrán que colegiarse para poder realizar eventos de recaudación, aunque no se dediquen a la producción de eventos culturales. El Centro de Periodismo Investigativo tuvo acceso a los formularios y documentos de orientación que ha divulgado el Colegio entre entidades sin fines de lucro en los que le indican que tendrán que colegiarse y tomar los cursos como dispone la ley para realizar eventos de recaudación.
“Eso no surge de la Ley. Todos los elementos y herramientas que se utilizan para interpretar una ley llevan a la conclusión contraria”, analizó el Catedrático Auxiliar de la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana, Jorge Farinacci Fernós.
El profesor de derecho administrativo y derecho público dijo que la intención legislativa de la ley hace referencia a los profesionales que se dedican a la industria de la producción y expresamente excluye a los que no se dedican a la producción, por lo que es incorrecta la interpretación que hace el Colegio de Productores de Espectáculos. Según su análisis, la Ley va dirigida a las corporaciones con o sin fines de lucro que se dedican a la producción de espectáculos.
“En la definición de espectáculo público, la ley excluye actos organizados por grupos cívicos, sin fines lucro, religiosos, partidos políticos, etcétera. Estamos hablando de entidades que pueden organizar eventos pero no se dedican a eso”, aseguró Farinacci Fernós. Mencionó que si una OSFL va a contratar a un profesional para organizar un evento, entonces tendrá que contratar a un productor colegiado.
“Aun así, la medida es mala. Los gestores culturales y las entidades sin fines de lucro dedicadas al quehacer cultural no somos grandes productores ni generamos ingresos para lucrarnos. Pareamos chavo a chavo para llevar un mensaje y para enaltecer nuestra cultura y las artes”, subrayó el portavoz de la Alianza de OSFL para la Cultura Puertorriqueña y Artistas Independientes.
Según el Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico (2015), hecho por la firma Estudios Técnicos, en Puerto Rico existen unas 11,570 organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ofrecer servicios a sectores de escasos recursos, personas con discapacidad o comunidades. Aunque reciban subvención del gobierno o entidades y fundaciones privadas, la mayoría también realiza actividades de recaudación de fondos para poder ofrecer sus servicios.
Entidades como la Compañía de Ballet Teatro de Puerto Rico, Teatro Cundiamor, el Teatro de Jóvenes Sordos Puertorriqueños, Taller La Camándula, Folklore Nacional de Puerto Rico, Teatro para Personas de la Tercera Edad y la Filarmónica de Bayamón, son algunas de las OSFL que tendrían que colegiarse para poder efectuar sus espectáculos, pues se dedican a eso.
Para Rafael Rojas, de Coribantes, y el actor Ángel Vázquez, del Colectivo Verde Luz, la nueva ley pone más trabas a las entidades para realizar su trabajo, lo que confirma que el estado minimiza la aportación que hace la cultura -con poca o ninguna ayuda del gobierno- al desarrollo económico del país.
Varias posturas dentro del Colegio de Productores
El Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP) ha invitado a través de su página web y en las redes sociales a todas las OSFL a colegiarse para “cumplir con la ley”. Oficialmente, el Colegio “ofrece orientación” a las OSFL diciéndoles que tienen que colegiarse aunque no sean entidades dedicadas a la producción de eventos, pudo constatar el CPI en documentos enviados a organizaciones.
Sin embargo, el vicepresidente del COPEP, Nelson Castro, dijo al ser cuestionado que la determinación final la tendrá el Departamento de Hacienda con la interpretación que dé a la Ley en el reglamento que apruebe.
“Nosotros no entramos en quién debe colegiarse o no… El reglamento sería el mecanismo en que se clasificaría. Basado en lo que contempla la ley y de acuerdo a cómo se redacte el reglamento, quedaría atendido“, dijo al Castro al CPI. El presidente, Tony Mojena, no estuvo disponible para entrevista.
El Colegio fue creado en el 2005 tras la aprobación de la ley 113, como una entidad privada bajo la jurisdicción de la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos (OSPEP) adscrita al Departamento de Hacienda cuyo fin es reglamentar y crear cánones de ética para los productores de espectáculos con fines comerciales. Al establecer la colegiación, alegadamente se pretendió proteger la industria local de espectáculos de productores extranjeros, así como del surgimiento de “promotores” que sin estar diestros en la organización de eventos producían espectáculos sin los mecanismos de seguridad adecuados, afectando la confianza en las producciones locales. La legislación establecida en el 2005 era solo para los promotores comerciales de espectáculos públicos; no incluía a las organizaciones sin fines de lucro que realizan eventos culturales o musicales ni eventos libre de costo.
