Mientras portavoces del sector privado avalan el regreso del ingeniero José Ortiz a la Autoridad de Energía Eléctrica, para el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) Ricardo Santos, el nombramiento de Ortiz, es “un tributo a la corrupción”.

Así como se dieron en veloz carrera las renuncias del director ejecutivo de la AEE Walter Higgins, de los cinco miembros llamados “independientes” de la Junta de Gobierno (JG) y, con ellas, la del breve designado director ejecutivo Rafael Díaz Granados, la nueva Junta aceptó la recomendación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de nombrar a José Ortiz, director ejecutivo de la AEE. Tras la renuncia de la mayoría de los miembros de la JG, el gobernador nombró a Elí Díaz Atienza (director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) para la presidencia y al ingeniero Ralph Kreil Rivera, para la vicepresidencia. Esta “nueva” JG de la AEE quedó integrada por sus designados y los dos miembros que no renunciaron: Christian Sobrino, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y su asesora en Desarrollo e Infraestructura, María Palau.

El nuevo director ejecutivo –el quinto en año y medio–, comenzó sus funciones este lunes 23 de julio con un salario de $250 mil al año, más beneficios marginales. Aun cuando no son los $450 mil de Higgins, ni los $750 mil de Díaz Granados, el sueldo de Ortiz es uno de los más altos en el Gobierno de Puerto Rico.

El expresidente de la UTIER expresó en entrevista que el nombramiento de Ortiz había que mirarlo con “gríngolas” en el sentido en que si se comparaba con el de Higgings o el de Díaz Granados, “pues, definitivo, el pueblo completo gritaría cualquiera, menos esa gente”. No obstante, denunció que el nombramiento de Ortiz era “un tributo a la corrupción. Su paso por la AEE fue nefasto; es el responsable de que la energía renovable en Puerto Rico no se haya desarrollado de forma ordenada”. Se refiere a que el ahora director ejecutivo fue presidente de la JG de la AEE, primero bajo el cuatrienio de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, y luego, bajo el de la administración de Luis Fortuño, del 2011 al 2013.

Santos atribuyó como legados de Ortiz a la AEE: un monumento a la corrupción que está sembrado en la Avenida Kennedy, sector Bechara y un molino de $5 millones, que costó más de un millón instalarlo, sin que haya generado un solo kilovatio de energía eléctrica. El supuesto propósito de su instalación, dijo, era energizar la planta de tratamiento de aguas usadas de la AAA, que está ubicada en ese sector.

“Eso no se queda ahí, en el almacén 5 de Palo Seco, está tirado en el patio el hermano de ese molino, que también costó otros cinco millones y está cogiendo agua, sol y sereno; está enmoheciendo allí en el almacén, producto de la inversión de Ortiz como presidente de la JG”.

Santos fue enfático al denunciar y atribuir al ingeniero Ortiz ser el promotor de una cantidad de proyectos de energía renovable en la AEE que no llegó a nada. Apuntó que Ortiz viene como un intercesor, en lo que finalmente un ente privado toma control total de la AEE; sino es que antes las autoridades federales asumen posesión de la AEE, “que es lo que yo creo que eventualmente va a pasar”.

Cuestionado sobre si consideraba que en el País hay profesionales que no tengan un pasado nebuloso y que estén capacitados para dirigir la AEE, el líder sindical acotó que lo primero que hay que tener bien claro es hacia dónde se quiere dirigir a la Autoridad, en un nuevo desarrollo desde la perspectiva del modelo público. Afirmó que sí hay gente con el conocimiento necesario para dirigir a la AEE. Además, sugirió que se debería hacer un triunvirato en el que participen personas como por ejemplo, Juan Alicea y Miguel Cordero, ex directores de la AEE , y profesores del Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico.

Las denuncias de Santos están confirmadas en el reportaje que este pasado mes de marzo publicó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Fracasa la Fiebre privatizadora de Luis Fortuño, mediante contratos de Energía Renovable, en el que se reveló que, de 60 contratos de energía renovable, concedidos por la AEE bajo la administración de Fortuño, solo 11 llegaron a concretarse. Los contratos se dieron cuando Ortiz ocupó la presidencia de la JG. En el trabajo de la autoría de Eliván Martínez Mercado, se denuncia que fue tanta la presión ejercida por la Oficina del Gobernador en los círculos de poder en la AEE, que el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) la calificó en el 2013 como una intromisión indebida y determinó que se trató de un proceso viciado. (El documento del DJ está accesible en la página del CPI).

