Especial para CLARIDAD

Eso que se llamaba izquierda en el siglo XX, definida unitariamente por sus posturas anticoloniales y antiimperialistas, así como anticapitalistas, ya no existe. En su seno, hay quienes abandonaron el marxismo para abrazar el liberalismo. De ahí que lo que hoy se llama izquierda es un conjunto amorfo y aguado de tendencias ideológicas perdidas entre las tinieblas del falsamente pregonado fin de la historia. Es una historia cuya dialéctica material se pretende dejar en suspenso, una historia sin luchas de clases y pueblos, sino de conciliaciones y subordinaciones al orden establecido como si fuese natural y eterno.

En eso que hoy llamamos izquierda, hay quienes francamente no les interesa ya la revolución. No creen en los cambios estructurales o antisistémicos. Es más propiamente una seudoizquierda en la que hay incluso quienes abrazan ingenuamente las narrativas imperiales de Estados Unidos y se prestan para normalizar las acciones contrarrevolucionarias de sus aliados de la derecha y ultraderecha. Por ejemplo, la intervención de ésta en la actual batalla que se libra en estos días en Venezuela es el más reciente testimonio de este desvarío ideológico.

El guión imperial

Producto de ello, hay quienes se consideran de izquierda y aún así han servido de fotutos de comunicaciones procedentes de las filas de la contrarrevolución en Venezuela, las cuales son parte del guión imperial a todas luces propagado masivamente por EEUU a través de los medios sociales, por aquello de fabricar opinión pública basada en desinformación. Los medios corporativos están también claramente confabulados en su narrativa antichavista. Dice magistralmente al respecto el profesor Aaron Ramos: “No recuerdo haber escuchado tanto barullo cuando Pinochet cometía sus barbaridades de la mano de Henry Kissinger, ni tampoco cuando Bolsonaro puso a la policía a violentar los derechos de los ciudadanos de Brasil. Tampoco hubo barullo cuando Dina Boluarte fomentaba asesinatos en Perú, ni cuando se cometían las masacres de Sacaba y Sencata en Bolivia, y luego los asesinatos cotidianos en Ecuador . . . y no paro de contar”. Y concluye: “De pronto leo a gente cuestionando las elecciones en Venezuela, país del que conocen muy poco, y solo se me ocurre pensar que se trata de un guión, confeccionado en Estados Unidos (país con una larga historia de imponer y derrocar presidentes), que ha atrapado los corazones de los colonialistas de nuestro país.”

No se trata de diferencias de opinión. Esas las ha habido y las puede haber siempre. Y se debaten, pero con verdades y hechos, y no con propaganda y desinformación. Ahora bien, lo que ha ocurrido en estos días en Puerto Rico, con la propagación a diestra y siniestra de mentiras o narrativas divorciadas de la realidad, deja mucho que desear.

Por ejemplo, del candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño PIP) y la alianza electoral con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, yo esperaba algo más que una diatriba basada en falsedades contra uno de los principales aliados de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Alegó que no habían observadores internacionales, cuando era de conocimiento público que había casi un millar de todos los continentes, incluyendo de la ONU. También imputó que no se permitieron candidatos de la oposición, cuando también era conocido que habían nueve en total. Es cierto que María Corina Machado no pudo ser candidata. Sin embargo, fue por estar inhabilitada legalmente por delitos tipificados bajo el Estado de derecho venezolano, inhabilitación que fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte, la candidata a Comisionada Residente por la alianza, Ana Irma Rivera Lassen, del MVC, si bien reclamó transparencia a las autoridades electorales de Venezuela, también reconoció que históricamente el sistema electoral venezolano ha sido efectivo y avalado por entidades internacionales. Esto último lo he podido comprobar personalmente cuando el 21 de noviembre de 2021 asistí como veedor u observador a elecciones en Venezuela para gobernaciones y alcaldías. Rara dictadura esa en la que la oposición obtuvo 4 gobernaciones, mientras que el Gran Polo Patriótico, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganó 19 de las 23 gobernaciones. El Gran Polo Patriótico también venció en 205 de las 335 alcaldías, lo que significó que la oposición se alzó con la victoria en 130 de éstas. Pude observar en ese sentido una democracia real y vibrante en la que los venezolanos podían dirimir pacífica y ordenadamente sus diferencias y conflictos por la vía electoral, sin intervenciones extranjeras. Repito, no vi esa dictadura de la que tanto cacarean los ignorantes o los enemigos de la revolución bolivariana.

