En pocas ocasiones hablo de política en mis escritos deportivos, pero siento que en esta ocasión es necesario pues las políticas migratorias a nivel de todos los Estados Unidos podrían tener un efecto inmediato que ya se están viendo reflejados y podrían recrudecerse en los próximos días y semanas.
Aunque para muchos el tema de la emigración nada tiene que ver con el deporte nada es más lejos de la verdad.
En Puerto Rico ya se vio el primer daño colateral con la cancelación de la copa Unión Antillana de Beisbol que estaba supuesta a celebrarse el próximo mes en Aguadilla, pero, tanto Cuba como República Dominicana manifestaron que no estarían presentes lo que hace el torneo académico.
En varias semanas se espera que se lleven a cabo la tercera ventana FIBA con juegos de locales de Puerto Rico frente a los Estados Unidos y Cuba. Las nuevas políticas ponen en duda que a Cuba se le otorguen los permisos necesarios para competir aquí el próximo 23 de febrero.
En el 2026 se espera el añorado retorno del Clásico Mundial de Beisbol a Puerto Rico donde Cuba sería la atracción principal junto a nuestro equipo, cualquier interferencia del gobierno de Trump pudiera afectar el esperado evento.
Si quedase dudas, otros deportes también se pudieran ver afectados.
Desde hace varios años la compañía promotora de boxeo de Miguel Cotto llegó a un acuerdo para realizar carteleras en República Dominicana . Como parte del acuerdo esto le dio paso a que boxeadores dominicanos vengan a pelear en las carteleras de boxeo Caliente que Cotto presenta en diferentes áreas de Puerto Rico. Crear un pánico donde la comunidad dominicana que se presenten a las carteleras tema a que podrían ser arrestados debido a su estatus migratorio, afectaría el resurgir de las 21 carteleras que tuvo el boxeo en el 2024.
Por otra parte, no olvidemos que nuestra liga de Voleibol y la de Baloncesto Superior por años se han nutrido de jugadores refuerzos de países como Venezuela y República Dominicana por mencionar algunos, para mejorar su nivel competitivo.
Un posible caos para que se les concedan los permisos a jugadores de esos países le podría hacer un daño irreparable a la liga, Eso sin contar las aportaciones que hacen estas comunidades tanto en mano de obra como con su asistencia y apoyo a los torneos locales.
No hay duda de que las implicaciones de las políticas racistas del presidente de Estados Unidos se extienden a todos los niveles de nuestro diario vivir y el deporte no es la excepción.
Sombra Mujer Inmigrante
Las mujeres dominicanas representan el 58% de la población del total de inmigrantes dominicanos en Puerto Rico.
Foto por Nahira Montcourt | Centro de Periodismo Investigativo
El miedo a ser deportadas coloca a las mujeres migrantes en mayor vulnerabilidad, a pesar de que son quienes sostienen algunas de las comunidades del país, resalta la trabajadora social Elithet Silva Martínez.
Por Génesis Dávila Santiago y Cristina del Mar Quiles | Unidad Investigativa de Género
Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, que implementó el presidente Donald Trump en su primera semana de vuelta al poder, aumentan la situación de vulnerabilidad que enfrentan las inmigrantes en Puerto Rico.
Las mujeres dominicanas representan el 58% de la población del total de inmigrantes dominicanos en la Isla, según el estudio Quisqueya en Borinquen: Un perfil socioeconómico de la población dominicana en Puerto Rico 2023.
A pesar de que la población de mujeres dominicanas en la Isla ha alcanzado un nivel de educación mayor al que consiguió las pasadas dos décadas, ahora son más pobres que antes y la brecha salarial, en comparación con los hombres dominicanos inmigrantes y con el resto de la población, amplió el estudio.
A estas dificultades, aquellas que no tienen regularizado su estatus migratorio, enfrentan ahora una amenaza de ser perseguidas y deportadas, o de lidiar con la deportación de algún familiar o allegado, incluso cuando su inserción en el país implica un beneficio para las comunidades que habitan.
