Por Flor Ragucci

Desde que, hace doce días, el Parlamento de Cataluña aprobara la ley que sustenta el referéndum soberanista convocado para el 1 de octubre y acto seguido el gobierno de Mariano Rajoy la tumbara, el Estado español pasó a ser escenario de una lucha encarnizada en nombre de eso que pocos entienden pero todos llaman democracia. Desde el Partido Popular (PP)- y también desde el socialista (PSOE)- cada golpe lanzado hacia el Govern catalán se justifica por “la legítima defensa de la democracia”, considerando que el plebiscito por la autodeterminación vulnera la Constitución española; mientras que, del otro lado del ring, los portavoces soberanistas se levantan también al grito de una violación a “sus derechos democráticos fundamentales”.

¿Qué es lo democrático y qué lo antidemocrático? En España no parece nadie capaz de responderlo, o más bien, todos parecen capaces, de acuerdo a sus intereses y convicciones ideológicas. Entre los miembros del equipo de Rajoy no caben dudas: la celebración del referéndum comporta un delito ya que desobedece la suspensión que del mismo efectuó el pasado 7 de septiembre el Tribunal Constitucional y, por tanto, todo acto relacionado con la convocatoria independentista también ha de ser objeto de sanción. En esta línea, el presidente desplegó durante estos diez días un operativo policial y judicial sin precedentes para impedir que se publique propaganda de la votación en medios catalanes- autorizando la intervención de diversas redacciones, requisando material y amenazando a periodistas-, así como la colaboración de los alcaldes en la organización de la consulta- el Fiscal general del Estado imputó a los 712 intendentes que apoyan la independencia. “La Fiscalía y la justicia han empezado a actuar y la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, que son policía judicial, están a las órdenes de la Fiscalía y defenderán la ley”, aseguró Rajoy en la Junta directiva de su partido en Cataluña. El jefe del Ejecutivo se mostró, además, orgulloso por una de las redadas que los cuerpos de seguridad llevó a cabo este fin de semana: “Hay que felicitar a la Guardia Civil, que ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí”, espetó ante su equipo catalán.

Al endurecimiento de las medidas judiciales y policiales avanzado por Rajoy se sumó la decisión de este viernes en el Consejo de ministros de intervenir las cuentas de Cataluña como castigo por haber dejado de recibir un informe semanal con los gastos de la región, tal como el gobierno central lo había solicitado el pasado julio, al detectar un desvío no justificado en la partida de organización y seguimiento de actos electorales de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que los 1.400 millones de euros mensuales que le corresponden a Cataluña en el reparto del presupuesto estatal, ahora solo se pagarán mediante factura que detalle a qué se van a destinar y así, según el ministro, el sistema de pagos permitirá que el Estado sustituya a la comunidad autónoma “no completamente pero sí bastante”. Tal como expresó en rueda de prensa, el nuevo mecanismo hará que “ni un euro vaya a ninguna actividad ilegal” y garantizará los “objetivos de estabilidad presupuestaria”. “Todo el mundo va a cobrar en plazo y lo hacemos en función de la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre que crean varias posiciones políticas”, aseveró Montoro.

La ofensiva que el Partido Popular desplegó en tan solo doce días se completa con la imputación del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresidente, Oriol Junqueras y de doce consejeros del Govern por desobediencia, prevaricación y malversación- este último delito penado con hasta ocho años de cárcel- y no parece tener tregua: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, amenazó Rajoy durante su visita a Barcelona, entreabriendo la puerta al tan temido artículo 155 de la Carta Magna que permite al gobierno intervenir determinadas competencias de una comunidad autónoma hasta restituir la legalidad.

“Lo que haga falta” para impedir una votación que, rotundamente, Rajoy y los suyos consideran ilegal. Si la democracia se basa en un estado de derecho, es inadmisible que lo pautado por la Constitución no se cumpla y, si no se cumple, debe ser oportunamente castigado. Este es el razonamiento que están dispuestos a defender por todos los medios desde el gobierno central, amparados en el artículo 92 de la Constitución española que estipula que “es competencia exclusiva del Estado la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”.

