CLARIDAD

Don Miguel Junito Rivera Luna vive en la comunidad Carrasquillo, de Cayey, desde que nació. A sus 75 años, recuerda con precisión clarividente la historia de cuando su padre, también Miguel, llegó al sector a los ocho años de edad. Ambos crecieron a pocos pasos de la escuela Luis Muñoz Rivera, donde estudiaron otras personas del barrio. Rivera Luna evoca por igual, y con cierta nostalgia, los aguacates, guineos y panas que rodean el lugar. Pero hace más de una década, cuenta el cayeyano, ha habido cambios estremecedores en Carrasquillo. El más reciente: una carta que implica el riesgo de perder sus casas y terrenos a manos del Municipio.

El temor no es infundado. Una primera oleada de expropiación se dio en 2012, cuando decenas de hogares fueron desplazados para la extensión fracasada de la avenida Benigno Fernández García. La idea inicial, explicó Rivera a CLARIDAD, era habilitar un sistema de transporte público en Cayey, que se uniera a la también inconclusa continuación del Tren Urbano, que suponía llegar a Caguas. Para aprovechar los terrenos que había expropiado, el Municipio de Cayey anunció el desarrollo de un Parque Urbano que “tardaría cerca de un siglo” en completarse, de acuerdo con el alcalde, Rolando Ortiz Velázquez.

“Ellos lucharon por cuatro años, pero no pudieron hacer nada. Al fin y al cabo, una ley del 2020 prevaleció y perdieron sus hogares. Unos se fueron para un lado, otros se fueron para otro y esa parte de la comunidad la perdimos. Ahora, después de eso, vino con la idea de hacer un Parque Central miniatura en Cayey”, expresó el residente a este medio.

Además, compartió varias cartas en las que la administración municipal se compromete con no expropiar a los residentes de la comunidad Carrasquillo. Por ejemplo, una carta con fecha del 1 de diciembre de 2023 afirma que “no se expropiarán propiedades de quienes sean titulares de las mismas”, firmada por el mandatario municipal.

En un tono más ambiguo, otra misiva de la Oficina de Adquisición de Propiedades de Cayey, dirigida el pasado 31 de marzo a Rivera Luna, detalla que “la administración municipal, conforme a los poderes que le confiere la ley, se encuentra evaluando la adquisición de la propiedad que está localizada en la calle…”. La dirección de la carta coincide con la del hogar de los padres del cayeyano, un matrimonio que incluye a un veterano del 65 de Infantería.

No obstante, el documento oficial relacionado con el desarrollo del Parque Urbano de Cayey es la Ordenanza Municipal 34-2023-24, filtrada por un asambleísta municipal, de acuerdo con Rivera Luna. El estatuto confirma que el Municipio de Cayey interesa adquirir toda aquella propiedad que, por su ubicación, sea necesaria para desarrollar el parque, y que en ciertos casos pudiera darse una expropiación de residente “no porque sea en contra de su voluntad, sino porque es el medio legal conveniente para adquirir la propiedad”. La ordenanza se aprobó en junio del año pasado.

“Yo fui el 31 de diciembre del 2023 a la alcaldía, acompañado de cinco personas más. Todos nosotros somos personas mayores, pasamos los 70 años. Allí él nos dijo que no, que esto (Carrasquillo) no se iba a expropiar, que no había problema con esto. Pero yo busqué asesoría legal y me dijeron que él puede decir que no, firmar una carta que no y mañana tomar una determinación distinta”, dijo Rivera Luna.

Del mismo modo, el vecino denunció que, a diferencia de lo que Ortiz Velázquez ha expresado en público, las comunicaciones oficiales del Municipio no se han difundido entre todos los residentes de la comunidad. Inclusive, compartió con CLARIDAD dos solicitudes para fondos de emergencia por parte del Municipio de Cayey. Los desarrollos, que no fueron consultados con la ciudadanía, se habrían dividido en: $17.5 millones para ensanchar la avenida Fernández García — la del transporte público desusado— y $41.6 millones para el Parque Urbano. De acuerdo con el propio documento, ambas peticiones fueron denegadas. Es decir, la financiación de este proyecto aún es incierta.

