CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Por si no fuese suficiente haber privatizado el sistema eléctrico, las autopistas, el aeropuerto,  los muelles de San Juan, la salud y la administración de la vivienda pública, ahora el gobierno de la administración del Partido Nuevo Progresista pretende privatizar toda el área este del país bajo un llamado Consejo de Desarrollo Económico (CDE).

Se trata del proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, el  PC 862,  a petición de la organización Foundation for Puerto Rico (FPR), confirmó a CLARIDAD la representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Nelly Lebrón Robles. El proyecto, indicó, es de este cuatrienio, no es uno reciclado.

Al  presente, la medida se encuentra en comisión y se espera que se atienda en la próxima sesión legislativa. El proyecto propone entregar a la FPR la creación de dicho consejo, al cual se le otorgan todos los poderes de gobernanza de los 15 municipios que integran la zona este del país, que  van desde Loíza,  hasta Vieques y Culebra, es decir, el 20 % del este del país.

La legisladora Lebrón Robles apuntó que la FPR se presenta como una organización cuyo trabajo es,   básicamente, ser creadores de ideas, que dan apoyo y estrategias para el desarrollo sustentable de turismo ecológico. En esa línea, expresó que en reuniones que ha tenido en las comunidades de los municipios que son parte del Corredor Ecológico, estas han expresado estar bien preocupadas porque parte del desarrollo que está apoyando la FPR  son construcciones en las  zonas protegidas del Corredor, e incluso eso es parte de lo que indica el PC 862.

Agregó que se han reunido con algunas comunidades y alcaldes y todos tienen las mismas preocupaciones, debido a que la medida es una ambigua, que no se sabe lo qué va a pasar, ya que  le quitan poderes a los municipios. “Ahora tenemos dos pisos: la Junta de Control Fiscal, que es la que manda en este país, y ahora Foundation for Puerto Rico.

Lebrón Robles advirtió que todavía no se sabe si habrá vistas públicas. El proyecto se presentó en septiembre del 2025. “Todavía no hay un calendario para la próxima sesión, que comienza el 13 de enero. Así que estaremos pendientes. Seguimos visitando a las comunidades y reuniéndonos  con los grupos comunitarios”. Un señalamiento que  Lebrón Robles no dejó pasar por alto es que en dicha fundación hay personas que fueron contribuyentes del PNP.

“De su raíz, es una privatización del país. Si se implanta a la trágala, no hay por qué no creer que se va a implantar en otras partes del país. Lo que van a hacer es beneficiar  no a las comunidades.  Esta supuesta organización sin fines de lucro va querer entrar en esas áreas, sectores más desposeídos del país”.

En entrevista por separado, el licenciado Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de la organización  El Otro Puerto Rico, (OPR) destacó que el Consejo constituye de facto una privatización, ya que el consejo será una entidad privada compuesta en su mayoría por entes privados, ninguno de sus integrantes podrá ser un funcionario electo. En el caso de la participación de los municipios, se dispone un solo representante para los 15 municipios, que no seré un alcalde, y el Consejo va a decidir si se acepta o no. Tampoco se contempla ningún tipo de participación ciudadana. El proyecto dispone que el gobierno le otorgue la suma de $1.5 millones al  inicio.

Ortiz Menchaca expuso que el proyecto otorga al Consejo poderes para desarrollar e implementar planes de desarrollo económico en conjunto para los 15 municipios. Se le entrega toda la administración, concesión de privilegios comerciales sobre todos los activos naturales y públicos de la zona este. Se les da potestad para dar en concesión, para administrar, decidir sobre todos los medios de transportación pública, poderes para determinar qué tipo de industrias, de negocios se establecen en los 15 municipios e, incluso, se le dan poderes para determinar  qué tipo de educación secundaria se quiere promover en la zona.

También se le otorga al ente privado la capacidad para representar a los municipios ante organismos del Gobierno de Puerto Rico, el Gobierno de EE. UU. y a nivel internacional. “Para colmo, les da capacidad de tomar prestado a nombre de los municipios, para emitir bonos. No dicen quién va a pagar los bonos, el proyecto calla sobre eso. Este proyecto es supervago en muchos asuntos en que las repercusiones son extraordinarias y no se explican, lo deja todo muy abierto”, tronó el director ejecutivo de El Otro Puerto Rico. Como abogado, reparó en que al dejarlo tan abierto y darle tanto poder al ente creado, cuando le toque en su día acudir a los tribunales para dirimir controversias, que van a surgir, los poderes son bien amplios y las cortapisas muy pocas.