Ortiz también presidió el Comité de los Fondos ARRA y la junta de directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AFAPP), desde el 2007.

La investigación del CPI atribuyó a la “fiebre privatizadora” de Fortuño, el gastar antes de que expiraran los $7,000 millones de fondos federales de la Ley de Recuperación y Reinversión, (ARRA) asignados en el 2009, para gastos de infraestructura.

Hay que traer también a la atención que, como secuela de la otorgación por Ortiz de los contratos de energía renovable, el vice presidente de la JG, José Pérez Canabal, fue acusado de fraude y conflictos de intereses en el 2012. Aun cuando Pérez Canabal renunció a la JG, los rumores en aquel entonces fueron que fue el gobernador Fortuño, quien le solicitó a Ortiz que le pidiera la renuncia a Pérez Canabal. No obstante, los cargos contra Pérez Canabal no prosperaron en el tribunal y fueron desestimados en el 2015.

En tanto, este miércoles 25 de julio, se supone que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE UU, Rob Bishop, lleve a cabo una audiencia pública respecto a la influencia política en la AEE. Según declaraciones, no se descarta que se tome una “solución legislativa” sobre la AEE. El gobernador fue citado a declarar en la vista. Es de conocimiento público que el congresista republicano está alineado con los intereses de los miembros de la industria de combustibles fósiles.

Desde que el Congreso de Estados Unidos le permitió a los puertorriqueños elegir un gobernador, han pasado 70 años (1948-2018). En 42 de esos años la persona electa para el cargo ha sido miembro del Partido Popular Democrático (PPD). En realidad la cifra se acerca al medio siglo porque a los gobernadores electos debemos añadir el periodo entre 1941-48 cuando los últimos designados por el presidente el estadounidense, Rexford Tugwell y el puertorriqueño Jesús T. Piñero, ocuparon la Fortaleza. El primero fue siempre cercano al PPD y el segundo miembro del partido, que también controlaba la Legislatura. De modo que no es arriesgado concluir que el Puerto Rico que ahora conocemos tiene marcado el sello (o el carimbo) del partido político que Luis Muñoz Marín fundó el 22 de julio de 1938.

Desde aquella fundación han pasado ocho décadas y sobre esa experiencia se impone hacer dos afirmaciones muy pertinentes. La primera es que el Puerto Rico de hoy sigue pareciéndose mucho al de 1938, y no precisamente porque el pasado año nos arrasara un huracán. Hay grandes diferencias materiales y la semántica pública es diferente, pero en su esencia política, el país es el mismo. La segunda afirmación es que el PPD de ahora, lo que queda de él, se parece muy poco al que comenzó a inscribirse como partido electoral aquel año.

Contrario a lo que algunos dicen, el PPD no comenzó a organizarse desde cero. Su principal líder, Luis Muñoz Marín, era ya una de las principales figuras del país gracias a su origen familiar y a la fuerza política que obtenía de La Democracia, importante periódico fundado por su padre que él controlaba. Se había destacado como líder desde la década del ’20 y desde 1933, cuando comenzó el Nuevo Trato del presidente Franklyn D. Roosevelt, era visto en Puerto Rico como representante de aquella administración. Cuando abandonó el Partido Liberal para, un poco después, comenzar a fundar el PPD, se llevó consigo un gran pedazo del agonizante partido de Antonio R. Barceló. Antes de participar en una elección ya tenía representación legislativa porque cuatro legisladores Liberales se pasaron a la naciente colectividad.

Esa realidad organizativa y la pertinencia de las posiciones políticas que comenzó a propagar, convirtieron de inmediato al PPD en una fuerza pujante, de gran impacto en la población. Sus emblemas y consignas lo identificaron muy pronto como una fuerza progresista, de izquierda, muy apropiado para el empobrecido Puerto Rico de finales de la década del ’30. Su color fue el rojo, el mismo que enarbolaba el socialismo europeo desde el siglo anterior, y su consigna principal –Pan, Tierra y Libertad– había presidido la revolución bolchevique veinte años antes. Para ajustarla a la realidad de Puerto Rico sólo tuvieron que cambiar Paz por Libertad. En la Rusia de 1917, ensangrentada por la guerra, al reclamo de tierra y pan se le añadía el de paz, pero en colonia puertorriqueña de los años ‘30 lo pertinente era la libertad.

