Si usted es de los que como yo se mantiene pagando la factura de luz atrasada, porque simplemente lo alto de la factura, y sus ingresos no le permiten ponerse al día, sepa que se le acabó el truco con la privatización. Nada de lo que se privatiza resulta más económico, ni mucho menos mejor. El fin público de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desparecerá por completo con la privatización.

El anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, apoyado por los presidentes de los cuerpos legislativos de que se va a privatizar a la AEE no debe tomar por sorpresa, hace tiempo que intereses privados rondan por la citada corporación pública. Lo que sí debe dar y provocar el anuncio de privatización es indignación. La privatización de la AEE es uno de los propósitos expresos de la Junta de Control Fiscal desde su principio. Así que nada “hay nuevo bajo el sol”. En entrevista con El Nuevo Día, a dos días del anuncio de privatización (21 de enero 2018), la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, dijo en entrevista con la colega Joanisbel González, que la privatización de la AEE es una de las “encomiendas que la JCF espera completar durante su término de tres años… y que la Junta y el gobierno de Rosselló llevan “meses de conversaciones”.

Esos meses se pueden remontar al pasado año cuando en junio Rosselló Nevares, deshizo la composición de la Junta de Gobierno con lo que botó a los dos representantes de los consumidores de ese momento: los abogados Carlos Gallisá y Luis Ricardo Santini Gaudier y estableció una nueva junta, en la cual redujo de tres a uno la representación de los consumidores. Medio año después- al día de hoy- el gobierno no ha facilitado el proceso para la selección del representante de los consumidores.

Sin embargo, a mediados de noviembre 2017 la JG integró a la dirección de la AEE a dos personas que provienen del sector privado de la producción de energía eléctrica. El primer nombramiento un Consejo Asesor de Transformación, y como su coordinador un ex vicepresidente del Edison Electric Institute (EEI), David Owens. Eso fue el mismo día en que “renunció” el cuestionado director ejecutivo Ricardo Ramos. Y el 24 de noviembre el gobernador creó el puesto de coordinador para el proceso de rehabilitación de la AEE, nombrando al ingeniero Carlos Torres, quien trabajaba para el EEI. Toda la JG de la AEE de facto responde al interés privado. La junta está integradas por el director ejecutivo de cada una de las siguientes agencias; la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el de las Alianzas Público Privadas (APP). Y detrás de todos estos el coordinador de la JCF, Noel Zamot.

En entrevista el exrepresentante de los consumidores el licenciado Luis Ricardo Santini Gaudier, puntualizó que es un gran error pensar en la privatización de la citada corporación pública por ser ésta el motor económico de Puerto Rico. Continuó que hay que traer a la atención una serie de elementos para analizar en profundidad los efectos de la privatización. Lo primero que hay que cuestionarse es que de haber ocurrido el desastre del huracán Maria y la AEE ser una corporación privada FEMA no podría prestar ayuda dado a que esta agencia (siglas en inglés de la Administración Federal Ayuda para Desastre) solo da ayuda a las corporaciones públicas o privadas sin fines de lucro.

En ese aspecto planteó cuál compañía privada hubiera tenido la solvencia económica para correr con los gastos de re reestauración del sistema. De no tenerlos de seguro la empresa tendría que tomar prestado para pagar la reestauración el cual terminarían pagando los consumidores. Trajo el ejemplo de que en la Florida las compañías privadas han impuesto una derrama de cuatro dólares mensuales a los abonados para pagar los gastos de reparación luego de los dos recientes huracanas.

Prosiguió que hay que considerar los efectos que tendría la reforma contributiva que acaba de aprobar el gobierno de Trump en una corporación privada de energía eléctrica ante lo que cuestionó cuánto tendría que pagar esa corporación y quién pagaría esas contribuciones. Es evidente que el privatizador pasaría esos costos a los abonados. Otro aspecto que levantó es el qué sucedería con la contribución que -al presente- en lugar de impuestos que se le otorga a los municipios- debido a que la Ley POMESA le quitó ya $300 millones perderían cerca de $300 millones mas anuales por concepto de contribución en lugar de impuestos.

