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Hacer un balance entre los servicios a los colegiados, fortalecer su membresía, así como  fortalecer el rol público de tener voz en los asuntos del país son dos de las prioridades de la nueva presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR),  licenciada Vivían Godineaux Villaronga.

La quinta mujer en ocupar la presidencia del CAAPR, quien juramentó a su cargo el 16 de septiembre, narra su motivación para querer presidir a las y los togados. La licenciada Godineaux  Villaronga cuenta que desde sus años de estudiante siempre ha estado cerca del Colegio y que aunque  no proviene de una familia de abogados, siempre le gustó  el Derecho “antes de saber que quería ser abogada”. Por esto, cuando llegó a la Universidad de Puerto Rico (UPR), estudió en Humanidades en el Programa Prejurídico del Departamento de Estudios Interdiciplinarios.  Luego estudió Derecho en la Facultad de la Universidad Interamericana (UIA).  Allí fue primero miembro de la directiva de la Asociación  Nacional de Estudiantes de Derecho, que es el brazo estudiantil del CAAPR, y luego presidenta.

Su primera experiencia en la profesión y donde se formó fue en el Bufete  Emmanuelli, de Rolando y Rafael Emmanuelli, en Ponce. Después se trasladó a San Juan a trabajar en el Instituto de Derecho Laboral,  junto al licenciado Jorge Farinacci, que le dio la oportunidad de llevar casos de la Unión de Tronquistas.

Ya hace varios años que practica  el Derecho Civil, en particular como profesora de la Clínica del Proyecto de Justicia para la Niñez, de la Facultad de Derecho de la UIA. Este proyecto representa a personas a quienes el Departamento de la Familia (DF) les remueve sus hijos en casos de maltrato de menores para recuperar la custodia. La licenciada Godineaux  Villaronga expuso que el tema de la remoción de menores es uno que hay que explicar. El DF, que es el Estado, tiene el poder inherente de remover niños de sus hogares sin embargo, esas situaciones se pueden trabajar de manera distinta. Antes del 2023, la legislación era una ley más punitiva, pero ahora, bajo la Ley 57, se tiene la visión de lo que es preservar la unidad familiar. Destacó que se ha comprobado que las remociones causan más traumas que el propio problema interno de la familia.

“El Estado tiene la obligación de realizar esfuerzos razonables para dar servicios a los familiares para evitar una remoción de un niño, por situaciones diversas. Hay problemas de pobreza, abuelas, madres solteras. El Estado tiene que dar oportunidades antes de llegar a una remoción”, defendió.

En cuanto a sus prioridades, la presidenta del CAAPR comentó que en los últimos años han aumentado los colegiados debido a la creación de una comisión que permite que un estudiante de Derecho pueda pertenecer al Colegio y a sus comisiones. No obstante, expresó su deseo de promover las colegiaciones dado a que el Colegio tiene muchos servicios y hay que darlos a conocer. En esa dirección, indicó su interés en tener a alguien que trabaje en el contenido de las redes sociales.

En cuanto al rol público del CAAPR, su presidenta resaltó la importancia de que se  entienda y reconozca el papel pertinente que tiene el Colegio en una sociedad. “El Colegio históricamente siempre ha sido voz de los que no tienen voz, ha orientado al país de lo que son los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos constitucionales y los asuntos que son relacionados al Derecho. El colegio siempre se ha expresado sobre ellos, contra la pena de muerte, sobre los derechos reproductivos, en los movimientos estudiantes como observadores, en los asuntos ambientales. Por eso se tienen comisiones que se dedican al estudio del Derecho en diversas áreas”.

Sobre los estudiantes y colegiados también señaló a la importancia de la organización: “Que haya una organización, dedicada al desarrollo y estudio del Derecho, a ser una voz de la abogacía del país y de la abogacía internacional, que tengamos contacto con otras organizaciones de abogados. Que desde que seas estudiante te veas identificado y veas que tu trabajo, no es solo una labor individual, sino colectiva. Que tú te debes al país,  a las personas que no tienen acceso a la justicia”.