“Esto da ganas de llorar, es increíble. Hay alrededor de cincuenta propiedades aquí. Tenemos dos personas ciegas, cuatro encamadas, otras en sillas de ruedas. Mis dos padres tienen 93 años… es desgarrador. Este individuo es un charlatán, esto es lo último que se le puede hacer a una comunidad. ¿De dónde ese hombre saca ese disparate? Y tiene la cara para negarlo. Él trajo gente de la Universidad de Cornell para hacerle los estudios”, sostuvo Rivera Luna.

La frustración del residente es compartida. En el entorno de la casa de Rivera Luna, una treintena de hogares luce, en gran parte, cuidada y ocupada. Hay perros que ladran entre las rejas recién pintadas de las marquesinas, casas con talleres para arreglar carros y un riachuelo que corre por detrás de la calle Juan Soto. Empero, la comunidad Carrasquillo no ha sido la única en enfrentarse a esta encrucijada.

Más abajo del arroyo, un edificio de varios pisos con barberías, tiendas de servicio celular y otros comercios fue expropiado, de acuerdo con el dueño de la estructura que no reveló su identidad, por menos de $200,000. De hecho, el comerciante contrató a un tasador que valoró el inmueble en $360,000. “Es un abuso”, comenta Rivera Luna.

Oposición responde al desarrollo

 En respuesta a la denuncia de la comunidad Carrasquillo, el excandidato a la alcaldía cayeyana por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Carlos Rivera Santiago, divulgó su emplazamiento al comisionado residente y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, para exigir la detención del Parque Urbano.

“Es increíble ver al alcalde de Cayey justificando en televisión nacional la expropiación de una comunidad para construir un parque urbano que según el mismo alcalde puede tardar en construirse 100 años. Más sorprendente aún es que un partido que habla de ‘refundación’ permita que uno de sus alcaldes actúe con aires de dictador, desplazando sin justificación a personas mayores de una comunidad históricamente marginada. Por eso, le exijo al comisionado residente que le ponga un alto a Rolando Ortiz Velázquez”, reza el comunicado de Rivera Santiago, quien obtuvo 1,128 votos en los pasados comicios.

Asimismo, el excandidato instó al senador independiente, Eliezer Molina Pérez,a radicar la Resolución del Senado 156, que propone una investigación sobre la legalidad de los trámites relacionados con estas expropiaciones. La pieza, presentada el 23 de abril de 2025, fue referida a tres comisiones: Asuntos Municipales, dirigida por Josian Santiago (PPD); Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, liderado por Wanda Soto (PNP); y Vivienda y Bienestar Social, dirigida por Jamie Barlucea (PNP).

“Pasar por esta situación pone a una comunidad como Carrasquillo, de personas con pocos recursos y sometidas a condiciones de pobreza, en unos niveles de estrés muy pesados. Se habla de un superávit económico en Cayey, pero hay un déficit ético y moral en la administración municipal”, concluyó Rivera Santiago.

Hasta el momento, Ortiz Velázquez se ha exculpado de toda acusación relacionada con las expropiaciones. Sin embargo, no sería la primera vez que el alcalde ejerce el estado de derecho de esta forma.

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ccotto@claridadpuertorico.com

La movilización de los más amplios sectores obreros y del activismo social y político no se limita a la marcha en conmemoración de este Primero de mayo, Día Internacional de los y las trabajadoras. Para los próximos meses, la agenda incluye protestar el mensaje de Estado que se supone presentará la gobernadora a la Asamblea Legislativa; movilizarse para reclamar una transformación del servicio de energía eléctrica bajo el modelo público frente a los apagones de verano anunciados por el gobierno;  impulsar la derogación  y las enmiendas a la legislación laboral ante la Legislatura y ampliar la participación del pueblo para sacar de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Eso no lo puede asumir la clase política, lo tenemos que asumir nosotros. Esta lucha continuará en los próximos meses. Como trabajadores, como pueblo unido, la lucha continúa. Obreros y el pueblo unido jamás serán vencidos”, expresó el presidente de UNETE, Emilio Nieves, sobre la movilización contra la JCF, al anunciar la agenda del movimiento obrero,  más allá del 1.⁰ de mayo.

La  manifestación, convocada por la Coalición Sindical, inició con una misa oficiada por el padre católico Pedro Ortiz, en la esquina de la calle Rosales con la avenida Gándara, en Río Piedras, cerca de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Tras la misa, los mensajes de diversas organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas acompañaron la marcha, que salió poco después de las 9:30 de la mañana hasta llegar frente al edificio donde ubica la JCF en la Milla de Oro en Hato Rey.