A la falacia de que la privatización redundara en un mejor servicio y de menor costo recordó que todo el proceso de privatización está sujeto a lo que decida la juez Laura Taylor.

“El gobernador no puede hacer absolutamente nada quien representa al gobierno en el procedimiento de quiebra es la Junta de Control Fiscal es la que tendría que hacer una propuesta al tribunal”, acotó y recordó que en este proceso los bonistas también van a reclamar su parte por lo que el proceso puede tomar años y no 18 meses como dijo el gobernador. En relación a la venta también dijo que es un engaño del gobernador decir que el dinero de la venta será destinado al sistema de pensiones de los trabajadores. Precisó que la deuda de la AEE es de $9 billones y su valor en los libros es de $4.5 billones, eso significa que no habrá sobrante alguno.

Por su parte otro de los exrepresentantes de los consumidores en la JG de la AEE, Juan Rosario, recordó que desde el 2015 había advertido que la Autoridad requiere una transformación radical pero no es la privatización.

“Lo hemos dicho cientos de veces la AEE que tenemos hoy tiene que ser transformada de manera radical. Esa transformación debió comenzar hace décadas. Pero fue detenida por los mismos políticos. Ahora tienen otros planes. Porque no debemos tener dudas de que los que pretenden no es transformarla sino destruirla para repartirle el mercado de energía al sector energético privado, transnacional cuyo único norte es el lucro”.

Por separado los dos exrepresentantes de los consumidores en la JG de la AEE coincidieron en enunciar los ejemplos fracasados de privatización de bienes públicos, como los servicios de salud, Carreteras y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el aeropuerto. Todas estas privatizaciones han representado menos ingresos para el gobierno.

Rosario destacó el que la privatización de la AEE es parte de una nueva etapa en el proceso de lo que llamó una recolonización de Puerto Rico. “Poco a poco están creando un nuevo estado. Uno en donde el capital sustituye de manera descarada al gobierno y gobierna directamente. El aparato se queda ahí como una fachada pero es igual de inoficioso que en USA. Allí la gente se dio cuenta, y frente al cinismo que causa la impotencia, más de la mitad de la gente ni siquiera vota. Saben que no tiene ningún sentido”.

Más voces contra la privatización

En tanto la organización el Puente Enlace Latino de Acción Climática (El Puente), la cual ha trabajado el tema del cambio climático en el país y que lleva años luchando por la transformación de la AEE hacia un sistema más limpio, participativo y democrático que responda al interés público, también denunció: “¿Si vendemos la AEE, que quedará de nosotros? ¿A quién le va a tocar pagar la deuda tan grande de la AEE?, a los abonados? Por ende, ¿quién terminará pagando los errores en que sigue incurriendo nuestro gobierno?.” declaró David Ortiz, director de El Puente en Puerto Rico.

A las denuncias de la organización se unió el director de finanzas del el Instituto para Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) Tom Sanzillo, quien lleva años abogando por la transformación de la AEE. “El gobernador no tiene un plan de energía, no tiene análisis financiero. Si él cree que le va a vender la AEE al sector privado para que ellos lleguen a invertir, esto será una receta para que los intereses privados hagan lo que quieran con Puerto Rico”. El experto en temas de generación de energía aseguro que la venta propuesta de la AEE redundaría en un aumento aun mayor de corrupción y un mínimo de electricidad.

Por su parte la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, exsecretaria de la gobernación y presidenta de CAMBIO, entidad que trabaja temas de sustentabilidad y que aboga por una revolución energética hacia energía renovable limpia reaccionó al anuncio: “Estamos ante funcionarios incapaces de liderar con visión las transformaciones que necesita el país y optan por el camino fácil de vender al mejor postor un activo social y económico que nos pertenece a todos y todas. Es a través de estos esquemas que se repagan favores políticos. Que nadie se engañe con la retórica hueca que trata de echar culpas a fantasmas en la AEE. Los únicos responsables de que hoy casi la mitad del país continúe a oscuras y que tengamos un sistema eléctrico obsoleto son los gobernantes.” manifestó Vila Biaggi.

