«Si (Simón) Bolívar hubiera hecho un referéndum hace 200 años, perdemos. Perdemos porque el pueblo se acostumbra, la sociedad se acostumbra a estar bajo una ocupación,” asevera el diplomático venezolano Rafael Ramírez Carreño, actual presidente del Comité de Descolonización y representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas desde diciembre 2014, y quien dirigió la sesión dedicada al caso colonial de Puerto Rico del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas del pasado 19 de junio.

“Dentro de los planes y los escritos de Bolívar, estaba la liberación de Puerto Rico. No le dio chance, murió antes. Quedaba Cuba y Puerto Rico, y siempre estaba en nuestro pensamiento extender la libertad a todo lo que fueron las colonias españolas. Lamentablemente, Puerto Rico, como bien dijo un peticionario, se convirtió en un botín de guerra de los americanos cuando la guerra con España, guerra provocada justamente para tomar posesión del territorio. Es algo que está inconcluso para los latinoamericanos. Para los venezolanos, en especial, es parte de nuestra política exterior, luchar por la independencia, por la soberanía de los países. Es la misma posición que tenemos a favor de Palestina, es la misma posición que tenemos a favor del Sáhara Occidental, que está ocupado por Marruecos.”

Ramírez Carreño, ingeniero de profesión y quien antes de ser nombrado como diplomático en las Naciones Unidas fungió como Vicepresidente del Consejo de Ministros para Soberanía Política, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, admite que esta posición por la descolonización de los pueblos que aún no han alcanzado su soberanía no es bien recibida por algunos sectores.

“A veces nos trae la confrontación con las potencias colonizadoras, pero es nuestra posición política, y preferimos esa confrontación y no guardar silencio ante la realidad de un pueblo que está pidiendo su independencia.”

Autodeterminación e independencia

Para el diplomático venezolano la independencia no se negocia, se tiene o no se tiene. Si después, como país independiente, se quiere tener una relación de unidad con los Estados Unidos o con la potencia colonizadora en cuestión, eso es otra cosa. “Puedes hacer un Tratado de Libre Comercio (TLC), puedes hacer lo que tú quieras, pero la independencia, creo que es un principio. La independencia es un derecho adquirido, es un derecho de los pueblos.”

“Me permito hablar por su pueblo, eso es un asunto de ustedes, pero nosotros estamos todos involucrados, cuando tú permites encontrar un pueblo que tiene tantas diferencias culturales, históricas, religiosas, de lenguaje con la potencia que lo está ocupando, obviamente la independencia tiene que darse.”

Actualmente hay 17 territorios en la lista de territorios coloniales de las Naciones Unidas, incluyendo: Guam, las Islas Vírgenes Americanas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, Gibraltar, Sahara Occidental, la Polinesia Francesa, Samoa Americana, entre otros, pero el embajador reconoce que en esta lista oficial faltan los territorios coloniales que las potencias colonizadoras dan por descontados, por ejemplo, Guyana Francesa.

“La independencia es un derecho inalienable de los pueblos, la autodeterminación es un derecho inalienable. Esa es nuestra posición aquí, por eso trabajamos. No tenemos nada que ganar, no es nada que hagamos nosotros por ningún interés de ningún tipo, sino que es una posición de principios. Y yo creo que al planeta y a los países les hace falta mucho luchar por posiciones de principios. Esta es una de ellas.”

Autodeterminación y ¿anexión?

El movimiento anexionista de Puerto Rico alega que la anexión es una solución descolonizadora al actual status político de la Isla, pero el embajador Ramírez Carreño aclara que la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida como la Carta Magna de la Descolonización y por la cual el caso de Puerto Rico se logró insertar en el Comité de Descolonización al incluir la frase “todos aquellos pueblos que no hayan alcanzado aún su independencia”, se refiere claramente a la independencia, pues además la misma se llama “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

Por lo general el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas no es un foro al que acudan organizaciones que promueven la anexión de territorios colonizados a la potencia colonizadora, sino todo lo contrario, se presentan ante este Comité pues aspiran pertenecer a un foro de naciones libres.

“Hay muchas modalidades. Igual, los marroquíes les están diciendo a los saharauis que: ¿qué independencia?, que acepten una especie de autonomía. Los saharauis pueden decir: No, yo quiero independencia. O los israelitas están luchando para acabar con la solución de dos estados y le dicen: no, quédate con nosotros. La gente quiere libertad.”

Este último año

Ya hace más de un año, desde la última sesión dedicada a Puerto Rico del Comité de Descolonización donde se aprobó por consenso la autodeterminación y la independencia de Puerto Rico, y también se pidió por la excarcelación del exprisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera.

El diplomático venezolano sostuvo que no han tenido colaboración norteamericana. A finales de año, la pasada administración, al parecer – considera Ramírez Carreño– no querían que el tema de Puerto Rico afectara su campaña eleccionaria, y ya luego estaban de salida. A partir de la nueva administración del gobierno estadounidense, cambiaron los funcionarios y aún no se han reunido.