En esta primera parte de la marcha se destacó la participación de organizaciones estudiantiles. Los primeros en dirigirse a los asistentes fue un junte de organizaciones estudiantiles de la UPR, la Asociación Feminista Universitaria (AFU), Juventud Ecologista del Movimiento de la UPR en Cayey y Unión Negra Antirracista. Las estudiantes se expresaron en contra de las políticas neoliberales impuestas por la JCF, el cierre de escuelas públicas, la imposición del inglés como vehículo de enseñanza  y en contra del racismo.

La joven Natalia Martínez, de la AFU, denunció que la alianza entre intereses privados financieros y coloniales respaldados por el Gobierno de Puerto Rico y la JCF ven desde la lógica neoliberal la educación como un negocio, como una mercancía sujeta a las reglas del mercado y no como  un derecho colectivo. “Durante la última década, el cierre masivo de las escuelas públicas se ha justificado bajo premisas engañosas como la baja natalidad o la necesidad de y austeridad fiscal. Este desmantelamiento ha profundizado, ha precarizado, la situación de nuestras comunidades afectando de manera directa el desarrollo,  la seguridad y bienestar de nuestros niños, jóvenes y comunidades. A la par, se ha promovido la proliferación de escuelas chárter”, manifestó.

La portavoz del movimiento estudiantil de Cayey, Ivana Torres, entre otras expresiones, afirmó que los estudiantes son  parte de la clase trabajadora. “No solo porque muchos trabajamos y estudiamos mientras trabajamos para sostener nuestra educación, nuestras vidas y nuestras familias, sino porque somos hijos, nietos, representantes de esa misma clase obrera que hoy los aumentos desmedidos en los costos de matrícula, la eliminación de residencias, el abandono de servicios esenciales, como comedores y bibliotecas, así como el cierre de programas y la consolidación de recintos, llevan a la  exclusión social y la explotación económica”.

Mientras, Naibori Hernández, de Unión Negra, destacó que todavía millones de personas negras están sujetas a la esclavitud, la cual continúa bajo nuevas formas, como la precarización, informalidad, desempleo estructural, racismo institucional, la criminalización y la exclusión. “Los trabajadores negros seguimos siendo mano de obra descartable en muchos sectores: los cuerpos racializados que limpian, cuidan, cargan, transportan. Nuestros aportes siguen siendo invisibilizados, mal pagados y desvalorizados. Invisibilizados la juventud  negra sin acceso a empleo digno, el inmigrante explotado. La opresión cambió de forma pero no de lógica”.

Otro grupo de jóvenes que se dirigió a los presentes fue la Juventud del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC). Gabriela Flores, portavoz, describió como políticas corruptas las medidas del presidente Trump, las cuales también comparte el Gobierno de Puerto Rico. “Enfrentamos una escasez de vivienda adecuada, accesible; el desmantelamiento de la universidad; el deterioro de la educación pública y su privatización a través de las escuelas chárter; el colapso del sistema de salud; la insuficiencia del salario; la precarización de las condiciones laborales y el discrimen contra las personas de la comunidad LBGTQ”.

No a Esencia, Unión de Trabajadores de la Industria Licorera de Ponce, Federación de Maestros, Jornadas se Acabaron las Promesas, Por un Puerto Rico de la Clase obrera: las pancartas de diversas organizaciones se exhibían por todas las esquinas del lugar de concentración. La salida de la marcha y su recorrido por la avenida Ponce de León se dio sin contratiempos. Al llegar a la esquina de la Ponce de León con la calle Mayagüez, la marcha dobló hacia la avenida Muñoz Rivera, en donde en una acción nunca antes ocurrida, dos guaguas de la Policía, a las cuales no se les veía sus conductores, escoltaban la marcha a paso lento.

Una  secretaria del  trabajo que no representa a los trabajadores

Tras su salida, la marcha se detuvo frente al edificio del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), cuyas ventanas estaban tapadas y su frente estaba ocupado por un nutrido contingente de la Policía. Edwin Méndez, presidente de la Unión de Trabajadores del DTRH, denunció que a los trabajadores les tenían secuestrados, ya que no los dejaron salir fuera del edificio ni siquiera en su hora de almuerzo.