Ortiz atribuyó que la privatización de la AEE va de la mano con la propuesta de desmantelar la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y acusó a que “alguna negociación detrás de puertas cerradas se tuvo que llevar a cabo para que esto se dé. Me parece bien sospechoso que la Junta de Control Fiscal dejó que el plan fiscal de la Autoridad se atrasara dos veces y que se presente este miércoles”, finalizó.

¡Qué les voy a decir sobre Elliott!… No creo haber tenido que compartir a un amigo con tanta gente sin sentir pizca de celos. Decir que Elliott fue un ser gregario con un don especial para acumular amigos ni comienza a describir esa fuerza magnética con la que vino alambrado y con la que nos mantenía a todos emburujados.

Creo que es ahora que realmente entiendo su esencia. En más de una ocasión anduve con él en reuniones y actividades. En algún momento me decía, “Cabo Rei, nos vamos en como 10 minutos”. Demás está tener que aclararles que en el reloj de Elliott una advertencia de que nos íbamos en 10 era de seguro por lo menos hora y media. Antes de partir el compay tenía que despedirse de cada ser humano a quien había saludado de llegada. Nunca era una conversación frugal o, cómo dicen los gringos, “small talk”. Elliott tenía esta única capacidad de sentir a los demás, él escuchaba, sabía de las familias, preguntaba con interés sobre lo que ahora estaba haciendo el amigo o la amiga. Conocía y preguntaba por la familia y los hijos. Ese don de preguntar e interesarse por los demás lo convirtió en un ser querido por todos. Lo vi muchas veces conversando con otros y siempre desplegaba cariño y respeto. Trataba con igual generosidad a don Rafael Cancel Miranda que a un chamaquito de La Perla. Era igual de atento a lo que hablaba un fanático de baloncesto que recién conoció en una cancha como cuando hablaba con Flor Meléndez. Para él un anónimo salsero requería la misma atención que la que le prestaba a Andy Montañez.

He aquí lo que para mí distinguía a Elliott: para él todos éramos iguales. Yo sigo aprendiendo tanto de este maravilloso ser a quien el amigo Jaime Córdova acertadamente describió como “alguien a quien el alma le pasea por el cuerpo”. Él siempre le sacó el jugo al tiempo, nunca fue su esclavo. En el tiempo que vivió supo cultivar amistades ricas y verdaderas, por eso cuando le recordamos lo hacemos con sonrisas y no llanto.

Hay gente que nos es tan necesaria que cuando mueren arrastran y se llevan a nuestro mundo con ellos… no es que el mundo desaparezca, pero el que teníamos deja de ser.

Rei Segurola

Abogado y pana de Elliott

Conforme al Título V de la ley “Promesa”, la Junta de Control Fiscal (JCF) está violando el procedimiento que establece su propia ley para la consideración de los llamados “proyectos críticos”. El 7 de enero la pretendida, infalible Junta de Control, anunció que a partir de ese mismo día se concedía un término de 30 días para que los interesados presentaran sus comentarios públicos para cuatro proyectos considerados como “proyectos críticos”. Los interesados deberían enviar sus comentarios vía correo electrónico al sitio web de proyectos críticos de la JCF.

La ley Promesa dispone que antes de que la JCF anuncie los proyectos críticos y el periodo para que los ciudadanos presenten sus comentarios, al Coordinador de Revitalización (CR), en este caso Noel Zamot, debe haber recibido: una solicitud de consideración del proyecto por parte del proponente; un informe crítico del proyecto; información sobre detalles de financiamiento del proyecto; una recomendación del gobernador, e incluso de la comisionada residente; una determinación de la Junta de Planificación (JP), y hasta una recomendación de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). Todos estos documentos deben estar disponibles al público una vez se abra el proceso de comentarios.