Suman, al menos, ocho las órdenes ejecutivas que afectan directamente a las poblaciones de inmigrantes en Puerto Rico y Estados Unidos.
De las personas que detenidas tras el operativo del domingo, 26 de enero, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), 11 inmigrantes, en su mayoría mujeres, aceptaron salir voluntariamente de Puerto Rico con la intención de evitar un récord criminal que les impida regresar, según dijo el cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, César Cedeño Ávila, en entrevista con El Nuevo Día.
“Muchas de estas mujeres, a través de su trabajo, sostienen a nuestras familias, sostienen a nuestras comunidades, sostienen todos los espacios de convivencia. En Puerto Rico, son parte de nuestra comunidad y así les debemos nombrar”, destacó la catedrática en Trabajo Social Elithet Silva Martínez
Como ejemplo, Silva Martínez mencionó que, cuando las mujeres migrantes se dedican a trabajos de cuidado de infancias, adultos mayores, u hogares, otras mujeres pueden salir a la calle a trabajar.
“Cuando se exacerban políticas o acciones antiinmigrantes desde los gobiernos, personas que ya pueden estar vulneradas por sus distintas subjetividades — ya sea por su género, la racialidad, el estatus migratorio — las situaciones en las que se encuentran se agudizan mucho más”, subrayó.
Entre los retos que pueden enfrentar las mujeres migrantes con operativos como el del domingo, cuando agentes de ICE realizaron un operativo en Barrio Obrero, Santurce, y detuvieron a varios migrantes, se incluyen desistir de solicitar una orden de protección por temor a ser detenidas, temor a denunciar una relación violenta por amenazas de su pareja con la deportación y falta de pagos o pagos incompletos en sus empleos bajo la amenaza de que no pueden hacer nada y que serán denunciadas.
“La condición de violencia no solamente se exacerba, sino que se perpetúa y las pone en una posición de mucho riesgo y de impunidad ante la situación que ellas experimentan”, afirmó Silva Martínez para luego destacar que no se le debe llamar “ilegal” a ninguna persona con estatus migratorio irregular.
La doctora Elithet Silva Martínez es catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y coeditora del libro Narrativas de lucha: mujeres inmigrantes y violencias de género en Puerto Rico. Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas | todaspr
La precarización antes de las nuevas amenazas
Aun antes de la crisis que crean las nuevas políticas migratorias que ejecuta el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, las migrantes dominicanas en Puerto Rico ya habían visto sus condiciones en la isla empeorar en los años recientes.
El salario anual promedio de una inmigrante dominicana empleada a tiempo completo en Puerto Rico para 1999 era de $28,565, muy similar al del resto de la población de mujeres en la isla, aunque unos $2,000 por debajo del de los inmigrantes dominicanos hombres y $6,000 menos que los otros hombres.
Para el período de 2016 a 2020 ese ingreso se redujo 13% y, como consecuencia, la brecha salarial entre mujeres y hombres dominicanos habitantes en Puerto Rico se ensanchó, según revela el estudio Quisqueya en Borinquen.
La investigación del Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) cuenta con la autoría de su directora, Ramona Hernández; el profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York Francisco L. Rivera Batiz, y de Sidie Siday, investigador del instituto.
De acuerdo con la doctora Hernández, las mujeres conforman la mayoría de la inmigración dominicana en Estados Unidos y en países de Europa. Sin embargo, estimó que la de Puerto Rico es la mayor.
El estudio establece que en dos décadas, solo mejoró, levemente, el salario anual promedio para las mujeres en Puerto Rico, con un aumento de apenas $1,670. Mientras, se redujo para todas las demás personas residentes aquí. Para 1999, el salario anual promedio de la población de hombres era de $34,891 y se redujo a $33,269; y el de los hombres dominicanos cambió de $31,120 a $30,328.
Los investigadores señalaron que el impacto de la crisis económica en Puerto Rico, los huracanes, terremotos y la pandemia por el Covid-19 ha sido aún mayor entre la población dominicana en Puerto Rico. Pero, de todos los grupos, el de las mujeres dominicanas presentó la mayor reducción.
