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Tras el aumento de presencia y equipo militar reportado en el archipiélago, múltiples organizaciones e iniciativas buscan frenar la remilitarización del territorio nacional, tal como sucedió hace unas décadas en las bases navales de Ceiba y Vieques. Sin embargo, expertos arguyen que Puerto Rico, a pesar de expulsar en 2003 la permanencia física de la marina, continuó y continúa operando como espacio clave para ejercicios militares.

De acuerdo con el licenciado Alejandro Torres Rivera, Puerto Rico pertenecía a una de varias zonas operacionales conocidas como “polígonos”. En el archipiélago, este polígono “interno” comprendía campos de tiro de 900 cuerdas de terreno, un “área de maniobras del este” y un almacén de armamentos ubicado en la Isla Nena. Esta zona se sumaba a otros polígonos más que engranaban en tareas marítimas, aéreas y terrestres.

“Todo eso se reestructura a partir del 2003, cuando cierran Roosevelt Roads y desaparece propiamente el polígono de guerra submarina y antisubmarina. Lo trasladan mucho más cercano al área de Virginia. En lo que tiene que ver con el “polígono interno”, ese es el que se cierra propiamente”, explicó el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

No obstante, un polígono mantuvo algunas de funciones después de la salida de la Marina en Vieques: el polígono de guerras electrónicas. Entre los elementos de esta zona que quedaron activos está el Monte Pirata, uno de dos componentes de radar relocalizador, que se une a estaciones similares en Santa Cruz, Saint Thomas y en El Yunque.

“Ese polígono no está inactivo; pero ha decrecido la intensidad de sus operaciones… Cuando hablamos de que la Marina se fue, pues, no es tal cosa como que se haya ido. De lo que estamos hablando es que se ha reducido, en forma significativa, el uso que se le daba a esa área de entrenamiento de la flota del Atlántico”, aseguró Torres Rivera.

Para que la milicia retirara sus bases del país, cuenta el licenciado, la Marina comenzó a identificar en el 2000 cómo cambiar estas áreas operacionales a través del Centro de Análisis Naval (CNA, en inglés). Para Puerto Rico, esto implicó el cierre de la base aérea Ramey, en Aguadilla, y de la base naval que quedaba donde ahora yace el Centro de Convenciones.

“Ya ellos no están ahí, pero mantienen presencia todavía en el aeropuerto de Carolina (base aérea Muñiz), donde están las unidades y los helicópteros de la Guardia Nacional. Y han mantenido en funciones otros componentes operacionales, como en el caso de Buchanan, que es la sede de los comandos de la reserva del ejército de los Estados Unidos; como el Campamento Santiago, que es el área principal de entrenamiento y operaciones de la Guardia Nacional”, continuó el abogado.

En ese sentido, Torres Rivera expuso que estos equipos e infraestructuras continúan estando disponibles para uso militar. De ejemplo, mencionó la pista aérea de tres kilómetros que las Fuerzas Armadas utilizan en Roosevelt Roads, en Ceiba.

“Ấreas que militarmente fueron cerradas son áreas que pueden ser militarmente reactivadas en cualquier momento por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De ahí que uno sostenga que Puerto Rico sigue siendo un componente importante, desde el punto de vista de la estrategia, para la región. Y que se haya reducido no significa que, como ahora, no se vuelva a reactivar ciertos componentes”, aseveró.

Torres Rivera recordó que Puerto Rico, por su ubicación geopolítica, aún funge como la “puerta de acceso” al Canal de Panamá, donde se dieron, desde el 2020, unos ejercicios de guerra junto a marinas de guerra aliadas. Los trabajos, titulados Operación PANAMAX, buscaron reforzar la ruta caribeña al canal. La milicia realizó, tiempo después, un trabajo similar por la ruta del océano Pacífico.