Sobre la parada frente al DTRH, Méndez, quien dirigió todo el trayecto de la manifestación, indicó que los portavoces del sector privado tenían  mucho que decir, dado a que  son la mayoría de los trabajadores en Puerto Rico. Son más de 650 mil, aunque no los más organizados en términos sindicales, por lo que advirtió que el DTRH tiene mucho que hacer por ellos.

En esa línea, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Licorera,  Rafael González, denunció que el Departamento del Trabajo ha sido secuestrado por los patronos y que la secretaria, Nitza Irizarry Algarín, no representa a los trabajadores.

“Vinimos a rescatar el DT porque es la casa del trabajador y los patronos se la han robado. Cada año, más patronos no pagan bono de Navidad, cada año son más los patronos que despiden injustificadamente, y el DT no hace nada. Cada año son menos los convenios colectivos, y no hacen nada. Pero ya eso se tiene que acabar.  La clase obrera todo Puerto Rico vamos a rescatar al DT, que le pertenece a la clase obrera de Puerto Rico. Me dirijo a la secretaria designada: usted no me representa. Usted no representa a la clase obrera porque usted fue la que autorizó en la AEE a desplazar a los trabajadores a Edificios Públicos. Usted  no está aprobada por los trabajadores, ni del sector privado ni público del país. ¡Fuera, fuera! ¡Arriba la clase obrera!”, proclamó González.

Otro portavoz del sector sindical privado que se manifestó  allí fue la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIET). Su presidenta, Wilda Fraser, reclamó que “el sector privado  es el motor de la economía de este pueblo y sin nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestro sudor, no hay producción, no hay crecimiento, no hay país”.

Por su parte, la portavoz de la Unión Independiente de Servicios Legales (UISLPR), licenciada Soledad Sáez, resaltó la pertinencia de las y los abogados de Servicios  Legales en momentos en que se criminaliza la protesta y se violentan los derechos fundamentales de las personas. “Tener un grupo como este para la defensa de todos nosotros, donde ponemos el esfuerzo allí donde ponemos la palabra. Nuestra matrícula, en una de las asambleas más concurridas que hemos tenido, acaba de decretar un voto de huelga de manera unánime. Ese voto de huelga no es solo nuestro, es de todos, porque la huelga es un derecho para todos. Se defiende ejerciéndolo unidos y adelante”.

Fuera la Junta

 Los manifestantes reiniciaron su marcha hacia la JCF. Al llegar a la esquina de la Ponce de León con la avenida Roosevelt, como en años anteriores, toda la cuadra de la milla de Oro estaba fuertemente ocupada a ambos lados por la Policía.

Hasta los empleados federales en Puerto Rico estuvieron presentes en la manifestación de este 1.⁰  de mayo. “Repudiamos al Gobierno de Trump, al Gobierno de Jenniffer González  y repudiamos a la JCF. Se lo podemos decir en español, en inglés. Sigamos en la lucha, sigamos haciendo un llamado al pueblo, que se unan nosotros. Necesitamos al pueblo. Los productos se siguen encarneciendo. Queremos el apoyo del pueblo; seguimos adelante; seguimos en la lucha. Los queremos”, declaró Samuel Hernández, representante  de la Unión de Empleados Postales de Islas Vírgenes y Puerto Rico.

“Basta ya, queremos que la Junta de Control Fiscal salga de aquí. Es la artífice de la reforma laboral que le ha quitado beneficios a los trabajadores: los aumentos salariales, plan médico, planes de pensiones, vacaciones, días por enfermedad”, señaló el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).

En esa dirección también se expresó la presidenta de la Unión de Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 (USPU), Jessica Martínez: “Mientras la JCF goza de salarios jugosos, los empleados públicos continuamos con un plan de clasificación que lo que hizo fue humillarnos. Los empleados públicos  seguimos con salarios de miseria, sin un retiro, sin vacaciones, sin una licencia completa de enfermedad. Hoy es un  buen día para fortalecer nuestro movimiento obrero, para llevar un mensaje a la gobernadora y a la JCF de que el pueblo de Puerto Rico  le pertenece a los trabajadores y las trabajadoras”.