De acuerdo con la investigadora Hernández, la discriminación por el color de piel, el origen étnico y el género, sumada a estatus migratorios irregulares y a una crisis económica que históricamente golpea con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerabilizadas, tienen que ver con la precarización de las vidas de las mujeres dominicanas en Puerto Rico que muestra el estudio.
Aunque las mujeres dominicanas tienen una tasa de participación laboral alta, de 55.7% — en comparación con 73.7% entre los hombres dominicanos; 50.5% del total de la población masculina, y 39.7% del total de la población femenina —, tienen también la tasa de desempleo más alta: 19.8%.
La situación económica de las mujeres dominicanas en Puerto Rico contrasta con la promesa de la movilidad social de la educación, pues representan el grupo de mayor progreso educativo en los últimos 20 años. Para el 2000, el 24% de las mujeres dominicanas en Puerto Rico tenían un bachillerato, grado asociado o alguna educación universitaria, en comparación con el 23% de los hombres dominicanos inmigrantes. Esa cifra incrementó a 37.6% para las mujeres dominicanas y a 30.4% para los hombres dominicanos.
Empleadas en los sectores con menor remuneración
Una de las explicaciones a esta precarización tiene que ver con el sector en el que se emplean, lo que no puede desvincularse de los roles de género y que también por razones étnicas se les imponen a las mujeres y, más específicamente, a las mujeres dominicanas en Puerto Rico. Y es que, mientras los hombres dominicanos se emplean principalmente en el sector de la construcción, las mujeres dominicanas han encontrado trabajo en el de servicios. Uno es más valorado y mejor remunerado que el otro. De esta manera es que se ha ampliado la brecha salarial entre hombres y mujeres dominicanos en Puerto Rico, quedando la mujer dominicana, cada vez más rezagada.
Por otra parte, el porcentaje de inmigrantes dominicanos empleados por cuenta propia ha aumentado significativamente en los pasados 20 años, de 21.5% en el año 2000 a 37.9% para los hombres, y de 20.9% a 35.5%.
La precarización impacta a las familias y a los más jóvenes
El 33.6% de los inmigrantes dominicanos son parte de un hogar donde la cabeza es una mujer separada, viuda, divorciada o madre soltera. Debido a la desigualdad de género y otras interseccionalidades que confluyen entre la población dominicana, esta situación tiene importantes implicaciones económicas. En este grupo poblacional de personas que dependen solo del salario de una mujer, el 62.3% vive bajo el nivel de pobreza. Entre el resto de la población en Puerto Rico que vive en un hogar liderado solo por una mujer, el 58% están bajo el nivel de pobreza.
El grupo poblacional de 0 a 17 años de dominicanos representa el 75.9% de dominicanos en la isla.
La población de personas que se identifican como dominicanas en Puerto Rico se ha reducido, pero la cantidad de mujeres dominicanas se ha mantenido constante, lo que significa que la mayor reducción ha sido de hombres dominicanos.
Recursos y recomendaciones disponibles para migrantes
Además, el CMD proporciona asistencia a mujeres migrantes en situaciones de violencia de género. Su número es (787) 772-9251.
Por otra parte, Ayuda Legal Puerto Rico publicó en su página, algunas recomendaciones en caso de que agentes de inmigración toquen la puerta de su casa. Entre estas se encuentran:
No abrir la puerta de inmediato y preguntar a la persona quién es y que se identifique como un agente.
Solicitar al agente una orden de allanamiento firmada por un juez o jueza federal. En caso de que este la tenga, que la deslice por debajo de la puerta. Si esa orden no está firmada por un juez o jueza federal, no es válida.
La orden también deberá incluir el tribunal desde el cual se emitió, el nombre de la persona o personas hacia las cuales va dirigida la orden, la dirección a la cual se autoriza entrar y la firma del juez o jueza federal.
Si no tiene la orden de allanamiento, usted tiene derecho a no abrir la puerta de su casa.
La publicación de Ayuda Legal también sugiere que no muestre identificaciones con la puerta entreabierta y que tiene derecho a guardar silencio en todo momento, incluso si los agentes poseen una orden de allanamiento.