Una lucha de clases con matices raciales

Desde que Hugo Chávez se alzó inicialmente con la victoria electoral y asumió la presidencia en 1999, logrando refundar constitucionalmente a Venezuela como república bolivariana comprometida con una ruptura con su pasado capitalista dependiente y su alineamiento estratégico con Estados Unidos, los procesos electorales allí adquirieron un carácter altamente conflictivo. La lucha política electoral pasó a ser una lucha de clases cada vez más abierta. Además del carácter clasista, la oposición a Chávez, como también a Nicolás Maduro, ha tenido ribetes claramente racistas. A partir de ello, la derecha y la ultraderecha entendieron que tenían que desconocer los resultados electorales, conscientes de que se había constituido una nueva mayoría integrada por las fuerzas populares que hasta entonces habían sido excluidas y marginadas de la gobernanza en el país por la oligarquía venezolana.

Confrontados con la realidad cada vez más evidente de que Chávez y posteriormente Maduro buscaban potenciar una verdadera revolución, en la forma de un Socialismo del Siglo XXI o un socialismo bolivariano, es decir, con particularidades venezolanas, incluyendo como eje una nueva estructura comunal del poder, la derecha y la ultraderecha se negaron a ver en las elecciones unos procesos democráticos expresivos de la voluntad colectiva pues ésta era claramente contraria a sus intereses de clase. En la alternativa, para recuperar el poder y sus privilegios de clase, se propusieron desplazar la disputa política de las urnas a las calles, incluyendo la apelación a una intervención de Estados Unidos para sacar al chavismo del gobierno e reimponer en su lugar a las elites oligárquicas. De ahí la guerra híbrida decretada contra Venezuela desde Barack Obama, apertrechada de centenares de sanciones y medidas coercitivas unilaterales con el propósito de desestabilizar el país, poner a su economía a chillar, precarizar en extremo las condiciones de vida de la población, provocar una emigración masiva, para tratar de convencerla de que debía deshacerse del gobierno chavista si quería volver nuevamente a la normalidad.

Así las cosas, en abril de 2002 la oposición de derecha y ultraderecha protagonizaron un golpe de estado que fue frustrado finalmente por una masiva movilización popular y la intervención de las Fuerzas Armadas que en su mayoría se mantenían aún fieles al orden constitucional. En agosto de 2004 intentaron sacar nuevamente a Chávez pero esta vez por medio de un referendo revocatorio provisto por la Constitución, aunque al negarse mayoritariamente el pueblo a revocar el mandato presidencial de Chávez, la oposición se negó a aceptar el resultado. Luego de la muerte repentina y sorpresiva de Chávez en el 2013 y la designación de Maduro como su sucesor, la oposición buscó desestabilizar políticamente el país con el desarrollo de las notorias guarimbas y su violencia criminal destructiva en las calles para propiciar un nuevo golpe de estado. El gobierno bolivariano respondió convocando a nuevas elecciones presidenciales en el 2018, a las que la mayor parte de la oposición decidió boicotear.

En enero de 2019, la oposición desconoció la victoria de Maduro y en su lugar designó en una plaza pública a Juan Guaidó como “presidente encargado” o “presidente interino”, farsa que no tuvo efecto alguno al interior de Venezuela y sólo en Estados Unidos y la Unión Europea donde fue reconocido a pesar de no haber sido electo democráticamente. Quedó así comprobado que la derecha y la ultraderecha, apuntaladas por Washington y Bruselas, de democrática no tenían un pelo, ya que pretendían reimponerse a partir de hechos de fuerza y no en hechos validados constitucional y legalmente en su país. Ello incluyó el llamado que hizo la contrarrevolucionaria María Corina Machado a favor de la intervención militar extranjera en Venezuela.

