Hace algún tiempo un amigo librero –librero de verdad, de los que no meramente venden sino de los que, por vocación, viven en el mundo del libro– contaba que en las ferias que regularmente se celebran en distintas ciudades del mundo solía reunirse con editores, pero que ahora éstos han sido sustituidos por contables. En otras palabras, la negociación entre las librerías y las casas editoriales ha sido despojada de su contenido intelectual. Sólo queda el esqueleto contable.
La buena contabilidad es necesaria. Nadie debe dudarlo. El problema se suscita cuando la cuantificación útil se transforma en culto enajenante. Entonces, proliferan unas métricas –palabra de moda que esconde más de lo que revela– que colocan en entredicho la existencia de muchas instituciones y amenazan la calidad de nuestras vidas.
Valga citar, aunque sea de pasada a manera de ejemplo, al sistema de salud que tenemos en Puerto Rico. En éste los protagonistas no son los pacientes ni los proveedores de servicios, sean oficinas médicas, farmacias, laboratorios u hospitales. Puesto que se le otorga más peso al proceso de intermediación que a lo “intermediado”, el papel protagónico lo asumen las aseguradoras. En tal orden los diagnósticos médicos quedan supeditados a las métricas que estas empresas juzguen pertinentes. En no pocas instancias, sea el plan público o privado, el “criterio clínico” que prevalece lo dicta el estado financiero de la aseguradora en lugar del estado de salud del paciente. Se trata de un sistema cuyas fallas se han tornado difíciles de ocultar.
La crisis económica, el problema de la deuda y la insuficiencia fiscal han puesto de moda métricas orientadas por políticas de austeridad. Se invocan constantemente en todos los campos del quehacer público: salud, educación, seguridad social, infraestructura… El “diálogo” entre el Ejecutivo y la Junta de Supervisión (Control) Fiscal ha girado eminentemente en torno al cumplimiento –o incumplimiento– con susodichas métricas, sobre todo las referentes al Plan Fiscal. Lo paradójico es que la multiplicación de métricas ha estado acompañada de falta de transparencia en la información, lo que abona al estado de incertidumbre en que vive el País. Con los efectos del huracán María –desplome infraestructural y acentuación de la emigración, de la contracción económica y de la insuficiencia fiscal– tal incertidumbre ha cobrado dimensiones críticas. Además, todo esto contribuye a sumar otras métricas ante el imperativo de otro Plan Fiscal en el marco de una nueva situación, provocada por María, en la que han desaparecido las certezas.
Por cierto, cabría preguntar qué métricas usó la Junta para establecer los descomunales salarios y beneficios de su Directora Ejecutiva y de otros de sus funcionarios. Quizás, análogas a las utilizadas por el Gobierno para definir las compensaciones de algunos miembros del Gabinete. No se encuentran comparables en el mundo desarrollado; mucho menos en países pobres y en crisis económica como el nuestro que, para colmo, acaba de ser azotado por un huracán de categoría máxima. ¡Hasta que extremos puede llegar la insensibilidad! De lo que no cabe duda es que se trata de métricas muy diferentes a las que inspiran los reclamos de austeridad cuando se trata de empleados públicos, estudiantes, enfermos, ancianos, niños de educación especial, pensionados…
El sentido de la palabra “austeridad” y de las métricas que la resumen ha quedado encajado en una estrecha acepción neoliberal que provoca que cada vez que se invoca cobra la forma de obstáculo al desenvolvimiento del País. No se usa para significar políticas de estímulo al ahorro para orientarlo hacia inversiones productivas, tan urgentes en este momento. Tampoco se interpreta como la sustitución del gasto frívolo por el gasto necesario. Todo lo contrario: se reduce el buen gasto mientras, descaradamente, continúa el malgasto. No supone eficiencia y pulcritud ni por el lado del gasto público ni por el de la recaudación. No sirve para definir una verdadera reforma fiscal que amplíe la base tributaria de suerte que cada individuo y cada empresa pague lo que en justicia le corresponde y el Gobierno responda con los servicios y estímulos que requiere el desarrollo. Lo peor es que no se orienta hacia la forjación de una sociedad educada, sana, productiva y libre sino grosera, glotona, dependiente y subordinada.
¿A qué se reduce entonces la austeridad? En síntesis, se traduce en claudicación de la responsabilidad pública. Por ello las métricas favoritas nos remiten a reducciones presupuestarias, entiéndase contracción de servicios, de nómina, de salarios, de pensiones… Se presume que con la reducción del gasto público se abrirá un espacio a la empresa privada que tendrá el efecto de estimular a la economía. Pero lo que suele suceder es que languidecen tanto el sector público como el privado. El cuadro se complica cuando se degenera en un malabarismo en el que la mano izquierda castiga con insensibilidad social mientras la mano derecha premia con generosos contratos en los que asoma la fea cabeza de la corrupción, la de aquí y la de allá. Tal degeneración, de larga historia, ha cobrado particular notoriedad tras el azote de María. El notorio incidente contractual con la empresa Whitefish es solo una muestra de lo que contiene la quincalla.
En los nuevos planes fiscales tras María, concretamente en el de la Autoridad de Energía Eléctrica, se recurre, como en el pasado, a la modalidad de la privatización. Por un lado, el gobernante confía salvarse políticamente con el “lavado de manos” –viejo truco– que presume la misma; por otro lado, abre el apetito del lucro privado. Ya veremos métricas inspiradas en tal juego de claudicaciones.
Por estos caminos Puerto Rico continuará desdibujándose: se acentuarán la contracción económica, el desempleo, la desigualdad, la descomposición social y la emigración. En realidad, si las cosas se han hecho mal en tiempos supuestamente buenos, resulta ilusorio suponer que se harán bien en tiempos indiscutiblemente malos sin que haya verdaderos cambios de rumbo que nos liberen de las métricas perversas.