“Nosotros no nos damos cuenta de que esas cosas están pasando. Pero en efecto, se siguen desarrollando. Y lo que estamos viendo ahora, dentro de la política de Trump de agresividad hacia Venezuela, es algo que vimos en abril del año 2002. Donde, en el contexto de un ejercicio de acoplamiento, se posicionaron a 12 millas de la costa de Venezuela en respaldo al golpe de Estado que intentaron darle al presidente Hugo Chávez”, contó el experto en temas políticos.

En esta ocasión, agregó el abogado, podría estarse dando un apoyo tentativo a cualquier movimiento subversivo que intente derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro. Pero Torres Rivera aseguró que, al menos tres veces al año, la flota del Atlántico zarpa a misiones en el Mediterráneo y otras partes del mundo. Sin embargo, estas misiones requieren un mínimo de dos ejercicios básicos para salir: Ejercicios de Entrenamiento de Unidades Compuestas (COMPTUEX, en inglés) y Ejercicios de Fuerza de Tarea Conjunta.

“Estamos hablando de un portaviones que carga decenas de aviones de combate. Estamos hablando de buques anfibios que cargan decenas de helicópteros de transporte de tropas. Estamos hablando de grupos de anfibios que llevan, por lo menos, cerca de 2,000 infantes de marina en cada grupo. Y así, tiene que ir con destructores, con fragatas, con buques de suministro, buques de apoyo. Llevan dos submarinos nucleares, cuentan con aviones de reconocimiento. Es una fuerza de combate significativa”, destacó Torres Rivera.

Y así, como las manecillas de un reloj, estas unidades corren trimestralmente por las aguas y cielos limítrofes. Con etapas iniciales, intermedias y finales, estos ejercicios están continuamente en rotación, con ejemplos tan recientes como septiembre pasado. En los últimos meses, múltiples medios reportaron sobre Ejercicios de Fuerza de Tarea Conjunta en el archipiélago.

“La primera afectación de estos ejercicios es a nuestra soberanía. Por ser colonia, nosotros estamos subordinados al poder de los Estados Unidos, y Estados Unidos violenta el derecho de nuestro pueblo a la tranquilidad, imponiendo ejercicios militares, reservando espacios que deberían ser para el disfrute del pueblo”, comentó el licenciado.

Además, la ocupación militar del territorio nacional supone restricciones en el tráfico aéreo y marítimo. Empero, Torres Rivera duda que EE. UU. ocupe nuevamente a Puerto Rico, como hizo antes de la expulsión de la Marina, puesto que ahora existen tecnologías que permiten ensayar ejercicios de guerra de forma digital.

El Lcdo. Torres Rivera concluyó que cualquier amenaza como la que EE. UU. hizo contra Venezuela, por lejana o improbable que sea, no debe ser descartada. En cambio, añadió, es propio que el país amenazado presuma que podría ser atacado y se prepare ante ellas, como ha hecho Venezuela. “Hay que estar listos para el peor escenario”.

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De algún tribunal federal del Gobierno de Estados Unidos acoger la demanda presentada por tres de los miembros despedidos de la Junta de Control Fiscal (JCF), uno de los primeros misterios que tendría que resolver es qué significa ‘causa’.

De acuerdo con los ahora exmiembros de la JCF Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa, sus despidos fueron “ilegales”. La demanda fue presentada contra el presidente Donald Trump; el director de la oficina de personal de la Casa Blanca, Sergio Gor; el único miembro que queda en la Junta, John E. Nixon, y Robert F. Mujica, el director ejecutivo de la JCF. Aunque también fueron despedidos Cameron McKenzie, Juan Sabater y Luis Ubiñas, estos no figuran en la demanda.

Entrevistado por CLARIDAD sobre las posibilidades de la demanda, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, explicó que quien único puede despedir a los miembros de la JCF es el presidente, y que la Ley PROMESA dice que es por “causa”. Además, aclaró que ya el Tribunal Supremo de EE. UU. (TS) dijo que los funcionarios de la JCF son territoriales, lo que significa que uno de los primeros misterios que debe ver el tribunal es qué es causa. Sin embargo, esos criterios no están en la Ley PROMESA.