La apuesta de la ultraderecha nunca fue electoral

De ahí que no debió sorprenderle a nadie que el opositor Edmundo González, un oscuro exembajador  entre el 1979 al 1985, vinculado durante ese periodo a la CIA y a los escuadrones de la muerte en El Salvador, quien sirvió como una especie de alter ego a la candidatura que no pudo ser de Machado, se negase a aceptar los resultados electorales a favor de Maduro y alegase fraude. Ya desde junio tanto Machado como él habían estado cantando fraude y fueron los únicos de la oposición que se negaron a suscribir un acuerdo en que todos los partidos se comprometían a reconocer los resultados.

También formaba parte del libreto de la ultraderecha impedir la operación normal del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la noche de las elecciones por medio de un ataque informático masivo del que fue víctima, el cual provocó el retraso en la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de los resultados. Y si bien esa noche, el CNE pudo declarar vencedor a Maduro con el 80 por ciento de las actas, es con su segundo comunicado de los resultados, emitido el 2 de agosto, que se provee un cuadro más completo habiendo procesado ya el 96.87 por ciento de las actas, y de las cuales se confirma la victoria de Maduro con el 51.95 por ciento de los sufragios, mientras que González arribó en segundo lugar con el 43.18 por ciento de los votos.

La Dra. Olga Álvarez, constitucionalista venezolana y experta en la normativa y los procesos del sistema electoral, ha querido salirle al paso a la guerra psicológica y de desinformación que ha estado liderando González y Machado, la cual delata sus verdaderos propósitos de negar los resultados objetivos de las elecciones del 28 de julio pasado, así como todo el marco jurídico que rige sobre los procesos electorales. Señala la doctora Álvarez:
“1. El proceso electoral venezolano está 100% automatizado.
2. El software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se auditan y certifican con participación de los partidos políticos y observadores.
3. El Voto, el Escrutinio y la Totalización son electrónicos.
4. La impresión que hace la máquina de votación al elector y en el momento del Escrutinio, son comprobantes para efectos de la auditoria ciudadana. La auditoria ciudadana se hizo sobre el 54% del total de mesas electorales.
5. La Totalización es automatizada, electrónica, y sobre esa totalización se adjudica y proclama al candidato con mayoría de votos.  La Totalización se hace dentro de las 48-72 horas posteriores al evento.
6. El CNE tiene 30 días para publicar en Gaceta Electoral los resultados.
7. EL CNE siempre ha publicado los resultados totalizados y disgregados por mesa antes de los 30 días que tiene para la publicidad definitiva en Gaceta Electoral.
8. El CNE ha denunciado que se bloqueó su página de forma maliciosa, mediante hackeo, así como denunció incluso un ataque masivo al sistema para intentar impedir y ralentizar la totalización de resultados.
9. La totalización, adjudicación y proclamación ya fue realizada  por el CNE.
10. El CNE no está obligado a publicar copias de Actas de Escrutinio porque son sólo comprobantes. Lo que se publicará es el escrutinio automatizado.
11. Las Actas de Escrutinio emitidas, comprobante del escrutinio realizado automáticamente y las otras Actas de Verificación ciudadana, instalación y constitución de mesas, quedan en resguardo del CNE y es material electoral probatorio que conforman el expediente administrativo que se entrega en caso de haber impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
11. Deduzco como es lógico, que cuando se active su página con la seguridad correspondiente para no ser hackeada, publicará la Totalización de resultados y los disgregados.
12. Repito es Falso que se haya vencido algún lapso de publicación de resultados totales o disgregados.
13. En cualquier momento del proceso quien considere que hay vicios o fraude puede recurrir al TSJ.
14. Para impugnar Actas de Escrutinio, debe solicitarse la certificación del Acta que se pretende impugnar al Consejo Nacional Electoral para que tenga legalidad ante el TSJ.”

¿Y las actas dónde están?

 Por otra parte, el Gran Polo Patriótico ya presentó ante la Sala Electoral del TSJ las actas que tanto se han estado reclamando por unos y otros, tanto dentro como fuera del país. Lo hizo en el contexto de una solicitud de amparo radicada por dicho partido ante la Sala Electoral para que ésta se erija en juez final sobre las controversias suscitadas en torno a los resultados electorales. Busca así deslegitimar las alegaciones de fraude hechas por Machado y González, así como buscar sacar cualquier controversia de las calles para reencausarla hacia las instituciones del Estado de derecho y los procesos constitucionales. Es bueno aclarar que las actas fueron entregadas en la noche del 28 de julio a todos los partidos que participaron en la contienda electoral pasada. Quien, sin embargo, se ha negado a presentar sus copias de las actas fue la Mesa de Unidad Democrática y González y Machado.