“Aquí ha cambiado todo el mundo del servicio exterior y, bueno, no tenemos un interlocutor para este tema. Nosotros a raíz de estas resoluciones, vamos a insistir con este tema, vamos a seguir presionando a los Estados Unidos.”

Lo que sí fue atendido fue la petición por la excarcelación de López Rivera. “Yo me reuní con la anterior embajadora Samantha Powell, y le describíamos lo importante que era para nosotros y lo injusto que era tener un hombre 35 años preso por sus ideas y que de alguna manera representa un sentir que existe en Puerto Rico de que cambie la situación y de que no existan puertorriqueños presos por situaciones políticas.”

La Cuarta Comisión

El representante permanente Ramírez Carreño salió electo el pasado 31 de mayo de 2017 con el 95.6% de los votos para presidir la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, esta comisión trata asuntos tales como la descolonización, los refugiados palestinos y los derechos humanos, el mantenimiento de la paz, las actividades relativas a las Minas, los asuntos del espacio ultraterrestre, la información, las radiaciones ionizantes y la Universidad para la paz. El Comité de Descolonización, donde actualmente se discute el caso de Puerto Rico una vez al año, está bajo la Cuarta Comisión, que es la que tiene el acceso directo a la Asamblea General, foro donde la mayor parte de los peticionarios del caso colonial de Puerto Rico piden que se lleve.

“Pediríamos a la Asamblea (General) que se involucre otra vez en el tema (de Puerto Rico). Esto es un paso adelante,” sostuvo.

La creación de las corporaciones públicas a principios de la década de 1940 tuvo como propósito pasar a manos del gobierno servicios esenciales para el país como la energía eléctrica, el agua, la transportación pública, las comunicaciones y otras, lo que representó un gran paso para beneficio del pueblo puertorriqueño.

Todos estos servicios estaban hasta entonces en manos privadas cuyo fin era la ganancia, la nacionalización (palabra todavía temerosa para algunos) de estos servicios puso el fin social sobre la ganancia.

Ello hizo posible, por ejemplo, la electrificación de la ruralía, que era perdidosa en términos económicos, pero era una necesidad de justicia social llevar el alumbrado al campo. La empresa privada jamás lo hubiera hecho: no dejaba ganancia.

Entre todas la corporaciones públicas ninguna ha tenido, ni tiene, para nuestra vida de pueblo un impacto mayor e importancia que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), llamada inicialmente en la ley que la creó en 1941, la Autoridad de Fuentes Fluviales.

Hoy esta institución que por muchos años era llamada la joya de la corona en el servicio público está en quiebra y al borde del colapso.

¿Qué ha pasado y por qué hemos llegado a esta situación?

En primer lugar, la mano de los políticos legislando subsidios con fines electorales le ha sacado a la Autoridad enormes recursos desde 1980. Estos subsidios, que antes salían del Fondo General los políticos se los impusieron a la Autoridad para que sobrara dinero del fondo para sus barriles y barrilitos.

Testificando ante la legislatura hace unos años el entonces director de la Autoridad, Miguel Cordero, estimó en uno $350 millones anuales el costo de esos subsidios para la Autoridad. Desglosados así:

1. Municipios – $200 millones

2. Subsidios a empresas industriales conforme a la ley de incentivos industriales – $10 millones

3. Hoteles – $6.5 millones

4. Ancianos, discapacitados, enfermos y residentes de residenciales públicos – $40 millones

5. Iglesias – $3.5 millones

6. Subsidio para los que consumen menos de 425K/M – $31 millones

El descaro mayor en el saqueo de la AEE lo produjo Jennifer González como presidenta de la Cámara cuando tres meses antes de las elecciones del 2012 obligó a la Autoridad a tomar $300 millones prestados del Banco de Fomento para bajar la facturación de la luz artificialmente antes de las elecciones.

La mano de los políticos (de todos) ha estado también en los años que se infló la nómina innecesariamente para acomodar los hijos y ahijados en la AEE, que tenía los salarios más atractivos. Hay una senadora PNP que ha acomodado seis familiares en la corporación. En un momento la AEE llegó a tener cerca de 10,000 empleados.

En los últimos años legisladores del PNP y el PPD se han puesto de acuerdo para prohibirle a la PREPA-NET una corporación subsidiaria de la AEE vender servicios de internet al público para proteger a Claro, Liberty y otros pulpos de las comunicaciones.

PREPA-NET y su fibra óptica tiene un potencial enorme para generar ingresos millonarios para la AEE si la dejaran competir en ese mercado de unos $3000 millones que hoy controlan estas empresas extranjeras.

A lo anterior hay que añadir los graves errores cometidos en la planificación y desarrollo de proyectos estratégicos. Comenzando con los $80 millones que se perdieron en un reactor nuclear que impulsó la administración de Luis Ferré.

Más recientemente tenemos el gasoducto del Sur de Aníbal Acevedo, con $74 millones perdidos, y luego la vía verde de Fortuño, con $42 millones. Ambos proyectos fracasados con pérdida total de $116 millones.