El llamado Consejo puede  incluso establecer oficinas regionales en los distintos municipios. “Lo más fuerte, además, es que pueden cobrar directamente impuestos e imponer cuotas de mantenimiento ambiental. Lo que te está diciendo es que te pueden cobrar para entrar a una playa. Por ejemplo, pueden poner  un portón frente a Piñones e imponer una cuota para entrar a Piñones”, ilustró como ejemplo, Ortiz Menchaca.

Recalcó que dar a empresas privadas el manejo de los bienes públicos implica una privatización de facto. Trajo a la atención el hecho de que se le esté dando todo ese poder a una empresa privada, sobre todo, a una organización sin fines de lucro en particular, una fundación que está sufragada  en buena medida por beneficiarios de la Ley 22,  ahora Ley 60. Más aun, afirmó que una de las bases para el proyecto,  y así lo dice, es precisamente que la Ley 60 es una  forma de sufragar los trabajos del ente.

“Eso implica que los inversionistas pueden decir al consejo que quieren invertir $100 millones en Luquillo y Fajardo y a cambio le vas a dar la concesión de todas las playas de Luquillo y Fajardo, con todo y estacionamiento”, manifestó.

Al igual que la legisladora Lebrón Robles, Ortiz Menchaca cuestionó en dónde  quedan las iniciativas de los municipios, ya que todo el poder de decisión se le otorga al Consejo. Aunque  el proyecto habla de coordinar los esfuerzos, a la vez  dice que es el Consejo el que diseña e implementa los planes, lo que entonces evidencia que no hay ninguna coordinación.

“El que paga el baile es el que decide la música que se toca.  Pues, entonces le da vía libre a los inversionistas”. Ortiz Menchaca afirmó que El Otro Puerto Rico, se mantiene orientando y organizando a las comunidades, ya que tienen claro que el proyecto se verá en la próxima sesión legislativa.

“Se nos va la vida. Viendo el desarrollo y el desplazamiento de los últimos diez años, entendemos que están construyendo un modelo de gobernanza para el futuro y que si aprueban esto, en diez años más, ¡no cien!, lo van hacer  en el sur, en el oeste en la montaña… es el Puerto Rico sin puertorriqueños o puertorriqueños pobres para la servidumbre”.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En ocasión de la conmemoración de la declaración Universal de los Derechos Humanos, un  grupo de mujeres, junto a la organización Kilómetro Cero (Km 0), denunciaron la grave impunidad que impera en Puerto Rico con respecto a la violencia policiaca. Diez mujeres, entre ellas madres, tías, hermanas y esposas compartieron pormenores de las muertes de sus familiares a manos de los llamados agentes del “orden público”.

La directora ejecutiva de Km 0, Mari Mari Narváez, en conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas, se expresó honrada de estar acompañada de un grupo de mujeres que han sobrevivido los peores casos de violencia policiaca que se han  presenciado en nuestro país. Kilómetro Cero es una organización no gubernamental que documenta, analiza y confronta la violencia policiaca en el país.

Mari Narváez expuso que el propósito de la conferencia de prensa era denunciar la falta de investigaciones independientes, confiables y rigurosas de estos casos. En la fecha del 10 de diciembre, se le envió una carta a la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), licenciada Lourdes Gómez Torres, con el recuento detallado de cada uno de los casos denunciados. Acotó que no es la primera vez que se le escribe a un o una secretaria del DJ y que ninguna de las cartas oficiales que ha enviado Km 0 ha sido respondida.

La directora de Km 0 puso énfasis en recordar que el derecho a la vida está consagrado en la declaración de los Derechos Humanos, en el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a tener un debido proceso de ley y el derecho a la presunción de inocencia. Apuntó a que no se puede normalizar que el Estado mate a las personas, que todos los derechos humanos están vinculados y todas las  violaciones de derechos humanos también están vinculadas. En esa línea, mencionó la violación de derechos humanos por parte de Estados Unidos en el Caribe y el genocidio en Gaza.

Durante los testimonios ofrecidos por los familiares, en más de una ocasión, las lágrimas y la voz entrecortada acompañó los relatos sobre las circunstancias en que sus familiares, hijos, hermanos, esposos fueron asesinados por los agentes policiacos.