Al respecto, dice el politólogo argentino Atilio Boron que si Machado y González están tan convencidos de que ganaron, “¿por qué no presentaron las actas ante la Justicia?” Boron, quien fue veedor en el proceso electoral del 28 de julio denuncia que en la página web de esa fuerza política encabezada por Machado y González sólo aparecen unas 9,400 actas de las 30,024 que constituyen el censo electoral, y muchas de éstas falsas por toda una serie de irregularidades y omisiones que contienen, según denunciado con lujo de detalles el 2 de agosto en conferencia de prensa por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Son esas mismas actas fatulas las que pretende usar el Secretario de Estado yanqui, Anthony Blinken, para justificar su reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela y regalarnos así otra farsa: un Guaidó 2.0. Otro golpe más que Washington asesta al derecho internacional. A Estados Unidos se le han unido hasta ahora en el reconocimiento de González Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Entretanto a Maduro lo han reconocido como presidente reelecto de Venezuela ya más de 40 países, entre ellos Cuba, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Grenada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Dominica, China, Rusia, Serbia, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Siria, Libia, Kuwait, Nigeria, Angola, Indonesia, Myanmar, Vietnam y Corea del Norte.

Concluye Boron: “En suma: se trata de una burda fabricación de datos que de ninguna manera puede sustentar la supuesta victoria de González. Sería bueno que también los periodistas, académicos y políticos que se la pasan vociferando para que ‘muestren las actas’ tomen nota de esta situación. Lo que hay es un ‘golpe blando en desarrollo’ patrocinado por Washington y divulgado sincronizadamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, controlados férreamente por la derecha. El objetivo de esta maniobra es provocar una crisis política y social en Venezuela, fomentar disturbios, violencia y generar un caos que propicie una eventual intervención de tropas mercenarias contratadas por el Pentágono para lograr el ansiado cambio de régimen que permita que la mayor reserva mundial de petróleo -que casualmente se encuentra en Venezuela-  pase a manos de Estados Unidos. Ese es el plan, a no engañarse. El resto es utilería.”

La batalla en las calles

Pero es que también Machado y a González están perdiendo la batalla en las calles. Su más reciente concentración en el barrio de clase alta de Las Mercedes, fue un fracaso, lo que impidió que pudiese usar dicho acto para “juramentar” a González. Por otra parte, las más recientes marchas en apoyo a Maduro fueron caracterizadas como “la madre de las manifestaciones” por su masividad.

En fin, el show mediático ya se le está acabando a los golpistas. Así también se le va terminando a todos aquellos que, desde la derecha a la llamada izquierda, les ha estado alentando, por convencimiento o ignorancia, de mala o de buena fe.

Se va imponiendo finalmente un balance de fuerzas a favor del pueblo identificado con la profundización continuada de la revolución bolivariana.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Tras 25 años trabajando con grupos y distintos movimientos comunitarios, tales como el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, en Río Piedras, y con Cauce, sus incursiones en la discusión pública respecto al Mapa de Calificación en los casos de Sol y Playa, Cueva Las Golondrinas o, lo más reciente, la venta ilegal del predio conocido como el Parquecito de Condado, han provocado que Pedro Cardona Roig asuma la candidatura a representante por el Distrito 1 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El arquitecto, quien fue vicepresidente de la Junta de Planificación (JP) del 2013 al 2016, cuenta que reflexionando sobre estos asuntos comprendió que se está triunfando caso a caso; pero no se está provocando un cambio en la fuente del problema: “No estamos llegando a la raíz de lo que produce este tipo de situaciones una y otra vez. Por lo tanto, ahí es que empiezo a identificar dónde pienso que debo estar o puedo estar. Hay dos áreas que son vulnerables: el Ejecutivo y el poder Legislativo”.