Las filas soberanistas también conocen este artículo de la Carta Magna y, por eso, llevan años buscando la posibilidad de diálogo con el Ejecutivo estatal para pactar el plebiscito por la autodeterminación catalana. Tanto desde las autoridades como desde la población se insistió con cartas, reuniones y multitudinarias manifestaciones pero la respuesta desde Madrid fue siempre un portazo en la cara. El último intento lo protagonizaron el presidente de la Generalitat, el vicepresidente, la presidenta del Parlamento catalán y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con una misiva dirigida al rey y a Mariano Rajoy solicitando un diálogo abierto para que los catalanes puedan expresarse en referéndum. “Entre Cataluña y España existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional hacer caer el Estatuto, que antes había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, se rompió el pacto constitucional de 1978”, exponen los representantes de las cuatro principales instituciones catalanas, como primer argumento a favor de su propuesta.

El siguiente punto en el que se amparan los soberanistas para defender que lo democrático es el derecho a decidir y no su prohibición es la denuncia de que, como expresa la carta, “lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha comenzado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión (…) hasta querellas penales contra todo el Gobierno de Cataluña y contra la mayoría de la Mesa del Parlamento, la clausura de la web informativa del referéndum (…) y la politización de organismos que deberían ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estados del Poder Judicial”.

Por último, las autoridades catalanas recalcan que “el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito”, así como el contundente apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum, manifiesto en los resultados electorales del 2015 que dieron mayoría parlamentaria a las fuerzas independentistas y en las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre que, desde 2012, sacan a millones de personas a la calle.

Este nuevo llamamiento al diálogo que el soberanismo (es decir, quienes abogan por el derecho a decidir, no necesariamente por la secesión) lanza a Rajoy, de momento, también tiene silencio como respuesta. Ante la aparente imposibilidad de acuerdos, entonces, todo indica que el duelo entre las dos concepciones de democracia, entre “el peso indiscutible de la ley” y “el diálogo político”, “la España unida e indivisible” y “el derecho a la autodeterminación” no cesará el 1º de octubre. Ni el 2.

Reproducido de www.pagian12.com.ar

¿Acaso no es posible indignarse, o al menos asombrarse, ante noticias como éstas que llegan desde Cataluña?: La Guardia Civil interviene 1,300.000 carteles y material de propaganda sobre el referéndum del 1ro de octubre; la Guardia Civil allana una imprenta y luego un periódico buscando las papeletas del referéndum; en Madrid un juez prohíbe el uso de un auditorio para un acto de apoyo al derecho a decidir de los catalanes; el Gobierno avisa que celebrar un mitin de inicio de campaña puede ser delito; el sistema de Correos ordena a sus empleados no procesar correspondencia del gobierno catalán; la Fiscalía cita a cientos de alcaldes tras éstos apoyar la consulta y amenaza con ordenar el arresto de los que no acudan a la citación.

Todas estas noticias y muchas más muy parecidas se leen en los periódicos españoles pero, aunque parezca, no son de la era franquista, son de ahora, de los tiempos de internet y wasap. La Guardia Civil (que de lo último tiene muy poco) no es aquella de la que escribió Federico García Lorca antes de que lo fusilaran, sino un cuerpo policial de un país integrado a la Unión Europea. En el país de donde provienen estas noticias se supone que esté en vigor una constitución democrática aprobada en 1978, tres años después de la muerte del generalísimo.

Además de estas informaciones sobre la movilización policial, en los periódicos y en la televisión se leen y se escuchan proclamas que también nos hacen recordar la era franquista, como “la indisoluble unidad de España”. Sólo falta el “viva España” que se gritaba con el brazo extendido a cada momento.

