Mientras portavoces del sector privado avalan el regreso del ingeniero José Ortiz a la Autoridad de Energía Eléctrica, para el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) Ricardo Santos, el nombramiento de Ortiz, es “un tributo a la corrupción”.
Así como se dieron en veloz carrera las renuncias del director ejecutivo de la AEE Walter Higgins, de los cinco miembros llamados “independientes” de la Junta de Gobierno (JG) y, con ellas, la del breve designado director ejecutivo Rafael Díaz Granados, la nueva Junta aceptó la recomendación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de nombrar a José Ortiz, director ejecutivo de la AEE. Tras la renuncia de la mayoría de los miembros de la JG, el gobernador nombró a Elí Díaz Atienza (director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) para la presidencia y al ingeniero Ralph Kreil Rivera, para la vicepresidencia. Esta “nueva” JG de la AEE quedó integrada por sus designados y los dos miembros que no renunciaron: Christian Sobrino, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF) y su asesora en Desarrollo e Infraestructura, María Palau.
El nuevo director ejecutivo –el quinto en año y medio–, comenzó sus funciones este lunes 23 de julio con un salario de $250 mil al año, más beneficios marginales. Aun cuando no son los $450 mil de Higgins, ni los $750 mil de Díaz Granados, el sueldo de Ortiz es uno de los más altos en el Gobierno de Puerto Rico.
El expresidente de la UTIER expresó en entrevista que el nombramiento de Ortiz había que mirarlo con “gríngolas” en el sentido en que si se comparaba con el de Higgings o el de Díaz Granados, “pues, definitivo, el pueblo completo gritaría cualquiera, menos esa gente”. No obstante, denunció que el nombramiento de Ortiz era “un tributo a la corrupción. Su paso por la AEE fue nefasto; es el responsable de que la energía renovable en Puerto Rico no se haya desarrollado de forma ordenada”. Se refiere a que el ahora director ejecutivo fue presidente de la JG de la AEE, primero bajo el cuatrienio de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, y luego, bajo el de la administración de Luis Fortuño, del 2011 al 2013.
Santos atribuyó como legados de Ortiz a la AEE: un monumento a la corrupción que está sembrado en la Avenida Kennedy, sector Bechara y un molino de $5 millones, que costó más de un millón instalarlo, sin que haya generado un solo kilovatio de energía eléctrica. El supuesto propósito de su instalación, dijo, era energizar la planta de tratamiento de aguas usadas de la AAA, que está ubicada en ese sector.
“Eso no se queda ahí, en el almacén 5 de Palo Seco, está tirado en el patio el hermano de ese molino, que también costó otros cinco millones y está cogiendo agua, sol y sereno; está enmoheciendo allí en el almacén, producto de la inversión de Ortiz como presidente de la JG”.
Santos fue enfático al denunciar y atribuir al ingeniero Ortiz ser el promotor de una cantidad de proyectos de energía renovable en la AEE que no llegó a nada. Apuntó que Ortiz viene como un intercesor, en lo que finalmente un ente privado toma control total de la AEE; sino es que antes las autoridades federales asumen posesión de la AEE, “que es lo que yo creo que eventualmente va a pasar”.
Cuestionado sobre si consideraba que en el País hay profesionales que no tengan un pasado nebuloso y que estén capacitados para dirigir la AEE, el líder sindical acotó que lo primero que hay que tener bien claro es hacia dónde se quiere dirigir a la Autoridad, en un nuevo desarrollo desde la perspectiva del modelo público. Afirmó que sí hay gente con el conocimiento necesario para dirigir a la AEE. Además, sugirió que se debería hacer un triunvirato en el que participen personas como por ejemplo, Juan Alicea y Miguel Cordero, ex directores de la AEE , y profesores del Recinto de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico.
Las denuncias de Santos están confirmadas en el reportaje que este pasado mes de marzo publicó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Fracasa la Fiebre privatizadora de Luis Fortuño, mediante contratos de Energía Renovable, en el que se reveló que, de 60 contratos de energía renovable, concedidos por la AEE bajo la administración de Fortuño, solo 11 llegaron a concretarse. Los contratos se dieron cuando Ortiz ocupó la presidencia de la JG. En el trabajo de la autoría de Eliván Martínez Mercado, se denuncia que fue tanta la presión ejercida por la Oficina del Gobernador en los círculos de poder en la AEE, que el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) la calificó en el 2013 como una intromisión indebida y determinó que se trató de un proceso viciado. (El documento del DJ está accesible en la página del CPI).
Ortiz también presidió el Comité de los Fondos ARRA y la junta de directores de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AFAPP), desde el 2007.
La investigación del CPI atribuyó a la “fiebre privatizadora” de Fortuño, el gastar antes de que expiraran los $7,000 millones de fondos federales de la Ley de Recuperación y Reinversión, (ARRA) asignados en el 2009, para gastos de infraestructura.
Hay que traer también a la atención que, como secuela de la otorgación por Ortiz de los contratos de energía renovable, el vice presidente de la JG, José Pérez Canabal, fue acusado de fraude y conflictos de intereses en el 2012. Aun cuando Pérez Canabal renunció a la JG, los rumores en aquel entonces fueron que fue el gobernador Fortuño, quien le solicitó a Ortiz que le pidiera la renuncia a Pérez Canabal. No obstante, los cargos contra Pérez Canabal no prosperaron en el tribunal y fueron desestimados en el 2015.
En tanto, este miércoles 25 de julio, se supone que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE UU, Rob Bishop, lleve a cabo una audiencia pública respecto a la influencia política en la AEE. Según declaraciones, no se descarta que se tome una “solución legislativa” sobre la AEE. El gobernador fue citado a declarar en la vista. Es de conocimiento público que el congresista republicano está alineado con los intereses de los miembros de la industria de combustibles fósiles.