Asimismo, recomienda que si, de todas maneras, los agentes entran a la casa, la persona no deberá resistirse y tiene derecho a no contestar preguntas sobre su estatus migratorio, lugar de nacimiento o forma en la que llegó a este país. “Aunque le pregunten directamente, usted NO tiene que contestar”, establece la publicación.
De igual forma, si tiene documentos válidos deberá enseñarlos al agente federal de inmigración, no a la Policía. Recomienda también no firmar documentos sin consultar con un representante legal e intentar grabar la intervención en la medida que sea posible. Finalmente, aconseja no acercarse a aeropuertos ni lugares federales cuando no se tiene un estatus migratorio definido.
Si, por otra parte, los agentes federales llegasen a su lugar de trabajo, la American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU-PR) recomendó las siguientes acciones:
Preguntar si se puede marchar y, de ser así, irse tranquilamente.
*Tiene derecho a no permitir el registro y decir en voz alta que no permite que registren sus pertenencias.
Al igual que Ayuda Legal, ACLU-PR recomienda guardar silencio, grabar la intervención si es posible y, si tiene documentos válidos, mostrarlos.
La falta de un plan que haga valer las leyes existentes y que permita que se utilice el espacio de la manera adecuada han provocado que la utilización de La Parguera, sea un ‘vente tú’, lo que pone en peligro su valor ecológico, señalaron en entrevista el director del Programa Sea Grant, Ruperto Chaparro Serrano, y René Esteves Amador, director de la Extensión Marina, también de Sea Grant, del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM).
Esteves Amador, graduado de Ciencias Marinas, con especialidad en ecología de peces de arrecifes, argumentó que desde la perspectiva de la ecología y biología marina, el área de la Parguera es una de sumo valor porque es donde se encuentra la mayor concentración del sistema de arrecifes de coral de nuestra plataforma insular. Esta alta concentración de arrecifes de coral coincide con espacios de otros dos ecosistemas marinos de sumo valor que trabajan todos de manera conjunta, que son las playeras de sal marina y los bosques de mangle. El área del suroeste de Puerto Rico es donde la continuación de la isla, entiéndase la plataforma insular, se extiende más hacia el mar. Las profundidades que esto ofrece hacen que todo este ecosistema tenga un valor tanto económico como ecológico. Eso es lo que hace a La Parguera un lugar especial.
Otro aspecto que la hace especial es que las áreas de salitrales están asociadas a una variedad de aves migratorias que añaden diversidad y beneficios económicos a la región. El nombre de Parguera viene de pargos, un grupo de peces de la reserva de coral que anidan en el sector, que alberga una alta cantidad de diversidad y abundancia de peces. También habitan los manatíes, las tortugas marinas, el pelícano pardo, los guabairos; diferentes aves, mamíferos marinos y crustáceos, que utilizan la zona. Los corales, a su vez, ofrecen un valor como barrera costera, además de todas las especies, que no solo ofrecen una economía de consumo, sino también recreativa.
“Son barreras naturales que en caso de huracán aguantan el embate de las olas, tanto los arrecifes de coral como los manglares”, observó Chaparro Serrano, especialista en recreación marina y Desarrollo de Recursos Naturales.
Los expertos coincidieron con la apreciación de que lo ideal sería que el litoral de La Parguera esté libre de estructuras. Esteves Amador, explicó que la densidad de seres humanos que aguantan estos ecosistemas y que permite que sigan llevando a cabo sus funciones en la ciencia del manejo de recursos se conoce como la capacidad de acarreo. Naturalmente, mientras menos personas haya, menos impacto habrá en el ecosistema, beneficio que le permitirá funcionar de manera adecuada no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras.
“Ese es el corazón de lo que es la misión de nuestro programa, que es la conservación, la falta de un plan trazado, que se hagan valer las leyes existentes. No existen los ejemplos en donde se lleve a cabo ese ejercicio de que se utilice el espacio de manera adecuada. Ahora es un vente tú”, lamentó.