Uno de ellos es el caso de Elizabeth  Rivera, a quien la Policía le mató a sus dos hijos, Brandon J. Rivera y Brian A. Malavé Rivera, de 23 y 20 años, respectivamente. Contó que sus  hijos compraron una motora, que hubo una denuncia de que la motora era robada y que los policías sin más ni más fueron detrás de los jóvenes y les dispararon por la espalda. Los hermanos murieron frente a la casa de su abuela en Cataño, donde buscaron refugiarse. Según testigos entrevistados por Km 0,  Brian recibió seis disparos por la espalda y murió bajo un vehículo buscando refugiarse; Brandon murió por un disparo estando en el pavimento. El pasado 7 de mayo de 2025,  Elizabeth Rivera, tuvo una reunión con las fiscales encargadas del caso, Ana Garced y Alexandra Bosch, en la que estas le admitieron a la familia de los jóvenes que aún no se había entrevistado a los oficiales involucrados.

Otro de los sucesos es el de Daniel Maldonado Díaz. Su hermana, Carmen Maldonado, contó que su hermano, veterano y paciente de salud mental, recibió un disparo en el pecho por parte de un policía que incluso les conocía. Ella llamó a la Policía en busca de ayuda porque su hermano se encontraba en una crisis emocional. Denunció que su hermano nunca habló ni alzó la voz, pero que el policía, sin ningún tipo de intervención, lo que hizo fue dispararle al pecho. “No quiero que esto se repita para nadie más, ningún joven, ningún veterano de guerra”, expresó. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Utuado.

“Hoy me dirijo al pueblo de Puerto Rico con el corazón destrozado, pero con una voz firme. Mi hermano fue asesinado por quienes juraron protegernos: miembros de la Policía de Puerto Rico”, manifestó en su turno, Michelle Marrero, hermana de Francisco Marrero Noa, de 35 años, quien murió el 17 de septiembre de 2019, tras ser baleado por varios agentes de la Policía frente a un local en Bayamón. Los agentes estaban francos de servicio y no fue hasta después que le dispararon que se identificaron como policías.

“Mi hermano no merecía morir así. Hoy denuncio un sistema que protege más a los agresores que a las víctimas. Denuncio el abuso de autoridad, exijo justicia real, investigación transparente, que no se manipule la verdad. Los policías estaban obligados a actuar conforme a la ley, respetando  los derechos humanos de todas las personas”, manifestó la joven con voz entrecortada.

Por su parte, Carmen Rohena, esposa de Alex Álvarez, contó que su esposo tuvo un accidente de tránsito leve, aunque no podía mover su carro. Llamó a su hija, y lo que se sabe es que 14 minutos después, cuando llegó la ambulancia, lo encontró en el suelo esposado y golpeado. Denunció que la Policía presionó a los paramédicos y doctores para que pusieran en los informes que Álvarez murió en el hospital, pero estos han asegurado que Maldonado murió en el pavimento. El accidente ocurrió en Carolina.

Otros testimonios fueron el de la tía de Shannel Colón Ponce, quien fue  encontrada muerta en la cárcel de Mujeres en Bayamón y que, según la Administración de Correcciones, se suicidó. Pero testimonios de otras confinadas señalan a oficiales correccionales como responsables.

A los casos anteriores se unen el de Gabriel Alejandro Vasandani Soto, de 18 años; Joban Rivera Mendoza, de 21 años; Ignacio Rivera Ortiz y Sarmiento Leonardo, de 20 y 23 años respectivamente; José Daniel Rodríguez Correa, de 23 años, y Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años.

La directora ejecutiva de Km 0 afirmó que, en todos los casos, ninguna de las víctimas estaba armada, como alega la Policía. Puntualizó que aun en caso de que hubiese estado armada la persona, la policía se supone que tenga los medios para arrestarlo sin matarlo.

Desde el 2014 Km 0 ha documentado 130 muertes por fuerza policial, por lo que los casos denunciados  son  una  breve muestra de lo que han vivido más de mil familias en el país. En lo que va de año, las muertes por “exceso de fuerza policial” suman 16.  Desde el 2014, el actual es el año en que más muertes han documentado.

Los familiares y Km 0 exigieron que los casos se investiguen tanto a nivel administrativo como a nivel criminal y afirmaron que el problema es que la mayoría de las veces quien investiga es el Negociado de Investigaciones de la Policía (NIE), que es la Policía investigándose a sí misma. Denunciaron que por parte del DJ, para los fiscales estos casos no son una prioridad. “Todas las familias que llegan a Km 0 dicen lo mismo: que los fiscales del DJ parecen abogados de los policías, no los abogados del pueblo de Puerto Rico.  Esa es una queja constante de las familias. No se sienten representadas”.