Cuatro organizaciones comunitarias y múltiples residentes de Cayey impugnaron, la semana pasada, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal aprobado en marzo pasado, destacando incompatibilidad con otros reglamentos estatales, la falta de participación ciudadana y un impacto ambiental significativo.
Las colectividades Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, la Comuna Cayey y la Comunidad Carrasquillo radicaron, junto a otros residentes, un pleito ante el Tribunal de Apelaciones, por entender que el nuevo POT es arbitrario, caprichoso y contrario al derecho.
“El plan permite la reclasificación de terrenos protegidos designados como Suelo Rústico Especialmente Protegido (SREP) a categorías urbanas, lo que viabilizaría desarrollos comerciales, industriales y residenciales en áreas de alto valor agrícola, ecológico y arqueológico. Estas tierras especialmente protegidas forman parte de las 600,000 cuerdas reservadas para la agricultura a perpetuidad en Puerto Rico”, denunciaron por escrito.
Desde la plaza pública del Cayey, las organizaciones advirtieron de la construcción del conector PR-52 encima de terrenos agrícolas y el río La Plata. Las comunidades Las Vegas, Farallón, Guavate y Cedros se opusieron por entender que sus comunidades sufrirían un impacto directo o indirecto con el nuevo ordenamiento territorial. El grupo también solicitó al alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, que rinda cuentas ante estas comunidades.
“Hace 11 años aproximadamente, ya el alcalde expropió parte de la comunidad Carrasquillo para crear un supuesto transporte público. Llevamos 11 años y allí, en esa área, no se ha hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad? Tenemos que defender porque al lado de nosotros tenemos la historia. La mayoría de los residentes en Carrasquillo son personas envejecientes, son personas enfermas”, expresó, por su parte, Humberto Díaz miembro de esa comunidad.
Desde agosto del año pasado, Ortiz Velázquez ha afirmado múltiples veces que no expropiará a los residentes de la comunidad Carrasquillo o cualquier otra de Cayey. No obstante, el municipio mantiene vigente la ordenanza que permite este método de adquisición de propiedad. En conjunto con el POT, las tierras sobre las que viven estos residentes están a disposición del Estado.
“El Municipio de Cayey sigue tratando de ocultarnos las cosas. Que esto quede bien claro: no hay transparencia en este municipio. Este plan lo aprobaron sin ver ni tan siquiera para analizarlo… Ayer mismo (1 de mayo), después que estaban diciendo que no van a haber expropiaciones en Cayey, en nuestra comunidad Carrasquillo había agrimensores midiendo un aproximado de como seis propiedades. ¿Para qué estaban midiendo esas propiedades? ¿Qué uso les van a dar?”, agregó Díaz, no sin antes reconocer el saldo emocional de estos procesos en los residentes de la comunidad.
Las organizaciones también acusan al nuevo POT de responder a intereses particulares y de carecer de una base técnica, sin transparencia ni la opinión de agencias pertinentes como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Agricultura. Los avisos públicos para discutir el plan, argumentan, fueron deficientes.
“Nosotros, que llevamos años residiendo en la comunidad Las Vega. El alto impacto de esos terrenos y el valor ecológico… son zonas de amortiguamiento, son zonas que recogen las lluvias y las aguas escorrentías de la montaña del Farallón. Son zonas inundables, son zonas que están rodeadas por el río La Plata y por el río Guavate. Van a haber inundaciones catastróficas, y ya lo vivimos”, puntualizan los residentes.
Algunos efectos adversos en Cayey de construcciones asentadas incluyen las inundaciones a raíz del huracán Fiona, que anegaron la comunidad detrás de la panadería La Cayeyana y provocaron la remoción de la impermeabilización de los terrenos aledaños a la catedral. El desarrollo sin fundamento, resumieron, representa un riesgo.
“Ante este escenario, la parte demandante solicita al tribunal que deje sin efecto las disposiciones impugnadas del POT, ordene la paralización inmediata de cualquier desarrollo basado en dichas clasificaciones y emita un interdicto para evitar daños irreparables a las comunidades y al ambiente”, concluyeron las organizaciones.
Además de unirse a la apelación, la comunidad Carrasquillo había radicado una resolución en el Senado a través del legislador Eliezer Molina Pérez. Empero, la situación territorial de Cayey permanece legalmente igual.