El trabajo desplegado bajo aquella consigna, que juntaba los tres reclamos básicos de casi todos los puertorriqueños, facilitó que el PPD aglutinara en poco tiempo a la mayoría del pueblo. Al sector progresista que abandonó el Partido Liberal se unieron sectores que venían del socialismo, el independentismo y el sector sindical para constituir un movimiento pujante que, en apenas dos años, ascendió al primer plano de la política isleña.

Fue visto como un movimiento de redención muy necesario para un país que necesitaba urgentemente ser redimido. Aquel Puerto Rico empobrecido, sometido al más clásico de los colonialismos, que dos años antes había visto como se reprimía y se encarcelaba a todo el liderato del Nacionalismo, apostó sin reservas por el novel movimiento que prometía pan, tierra y, sobre todo, libertad.

Hoy, 80 años después, ¿qué ha cambiado? En el Puerto Rico de 1938 se hablaba de democracia (ya se decía que vivíamos en una “democracia”), pero los que se juntaron en el PPD sabían que no era verdad, que no puede vivir en democracia una país dirigido y gobernado desde afuera por leyes que aprueba el Congreso de otro país. Ocho décadas después esa realidad no sólo se mantiene, sino que es más asfixiante que nunca antes. Como lo esencial nunca cambió, el poco gobierno propio que Muñoz y el PPD se esforzaron por conseguir en entre 1940 y 1952, desapareció con un leve soplo en 2016 al aprobarse la legislación bochornosamente llamada Promesa. Ahora, como en 1938, ya no quedan ni apariencias.

El viraje que dio el nuevo partido para ser lo que es ahora, y que representó el punto de inflexión de aquel movimiento que nos prometía la redención de la patria, comenzó muy temprano, a mediados de su primera década, cuando Muñoz y el PPD renunciaron formalmente al soberanismo. Desde entonces vive en el doble discurso, en permanente ambigüedad, cuando no en la tragedia de quien disfruta de sus propias manipulaciones.

Habrá algunos lectores pensando en que si bien el PPD no nos legó la redención libertaria que anunció al nacer, sí logró afianzar un cambio económico que fue beneficioso para la mayoría. Sin duda, el pueblo se benefició con la estrategia de desarrollo económico que se implantó con éxito hasta la década del ’70. Es justo reconocer que los efectos sociales de aquellas políticas, se ampliaron gracias al pensamiento progresista del liderato Popular en el gobierno. Pero ya es hora que se tenga claro que aquella estrategia de desarrollo fue ideada a principios de la década de 1940 por el último gobernador estadounidense, Rexford Tugwell, y nunca dependió del llamado “ela”, nombre que le dieron a los cambios políticos logrados en 1952. Eventualmente, como el colonialismo nunca fue superado, las limitaciones que éste impone se convirtieron en una camisa de fuerza que achicó el desarrollo económico, llevándonos hasta el estado de indefensión que vivimos en la actualidad.

En cuanto al actual liderato del PPD sería un error proclamarlo heredero de los que fundaron el partido en 1938. Si vinculación no está con la ideología de aquellos fundadores, sino con la que condujo al viraje de la siguiente década. Desde entonces han vivido inventando cuentos de libertad que nunca existieron, buscando justificar la virazón.

Con un director ejecutivo de un pasado de señalamientos dudosos, que días antes de comenzar propiamente en su puesto, este lunes 23 de julio, ya tiene cuáles serán las primeras plantas de generación de energía que va a vender para comenzar la privatización, estamos a la expectativa de qué sucederá en la vista en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, el miércoles 25 de julio. Mientras, continúa la divulgación de los malos manejos, el saqueo contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –sin prisa y sin pausa– y, por ende, contra el pueblo de Puerto Rico.

No bien superada la crisis de las renuncias en la AEE, el Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía (IEEFA, siglas en ingles) denunció en un nuevo artículo que los prolongados escándalos por la compra de petróleo en la AEE socavan las iniciativas de la privatización y las reformas de contratos en la corporación.

Según sugiere el análisis de IEEFA la práctica prolongada por más de 30 años en la AEE de comprar petróleo de baja calidad a precios de alta calidad contribuyó a la ruina de este servicio público. El conocimiento de esta práctica podría socavar las iniciativas de la privatización, ya que los titulares de bonos podrían reclamar pérdidas millonarias por ello.

“Aunque las debilidades en los procesos de adquisición y contratación de la agencia son claras, no se abordan en la ley de privatización, recientemente promulgada y aparentemente diseñada para transformar a la PREPA”, indicó en comunicado de prensa, Tom Sanzillo, director de finanzas de IEEFA y coautor del informe con Cathy Kunkel, un analista de energía IEEFA. “Tampoco se abordan adecuadamente en las reformas contractuales propuestas recientemente”.

