«Are you Spanish?” Esa pregunta, cuya traducción literal es “¿eres español?”, es una de las que más aborrezco desde que vivo en el norte anglo.

Además de que es un disparate, ya que técnicamente te preguntan si eres el idioma español, la utilizan los gringos para toda aquella persona que habla esta lengua. Más bien se usa para referirse a los latinos y latinas.

Siempre respondo que “no, soy puertorriqueña’, a lo que me contestan, “eso mismo”. Dependiendo de la persona que haga el comentario, y de la circunstancia, le refuto, que no es lo mismo y le explico porqué. En otras instancias, simplemente doy una falsa sonrisa, de esas que solemos brindar cuando queremos decir jódete, pero no es “politically correct” pronunciar una palabra soez.

Entonces, una se pregunta: ¿por qué todo el tiempo se tiene que clasificar y categorizar ‘al otro’? ¿Por qué se les hace tan difícil decir latinos o hispanos?

En la mayoría de los casos es parte del racismo que está calado en la psiquis de los estadounidenses, que a veces es adrede, hiriente, y en otras es inconsciente, pero siempre igual de ofensivo.

Y no es que una quiera ser más papista que el Papa, pero hay que tener las cosas claras.

Es una vagancia insultante. Porque es el reducir a las millones de personas pertenecientes a 20 países diferentes del mundo, y a su descendencia, a una sola característica: que hablamos español. Es decir que todos somos lo mismo, que la cultura, las costumbres, los orígenes étnicos, la idiosincrasia de toda esta gente es igual. Que un ecuatoriano es igual que un chileno, que una guatemalteca es igual que una dominicana; incluso que un colombiano es igual que un brasileño, aunque el último ni siquiera hable la lengua de Cervantes. Pero ni hablar de si alguien tiene la osadía de confundir a un estadounidense con un canadiense, porque rápido se les pone el falso patriotismo americano ‘born in the USA’ a flor de piel.

A veces hasta lo dicen creyendo que te brindan un cumplido y que una le agradecerá el comentario. “Wao, eres tan sigilosa que pareces una ‘Spanish Ninja’”, me dijo un compañero de trabajo. “Quiero que me enseñes a hacer habichuelas como una ‘real Spanish girl’”, me dijo una amiga gringa un día.

Cuando el comentario viene de un afroamericano, es diferente. Me choca porque lo hace una persona que pertenece a un grupo que sufre a diario injusticias en su contra, solo por el color de su piel. Una pensaría que serían más solidarios y no que repetirían el disparate de los blancos.

Esta nefasta manía no es nueva. Allá para cuando mi santa madre estudiaba su bachillerato en los 1960, en una universidad de Indiana, una amiga le regaló un magneto que leía “Kiss me, I’m Spanish” (Bésame que soy español). Cuando mi mamá llegó a Puerto Rico con su colorido magneto, mi abuelo (QEPD), prácticamente le arrebató dicho objeto y lo botó furioso, por la gran ofensa.

Pero la cosa se pone peor. En estos momentos la sociedad estadounidense adoptó la palabra con tal naturalidad que quiere obligar a que los hispanos y latinos nos identifiquemos y asimilemos dicho término.

Claro, sin tener que entrar en teorías de conspiración, me reafirmo que todo esto se debe al racismo desmedido, que ahora es validado por el presidente de turno. Porque desde noviembre de 2017, en el que por desgracia el millonario empresario Donald John Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos, he sentido un cambio dramático en las miradas incómodas de la gente cuando voy al supermercado o a la farmacia y hablo español con mi crío.

Y es que en tiempos en que una de las promesas de campaña del gobernante es construir un muro entre los Estados Unidos y México, y para colmo, que lo paguen los vecinos del sur, es difícil no pensar en los atropellos contra los hispanos.

En momentos en que las autoridades federales dividen las familias de inmigrantes y le arrebatan a los niños y niñas a sus padres, para encerrar a los pequeñines en cárceles, que asemejan jaulas, y relocalizarlos lejos de sus progenitores, es duro no llorar de frustración.

En días en los que un hombre, identificado por medios estadounidenses como el abogado neoyorquino Aaron Schlossberg, amenaza con llamar a ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) porque había unos empleados hablando español y asumió que los trabajadores eran indocumentados, es imposible no sentir ira.

“Tus empleados están hablando español a los clientes, cuando deberían estar hablando inglés. Esto es Estados Unidos”, dijo Schlossberg en el video al gerente del restaurante. “Si tienen los huevos de venir aquí y vivir de mi dinero, yo pago por su bienestar, yo pago para que puedan estar aquí, lo menos que pueden hacer es hablar inglés”, continuó diciendo visiblemente alterado.