Esto último, observó, tiene muchos retos. Denunció a que se ha visto en ambos poderes el impacto del inversionismo político y cómo la legislación responde al interés de unos individuos o unas empresas y se ha abandonado la defensa del interés público. “Hace muchísimos años que no tenemos líderes. Son gestores del interés privado los que gobiernan y los que lideran los cuerpos legislativos”.

El reconocido en las redes sociales como El urbanista dijo conocer todas las comunidades del Precinto 1. Pero en el caso de la campaña política comenzó en enero un proceso de conversación con las comunidades, ya que, a su juicio, una cosa es recorrer y mirar y otra cosa es conocer de manera directa qué es lo que quieren las comunidades. El programa, que es uno de puerta a puerta, sale todos los viernes y los miércoles y, en ocasiones, los jueves y sábado. “Queremos oír las quejas, preocupaciones y también las propuestas de la comunidad para atender sus distintos asuntos”.

Cardona Roig compartió que estas visitas han sido una de las mejores experiencias que ha tenido y que aun cuando pensaba que iba a recibir un insumo valioso, no sabía cuán valioso iba a ser. Trajo el ejemplo de que incluso en comunidades como Miramar y Condado, que se perciben como aventajadas, entre adultos mayores existe preocupación por el desplazamiento. Narró que le llamó la atención que adultos mayores que ya tienen un apartamento saldo y viven de una pensión que ya está reducida enfrentan unos costos de energía que se han salido de control, no pueden estar sin un plan médico y, para colmo, con la enmienda a la Ley de Condominios en el 2019, ahora el quórum de una asamblea lo constituyen los que llegan a la asamblea.

Las personas que llegan tienen el poder de tomar determinaciones que conllevan a que de pronto las personas que tienen un presupuesto limitado se encuentren sin recursos para enfrentar esa nueva carga que resulta de un grupo menor de la comunidad.

Si a eso se le suma el tema de los seguros que se le exige a los condominios, que ahora cuestan 300 % más de lo que costaban hace 10 años, todos esos factores llevan a estos adultos mayores a decir que tienen miedo y están preocupados. Esas personas se encuentran en una situación frágil y pueden tener que hacer una venta involuntaria, un desplazamiento involuntario, y no hay lugares donde puedan vivir dentro del Área Metropolitana.

El candidato del MVC reconoció que ese fue uno de los hallazgos que no esperaba encontrar, aun cuando ha trabajado directamente con muchas comunidades el asunto del desplazamiento, pero era principalmente en comunidades desventajadas. “Me he reunido con comunidades a todos los niveles y no esperaba enfrentarme en esas áreas a ese tipo de realidad”.

Al otro lado del espectro, entrando a comunidades como La Perla, Israel, Bitumul y Alto el Cabro, contó que hay comunidades a quienes en un momento dado les entregaron unos títulos de propiedad y les dijeron a las personas que eran dueñas de sus lotes; sin embargo, esos títulos no tienen ningún valor legal. Las personas no han podido inscribir la propiedad ni saben por qué.

Regresando al macro de las comunidades desventajadas, el planificador arquitecto enumeró que estas han estado perdiendo servicios fundamentales como lo eran los Head Start, los Boys and Girls, los CDT y los servicios de ama de llaves. En particular, las familias, madres con hijos en edad preescolar, le han compartido que no pueden salir a trabajar porque no tienen dónde dejar sus hijos ni tienen los recursos económicos para pagar por un cuido. Denunció que el Estado ya no está proveyendo esos recursos que existían antes. “Hay veinte mil otras cosas”.

Más allá de las comunidades del Precinto 1, apuntó, San Juan es un reflejo micro de una condición macro de la isla. El Precinto 1 se enfrenta a mayor vulnerabilidad por el cambio climático, la subida del mar y la erosión costera que va a afectar a una de las áreas más densamente poblada de Puerto Rico, Isla Verde y Condado, que es donde están la mayoría de los condominios. Considera que lo que pueda hacer como legislador en el Precinto 1 puede servir de ejemplo para el resto de la isla.