Los cuatro “proyectos críticos” bajo “consideración”; son la planta incineradora Energy Answer; el Parque Eólico del Norte de la empresa New Eolic, LLC; un proyecto de optimización de energía de la firma NORELCO, para los complejos correccionales de Ponce y Bayamón; y un proyecto de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de las firmas, ARG Precision Corp, PW Power Systems, Inc y Bostonia Partners, LLC.

Según informó la Junta los proyectos todos relacionados con asuntos energéticos representan una inversión de cerca de “$1,500 millones, casi en su totalidad de capital privado”.

No obstante a dos semanas de darse a conocer los proyectos, a solicitud de CLARIDAD la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), confirmó que no habían recibido las propuestas de los proyectos por lo que sus asesores legales le estaban solicitando a la Junta que les haga llegar las propuestas porque bajo la ley Promesa la Comisión tiene injerencia en la evaluación de todo proyecto relacionado al sistema energético.

“La información que tiene la Junta en su página es una incompleta”, denunció a CLARIDAD, Ela Cruz, vice presidenta de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña (SOPI).

Cruz insistió en que los proyectos críticos tienen que cumplir con los procedimientos antes mencionados pero que ninguno de esos documentos están disponibles, “más aun cuando uno va a la página de la Junta lo que hay es una información descargada de un formulario, no hay documentos de apoyo de nada que se puedan examinar para poder emitir comentarios”.

Esta organización junto a la Coalición de Organizaciones contra la Incineración (COCI), han combatido desde un principio el proyecto de la incineradora de EA, en Arecibo. A raíz del anunció la semana pasada ambas organizaciones llevaron a cabo una manifestación frente a las oficinas de la JCF la cual contó con la participación del congresista demócrata, el boricua Luís Gutiérrez. Las organizaciones además levantaron una voz de alarma al hecho de que en la página de la Junta, se dice que la inversión de EA será con dinero privado, cuando tan reciente como a finales del 2017 la división de Desarrollo de Servicio Rural (RUD, siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de EE UU, se negó a financiar el proyecto.

La Clínica de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, también le envió una carta a la Junta en la que plantea los incumplimientos por parte de ese ente al proceso establecido en la ley Promesa para los llamados proyectos críticos.

El planificador ambiental, José Rivera Santana, integrante de la Coalición Contra la JCF, igual denunció la falta de información en la página de la JCF. “Lo que la Junta publica es una descripción mediante la cual no se puede hacer ninguna evaluación. “Es una falta de respeto convocar a comentarios públicos sobre unos proyectos que ellos que son los que están convocando tienen la responsabilidad de presentar”. Trajo a la atención que en el caso particular del proyecto de la incineradora que la Junta está asumiendo información que EA ha sometido a muchas agencias y que ya está caducada.

Otra conocedora y crítica del proyecto EA consultada por CLARIDAD, la ingeniera Ingrid Vilá, censuró el proceso de “fast-track” de la CR.

“Los procesos fast-track, restan participación y derechos, no adelantan los propósitos democráticos de nuestro país y resultan infructuosos para proyectos que simplemente no son viables. Ya el proyecto de Energy Answers tuvo la oportunidad del mismo proceso fast-track bajo la administración de Luis Fortuño en el 2010; han pasado ocho años desde entonces y el proyecto no ha comenzado construcción. ¿Por qué? Porque además de las consideraciones de impacto negativo a la salud y el medio ambiente, el proyecto no es viable. Resulta demasiado costoso para que los Municipios dispongan su basura allí y para producir una cantidad nominal de energía”.

Vilá recordó además que luego del huracán se pudo presenciar la inundación producto de la crecida del Río Grande de Arecibo en el predio donde proponen ubicar el incinerador y la devastación que causó en las comunidades aledañas. “Si uno de los asuntos que ha quedado claro luego del huracán es la necesidad de reubicar infraestructura crítica que se encuentra cercana a ríos y costas, ¿cómo se puede estar considerando todavía nueva infraestructura en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo?, cuestionó.