A juicio del experto en la Ley PROMESA, la defensa de Trump va a decir que la causa él la explicó. Trump declaró que los despedidos no habían sido eficientes, que habían gastado demasiado dinero, que se habían tomado demasiado tiempo. Aunque esas son causas, se presume que “causa” es algo mucho más grave, como cometer un delito de depravación moral y otros, pero la Ley PROMESA no lo define.

Sin embargo, el tema es mucho más amplio porque ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que le permite al presidente despedir a funcionarios federales que tienen protecciones de ley similares, que no tienen términos fijos, cuando la ley dice que la persona no se puede remover porque hay que garantizar su independencia, y ha habido casos donde el TS ha dicho que el presidente sí puede despedir. Eso significa que si el tribunal de primera instancia acogiera el caso, tendría que contestar esas primeras preguntas de sobre si el presidente articuló una causa. De acogerse el caso por el tribunal de primera instancia, este continuará hasta el TS. Ahí, como ha sucedido en todas las ocasiones recientes, en que el Supremo le ha dado la razón al presidente, se revocarían las decisiones del tribunal inferior.

En cuanto a las implicaciones que podría tener la demanda sobre el litigio del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, recordó que ya el pleito está detenido por petición de los bonistas acreedores en lo que se constituye la nueva junta. Resaltó que el interés de los bonistas es evitar que la actual JCF siga tomando acciones en su contra, por lo que van a esperar los nombramientos nuevos. Esta situación no cambiará a menos que haya una orden de interdicto del tribunal, de parte de los demandantes, que diga que estos se tienen que mantener en la Junta hasta que el presidente los sustituya.

No obstante, Emmanuelli Jiménez estima que los bonistas están apostando a que el tribunal no dé esa orden y que eventualmente lleguen los nombramientos. Aparentemente, los nombramientos se han atrasado porque han tenido dificultad en conseguir la gente que Trump quiere y que se quiera “inmolar”: un boricua que llegue a un acuerdo con los bonistas y nos suban la luz. No creo que haya un boricua con esa mentalidad. Ha tomado tiempo por lo difícil de conseguir a alguien. No se ha dicho nada de nombres”.

Por otra parte, indicó que los casos de Título III relacionados con liquidaciones del Gobierno central continúan, como por ejemplo el pleito de las familias de Educación Especial.

El licenciado Emmanuellli considera que el asunto va a tomar tiempo hasta que no se nombre una nueva junta: seis miembros. De darse la circunstancia de que se ocurran los dos procesos, es decir, que se nombre la nueva junta y que el tribunal acoja el caso, alertó de que en la mayoría de los casos en que el tribunal de primera instancia falla a favor de los demandantes, Trump lo que ha hecho es ir al TS. Allí pide que se deje sin efecto la orden del tribunal inferior hasta que el TS resuelva en sus méritos. Entonces, se quedan los demandantes fuera de la JCF y él nombra a su gente.

Plazo de 48 horas

Este lunes 29 de septiembre en el Tribunal Federal, en Puerto Rico, ante la jueza Maria Antorgiorgi-Jordán, se llevó a cabo la vista de la demanda radicada por los ex tres miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), contra el presidente Trump, por alegado despido injustificado.

Concluida la vista la jueza indicó que anunciaría su decisión en las próximas 48 horas.

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La comunidad asegura que existe un patrón de desconocimiento e imposición política

Gremios, sindicatos y asociaciones estudiantiles lo advirtieron meses antes de su presidencia. Advertían, por igual, que el proceso de elección en que resultó electa sufrió de intervenciones político-partidistas. Y hoy, a noventa días de entrar en funciones, la Dra. Zayira Jordán Conde enfrenta formalmente la oposición del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La organización estudiantil, que venía denunciando algunas movidas de la presidenta de la UPR, catalogó a Jordán Conde como “incapaz de conducir con transparencia, responsabilidad fiscal y respeto la gobernanza universitaria”. Asimismo, los estudiantes aseguran un mal manejo intencional de las finanzas institucionales.