El incidente fue grabado con un teléfono celular y ampliamente difundido. El video generó una avalancha de reacciones en las redes sociales y muchos usuarios calificaron de “racista” e “intolerante” al protagonista del mismo. Hasta el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, escribió en Twitter que la fuerza de la ciudad es “su diversidad”, agregando que era el hogar de personas que comparten más de 200 idiomas.

Y para mi gran sorpresa, no son solo los latinos y latinas los que sufren atropellos por hablar castellano. Ingenuamente pensaba que los españoles por ser europeos no eran tratados así. Varias personas de mi familia me corrigieron y me explicaron que los oriundos de la península ibérica también son maltratados, pero claro, porque cuando hablan español, la gente ignorante piensa que son inmigrantes latinoamericanos.

Por eso creo en la lucha, en el activismo y en educar a la gente. Hay demasiada ignorancia atrevida, que anda realenga y sin encomendarse a nadie.

Cuando les confirmo a los gringos que sí hablo español, pero que soy de Puerto Rico, muchos me responden que “me encantaría hablar otro idioma. Tomé clases de español en ‘high school’, pero no me acuerdo de nada; solo sé decir ‘hola’”. A lo que respondo “nunca es tarde para aprender. Hazlo, y así podrías practicar conmigo”, con una sonrisa altiva.

En los Estados Unidos viven actualmente 56.5 millones de hispanos, según el Pew Research Centre y de acuerdo con los cálculos del Instituto Cervantes, el 18% de los habitantes de Estados Unidos habla español.

Hablar español en los Estados Unidos en estos momentos es un ejercicio de afirmación, de orgullo. Es un acto de rebeldía que continuaré con temeridad.

No es arriesgado decir que la crisis política, social y económica que vive la sociedad puertorriqueña es la más compleja de su historia. Pero tampoco es arriesgado decir que las posibilidades que tiene el país debido a sus niveles educativos, a las capacidades productivas de su población y a la riqueza extraordinaria de su cultura, son también únicas en su historia. Al deterioro económico de la mayoría de la población se añade la caída total de los disfraces que la dominación imperial colgó sobre la sociedad durante décadas con la colaboración efectiva de los políticos locales de los dos partidos de gobierno. Hoy al imperio se le ve su verdadero rostro a través de su propia división de poderes: judicial, legislativo y ejecutivo. Por consiguiente, la crisis en Puerto Rico pone en tensión la fragmentación y la desmoralización, por un lado, y la indignación y la urgencia de buscar alternativas, por otro lado. No resulta nada fácil endulzar la colonia, aun después del huracán y con la expectativa de decenas de miles de millones de ayuda federal, mientras sobre la cabeza de un movimiento anexionista mediocre y sin imaginación, se sienta el poder arbitrario de la Junta de Control Fiscal.

Una mirada sobre lo que ha sucedido con el empleo en Puerto Rico resulta aterradora por donde quiera que se lleve a cabo. Recientemente el Departamento del Trabajo ofreció datos sobre el empleo total no agrícola, que ha disminuido consistentemente desde 2006 hasta 2017. En 2006 la cifra ofrecida es de 1,045,200 personas, mientras en 2017 el total fue de 871,400. Según estos números, entre 2006-2017 se han perdido 173,000 empleos. Sin embargo, otras fuentes, como los informes económicos al gobernador, nos dicen que el grupo trabajador, que incluye empleados y desempleados, bajó de 1,415,000 en 2007 hasta 1,120,000 en 2017. Es decir, 295,000 personas menos formaron parte del grupo trabajador entre 2007-2017. Una reducción escandalosa como la anterior se dio mientras la población de la isla perdió 400,000 personas entre 2008-2017. Pero tenemos un gobernador que rebosa optimismo. Recientemente apareció ante la prensa con el director del Departamento del Trabajo anunciando una reducción histórica del desempleo en Puerto Rico por debajo del 10%.