Junto con lo anterior hay que añadir la corrupción. Un escándalo muy poco conocido y confirmado en preguntas que le hiciéramos a la gerencia es que la AEE tiene un inventario de piezas valorado en $56 millones. Lo increíble es que todo el inventario está obsoleto. No tiene valor alguno ni para la venta en otros países . Me dijo un ingeniero que hay piezas que llevan unos 15 años en una tablillas del almacén.

Esa corrupción está estrechamente vinculada a los intereses de los partidos PNP y PPD. Ambos tienen bandos partidarios, conocidos como energéticos penepés y energéticos populares en una guerra interna sin cuartel y cada vez que cambia una administración se sacude de arriba abajo la gerencia sobre criterios partidistas, no por méritos, lo que lleva a grandes deficiencias operacionales. A estos bandos se les exige recaudar dinero para el partido y cuando lo buscan de suplidores hay favores que pagar.

Lo dicho hasta ahora creo que contesta bastante la pregunta que se han hecho muchos de ¿cómo es posible que un monopolio pierda dinero o esté en bancarrota?.

Vamos ahora a la etapa en que se encuentra la AEE y las soluciones que se ofrecen como salida a la crisis.

En el 2014 la AEE se declaró sin dinero para pagar las obligaciones de pago de ese año en la deuda de cerca de $9 mil millones que tiene casi en su totalidad con bonistas.

Bonistas y Autoridad llegaron a un acuerdo de nombrar un oficial de reestructuración que reestructurara la parte financiera y la operacional. Ese nombramiento recayó en Alix Partners, la empresa de Lisa Donahue, de quien se dijo que representaría a la Autoridad en esos trabajos.

Esta señora después de dos años de trabajo y $47 millones de compensación dejó un borrador de acuerdo con los bonistas que ahora mismo está en revisión por el gobierno de Ricardo Rosselló y la nueva firma asesora que sustituye a Lisa Donahue, Greenberg.

El acuerdo que cubre sólo el 70% de los deudores, y no obliga al otro 30%, establece en sus partes más importantes:

1) Una reducción de la deuda de un 15%.

2) No pagar principal de la deuda por espacio de cinco años, sólo intereses.

3) Crea una nueva corporación llamada corporación de vitalización que asumiría las funciones financieras de la Autoridad.

4) Esta nueva corporación recibirá todos los ingresos de la AEE y en un arreglo con los bonistas que se le llama titulización (securitization), la prioridad de pago la tienen los bonistas. Lo que sobre, va entonces a la AEE para costear sus operaciones.

El gobierno de Rosselló ha dicho que ha mejorado el acuerdo de Donahue, lo que no es cierto. Básicamente es lo mismo que trabajó Donahue.

Los bonistas están presionando a congresistas para que se firme el acuerdo. Éstos han llegado a amenazar con destituir a los miembros de la Junta de Control Fiscal, que se oponen al acuerdo. El gobierno de Rosselló dice que es un acuerdo “oneroso” pero no se atreve rechazarlo y desea que sea la Junta la que lo haga. Ese es el impasse a este momento. El gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer para proteger los intereses de Puerto Rico, que es de pedirle a la Junta que radique bajo el Título III la quiebra de la AEE.

¿Por qué el acuerdo es malo para Puerto Rico?

1) La reducción de la deuda es de solo 15%. En los casos de reestructuración la norma es una reducción de 40%.

2) Ir a la Corte seguramente le podría dar a la AEE una reducción mayor de 15% de la deuda. Los bonistas temen eso y por ello su exigencia de firmar el acuerdo.

3) El acuerdo es con el 70% de los bonistas. Si van a la corte obliga al 100% de los deudores. Por lo que el acuerdo deja a la AEE con un problema de deuda con 30% de sus deudores.

4) Según el acuerdo a los acreedores se les dará un bono de $85 en cambio del bono que tienen de $100. Gran parte de los bonistas compraron el bono de $100 en el mercado secundario en unos $50 por lo que tendrían una ganancia de $35 en el valor del nuevo bono.

Los que compraron a $100 también tendrían una ganancia pues el valor del bono que tienen en sus manos es de unos $50.

5) Si este acuerdo se firma la AEE no resuelve su problema a largo plazo. En unos tres años tendría que ir a otra negociación ya que lo alcanzado ha sido una prolongación de la deuda y no una reestructuración.

6) Según los propios estudios de la AEE en el plan fiscal sometido bajo este acuerdo el K/H subirá de 21¢ a 28¢ en el 2022.

7) Cada centavo representa un desembolso anual de $173 millones de los abonados en el pago de sus facturas.

8) La Junta de Control Fiscal hasta el momento exige para aprobar el plan que en el 2023 se mantenga el K/H en 21¢, algo imposible según los estudios de la AEE. Estos proyectan una reducción de consumo y por lo tanto de ingresos de la AEE y pagar prioritariamente a los bonistas obligará a la AEE a subir la tarifa.

Al momento el límite para la Junta aprobar el acuerdo se aplazó del 23 al 28 de junio.