La ingeniero exhortó a que en vez de continuar impulsando un proyecto que tanto divide, el gobierno, quien también tiene facultad para presentar proyectos críticos ante la JCF debería trabajar con la industria privada y organizaciones no gubernamentales para impulsar un abarcador programa de infraestructura de reciclaje. “Si se trabaja bien, con participación y buena planificación se hará evidente que no es necesario un proceso fast-track para adelantarlo”.

Los proyectos de la Junta

CLARIDAD consultó al profesor Agustín Irizarry, ingeniero eléctrico y uno de los exrepresentantes de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, su parecer sobre los proyectos. De entrada se inhibió de comentar sobre el proyecto New Era Eolic, debido a que dijo fue consultor del proponente en el diseño e instalación de la torre de medición de viento y luego en el análisis de los datos de viento. Aunque no ha tenido más relación con el proyecto, ni con su proponente, expresó que le parece suficiente relación comercial para no comentar.

En cuanto a los otros proyectos, apuntó categórico que está en contra de la incineradora debido a que la quema de basura no es una solución energética y en Puerto Rico no hace falta generación. “A mi juicio el gobierno de Fortuño y éste lo ven como una “solución” al problema de basura no de energía. creo que se equivocan en ambos casos”.

En tanto sobre el proyecto de energía para los complejos correccionales reconoció que mejorar la eficiencia de la energía y el consumo de agua en las cárceles – casi todos los proyectos que disminuyen el consumo son muy buenos, estén o no en la cárcel. Pese a que dijo que luce caro por $25 millones a su vez hizo la salvedad de que casi todo lo que se usa en una cárcel es más caro, es como el uso militar o marino, donde hay situaciones que no son las comunes por lo que se le hace difícil juzgar bien el precio.

Sobre el cuarto proyecto, el de almacenamiento de energía de combustible alterno y reservas para la AEE de la producción de 4. 540 MW de unidades pico y de emergencia, señaló que le parece que “esto es un reconocimiento de que las unidades de emergencia de la AEE, ubicadas por toda la isla, están en mala condición. Con el aumento de actividad ciclónica que de seguro enfrentaremos quizás son necesarias”.

Sin embargo, aclaró que no le convence mucho el uso de atender los picos de demanda pues los picos de demanda del pasado ya no existen (por la baja actividad industrial) y la entrada de la producción de energía renovables, lo que debe reducirlos más aún. “Lo que nos hace falta son unidades que permitan absorber los cambios en las renovables (que provean regulación y balance) y nos ayuden a sumar más renovables, $538 millones por 540 MW es caro”.

Los niños se entretienen con cualquier cosa. En mi época se jugaba a los vaqueros, uno hacía de bueno y el otro de malo, o a los policías. Pasábamos horas jugando a lo que uno no era. También recuerdo a mis hijas jugando a ser “doctoras”, una curaba a la otra con un estetoscopio inventado.

En eso pensaba hace unos días al leer las noticias del último viaje a Washington de la flamante “comisión de la igualdad” donde todos juntos, cogidos de la mano como cantando matarile lire lo, llegaron hasta el capitolio federal llamándose a sí mismos “senadores” y “representantes”. No eran niños y niñas sino personas viejas, incluyendo al ya carcamal Carlos Romero Barceló. Sin el menor asomo de pudor se autoproclamaron “congresistas”, los que nadie eligió, reclamando de paso un proceso de anexión política que nadie ha autorizado. Todo eso lo hacían con dinero público y a nombre de los puertorriqueños, mientras los que ellos alegan representar viven la más grande tragedia del nuevo siglo.

Si se entretuvieran en esos juegos en fiestas privadas –como las personas que organizan bailes de disfraces– no habría problemas, pero se trata de figuras públicas (o figuritas) que gastan dinero del pueblo en esas diversiones.