La presidenta del CAAPR  trajo a la atención que una vez juramentó tuvo dos conferencias de prensa. La primera para anunciar la creación de una comisión que realizó un estudio jurídico de los contratos de Genera PR y LUMA Energy. El objetivo es que la comisión pueda proveer  un documento disponible a los candidatos y para el país; un documento de una institución que no es política, que ofrezca más confianza. La comisión tiene un plazo de 30 días para llevar a cabo el estudio, por lo que la expectativa es que esté listo antes de noviembre.

La segunda conferencia fue junto al Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, siglas en inglés) y Amnistía Internacional , Capítulo de Puerto Rico, en la que entre otros aspectos se anunció la creación de un cuerpo de observadores del proceso electoral.

A  la pregunta de cómo ve el presente panorama electoral, la licenciada Godineaux expresó que hay una  atmósfera de desconfianza y lamentó que el Tribunal Federal en Puerto Rico haya desestimado el recurso presentado por la ACLU para extender el periodo de inscripciones.

Señaló que el Colegio está bien pendiente del proceso electoral, por lo que sostuvo reuniones con los presidentes de cada delegación para que sean voluntarios observadores en el proceso, “precisamente, por lo que está ocurriendo todos los días de las quejas y denuncias que ha habido en el proceso electoral. Que  haya más transparencia, más  credibilidad de los resultados para que puedan tomar nota de cualquier incidente que ocurra”.

Otro asunto que la presidenta trajo a colación es la postura del CAAPR de que las personas aspirantes a ejercer la profesión en Puerto Rico tomen la reválida de aquí. Esto ante la acción del Tribunal Supremo de Puerto Rico de aceptar que una persona que estudió en EE. UU., pero que no ha tomado la reválida de Puerto Rico, ejerza la profesión. A esos efectos en la asamblea se aprobó una resolución donde fija su postura y crea una comisión para que presente un informe al Comité de Reputación del Tribunal Supremo.

“Estamos comenzando con muchas ganas de echar hacia adelante el Colegio. Puedo decir que tengo una gran junta de  gobierno, con personas que quieren trabajar por el Colegio, que son colegiados; una junta de personas que son muy conocedores, que creen  en la colegiación, que tienen mucho compromiso con el país y con la clase togada, que reconocen la importancia del rol que desempeñan”.

Por Manuel de J. GonzálezCLARIDAD

Los detalles ya conocidos sobre el llamado “billboard” que pretenden instalar en un área residencial de Puerto Nuevo resumen a la perfección cómo el Partido Nuevo Progresista ha pervertido la operación gubernamental. Ahí está retratada la forma muy diáfana la manipulación de normas y reglamentos para beneficiar a los de la casa. La manera burda como todo se hizo es típica de aquellos que se sienten impunes. Resumo y comento esos detalles que dramatizan todo lo que se ha estado denunciando de cara las elecciones próximas donde el PNP intenta lograr otros 4 años a cargo del gobierno.

Sorpresa. Lo primero que sobresale es el factor sorpresa. Ninguno de los vecinos del lugar sabía que lo que ahora llaman “adefesio” se estaría instalando frente o al lado de sus casas. Según relataron, se enteraron cuando se cerró la calle y las máquinas empezaron a romper el pavimento. Un elemento esencial del procedimiento administrativo que conduce a la otorgación de un permiso de construcción es la notificación a quienes podrían afectarse. Cuando se inicia un proceso el primer paso es notificarles a estas personas. Todo indica que ese requisito esencial no existió en esta ocasión, al menos de lo que ocurrió en la Oficina de Reglamentos y Permisos (ARPe). Tampoco se notificó el permiso solicitado al Municipio de San Juan (el mismo que ahora preocupado por los votos cuestiona el proceso) para cerrar la calle durante la construcción. Ambos eventos -la autorización para construir y el cierre de la calle- sorprendieron a los residentes.

Ahí vemos el vicio principal de lo que llaman “permisología”. Los procesos se conducen sin tomar en cuenta las comunidades que serán afectadas. En el papel, la reglamentación exige la notificación, pero buscan la manera de evadir el requisito.

Compadrazgo político. De ordinario, lo que explica el vicio del mecanismo que conduce al permiso es el poder económico. Las grandes empresas o las personas ricas corrompen el proceso. Lo vimos hace algunos años en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón que pretendía construir una piscina privada en plena playa pública. Allí también había un permiso “válido” con el que empezaron a construir y luego se demostró que fue obtenido de forma fraudulenta.