Todo ese escarceo, que huele a estado de excepción, lo provoca un llamado a ejercer un derecho que se supone sea el más elemental de todos los que existen en una sociedad democrática: el derecho al voto. La intención de consultar el parecer de los ciudadanos mediante un referéndum, ha sido tachada como “ilegal” por el gobierno de España que, de inmediato, movió a los tribunales que controla para que emitan decretos invalidando leyes aprobadas en Cataluña. A pesar de esos decretos, las autoridades catalanas han seguido hacia adelante en su empeño por celebrar una consulta donde sus ciudadanos voten a favor o en contra de la independencia. La consulta se mantiene convocada para el próximo 1ro de octubre. Si en el referéndum participa la mayoría de la población y el Sí resulta favorecido, se procederá a proclamar la independencia de Cataluña del reino de España.

Antes de aprobar la ley del referéndum, el liderato catalán hizo múltiples esfuerzos por negociar la celebración consensuada de la consulta, como ocurrió recientemente en el Reino Unido en cuanto a la posible independencia de Escocia. Pero frente a esos esfuerzos de la Generalitat catalana se levantó la “indisoluble unidad” del reino proclamada por el gobierno central de Madrid, regentado por el derechista Partido Popular. Las otras fuerzas políticas, con la sola excepción de Podemos, han cerrado filas con el PP, dejando atrás llamados previos al diálogo lanzados por el actual líder del PSOE, Pedro Sánchez.

A diferencia de los demás partidos españoles, que apuestan a la “indisoluble unidad”, Podemos apoyó el “derecho a decidir” de los catalanes desde un principio y más tarde ha condenado las medidas coercitivas desatadas por el Gobierno. De hecho, el acto en el auditorio de Madrid bloqueado por la orden de un juez fue promovido por dirigentes de Podemos, quienes terminaron celebrándolo en el popular barrio de Lavapiés.

Pero, aparte de Podemos, los catalanes están solos. Tanto en España como en Europa se escuchan muy pocas voces condenando la andanada represiva lanzada por el estado español. Tal parece que no les asusta esta burda imitación del franquismo que se pone en práctica cuatro décadas después de la muerte del generalísimo.

La buena noticia es que, en cuanto al pueblo catalán se refiere, el evidente intento de intimidar hasta ahora no ha dado el resultado que busca el gobierno, que no es otro que limitar la participación en la consulta. Según una encuesta divulgada por el diario La Vanguardia el pasado domingo 17 de septiembre, el 70% de los electores se propone votar y, de éstos, el 60% votaría por la independencia. Si ese porcentaje se mantiene y el referéndum no es impedido por la fuerza, la proclamación unilateral de la independencia que se propone hacer el liderato catalán podría ser realidad.

¿Hasta dónde llegará el gobierno español? Mariano Rajoy ha dicho más de una vez de forma tajante que en Cataluña “no habrá referéndum”. Para poner en práctica su dictamen el primer paso fue acudir a los tribunales que controla su partido, como el Constitucional, para que declare inválida la legislación aprobada por el parlamento autonómico catalán. Como esto no le ha sido suficiente, porque que el liderato catalán se plantea la desobediencia civil, procedió a las acciones policiales ya mencionadas con un evidente propósito intimidatorio. También están amenazando con la inhabilitación – que supondría perder el empleo – a los funcionarios públicos catalanes responsables de organizar la consulta.

Si la intimidación y las amenazas no funcionan, ¿cuál será el próximo paso? Otra noticia que circuló fue que los colegios de abogados de Cataluña se están preparando para “atender detenciones masivas”. Esperan que el gobierno central ordene el arresto de cientos o miles de personas buscando impedir que el referéndum se pueda celebrar. Si eso ocurre, España sería el primer estado supuestamente democrático que encarcela a gentes por el “delito” de querer ir a votar o por permitir que otros voten.

¡Vaya democracia!