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) venía amenazando con esa pantomima desde hace algún tiempo. Lo llamaron “plan Tennessee”, pretendiendo emular lo que hicieron los habitantes de ese territorio estadounidense en 1796 cuando, tras haber peleado en la guerra de independencia, trataron de acelerar su incorporación a la Unión. Lo que sorprende es que hayan insistido en el sainete en estos momentos cuando tanto lo que ocurre en Puerto Rico como el ambiente reinante en Estados Unidos aconsejaban otra cosa.

Si el PNP y Ricardo Rosselló tenían algún capital político tras iniciar un nuevo gobierno en enero de 2017, lo perdieron desastrosamente luego del azote del huracán María en septiembre de ese año. Lo que ocurrió a partir de aquel fatídico mes dejó sin techo la muy cuidada imagen que los publicistas del gobierno habían logrado construir en los primeros meses del año. Lo que quedó a vista de todos es un líder débil y torpe, rodeado de gente que lo es aún más, a quienes la tarea de reconstrucción les resulta demasiado grande. La tarea es “extra large” y el gobierno es “small”. Con cada día que pasa el estado del país se complica, mientras el gobierno repite los mismos estribillos.

El día que los “comisionados de la igualdad” partieron hacia Washington a comenzar su juego a congresistas, la mitad de los puertorriqueños seguía sin energía eléctrica y la otra mitad lamentaba la salida del país de algún ser querido; los negocios cerraban, la economía se deprimía aún más y la desesperanza se notaba en los rostros de la mayoría. En momentos como ese los líderes políticos se lanzan a abrir brechas en medio de la maleza y no se entretienen en jueguitos infantiles. Pero el que una minoría de los puertorriqueños eligió en noviembre de 2016 optó por irse a Washington a hablar de algo que allá nadie quiere escuchar mientras acá reclama otro tipo de explicaciones.

Tal vez pensaron que el jueguito a congresistas serviría para que los puertorriqueños desviaran la vista de sus angustias, pero una vez más se equivocaron. Nadie le presta atención a un juego de ese tipo cuando está desesperado.

Y si no era propicio el ambiente en nuestro país mucho menos lo era en la capital de Estados Unidos. Desde que en el Congreso de Estados Unidos se produjo el debate en torno a la situación de Puerto Rico, el que produjo la ley llamada PROMESA, se afianzó allí la imagen de indolencia y el sentimiento de desprecio hacia los puertorriqueños. Esa imagen y esos sentimientos están en el ambiente desde 1898 y existe una enorme prueba documental al respecto, pero durante ciertos periodos se aplaca. Sin embargo, nuestra crisis de la deuda pública y las formas en que los gobiernos coloniales la han tratado, disparó esas percepciones nacidas del racismo y la prepotencia gringa.

Ése era el ambiente que existía antes del azote del huracán María. Lo que ocurrió luego de ese evento llevó a niveles nunca antes vistos la desconfianza del establishment estadounidense hacia las instituciones puertorriqueñas. La imagen que el gobierno de Ricardo Rosselló trasmite hacia Washington se resume en dos palabras, incompetencia y corrupción. La incompetencia se trasluce de la ausencia de un plan de gobierno y de la constante improvisación, del empeoramiento de las condiciones sociales y de la falta de respuesta al continuo declive económico. La corrupción, por su parte, nace de contratos como el de Whitefish y, más importante aún, de la ausencia de acciones dirigidas a detener esas contrataciones y a fijar responsabilidades.

La desconfianza y el desprecio llegan a tal nivel que un préstamo legislado con etiqueta de “emergencia” –el de los $4,900 millones– ha sido detenido en la burocracia federal hasta que allá reciban las necesarias garantías de que el dinero no será malversado. Y si ni siquiera confían en los puertorriqueños para prestarles dinero, ¿acaso van a entrar con un mínimo de seriedad en conversaciones de status hacia una eventual incorporación como estado?

El gobernador Rosselló y su grupo de “comisionados igualitarios” sabían todo esto. No obstante, insistieron en el libreto del “plan Tennessee” sin cogerle miedo a hacer el ridículo. Allá ellos.