Por su parte, Chaparro Serrano precisó que “lo que nosotros estamos es pagando las consecuencias de tener un Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y una Junta de Planificación que no han hecho su trabajo de planificación y de evitar que ocurra ese desparrame de muelles, casetas y otras construcciones que se han llevado a cabo allí”.
Sin embargo, el director del programa Sea Grant, expuso que ve bien difícil que la situación vaya a cambiar. “Estoy casi seguro que a esas casetas no las van a sacar de ahí, por lo que nosotros creemos que es una oportunidad para que esas casetas financien el manejo de la reserva”.
Ante dar por hecho que las llamadas casetas no se van a sacar y de que tanto el Gobierno de Puerto Rico así como el DRNA se encuentran en bancarrota y sin recursos para manejar la Reserva de La Parguera, una alternativa de provecho que se les puede sacar en lo que se inventan una solución para removerlas es cobrarles renta. Se necesitan fondos para el manejo de La Parguera porque, si no, se va a perder toda el área, incluso el islote Mata la Gata, que está abandonado como el área de Playita Rosada, la que se mantiene cerrada desde el huracán María.
El proyecto presentado por el presidente del Senado (aún no se le ha asignado número), que propone entre otros asuntos que el DRNA imponga un canon anual a los propietarios, es uno en sumo vago, que no cubre lo que debería estar atendiendo. No habla de los salitrales, de la cantidad que estarían pagando, de quién va a manejar los recursos. El experto en el uso de los recursos naturales criticó que ninguna de las propuestas presentadas habla de remover las casetas, por lo que recomienda que, coma esa acción no se va a dar, se debe empezar a cobrar.
La Parguera necesita fondos para manejar la cantidad de personas que están visitándola, lo cual se fue ya de las manos. El desarrollo que se está llevando, como el establecimiento de campos de vagones al pie de las montañas, aumenta la sedimentación. El área de las casetas no se debe permitirse, ninguna.
El director de Sea Grant recalcó que las casetas están sobre bienes de dominio público, por lo que la conservación debería estar asentada en cómo atender el problema a favor del bien común de los puertorriqueños, no a favor de un grupo selecto de individuos. Agregó que el Cuerpo de Ingenieros (USCI, siglas en inglés), hizo un censo del tamaño de las ‘casetas’, y que se debe adoptar una fórmula de que la que menos pague sea de $2,000 a $4,000 mensuales, propuso. “Eso a los caseteros no les va a gustar; pero el dinero es necesario para el manejo, además de que esas ‘casetas’ valen lo que vale un penthouse en el Condado”.
Lo mismo debe hacerse con las embarcaciones, dado a que cada caseta tiene tres y cuatro embarcaciones amarradas, que es como tener una marina gigante. En la práctica, las embarcaciones aumentan el área de esas edificaciones. Hay unos daños indirectos que hay que considerar por el número de accesos que existen, los encallamientos, el daño a los ecosistemas del fondo al tirar el ancla y la sombra que crean embarcaciones, que evita que las yerbas marinas crezcan abajo.
Ambos científicos denunciaron que las medidas presentadas son para favorecer a ciertos individuos, cuando el enfoque debe ser cómo usar el bien común. Plantean que primero se debería consultar a expertos en manejo y conservación que puedan analizar el problema y tomar en consideración aspectos como que los salitrales son utilizados por los caseteros como estacionamiento y muchos los han pavimentado y construido otras casas.
Los especialistas hicieron hincapié en que en lo que abarca todo el poblado de la Parguera no se debe permitir que se siga proliferando el desarrollo de casas, condominios, vagones y negocios que no están relacionados con el agua. Advirtieron que esta es un área seca que cuando se elimina la vegetación es bien difícil que vuelva a restaurarse y que la sedimentación es uno de los enemigos de los arrecifes de coral.
Para los integrantes de Sea Grant lo que hace falta en Puerto Rico es una nueva Ley de Costas que atienda el problema del uso ilegal de los bienes de dominio público marítimo terrestre, no atender solo el problema de La Parguera.