El informe de IEEFA establece que existe un historial de “fraude, evasión de supervisión y distorsiones presupuestarias” en la AEE, como producto de un acuerdo por el cual las compañías petroleras que trabajan en conjunto con la Oficina de Combustible de la AEE y los laboratorios privados de pruebas de petróleo muy probablemente le vendieron petróleo a sobreprecio a la Autoridad. Además cita detalles tanto de una demanda colectiva presentada en 2015, que actualmente se está litigando, así como de una investigación en el Senado de Puerto Rico en 2016. Y señala que la AEE gastó aproximadamente $ 23 mil millones en combustible entre 2002 y 2014, lo que sugiere que el costo para los consumidores y tenedores de bonos podría haber sido de más de $ 1 mil millones.

Se identifica que tanto las compañías implicadas en el escándalo, Petrobras, Petro West, Shell, Trafigura y Vitol, como el tema en general -expone IEEFA- han sido pasados por alto, especialmente fuera de Puerto Rico. “Aunque se remonta a muchos años atrás, la estafa en cuestión tiene implicaciones significativas hoy, especialmente con respecto a las reformas de gestión que se necesitan para reconstruir la AEE”, dijo Sanzillo. “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede avanzar, y mucho menos prosperar, sin un sistema eléctrico asequible y confiable. La historia de mala gestión y corrupción de la AEE -cuyos ejemplos más evidentes se pueden ver en las operaciones de la Oficina de Combustible de la agencia y en el esquema de compra de petróleo descrito en este informe- sigue siendo un impedimento importante para su éxito y su capacidad para mantener el acceso al capital mercados “.

De acuerdo con IEEFA, el escándalo de la compra de petróleo puede dar una oportunidad a los titulares de bonos de la AEE para presentar demandas contra las partes involucradas. La AEE se encuentra en bancarrota con una deuda de más de $ 8 mil millones, y los acreedores “pueden tener motivos para reclamar por los daños causados por la mala gestión y corrupción de la AEE” en las prácticas de adquisición de petróleo descritas. El informe también describe una “supresión sistemática” de denunciantes.

Por último, sugiere el que si en efecto Puerto Rico se mueve a adelantar la construcción de más fuentes de energía renovable, según lo establece el plan fiscal de la AEE certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), una consecuencia positiva involuntaria sería que se “afloje el agarre corrupto que tiene el sector de combustible fósiles sobre la AEE”.

A las y los puertorriqueños ni la lucha ni la perseverancia nos es ajena. En ese espíritu, el Movimiento 20 de septiembre: A descolonizar nuestra Nación, se propone llevar a cabo, los días 20 de cada mes, una manifestación en el Puente Dos Hermanos, llamado ahora también, el Puente de las Mujeres, con el fin de lograr que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG ONU) atienda el caso colonial de Puerto Rico. La iniciativa, convocada en primera instancia por el exprisionero político Oscar López Rivera, dio inicio este viernes 20 de julio, a las cinco de la tarde; simultáneamente otro grupo hizo lo propio en la ciudad de Chicago.

En un acto simbólico, Josefina Pantoja, portavoz de la iniciativa del grupo de mujeres que por cuatro años consecutivos se manifestó todos los últimos domingos de mes en el Puente Dos Hermanos a favor de la excarcelación de López Rivera, hizo un paso de batón a este nuevo esfuerzo, a la vez que destacó la alegría, el colorido y las consignas que caracterizaron la manifestación de las mujeres cada domingo. “¡Qué mejor causa que volver aquí para la causa más importante, la soberanía!”, expresó Pantojas al llamado de López Rivera al 20-9.

“Todas y todos se preguntarán por qué el 20.9. Y es en honor a toda aquella población invisible para los que ostentan el poder, que son víctimas de la indiferencia criminal y negligencia, tanto del gobierno de Puerto Rico, como de los Estados Unidos, en atender sus necesidades básicas de techo, agua, comida, servicios médicos, entre otros derechos humanos fundamentales, tras el azote del huracán María, el pasado 20 de septiembre de 2017”, declaró, a los presentes el licenciado Fermín Arraiza Navas, portavoz del 20-9.