El poder económico se junta casi siempre con el compadrazgo político, pero también cada uno de esos factores puede aparecer por separado. En este caso, la presencia del elemento politiquero es dramático. La persona que consiguió el permiso para “sembrar” una mole de cemento y acero en medio de una comunidad es un exsecretario general del PNP. Obviamente se trata de alguien muy conectado con el gobierno y con acceso directo a los funcionarios que aprueban los permisos. Eso explica por qué los vecinos afectados no se enteraron de la propuesta hasta que vieron las máquinas rompiendo la calle y porqué tampoco se enteraron de que el Municipio autorizó cerrar la vía pública hasta que la cerraron. Tanto la administración central como la municipal están controladas por el PNP, el mismo partido que el proponente dirigió y al que se mantiene vinculado.

Dirigió Planificación. Hay otro detalle en la noticia todavía más dramático y hasta espeluznante, y un ejemplo muy vivo de cómo el PNP ha pervertido el llamado “servicio público”. Las informaciones de prensa nos dicen que el individuo que se benefició con esos permisos manipulando el proceso, Héctor Morales Vargas, fue en el pasado presidente de la Junta de Planificación (JP).

La JP es una de las agencias más importantes del gobierno y, sin duda, la más importante del entramado que aprueba los permisos de construcción. Quienes la dirigen se suponen que sean profesionales de prestigio en el campo, desvinculados de los traqueteos partidistas. Desde que la ideó el gobernador estadounidense Rexford Tugwell en 1942 la agencia ha tenido alzas y bajas, pero nunca había descendido al nivel que la tiene en estos momentos el PNP. Ahora vemos que el mismo individuo que dirige la estructura puramente partidaria, ocupando la secretaría general, antes o después estuvo a cargo de la agencia más importante para la regulación de la actividad económica. Eso explica porqué este individuo pudo burlar el procedimiento administrativo para obtener el permiso y porqué los vecinos no se enteraron hasta que las máquinas comenzaron a romper la calle, pero, además, dramatiza el alto grado de politización de la administración pública.

Finalmente, a quienes creen que el procedimiento judicial que el alcalde Romero corrió a iniciar puede detener el abuso, les recuerdo algunas cosas. Primero, que Romero lo hizo preocupado por el impacto electoral de la noticia y sin reconocer que el propio municipio que dirige está tan embarrado como ARPE. Segundo, que desde 2009 el PNP también controla el sistema judicial una vez se aseguró la mayoría del Tribunal Supremo. También controla la Oficina de Ética a dónde referirían a los funcionarios corruptos y el Departamento de Justicia que debería investigar.

Ya ven que no exageramos cuando decimos que el PNP pervirtió el servicio público.

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Todavía queda mucho trabajo por hacer en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a menos de 30 días de las elecciones, según se desprende de entrevista con el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos.

El comisionado electoral del PIP afirmó que todavía quedan por eliminar del registro electoral activo cerca de 10,500 fallecidos. La fecha límite para completar este trabajo se suponía que fuera el 28 de septiembre, fecha con la que es obvio no se cumplió. Aunque se continúa trabajando, de llegar el día de las elecciones y no haberse concluido el trabajo, se determinó que se enviaría a los colegios electorales  una lista aparte llamada “lista salmón”, con el nombre de los fallecidos. Se supone que esa lista evite que alguien acuda a votar por alguno, indicó.

No obstante, de acuerdo con Aponte Berríos, el tema del voto adelantado por correo es uno más complicados. La manera de monitorear ese voto es que la persona envía una copia de su identificación electoral con las papeletas. Aunque por lo regular la gente envía su identificación, en las elecciones pasadas hubo gente que no lo hizo. En estas elecciones, al elector que no envíe su identificación con las papeletas se le va a conceder un término de 72 horas para que pueda enviar una fotocopia de su tarjeta electoral. Luego que se reciba su identificación, entonces es que se contaría el voto. De no llegar la identificación, no se contará el voto.

Según la CEE, al 30 de septiembre, las solicitudes del voto adelantado por correo eran de 174,922. Aun cuando el Código Electoral establece que el envío de las papeletas del voto adelantado por correo debe efectuarse 30 días antes del día de las elecciones, al 30 de septiembre el trabajo no se había completado. Las expectativas de la CEE es que se concluyera el 6 de octubre.