Cardona calificó de urgente el que se atienda la reforma de permisos. “Eso afecta no solo al Precinto 1, sino a todo el país”. Puntualizó que la llamada Reforma de Permisos fue la que dio paso a que se pudiera hacer de forma expedita la venta o sesión ilegal que se hizo en el parque de Condado. Eso es lo que sirve de base para que se hayan autorizado una serie de proyectos de condominios en el Condado sin contar con la infraestructura necesaria y sin cumplir con la normativa que está vigente desde el 1992. Es un reglamento especial para el Condado que se convirtió en instrumento de política pública, pero que no se está respetando porque la ley de reforma de permisos crea unos huecos que permiten desviaciones al reglamento y, por lo tanto, acciones ilegales.

El ex vicepresidente de la JP explicó que el país ha desarrollado con toda una serie de mecanismos para establecer una especie de folleto publicitario, como pueden ser los Planes de Mitigación de Riesgo, que en términos reales no tienen una sola expresión de política pública que sea sólida y conducente a que estemos mejor en el futuro. “O sea, no hay una propuesta de mitigación de riesgo efectiva en el Plan de Mitigación de Riesgo de San Juan”. Al respecto, dio el ejemplo de que el área del Escambrón, el Parque Sixto Escobar y el Normandie están identificadas en el Plan de Mitigación como áreas de desalojo porque están en un área de riesgo, por lo que no puede haber desarrollo nuevo. Sin embargo, el Municipio de San Juan, aun así, suscribió un contrato de alquiler con la empresa Normandie OZLL CI de Eddie Ishay.

El candidato por MVC afirmó que todavía hay muchísimos espacios en San Juan y en el Precinto 1 amenazados por inversionistas. En un recorrido por el Viejo San Juan se puede ver que hemos perdido unos recursos súper valiosos. “No sé cómo los vamos a rescatar; están en manos de personas privadas que lo miran solo como una inversión, no tienen vínculos con el país”. Cardona Roig aclaró que no tiene problema con el libre mercado, pero sí cree que no es posible, ni razonable ni lo va a tolerar, que el puertorriqueño y los activos de Puerto Rico se comprometan y se pierdan por excusas como el libre mercado.

“Mi posición en relación con la Ley 60, es que no puede haber un código de incentivos que le aplique a los de afuera y no a los de adentro, que es lo que supone. Es que los puertorriqueños vamos a competir en desventaja con los extranjeros. No puede ser, no puede ser”.

El candidato del MVC al Precinto 1 de San Juan trajo a la atención que durante los pasados 32 años el Partido Nuevo Progresista ha controlado San Juan. El puesto lo han ocupado el representante Nuno López, Melinda Romero, Miguel Romero y, al presente, Eddie Charbonier Chinea. “Me pregunto cómo es posible que haya 32 años continuos y ese precinto esté en esa condición tan precaria, por qué razón no he escuchado a estos representantes defender el interés de las comunidades”, cuestionó.

Cardona Roig, quien dijo que desde hace 18 años no utiliza carro y que depende del transporte público o camina, comentó sobre cómo atajar el automovilismo en San Juan. Entre varias cosas, señaló que es fundamental trabajar con las aceras y los corredores peatonales porque parte de la razón por la que la gente no camina es porque es desagradable hacerlo. Además, hay que proveer que el transporte colectivo llegue a los centros productivos y educativos; es decir, que las rutas sean visualizadas desde la necesidad.

De llegar a la Legislatura, El urbanista se propone presentar legislación para que haya reconocimiento y representatividad del adulto mayor como un segmento vulnerable de la población que tiene que ser reconocido en toda legislación y en cualquier asunto que resulte en una carga económica adicional para este. El adulto mayor no tiene oportunidad de aumentar sus ingresos y se está cayendo en una situación que está provocando una adversidad para ellos, señaló.

El otro asunto que se propone abordar está relacionado con los condominios. Este planteó que es hora de trabajar un seguro universal para condominios, de una cubierta que pudiera aliviar a muchos residentes. “Me parce justo, porque el condominio representa unas cargas mucho más reducidas al municipio que una vivienda unifamiliar. Por ejemplo, el recogido de basura es más sencillo”. Indicó que con unas pólizas globales se pudiera estar reduciendo 1/5 parte del costo de mantenimiento. También hizo la observación de que estos seguros han perdido conexión local y que todas las compañías que han estado cotizando son de afuera.