“Sus acciones han tergiversado los estados financieros auditados, presentando como “insolvencia” lo que, según la propia Certificación Núm. 116 (Estados Financieros Auditados 2024-2025), es un escenario complejo dentro del marco fiscal vigente”, publicó el CGE este 29 de septiembre.

Esta tergiversación, continuó la asociación, justifica los cierres de programas y, más recientemente, la idea de consolidar las rectorías. De acuerdo con el CGE, esta determinación impactaría la autonomía de los recintos, centralizaría sus funciones y contradiría la Ley 1 de 1996, que precisamente protege esta independencia.

“La  presidenta ha marginado deliberadamente la participación de sectores representativos en la Junta Universitaria, violando el Reglamento General de la UPR y el Reglamento General de Estudiantes. Ha cedido decisiones estratégicas a asesores externos con claros conflictos de interés y ha justificado cierres arbitrarios de programas académicos de alto valor social, sin sustento en estudios de planificación institucional”, agregaron los estudiantes.

Con relación a esta arbitrariedad financiera, el CGE recordó que el Fideicomiso del Sistema de Retiro de la UPR mantiene una solvencia proyectada de tres décadas, con un balance de $1,713 millones contabilizados en junio del año pasado. “Convertir esa deuda actuarial en sinónimo de quiebra inmediata es un acto irresponsable que erosiona la confianza pública. Este alarmismo se utiliza como cortina de humo para justificar recortes, cierres y consolidaciones que carecen de base financiera y académica”.

 Cambios afectan días feriados y reglamentos

 El pasado 22 de septiembre, los trabajadores del recinto de Río Piedras recibieron un correo de la rectora, Angélica Varela Llavona, que indicaba un cambio de calendario: no tendrían libre, ni ellos ni los estudiantes, el 23 de septiembre, día en que se conmemora el Grito de Lares.

“En cumplimiento con el seriado R-2526-12, emitido por la presidenta Dra. Zayira Jordán Conde el 18 de septiembre de 2025, se informa que el martes, 23 de septiembre será un día regular de clases y de trabajo para todos los empleados universitarios”, lee la comunicación por escrito.

Además, el comunicado sostuvo que, en el caso de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, el feriado no se concedió por no estar incluido en el convenio colectivo del gremio y porque el gasto que supondría el feriado —$600,000— habría tenido que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal, que actualmente tiene uno de sus siete integrantes.

Pero de acuerdo con Astrid Lugo, senadora estudiantil en el CGE riopedrense, la Certificación 29 del 1971—promulgada por la Junta Universitaria— reconoce el 23 de septiembre como un día libre en el sistema UPR. “Eso es una certificación que decidieron ignorar”.

“Nosotros elevamos la discusión a rectoría y a la junta administrativa, y simplemente quisieron ignorarnos. Están ignorando las certificaciones universitarias que han salido, además de que es un día reconocido y debe ser respetado”, agregó la estudiante.

Por su parte, el secretario de relaciones públicas del CGE, Anthony Lugo, afirmó que estas y otras decisiones similares han sido directamente influidas por la presidencia de la Dra. Zayira Jordán Conde. La colectividad ha catalogado las posturas de la presidenta como “falsas y alarmistas”, particularmente con relación a los fondos federales.

“La presidenta se comunicó con la rectora y le dijo que también tenía que sacar los baños inclusivos porque, si no, íbamos a perder los fondos federales. Están destruyendo todo por lo que hemos luchado en la Universidad de Puerto Rico, de desestimar no reconocer a nuestras comunidades y a la diversidad que existe. Y eso simplemente no puede ser”, concluyeron ambos integrantes del CGE, en exclusiva con CLARIDAD.