Múltiples sectores continúan destacando una falta de diálogo por parte de la administración
CLARIDAD
A un mes de iniciar la huelga indefinida del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y otras paralizaciones sistémicas, las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reiteraron su rechazo a la gestión de la Dra. Zayira Jordán Conde como presidenta y exigieron la restitución de la antigua fórmula presupuestaria. Desde el Recinto de Río Piedras, el movimiento estudiantil divide los reclamos por cuatro partes: rectoría, Junta de Gobierno y presidencia, Junta de Control Fiscal (JCF) y la legislatura. Los estudiantes buscan, en primer lugar, que la rectoría del primer centro docente del país endose los proyectos camerales 1201 y 880, de acuerdo con el portavoz Christian Colón Maldonado.
“Rectoría recibió todos los reclamos y los vieron con buenos ojos. La rectora se reservó el endoso del proyecto 880 y dijo que lo iba a leer. Cuando ella era decana de estudiantes, ella había leído el proyecto y lo había endosado, pero ahora mismo dijo que no sabe cómo se posicionará al respecto”, compartió el estudiante con CLARIDAD.
Colón Maldonado también destacó una falta de comunicación por parte de la rectoría puesto que, a pesar de concertar ciertos acuerdos, la administración se demora en entregar borradores de calendario y otros puntos discutidos. La rectoría, por su parte, ha querido darles acceso a los ingenieros y obreros de la planta de enfriamiento y ResiCampus como parte de sus negociaciones. “Nos estamos acercando a la legislatura también. Nos reunimos con la delegación en la Cámara del Partido Popular Democrático (PPD), en donde conseguimos que se unieran al proyecto 1201 como coautores junto con la delegación del Partido Independentista. Se añaden como coautores al 1201 y al 880”, explicó.
Aunque ambas piezas buscan ampliar los recursos de la institución, el proyecto 1201 plantea un aumento escalonado en las arcas de la UPR hasta restablecer el 9.6 % del fondo del Estado para sus operaciones. El 880, en cambio, propone una reforma universitaria transversal que fortalezca la autonomía de la universidad. Ambas propuestas se enfrentan ahora al proyecto 1256, que esencialmente congelaría la autonomía de la UPR.
“La doctora se reunió con los presidentes de los consejos de estudiantes, que no forman parte de los comités de negociación huelga de este movimiento estudiantil de Río Piedras. Cuando ella envió el comunicado para crear una mesa de diálogo, como ella le llama, fue bastante ambigua. Nosotros le respondimos ese mismo día con un correo electrónico, aclarando que en Río Piedras ya había un comité de negociación de huelga”, reparó Colón Maldonado.
Entre otras pautas, el comunicado de Jordán Conde proponía conformar un grupo “de 3 a 5 personas ecuánimes” para sentarse a dirimir los reclamos comunitarios. A pesar de los intentos del comité creado por el movimiento estudiantil para informar a la presidencia, ni rectoría ni la alta jefatura han respondido. A juicio de Colón Maldonado, se trata de un patrón de ignorancia deliberada. “Está ignorando los correos, las cartas que se le han enviado, en contradicción directa con lo que ella mencionó de que está abierta al diálogo. No está abierta. Hay una proyección mediática y, detrás de esa proyección, hay una resistencia a reunirse o a tener cualquier tipo de conversación”, añadió el estudiante subgraduado de Antropología.
En el recinto de Río Piedras, la renuncia o destitución de Jordán Conde como presidenta no forma parte de los reclamos que se establecieron en la asamblea estudiantil, distinto a otros recintos. En todo el sistema existe un comité de apoyo que mantiene canales de comunicación con unidades como Bayamón, Mayagüez, Arecibo y otras más. “Lo hacemos para entablar diálogo, para estar entendidos de cara a la reacción que recibimos por parte de la administración en Mayagüez, que emplazaron a los líderes del movimiento estudiantil y la directiva del Consejo General de Estudiantes de ese recinto. Les dieron un plazo de diez días para retirarse del espacio y comparecer ante la corte… Miguel Muñoz (rector del RUM) es el demandante”, elaboró.