Contrario a la cantidad del voto adelantado por correo, el voto ausente solo lo solicitaron 11 mil personas, número mayor al de las pasadas elecciones, que fue tan solo de 6 mil.

Sobre la papeleta presidencial y la del llamado plebiscito y sobre la inclinación de algunas personas a dañar la papeleta, Aponte Berríos advirtió que si la persona va a escribir algo, tiene que tener cuidado de que lo que escriba no caiga en las marcas del cuadrante de un candidato. No obstante, recordó que, después de un análisis, el PIP  decidió exhortar a sus electores a que dejen las papeletas en blanco. El PPD también lo ha dicho para el caso de la papeleta del plebiscito.

Tras las denuncias de que la CEE estaba obstaculizando el proceso de inscripción de nuevos electores, la reactivación de electores o el hacer algún otro trámite, como cambio de dirección, a inicios de este mes de octubre los nuevos inscritos se contaban en  98,556. De acuerdo con Aponte Berríos, ese número podría aumentar en los próximos días debido a que todavía se estaba atendiendo los casos en el sistema electrónico eRE mientras los reactivados se contaban en 87,354. Suponiendo que todas las personas hicieron el esfuerzo por inscribirse o reactivarse, el total de los electores que se espera voten en estas elecciones es de 1,995,188.

Aponte Berríos observó que ese número es menor al del 2020 cuando el número de electores activos era de 2,355,895. Explicó que este número se debe a que desde que hubo la determinación del Tribunal Federal en el 2012 de que había que reactivar a las personas solo si no votan en las dos últimas elecciones generales, había una burbuja de más de 500 mil personas que elección tras elección no acudían a votar, pero quedaban todavía activos porque votaron en el 2016.  “Decimos  que es una burbuja porque no es un número real, así que para proyectar quiénes participan realmente en estas elecciones generales de ese 1,955 mil,  tendría que quitarle los 500 mil”. Comentó que el estadístico Manuel Álvarez, proyecta que al restar esos 500 mil, el número real de votantes sería de 1millón 425 mil personas.

La confiabilidad de las máquinas

Sobre la confiabilidad de las máquinas de escrutinio, Aponte Berríos aclaró que el ensayo que se realizó el 27 de septiembre fue específicamente para asegurar que el problema que hubo en las primarias con la transmisión del archivo de colegio a nivel central se hubiese resuelto. Sin embargo,  reparó en que todavía no se puede garantizar que las máquinas vayan a funcionar bien. Su parecer es que debe haber otros ejercicios antes del día de las elecciones y destacó que no se ha llevado a cabo un simulacro como el del 2016.

Aponte alertó de que mucha gente está pidiendo las papeletas modelo, pero todavía la imprenta no se las ha dado, a cinco semanas del día de las elecciones. En estas elecciones habrá cinco papeletas. Para el evento electoral se enviaron a imprimir 10 millones. En cuanto a las denuncias de la falta de empleados de la CEE, lo que se ha hecho es que cada partido mueve el personal que tiene  de una oficina a otra, añadió.

El comisionado electoral del PIP admitió que en términos generales queda mucho trabajo por delante. Resaltó que en la recta final, “hay que trabajar y fiscalizar los procesos a todos los niveles”, hay que trabajar las juntas de voto a domicilio; el voto de los confinados, del cual hay 5,033 solicitudes, y el voto en los hospitales.

“No es un evento de un solo día”, subrayó.

El informe, discutido recientemente en el Senado Académico, se deriva de un cuestionario hecho el segundo semestre del 2022-2023

CLARIDAD

En un esfuerzo por visibilizar las necesidades de su matrícula, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) organizó un Estudio de Necesidades Estudiantiles en el que recibió 1,218 respuestas de distintos estudiantes. Con dos coordinadores, tres investigadores y 10 asistentes, se exploraron temas como la seguridad económica, alimentaria y de transporte.

El estudio, al que CLARIDAD accedió por una fuente anónima, reconoce que “en los últimos seis años, la comunidad estudiantil ha experimentado dos huracanes que devastaron la isla, una serie de temblores que expusieron las vulnerabilidades del sistema eléctrico y, recientemente, una pandemia que alteró los procesos educativos durante dos años”. Además, argumenta que esta “precariedad ha llevado a los investigadores a desarrollar el primer estudio de necesidades estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras”.