El paso del huracán María, dejó al descubierto la pobreza, denunció la crisis fiscal por la que atraviesa el país y desenmascaró la imposición de una junta de control fiscal por el gobierno de Estados Unidos, que se ha dado a la tarea de desmantelar los servicios básicos con el propósito de que Puerto Rico pague una deuda “que en última instancia pertenece al Congreso de EE UU”.

Arraiza Navas puntualizó que la crisis de desigualdad social que vive el País y la violación de nuestros derechos humanos fundamentales está vinculada de manera intrínseca a la situación colonial, y expuso que la única solución es la descolonización por virtud de la Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a Todos los Pueblos y Países Coloniales (Resolución de la AG ONU 1514). Añadió que el 22 de diciembre de 1988, la AG ONU aprobó la Resolución ARE43/47, Derecho Internacional, para la eliminación del colonialismo, con la que declaró la década de los 90 el decenio para erradicar el colonialismo. “Sin embargo, a casi 30 años de aquella declaración, y tras 120 años de coloniaje estadounidense, Puerto Rico sigue siendo colonia de los Estados Unidos de América, privando a las puertorriqueñas y puertorriqueños de proclamar su autodeterminación e independencia”.

La manifestación, que duró una hora, contó con la participación de la portavoz de la Mesa de Trabajo Ana Belén Montes (MTABM), Miriam Montes Mock. Al igual que otras organizaciones, la Mesa de Trabajo de Ana Belén Montes depuso el pasado mes de junio en las vistas del Comité de Descolonización de la ONU. En referencia a lo que describió como el reto lanzado por López Rivera, de pasar de la contemplación a la acción, recordó las palabras de la intelectual Nilita Vientós Gastón, de que la disidencia es la actitud necesaria para encaminarnos a una vida democrática y a una esfera pública no excluyente.

La portavoz de la Mesa de Trabajo de Montes, repasó que en hoy, en pleno siglo XXI, existen gobiernos que violan los derechos humanos de sus residentes; pero también que hay disidentes a quienes el estado castiga con la cárcel o el exilio. En esa línea apuntó que el caso de Ana Belén Montes es el de una disidente que estuvo en desacuerdo con la política de agresión del gobierno estadounidense hacia el pueblo cubano. “Su disidencia tomó forma de solidaridad hacia el pueblo agredido”.

En tanto, la portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Nina Droz Franco, licenciada Mariana Nogales Molinelli, manifestó, “en este espacio reafirmamos el compromiso con la defensa de Nina Droz y todas las personas que han sido procesadas el 1 de mayo de 2017 y de 2018, y otros eventos”. La portavoz del Comité hizo el compromiso de estar todos los 20 de mes en reclamo por la descolonización.

En un aparte con CLARIDAD, preguntado sobre sus expectativas respecto a cuánto tiempo tomará este esfuerzo al compararlo con los cuatro años que estuvieron las mujeres reclamando en el puente su excarcelación, López Rivera reaccionó: “Yo espero que sean más o menos los mismos logros, porque cuando se lucha –y cuando se lucha por causas justas y nobles–, siempre existe la posibilidad de lograr las metas, y yo creo que la descolonización de Puerto Rico la lograremos”.

El luchador independentista, que estuvo 35 años en prisión, apeló a que si se mira bien la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas aman a Puerto Rico, a nuestra cultura, nuestra identidad, lengua y forma de ser “así que definitivamente somos la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Si nos unimos y luchamos, podemos hacer que Puerto Rico sea una tierra, una nación libre y soberana, podemos hacerlo como las mujeres lo hicieron en este puente”.

En particular, dijo que le gustaría ver en la manifestación a la juventud puertorriqueña, dado que el futuro de toda sociedad está en las manos de la juventud, y va a ser esa juventud la que va a sufrir las consecuencias de la política de hoy día. Respecto a las razones de por qué todavía el caso de Puerto Rico no ha llegado ante el pleno de la ONU, y si se debe al cabildeo en contra por parte del gobierno de EE. UU., López Rivera, quien fue uno de los deponentes en las vistas del CD el pasado mes de junio, lo atribuyó a que en la ONU las naciones capitalistas, que tienen mucho capital, están unidas. Estas tienen también sus colonias, por lo que son las fuerzas económicas del capital las que verdaderamente deciden lo que va a pasar en el mundo. No obstante, expresó confianza en que la mayoría de las de las personas en el mundo estén inconformes y quieran un mundo mejor y más justo “Yo creo que la descolonización es ese primer paso en movernos hacia un mundo más justo, y creo que, no importa las posiciones que tome Estados Unidos, eventualmente la mayoría triunfará”.