Colón Maldonado recordó “el historial de violencia y represión” que se le atribuye a la presidencia del Dr. Muñoz Muñoz y que, por lo tanto, las determinaciones en el RUM no deben sorprender a quienes conocen sus políticas represivas. Varias representaciones de Mayagüez se manifestaron, el 12 de mayo, frente a las oficinas de la JCF para exponer la situación actual del recinto. En Río Piedras, en cambio, Colón Maldonado describe una estrategia de desgaste por parte de la Rectoría. Con cuatro reuniones inconclusas, Río Piedras se ha limitado a fijar acuerdos verbales y darle largas al fin del semestre.
Marcha 1ro. de mayo. Fotos Christian Medina Rosado
“En la medida en que no nos han dado los borradores discutidos y nos cuestionan para qué queremos los borradores y extienden el asunto en las reuniones, a nuestro entender, plantean extender el diálogo más allá del fin del semestre y terminar este semestre. Y así debilitan los esfuerzos de la huelga. Nos desilusiona que el diálogo se haya llevado de una forma y se haya trabajado de otra”, resumió.
El Movimiento Estudiantil de Río Piedras cuenta con el apoyo material y moral de otras organizaciones como la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND). Tan reciente como el 11 de mayo, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. se solidarizó con los reclamos de la comunidad, particularmente “evaluar la ejecución de la actual presidencia de la institución”.
“Todas las decisiones que se tomen tienen que ser ratificadas por los plenos estudiantiles, que son los cuerpos más orgánicos dentro de los procesos huelgarios. En tiempos donde hay pocos conflictos, el consejo asume la toma de decisiones. En este momento son los plenos y los estudiantes que llegan a los portones. Más allá de coordinar el movimiento a nivel país, tenemos propuestas, comentarios y nos hacemos disponibles para apoyar a otros recintos. Pero cada recinto debe organizarse”, puntualizó Colón Maldonado.
Con relación al proyecto 1256, la pieza ha recibido el rechazo de los cuerpos estudiantiles de Mayagüez y Río Piedras, así como de la APPU y otras colectividades docentes. El Senado Académico del Recinto de Río Piedras advirtió que el proyecto centralizaría los poderes administrativos en la Junta de Gobierno –cuyos miembros designa la gobernadora–, reduciendo la agencia de la Junta Universitaria, el Senado Académico y otros cuerpos democráticos.
“Esta medida constituye una intervención desproporcionada, incompatible con los principios de autonomía universitaria y con los estándares de gobernanza establecidos por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). La suspensión de la gobernanza interna pone en riesgo las 258 acreditaciones vigentes del sistema universitario, la acreditación institucional ante la MSCHE y la elegibilidad para fondos federales del Título IV, afectando directamente a más de 42,000 estudiantes”, comunicó el ente por escrito.
En esa misma resolución, el Senado Académico exigió la destitución de Jordán Conde y rechazó la medida de la autoría del representante Jorge Georgie Navarro Suárez. El cuerpo representativo coincidió en sus argumentos con la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Nellie Lebrón Robles, quien arguye un intervencionismo partidista en los asuntos universitarios.
El gobierno de Jenniffer Gonzalez se ha ideado otra estrategia para obstaculizar el acceso a la justicia a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática en el archipiélago puertorriqueño, denunció El Puente Puerto Rico. En comunicado de prensa, El Puente reveló que tras radicar el pasado mes de marzo una demanda contra la gobernadora y la Cámara de Representantes por la inacción ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), el Gobierno argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) que la organización debe pagar una fianza de $5000 por tener base fuera de Puerto Rico.
“Esta es la tercera vez que vamos ante los tribunales para lograr que el PMARC se apruebe, un proyecto que surge de una ley aprobada por el mismo PNP (Partido Nuevo Progresista). En todas las instancias anteriores, los tribunales nos han dado la razón. Sin embargo, ahora que la demanda es contra la gobernadora, el Estado busca detenernos. Esto no es una casualidad, es un plan concertado», expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente.
La organización advirtió que este movimiento no es aislado, sino que forma parte de un patrón deliberado para descarrilar la participación ciudadana en asuntos ambientales.
Se trajo a la atención que este cuadro se completa con el Proyecto de la Cámara 310 (PC 310), que actualmente se encuentra en el escritorio de la gobernadora esperando su firma. Esta medida, aprobada en el Senado el 13 de abril, sin vista pública, requeriría una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para poder radicar una querella legal o administrativa.