Hace apenas unos días el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó un proyecto de ley que le concede el derecho a actuar simbólicamente a los ciudadanos de la isla. Inhale. Exhale. Existe una ley que permite a los puertorriqueños votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. De embuste. Pero como si fuera de verdad. ¿Por qué? ¿Para qué? Antes de tratar de contestar esas preguntas tratemos de ver lo que no tiene el argumento.

La palabra símbolo viene del latín (simbólum, y ésta del griego que ni vamos a intentar escribir). El asunto es que se refiere a la forma de exteriorizar una idea o un pensamiento a partir de una semejanza real o imaginada con lo significado. Digamos que ahora tenemos el derecho de convocar unas elecciones presidenciales, y podremos hacer fila y escoger al presidente de modo que se asemeje o se parezca a lo que hacen los ciudadanos de los EEUU. Sin embargo, no tendrá ningún efecto sobre el resultado de las elecciones en la metrópoli aunque sí los tendrá en la isla. El resultado será un gasto millonario en un país en quiebra.

La ley firmada por Rosselló es menos compleja que los decorados simbólicos, como el árbol de Navidad, que al menos uno los adorna. Es menos rica que la poesía simbólica, que es una cosa llegada de Francia. Es como un cucurucho, un papel, un botón que uno guarda porque tiene un valor afectivo. Es menos material que ese factor de reconocimiento de labor que son los premios simbólicos a los nenes que no llegan ni primero, ni segundo, ni tercero en el field day. Es tan absurdo como un regalo que te dicen que te dan pero no te dan, un regalo simbólico que te das a ti mismo en un cumpleaños solitario.

La medida legislativa es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y pretende presionar al gobierno federal para que atienda el estatus político de la isla. Probablemente ese proyecto se le ocurrió al líder legislativo de las huestes estadoístas durante uno de sus ayunos de gran repercusión mediática. Como es sabido, ayunar puede causar mareos porque el corazón bombea más lentamente y el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno suficiente. Al sustentarse los ayunos con juguitos naturales éstos pueden tener un efecto laxante lo que desencadena mecanismos de compensación. En esos días, redactando ese proyecto, se puede conjeturar que la glucosa se dirigió principalmente al sistema nervioso central y este hombre alucinó, nada que unos baños calientes y paseos al aire libre no puedan aliviar.

Sin embargo, aunque uno puede entender las razones para presentar este tipo de longaniza legal cuando hay hambre y carne de delirio, lo realmente llamativo es que haya un gobernador que firme la ley. Nada raro si ya hemos visto que el hombrecillo se pasa sus días lejos de su isla devastada en pos de Orlando y Washington, ciudad esta última, a la que viaja acompañado de los Siete Enanitos ideológicos que pretenden ocupar sillas en el Congreso, así porque sí. Sin participar en elecciones, por cierto.

Así que esta administración crea elecciones simbólicas y, a su vez, nombra a siete amiguetes turistas heroicos e históricos que, según nuestras fuentes, fueron recibidos en el Congreso por el muchacho que maneja el valet parking.

A mí me habían dicho que las elecciones en los territorios coloniales siempre eran simbólicas. Uno puede nombrar a unos funcionarios que van a administrar asuntos locales pero nunca a legisladores capaces de llevar a cabo labores en beneficio de la comunidad en decisión soberana. De esa forma, de manera soberana, las comunidades tienen, teóricamente, la posibilidad de elegir a representantes que trabajarán por los intereses de la comunidad que representan, sin ningún poder superior y exterior. Cuando se vota en un territorio uno selecciona a aquellos representontos que harán lo que les permita el Congreso de EEUU o cualquier funcionario de segunda categoría que trabaje allá. En resumen. En las colonias las elecciones siempre son simbólicas. Pero esta administración es simbólica hasta la castración del sentido. Quieren votar simbólicamente por el presidente de EEUU, en un sistema en el que ni siquiera se respeta el precepto de “un hombre, un voto”. ¿Puede uno mandar todo esto, simbólicamente, a las pailas?