Las dos sentencias consecutivas de vida de Leonard Peltier, dirigente del pueblo indio nativo-americano fueron conmutadas el 20 de enero por el saliente presidente de Estados Unidos Joe Biden.
El entrampamiento de Peltier, al presente de 80 años y salud pobre, fue claro. El 26 de junio de 1975 dos agentes del FBI en autos sin identificación alguna siguieron una pickup que entraba al Rancho Jumping Bull en Pine Ridge, una reservación de indios nativo-americanos, la población originaria de lo que es actualmente Estados Unidos.
Hubo alarma en la población por temor a un ataque ante la violencia general que prevalecía en la reservación. Se escucharon detonaciones y más de 150 agentes, vigilantes contratados y policías rodearon el rancho. Era un período álgido de la violencia intensificada que siguió durante varios años la toma en 1973 del pueblo Wounded Knee, en la reservación indígena de Pine Ridge. Durante 73 días la población protestó la corrupción en la gobernanza de las reservaciones y el maltrato a los pueblos indígenas por parte del gobierno de Estados Unidos, que movilizó allí tropas y tanques.
La confrontación captó atención nacional en el país. Wounded Knee revestía particular significado, ya que en 1890 su quebrada de igual nombre fue escenario de la masacre de 250-300 hombres, mujeres y niño indígenas de la tribu Dakota a manos del ejército de Estados Unidos. Este buscaba desarmar un movimiento espiritual que intentaba recuperar sus tierras y forma de vida. Fue una masacre que según la historia oficial puso fin a la resistencia armada a gran escala de la población indio nativo-americana.
Al momento de los sucesos de Pine Ridge en 1975, Leonarda Peltier dirigía la organización Movimiento Indio-americano (AIM, por sus siglas en inglés), fundada en 1968 para proteger de la violencia a los indios nativo-americanos. Estos eran relegados a “reservaciones” en las peores tierras del territorio. Enfrentaban la pobreza extrema, la brutalidad policíaca, políticas de agresión y asimilación cultural, y la discriminación igualmente sistémica. Sus índices sociales eran los más bajos de cualquiera de las llamadas minorías de Estados Unidos. (Es de notar que en los años de las décadas 70 y 80 los índices sociales de los puertorriqueños(as) en Estados Unidos eran los más bajos luego de los indios nativo-americanos.)
Al terminar la balacera en Pine Ridge yacían muertos dos agentes del FBI y un indio nativo-americano acompañados de numerosos heridos. Según información de la campaña “Free Leonard”, documentos del FBI reflejaron que más de 40 indios nativo-americanos participaron en la balacera, pero solo los miembros de AIM Bob Robideau, Darrell Butler y Leonard Peltier fueron enjuiciados.
Leonard, quien en todo momento se declaró inocente, fue arrestado en Canadá el 6 de febrero de 1976 luego que su supuesta compañera sentimental, Myrtle Poor Bear afirmara que lo vio tirotear los agentes. A pesar de que Myrtle luego dijo haber firmado affidavits al respecto bajo coerción del FBI y que no había conocido nunca a Leonard Peltier, no se le permitió testificar en el juicio. Nadie testificó haber visto a Peltier disparar a los agentes. Robideau y Butler fueron absueltos bajo la premisa de auto defensa y que el clima de temor existente en Pine Ridge justificaba su participación en la balacera.
Peltier fue convicto en 1977, en el fondo por su compromiso con sus pueblos. Cumplió más cincuenta años de miserable encierro carcelario político encarnando junto a su pueblo vivencias de extrema opresión y marginación, la honda bravura de los pueblos originarios de Norteamérica, y el precio de la despiadada expansión en sus tierras para dar paso a la construcción del imperio más poderoso que jamás ha conocido la humanidad. Ojalá que ahora excarcelado, Leonard Peltier logre de los demás pueblos en lucha, el sitial que tanto ha merecido, y que los pueblos de indios nativo-americanos en un futuro sean reivindicados en un mundo de justicia y la armonía con la naturaleza que tanto aman.