Además, eliminaría la facultad judicial de exonerar de ese pago a comunidades de escasos recursos y permitiría construir en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como «proyecto estratégico». «Ambas cosas están relacionadas, porque el PMARCC presenta acciones que van en contra del desarrollismo que estamos viendo alrededor de las islas. No hay duda de que es un plan concertado para descarrilar a las organizaciones y comunidades que luchan por la justicia climática, para darle rienda suelta a los desarrolladores y permitir que se construya a costa de nuestros recursos y de nuestras comunidades. La táctica que han usado con nosotros en el caso del PMARCC es un anticipo de lo que viene si la gobernadora firma el PC 310», alertó Cintrón Moscoso.
Se advirtió que el PC 310 llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza. Hace ya cuatro semanas que la Coalición Defiende a Cabo Rojo, respaldada por más de 350 personas y 56 organizaciones, solicitó una reunión urgente con la gobernadora para exigir su veto, pero no ha recibido respuesta.
La ironía del Plan de Mitigación
En cuanto al PMARCC, el Puente recalcó que el plan fue elaborado por una comisión de expertos nombrada bajo la administración del pasado gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025. Sin embargo, la gobernadora y la Cámara de Representantes lo mantienen en el limbo. Ante esa inacción, la organización radicó un recurso de mandamus para exigir que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019).
«Si para defender un plan que el propio Gobierno creó nos quieren imponer fianzas y trabas procesales, qué le espera a las comunidades que quieran defenderse de proyectos que amenazan sus hogares y su entorno. La gobernadora continúa gobernando para los intereses económicos que pretenden destruir nuestras costas y comunidades», señaló Cintrón Moscoso.
Debido a la importancia de este asunto, El Puente dijo que buscará pagar la fianza para que el caso continúe su curso en los tribunales. No obstante, reiteró su llamado a la gobernadora González Colón a que actúe sobre el PMARCC conforme a la ley y que vete el PC 310, cuya aprobación representaría un golpe devastador para el acceso a la justicia ambiental y climática en Puerto Rico.
En el año 2025, el Gobierno de Puerto Rico concedió en gastos tributarios la cifra de $30, 927 millones, cerca del 35.3 % del producto nacional bruto (PNB), lo que es una proporción mayor que el promedio a nivel internacional. Los gastos tributarios se refieren a exenciones, deducciones créditos y tasas contributivas preferenciales en el código contributivo. En otras palabras, es dinero que el Estado deja de recaudar.
La organización Espacios Abiertos (EA) en días recientes sometió a la prensa su estudio titulado Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico, basado en el informe Puerto Rico Tax Expenditure Report 2025 (PRTER 2025), preparado por el Departamento de Hacienda (DH).
El director ejecutivo de EA, el economista Daniel Santamaría Ots, expuso en su presentación que llevan más de una década en la conversación de los gastos tributarios que Puerto Rico concede a través de su sistema contributivo. En el 2017, EA planteó que el país necesitaba conocer, divulgar y analizar el costo de esos créditos contributivos.
El análisis del PRTER 2025 realizado por Espacios Abiertos parte de la premisa clara de la transparencia que, aunque es una condición necesaria, no es suficiente. Aun cuando el PRTER es una base de información valiosa, la etapa que sigue es evaluar lo que se recoge. Espacios Abiertos identificó que hay 436 gastos tributarios con un costo estimado de $31, millones.
El director de la organización puntualizó que la pregunta que hay que hacer es “cómo aseguramos que cada uno de esos créditos cumplan con un beneficio y que el costo que asumimos como sociedad es proporcional al servicio que ofrecen”. Eso es lo que aborda ese informe que fue preparado por Wilmarie de Jesús, analista de Política Pública, y Nitza Agosto Betancourt, analista de datos, ambas de de EA, y el analista Bryan Rosa Rodríguez.
De Jesús señaló que esta no es la primera vez que EA presenta un informe sobre los gastos tributarios. Ese dinero que se deja de ingresar al fisco se trabaja fuera del presupuesto, por lo que no se ve como un costo directo. Esto se utiliza como parte de la política pública en la parte presupuestaria como estrategia de desarrollo económico. “Los gastos tributarios no son malos; pero es necesario su evaluación”.