El director ejecutivo del Colegio, Juan Carlos Zapata, favoreció la inclusión de todas las entidades sin fines de lucro ya que entiende que propenderá a mejorar la producción de sus eventos de la mano de la entidad que dirige. Para Zapata, la ley le aplica a todas las OSFL, aunque no se dediquen a realizar espectáculos públicos.
“Aunque esa organización pueda hacer un evento una vez al año, nosotros lo vemos como una oportunidad para que el Colegio pueda servirle de apoyo en la realización de ese evento, como puede ser el pago de la cuota a través de la fundación y que puedan tener más de un evento” , sostuvo por su parte el director ejecutivo de COPEP.
En una comunicación mediante correo electrónico revisada por el Centro de Periodismo Investigativo, Zapata explica a una entidad sin fines de lucro que para realizar un evento de recaudación vendrá obligada a colegiarse y tomar los seis créditos de educación continua, aunque no se dedique a hacer espectáculos.
Alegadamente, la Legislatura decidió incluir a las OSFL en la Ley de Espectáculos Públicos debido a que entidades sin fines de lucro que no tenían el certificado de exención contributiva estaban impedidas de organizar eventos.
Pero en las vistas públicas, artistas independientes como Omar Silva de Cultura Profética, rechazaron la colegiación compulsoria por entender que restringía la labor de los artistas independientes que ejercen su profesión desde una perspectiva multifacética que en muchas ocasiones los lleva a asumir funciones típicas de un productor.
Al ser cuestionado por el Centro de Periodismo Investigativo sobre los escollos que representa la nueva medida para los gestores culturales, el director ejecutivo de COPEP dijo que la entidad se propone dar trato especial a los gestores culturales y los proyectos de autogestión que pudiera incluir el pago de la cuota a través de una fundación que tiene el Colegio para evitar que la legislación le suponga trabas para realizar eventos. La ley 113 que creó el Colegio autorizó la creación de la Fundación de Productores de Espectáculos Públicos, una corporación sin fines de lucro, con el propósito de proveer servicios educativos, culturales, artísticos y deportivos. La Fundación administra un fideicomiso, que según la ley “se nutre de parte de los fondos del Colegio”, para viabilizar la celebración de espectáculos accesibles a personas de escasos recursos, propiciar la organización de espectáculos en escuelas públicas y organizar espectáculos a las OSFL.
Aunque el COPEP entiende que para algunos, la colegiación compulsoria puede representar otra piedra en el camino, su vicepresidente está convencido que el saldo es beneficioso porque es una oportunidad para trabajar como una sola industria y facilitará la operación de productores sin fines lucrativos que no cuentan con el certificado de exención contributiva del Departamento de Hacienda.
La nueva medida hace referencia a las críticas que ha recibido el Colegio de Productores por “la imposibilidad de algunos productores pequeños de pagar la cuota anual” y denuncias de entidades sin fines de lucro “que han tratado de formar parte del cuerpo colegiado, pero no han podido por las propias imposiciones de la industria”. Desde su creación, el Colegio de Productores había exigido una cuota ascendente a $1,000.
Con la nueva ley, para colegiarse, cualquier persona o entidad jurídica tendrá que pagar cuotas que se ajustan dependiendo de si realiza eventos con o sin fines de lucro. En ambas categorías se utiliza como parámetro la capacidad del recinto mayor en que el colegiado produce espectáculos públicos.
“Oscilará entre los $100 y $600 para los productores de eventos con fines pecuniarios, y desde $25 a $150 para las organizaciones sin fines de lucro, que tienen exención contributiva, esto último, en apoyo y considerando que mayoritariamente se trata del sector que atiende aspectos culturales y educativos”, explicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo del Colegio de Productores de Espectáculos de Puerto Rico.
El representante del Colegio defendió los servicios que ofrece a su matrícula de cerca de 400 colegiados que gozan de beneficios como plan médico, pólizas, y la representación de los intereses de la industria ante las agencias del gobierno, la Asamblea Legislativa, compañías de venta de boletos, administradores de facilidades y suplidores, entre otros.
Según un estimado de la Alianza de OSFL, la legislación crea un monopolio donde el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos recaudaría entre tres y cinco millones de dólares por concepto de cuotas y cursos en su primer año de implantación.
Cuestionan que el Estado delegue en una empresa “cuasi pública, cuasi privada”, la potestad “de autorizar, permitir o vetar la presentación de todo espectáculo público”, por lo que suponen que la medida solo beneficia al Colegio en detrimento de las organizaciones sin fines de lucro.