La conclusión del Acto Nacional de Puerto Rico celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York en 1974 fue una expresión inolvidable de solidaridad mutua entre indios nativo-americanos y pueblo puertorriqueño en lucha sin cuartel. Veinte mil personas persona participaron del final apoteósico e inolvidable en que retumbaron en el recinto los barriles de los indio nativo-americanos presentes. Entre otras cosas al presente compartimos con ellos(as) la alegría de la excarcelación de nuestros presos políticos.
“Por fin terminó esto, voy a casa. Quiero demostrar al mundo que soy una persona de buen corazón. Quiero ayudar a la gente como me enseñó mi abuela,” dijo Peltier al conocer que saldría de su encierro.
“Con fuerza”. Tal es el criterio con el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber resuelto el conflicto diplomático con Colombia. “La paz se logra con fuerza», dijo en un rapto de meditación y de advertencia sobre cuál sería su política sobre latinoamérica.
«La paz se logra con fuerza». Esa fue la respuesta que dio cuando fue consultado al respecto por la prensa a bordo del Air Force One, cuando una periodista le preguntó qué había aprendido de la disputa con Colombia.
Al final «todo ha salido muy bien con Colombia» y por lo tanto «agradezco que hayan aceptado hacer lo que queríamos», afirmó el mandatario mientras regresaba a Washington tras intervenir en una reunión del Partido Republicano en Florida.
Trump también defendió la labor de los agentes migratorios y afirmó que están haciendo «un trabajo fantástico», deportando a «criminales peligrosos» a un ritmo «tremendo» fuera de Estados Unidos.
«¿Lo pueden imaginar? Tienen asesinos, narcotraficantes, pandilleros, asesinos de todo tipo, y no quieren que vayan esposados. ¿Les gustaría ser los dos pilotos que van delante en el avión y que haya 300 personas a bordo que son asesinos, narcotraficantes y de todo tipo, y que tengan que volar con ellos sin que lleven esposas?», se preguntó.
Las deportaciones ordenadas por Trump derivaron este domingo en una crisis sin precedentes en la relación con Colombia, el mayor aliado de Estados Unidos en Latinoamérica durante décadas.
Petro vs. Trump
Después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazara recibir dos aviones con migrantes deportados desde Estados Unidos, Trump anunció la imposición de aranceles del 25 por ciento a Colombia y advirtió que en una semana subirían al 50, además de revocar visados.
En respuesta, Petro ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, aplicar el principio de reciprocidad y elevar los aranceles de importaciones estadounidenses también en un 25 por ciento.
La Casa Blanca dio por cerrada la crisis con Colombia sobre las repatriaciones de inmigrantes al asegurar a última hora del domingo que el Gobierno de Petro aceptaba «todos los términos del presidente Trump» al respecto.
«Dignos, sin estar esposados»
Petro divulgó esta mañana dos fotografías tomadas dentro de los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que transportan al país a un primer grupo de 110 colombianos deportados de Estados Unidos, en las que se les ve sin esposas, como ha defendido el mandatario, que reclamó a Washington un «tratamiento digno» para ellos.
«Vienen nuestros connacionales desde EEUU libres, dignos, sin estar esposados», manifestó el presidente en un mensaje publicado en su cuenta de X dos días después de una crisis con Estados Unidos por haberse negado a aceptar dos vuelos con deportados.
Los dos aviones que traen a los colombianos deportados partieron el lunes con destino a San Diego (California) y a Houston (Texas), y son esperados en la mañana de este martes en la Base Militar de Catam, anexa al aeropuerto de Bogotá.
La Cancillería señaló el lunes en un comunicado que el gobierno dispuso esos aviones para traer «de regreso a casa a 110 connacionales deportados desde Estados Unidos cumpliendo los protocolos establecidos para el retorno digno y con garantía de derechos a los connacionales que llegan en vuelos de deportación».
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, mientras que Colombia ocupa el puesto 23 en la lista de socios de Estados Unidos.
Entre los principales productos que exporta el país sudamericano a su aliado se encuentran petróleo refinado, oro, aluminio, carbón, café y flores. A su vez, es un importante importador de maíz estadounidense.