Un aspecto que trajo a la atención es que del PRTER 2025, publicado por el Gobierno de Puerto Rico, se desprende que los gastos tributarios han ido ascendiendo desde el 2017. Ese año los gastos tributarios fueron $22,344 millones y en el 2025 fueron $30, 927 millones. Aun cuando, debido a la presión internacional, muchos países se han visto obligados a apostar por los gastos tributarios como una estrategia de desarrollo económico, el caso de Puerto Rico es muy particular, ya que esos gastos representan cerca del 33.3 % del PNB, lo que es una proporción grande cuando se compara con otros países.
El informe enumera 436 gastos tributarios, pero solo el 79 % de ellos tiene estimación de cuánto cuesta ese gasto tributario; pero no lo evalúa ni dice cuánto es que el Estado deja de devengar por el gasto tributario en particular. Su análisis les ha permitido visibilizar lo que son los gastos tributarios e ir por cada uno de esos gastos para poder comparar a Puerto Rico en función del resto del mundo y dónde se encuentra el PNB. “Lo que se puede observar es que Puerto Rico tiene uno de los sistema tributario más grandes del mundo, sino el más grande”.
El análisis del EA presenta una gráfica de más de 26 países con sus gastos tributarios, en el cual Puerto Rico está a la cabeza. Algunos de estos países son Rusia el primero, seguido de los Países Bajos, Finlandia, Suecia, Reino Unido y, de nuestra región, República Dominicana, México, Perú, Estados Unidos y Brasil.
La analista de Política Pública de EA indicó que en el PRTER 2025 lo primero que hay que reconocer es que, desde el informe del 2017, se han integrado nuevos gastos tributarios. Eso no significa que no existieran antes, sino que no estaban en el informe, como por ejemplo, el crédito por trabajo, pese a que este crédito se da desde el 2009.
Otro aspecto del informe que reconoció es que se incluyen proyecciones a cinco años, hasta el 2030. Los primeros dos informe que publicó el Departamento de Hacienda no incluían esa proyección, la cual se utiliza como una herramienta presupuestaria. No obstante, destacó de Jesús, debido a que el informe fue publicado fuera del periodo de preparación del presupuesto, esto no permite usarlo como herramienta por parte de la Legislatura para tomar decisiones presupuestarias. Puntualizó que ese es uno de los puntos clave que EA quiere enfatizar para que el informe del PRTER trascienda y se utilice como una herramienta presupuestaria.
En ese aspecto, reconoció que el Gobierno hizo un primer ejercicio de evaluación en el 2022, en un informe publicado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) donde evaluó algunos gastos tributarios. Pero el ejercicio se quedó más en uno contable y no social. Puerto Rico no es la única jurisdicción de EE. UU. que tiene gastos tributarios ni el único que los reporta. En esa lista Puerto Rico está a la cabeza de estados como Pennsylvania, New Jersey, Missisipi, Vermont y, en el último renglón, Hawai.
De Jesús, subrayó que al ver la comparativa, ya sea con otros países o estados, la diferencia es que cuando se habla de estimación se está hablando de cuánto cuesta ese gasto, se está hablando de un ejercicio puramente descriptivo de cuánta es la pérdida de recaudación del Estado, pero no necesariamente se presenta el beneficio total que genera ese gasto. Es decir, el beneficio total que genera ese gasto tributario es lo que lo justifica en relación con el costo que tiene o lo que está generando para el país. Eso hay que analizarlo tomando en consideración diferentes aspectos sociales y económicos del desarrollo para el país.
Efectividad, eficiencia y equidad
De Jesús reclamó que EA se movió a mirar cuál es la metodología utilizada a nivel mundial por organismos internacionales, cómo miden los gastos tributarios. Algo que tienen en común es que la metodología mide cuál es la efectividad, la eficiencia y la equidad de los gastos tributarios. Para ello hay que preguntarse cuáles o cuál es el costo fiscal real de ese beneficio, si está generando la política pública para el que fue creado, si el mecanismo es más eficiente que una alternativa de un gasto directo. Señaló que entiende que incluir el análisis de los gastos tributarios en el proceso del presupuesto permite ver estos aspectos y quién se beneficia.