Algunas de las cifras más destacadas integran una mayoría de 72 % que depende de sus automóviles para acudir a clases, un 62% que experimenta algún grado de inseguridad alimentaria y otro 27% que ha vivido inseguridad económica. El recinto de Río Piedras obtuvo toda esta información por medio de un cuestionario de 87 preguntas, e incluyó el apoyo de la Procuraduría Estudiantil, los Decanatos y los Consejos Estudiantiles de cada facultad.

Del mismo modo, un 62 % de la muestra también reportó que ingresa menos de $500 al mes, mayormente de la Beca Pell, la ayuda económica de personas cercanas o el salario que reciben del trabajo.

A preguntas respecto a la accesibilidad del recinto, algunos estudiantes contestaron: «No tengo vehículo propio y vivo muy lejos de la Iupi”, “vivo lejos de la Iupi y se me dificulta el costear la gasolina y peaje”, y “me tuve que mudar de Río Piedras porque me triplicaron la renta y no encuentro lugar cerca para vivir con mi familia a un costo razonable”. Las respuestas solo atisban el 64 % de la muestra que afirmó enfrentar complicaciones con su transporte al recinto.

Del total del cuestionario, 802 alumnos —o siete de cada diez— utilizan el carro para poder transportarse a Río Piedras, una cifra que opaca el 15 % que usa el Tren Urbano (TU), el 6% que camina y el 3 % que suman el pon, los Uber y otros métodos.

Estudiantes más tecnológicos y a falta de prácticas

Según refleja el trabajo investigativo, el 90 % del estudiantado considera que las computadoras, en estos tiempos de clases, tareas y reuniones híbridas, es una necesidad primordial. La cifra rebasa cómodamente la de otros materiales como lápices (77 %) e impresoras (76 %) y representa el doble de la necesidad de calculadoras (51 %).

En los apartados para comentar directamente, el estudiantado denunció el estado de máquinas dañadas, como el cortador láser de Arquitectura, y la falta de materiales como iluminación, vestuarios y, en la mayoría de los casos, de programas como Adobe, Sketchup, Rhino y otros más.

Quizás el porcentaje más impactante es el 95 % de la muestra que considera que en el recinto de Río Piedras se necesitan más experiencias de investigación. De los encuestados, un 44 % aseguró que nunca ha conseguido oportunidades para investigar, mientras que un 57 % confirmó dificultades en el proceso de conseguir una.

Asimismo, cuatro de cada diez estudiantes encuestados respondió haber considerado darse de baja total, casi todos especificando en este apartado que los factores económicos (53 %); la necesidad de trabajar (46 %); la inestabilidad en la universidad (45 %) y la calidad de las clases (44 %) incidieron en su consideración.

“Procesos de admisión, registro, escoger clases, falta de espacios en cursos, métodos de enseñanza atrasados, clases innecesarias, falta de orientación o accesibilidad a recursos, disponibilidad de horarios para clases, consejería cualificada para identificar las necesidades del estudiantado”, cita una de las contestaciones directas de los estudiantes participantes.

Por otro lado, un 20 %, o 219 encuestados, registró tener algún tipo de diversidad funcional. De esta cantidad, casi el 80 % expresó que la universidad aún cuenta con barreras físicas para las personas con impedimentos físicos.

Estas y otras dificultades se han agudizado desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, hace casi una década. La falta de un presupuesto fijo ha propiciado inestabilidad en todas las gestiones administrativas, desde la retención de la docencia hasta las condiciones en que se encuentra la infraestructura del recinto.

Recomendaciones de los investigadores

Para atajar esta problemáticas a las que el estudiantado riopedrense está sujeto, los propios investigadores sugirieron que la institución active recursos e iniciativas que robustezcan los apoyos para los estudiantes, como la ampliación del Programa de Asistencia Nutricional para todo universitario o aumentar la cantidad de empleos remotos a tiempo completo para estudiantes.

No obstante, gran parte de los posibles recursos mencionados, como la capacitación de la docencia para atender situaciones complicadas, la adquisición de nuevos equipos y el fortalecimiento de los programas de tutorías, son propuestas que tienen que pasar por el cedazo de la JCF, que ha sido consistente en negarle los recursos necesarios al sistema universitario.