Lo único escandaloso en Puerto Rico no es la dimensión de la crisis y sus efectos en una población mayoritaria empobrecida. Al mismo tiempo que grandes sectores del país ven amenazado su bono de navidad, los días de vacaciones, los días de enfermedad, sus pensiones, hasta los mismos derechos a tener un sindicato, una minoría de ejecutivos obtiene salarios en el sector público nunca antes visto en Puerto Rico. Una Natalie Jaresko con más de $600,000 al año, un Walter Higgins con $490,000, un Joel Zamot con más de $300,000, y otros como Héctor Pesquera, Julia Keleher, Jorge Haddock, etc., con más de $200,000. La espuma de los salarios desorbitantes ascendió recientemente hasta provocar un asomo de dignidad en la Legislatura cuando el flamante Díaz Granados fue nombrado director de la AEE con un sueldo de $750,000 al año. Al fin y al cabo era bastante menos que el casi millón de dólares que una vergonzosa Junta de Gobierno de la AEE negoció con Walter Higgins otorgándole unos bonos de productividad que doblaban su salario. Con la salida súbita de Díaz Granados y la llegada de José Ortiz a la dirección de la AEE, parecería que reinó la vergüenza. Sin embargo, José Ortiz, con su salario de $250,000 al año se está ganando $80,000 más que Justo González, el director interino de la AEE antes de llegar Walter Higgins.

Todo este baile indecoroso de privilegios ejecutivos contrasta con el implacable empobrecimiento de decenas de miles de personas. En cierta medida, se trata de un síntoma que pone al descubierto algo que pasa con menos visibilidad en la economía: la intensa polarización de la riqueza que se ha fortalecido de forma alarmante durante las últimas tres décadas de política económica neoliberal. Desde el punto de vista del bienestar del país, de las condiciones de vida de su población, y de los índices principales del crecimiento económico, el neoliberalismo ha sido un fracaso estruendoso en Puerto Rico. Algo que no debe sorprender debido al marco colonial específico en que ha operado esta política irreflexiva e irresponsable que se ha impuesto en la isla. No todo es amargura, claro está, una minoría local y extranjera ha tenido su fiesta. Aun cuando la llamada manufactura ha perdido más de 50,000 empleos entre 2007-2017, ha podido exportar más de $350,000 millones en ganancias.

Hemos repetido durante años que esta política neoliberal desembocaría en un proceso de recolonización de Puerto Rico. Incluso caractericé la política anexionista de Luis Fortuño (2009-2013) como la caja vacía de la estadidad. El descalabro económico de Puerto Rico no puede disociarse de su condición colonial ni de los efectos violentos del neoliberalismo con sus privatizaciones y desreglamentaciones. La presencia de la Junta de Control Fiscal y la intervención colonial directa, ya sin disfraces, del Congreso estadounidense es consecuencia de la política de los dos partidos de gobierno de la isla. El resultado tiene aspectos grotescos que recuerdan el gobierno militar estadounidense de fines del siglo XIX y principios del XX. La privatización de la AEE, una propiedad pública principal, incluye ya gestiones directas del Congreso, la Comisión Federal de Energía, FEMA, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. ¿Cuánta voluntad le queda a los políticos domesticados de la colonia? La entrega local no basta, sin embargo, para esconder totalmente lo que ha adquirido una dimensión de expropiación de una riqueza pública. Claro, al no haber resistencia en el gobierno, la expropiación se hace con la oscura tinta de la ley, de la misma forma que se expropiaron las tierras agrícolas a principios del siglo XX: bajo las sagradas normas del mercado.

Hay otro síntoma de la crisis que es necesario destacar. El presupuesto consolidado del gobierno para el año fiscal 2018 fue de $25,569 millones. El presupuesto consolidado para este nuevo año fiscal ha descendido a $20,663 millones. Nunca antes se había visto una reducción de esta magnitud: $4,906 millones menos. El presupuesto consolidado será 19% más pequeño. La violencia económica y política de estos movimientos de enorme magnitud se sentirán con mayor agudeza en los sectores asalariados del país y en las comunidades pobres que verán nuevas limitaciones en los servicios del gobierno: educación, salud, transportación, entre otros. ¿Qué hacer ante una crisis que sigue profundizándose?

Un aspecto imprescindible es salir del aislamiento. La fragmentación y el individualismo son efectos del mercado y de la política que lo favorece. Hay que construir espacios públicos de diálogo, espacios de solidaridad comunitaria. La ilusión y la esperanza no se construyen en la soledad, necesitan de la imantación del espacio público. Se alimentan de la solidaridad. Débiles como están, los sindicatos podrían cumplir una función destacada si abren sus puertas al pulso comunitario y captan que el diálogo abierto y franco, sobre el terreno de una crisis común, podría debilitar los viejos sectarismos. La debilidad sindical se podría transformar si los sindicatos se convierten en un espacio de convergencia para el pueblo golpeado. No se trata ya de retórica: es una cuestión de vida o muerte, un asunto serio que tiene que ver con la sobrevivencia de nuestro pueblo.