Del examen que hizo EA del Puerto Rico Tax Expenditure2025, para ver si los gastos tributarios cumplen con su propósito, los tres seleccionados fueron por la magnitud del gasto que representan, el 74.4 % de todos los gastos tributarios reportados en Puerto Rico actualmente.
Aquí los gastos, según descritos por EA:
El primero, el TEB Ley 214 TEB 214 – Ley 135 de 1997, Ley de Incentivos Fiscales de 1998, Ley 73 de 2008, Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico y Ley 60 de 2019, subtítulo B, capítulo 6. Este gasto tributario agrupa los beneficios contributivos otorgados bajo los principales regímenes de incentivos industriales (Ley 135 de 1997, Ley 7 de 2008 y Ley 60 de 2019), incluyendo tasas preferenciales sobre ingresos y otras exenciones aplicables a empresas con decreto. El PRTER le atribuye un costo de $14,681 en 2025 y un costo proyectado para 2030 de $16,066 millones. Una de las cosas interesantes, advierte EA, es que la proyección para el 2030 ya asciende a $416.066 millones, un crédito que va en aumento.
El segundo gasto es el TEB 7. Corresponde a una exención amplia de ciertos ingresos individuales que no están sujetos a la contribución básica alterna y que no se reportan mediante el Formulario 480.6D de la planilla sobre contribuciones para individuos. En el PRTER 2025 presenta un gasto estimado de $2,729 mil millones en 2025 de este gasto tributario y un gasto proyectado de $2,987 en 2030.
El tercer ejemplo de gasto tributario es el TEB 90 – Ley 22 de 2012, Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico. El PRTER 2025 le atribuye un costo de $2,537 millones en 2025 que comparado con el PRTER 2024 presenta una triplicación del gasto tributario estimado ($667.3 millones). Sobre este en particular, Espacios Abiertos reparó en que este es uno de los incentivos de mayor discusión pública y política, por lo que una evaluación puede incidir de manera directa en decisiones de reforma, continuidad o rediseño del régimen tributarios de residentes inversionistas.
De Jesús apuntó que EA entiende que estos gastos tributarios son los de mayor magnitud y representan la mayor parte de lo dejado de recaudar por el Estado. En conjunto, estos gastos tributarios representan dos terceras partes (64.5 %) de los gastos tributarios identificados en el PRTER 2025. Dos de los tres gastos tributarios propuestos para evaluación benefician a individuos (TEB 71 y TEB 90). El tercer gasto tributario el TEB 214 destaca por una magnitud considerablemente mayor que la de los otros dos gastos tributarios combinados.
¿Se justifican esos costos?
Es el cuestionamiento que plantea el analista Brian Rosa Rodríguez: si los costos de los gastos tributarios se justifican, si el incentivo cumple con su objetivo, si está justificado. Al igual que sus colegas, reconoció que, utilizados de forma responsable, los gastos tributarios son una herramienta de desarrollo económico. Pero objetó que en el caso de Puerto Rico, en función de nuestro PIB, se tiene una mayor cantidad de gastos, por lo que hay que ver si esos gastos están generando más empleos, mejores sueldos.
“Ahora mismo, con el informe que tenemos y la información que tenemos sobre los gastos tributarios, no podemos decir que los gastos tributarios están cumpliendo con lo que se propuso cuando se aprobó la ley porque no existe esa evaluación”.
Entre las recomendaciones de Rosa Rodríguez, se encuentran que el PRTER se publique antes del mes de marzo de cada año para que sirva de insumo en la preparación del presupuesto anual y establecer mecanismos de revisión periódica para evaluar si el gasto tributario está funcionando, no todas las concesiones tienen un límite de tiempo, eso depende de lo que se haya dispuesto en la aprobación de la ley. Además, iniciar un proceso de evaluación de los tres grupos prioritarios ya identificados en función de su magnitud fiscal.
La licenciada Ataveyra Medina, ejecutiva de EA, indicó que esperan presentar su estudio al Departamento de Hacienda, a la Legislatura e incluso a la Junta de Control Fiscal. El propósito es que las recomendaciones se tomen en cuenta cuando se adopte política pública: “Esa parte de la función de nuestra organización”.
Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Senado y Cámara, en conferencia de prensa, dieron a conocer que presentaron una resolución para ordenar una investigación sobre denuncias de un alegado esquema de intercambio de votos por drogas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles de Puerto Rico con fines de beneficio electoral para la actual administración.
La resolución RS 500 radicada por los senadores del PIP surgió a raíz de revelarse en un reportaje del medio ProPublica que una investigación federal había reunido pruebas sólidas de fraude electoral en las elecciones del 2024 en Puerto Rico. El fraude consistió en que miembros de la pandilla Los Tiburones en cárceles en Puerto Rico y personal del Departamento de Corrección presionaron a los confinados e intercambiaron drogas entre ellos a cambio de que votaran por la actual gobernadora, Jenniffer González Colón.
Según reveló ProPublica, el pasado 2 de mayo, días después de que Trump ganara la presidencia y aquí González Colón la gobernación, el presidente ordenó detener la investigación. En diciembre del 2024, ya la fiscalía federal en Puerto Rico había presentado una acusación formal contra 34 reclusos.
La senadora María de Lourdes Santiago apuntó que las alegaciones de intervención partidista indebida en los espacios carcelarios anteceden al reportaje de ProPublica, al igual que los señalamientos sobre trasiego de sustancias. “Ninguna pretensión seria de fiscalizar la gestión de ésta y de pasadas administraciones puede ignorar esa situación con las severas implicaciones que tiene”, expresó.
La RS 500 instruye a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en el Senado y a su contraparte en la Cámara de Representantes a realizar una pesquisa exhaustiva sobre estas denuncias. Además de hacer referencia a lo divulgado por el medio estadounidense, se reseña lo vertido por la Comisión de Derechos Civiles en torno al proceso electoral en las cárceles, con especial énfasis en las denuncias hechas a través de su director, Lcdo. Ever Padilla, en cuanto a violaciones a la privacidad de los reclusos durante el proceso de votación, así como las quejas presentadas por escrito por reclusos describiendo experiencias de presión para votar en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2024.
El representante Denis Márquez Lebrón subrayó: “No debemos tomar a la ligera información que apunta a que hechos descritos en un pliego acusatorio no se traducen en la radicación de cargos ni descartar la impresión de que ello responde a instrucciones de Fiscalía Federal. Si en otros casos se exige investigar la actuación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, no puede aplicarse un criterio distinto cuando la duda recae sobre instancias federales”.
Por su parte, en declaraciones escritas a CLARIDAD, la Unión Americana e Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capitulo de Puerto Rico, reaccionó a las denuncias:“La manera como una persona ejerce su voto, sin embargo, debe ser absolutamente libre y voluntaria, sin que exista de por medio amenazas, chantajes o actos violentos que obliguen a una persona a votar de cierta manera en beneficio de algún candidato en particular.
”Esto es más significativo cuando hablamos de personas privadas de su libertad, una población que está bajo la custodia absoluta del Estado y que, según demostró el Caso Morales Feliciano, ha estado sometida a violencia institucional, condiciones de seguridad deficientes y servicios de alimentación y salud insuficientes e inadecuados”.
ACLU expresó que espera que las autoridades federales y estatales actúen con total transparencia y compromiso genuino en el ejercicio de su deber. Advirtió que abandonar una investigación y la evidencia disponible sobre un posible esquema de voto fraudulento en las cárceles “lacera la confianza de quienes creemos en la democracia y apostamos al ejercicio del voto como expresión máxima de la voluntad popular. La democracia participativa exige pulcritud en los procesos electorales y certeza sobre sus resultados”.
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en comunicado de prensa también exigió respuestas ante el alegado esquema. “Más allá de los hechos específicos, este caso refleja un patrón preocupante: denuncias sobre irregularidades electorales que no se investigan hasta el final. Casos relacionados con voto adelantado, procesos en instituciones y querellas formales han seguido una trayectoria similar. Comienzan con seriedad, pero terminan sin conclusiones ni rendición de cuentas”, señaló la pasada Comisionada Electoral del MVC, Lillian Aponte.
Mientras, la coordinadora general del MVC, Eva Prados, señaló; “La democracia no puede sostenerse sobre la incertidumbre ni sobre la falta de transparencia. La confianza en los procesos electorales depende de la capacidad de las instituciones de investigar de manera independiente, completa y sin interferencias”.