Seis meses después de convertirse en inversionista residente en Puerto Rico, Suresh Gajwani registró a SGNG Foundation Corp., una organización sin fines de lucro que recibió al menos $150,000 en donativos otorgados por beneficiarios de la Ley 22, sin estar cualificada para recibirlos.

 Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

El pasado 19 de marzo, el ingeniero y empresario Suresh Gajwani fue acusado en el estado de Florida de presentar un documento con información falsa para evadir contribuciones.

Según el Departamento de Justicia federal, la compañía de Gajwani, Nimco II, generó sobre $80 millones entre 2019 y 2022. Para evitar pagar contribuciones sobre estas ganancias, Gajwani realizó un cambio de estructura corporativa de manera fraudulenta en el 2020. Dijo al gobierno federal que el cambio ocurrió un año antes, cuando en realidad lo realizó en ese momento, para aprovecharse de la exención contributiva que tendría al convertirse en inversionista residente en Puerto Rico bajo el nuevo Código de Incentivos, que incluye la Ley 22 para el traslado de inversionistas millonarios a la Isla.

La acusación federal no menciona que, en agosto de 2020, seis meses después de acogerse a la “Ley 22”, Gajwani registró en Puerto Rico a SGNG Foundation Corp. como una organización sin fines de lucro.

En el 2022, la entidad recibió al menos $150,000 en donativos anuales otorgados por inversionistas residentes en la Isla, según datos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como resultado de una demanda de acceso a información contra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Al cierre de esta edición, Gajwani no contestó una solicitud de reacción ni preguntas sobre su fundación y si distribuyó el dinero en Puerto Rico.

Contrario a lo que establece el Código de Incentivos, SGNG Foundation recibió los donativos sin estar en la lista de organizaciones sin fines de lucro exentas por el Departamento de Hacienda bajo la Sección 1101 del Código de Rentas Internas, como tampoco en la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, encontró el CPI. La fundación de Gajwani fue una de las 12 entidades que más dinero recibió en el 2022 por este tipo de donativos.

Ese mismo año, en su planilla federal, SGNG Foundation reportó aportaciones de $35,700, de las cuales menos de la mitad ($14,700) fueron a organizaciones en Puerto Rico.

El CPI preguntó al DDEC qué acción ha tomado contra Gajwani y esta fundación, luego de la acusación, pero al cierre de esta edición, la agencia no contestó la solicitud.

Los donativos anuales a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico — con un mínimo requerido de $5,000 o $10,000, dependiendo del año de cada decreto — es uno de los pocos requisitos que tiene el programa de inversionistas residentes. A cambio, los beneficiarios obtienen una exención contributiva del 100% en sus ingresos pasivos, como son las ganancias que se obtienen en el mercado de valores, dividendos e intereses, por ejemplo.

En agosto de 2024, el CPI reveló irregularidades relacionadas a estos donativos, incluyendo entidades que recibieron dinero sin estar certificadas en Hacienda como organizaciones exentas, así como fallas en la fiscalización del Gobierno para asegurar el cumplimiento de este requisito de donación.

A pesar de estar registrada en Puerto Rico, la planilla federal de la entidad en el 2022 reporta una dirección en California.

En agosto de 2020, Gajwani registró SGNG Foundation Corp. como una entidad sin fines de lucro cuya misión sería “apoyar a niñas y mujeres contra los prejuicios que enfrentan en la familia, la comunidad, la sociedad y el mundo empresarial”, en Estados Unidos, Puerto Rico, India y otras partes del mundo.

En octubre de 2023, un año después de recibir $150,000 en donativos de beneficiarios de la Ley 60 en Puerto Rico, el Departamento de Estado advirtió que cancelaría la entidad por incumplir con presentar el informe anual y con el pago de arbitrios a esa agencia.

La entidad, que nombraba como principales oficiales a Gajwani y a su esposa, Nilam Gajwani, fue revocada en diciembre de 2023.

Otro documento corporativo revisado por el CPI identifica varias instituciones educativas en India financiadas por el matrimonio Gajwani. La página web de una de estas, una escuela de enfermería, aseguraba en una biografía de Gajwani que un grupo de sus estudiantes “están educando en línea a sobre 600 estudiantes de escuelas públicas de Puerto Rico”.

La información fue removida de la página, luego de que el CPI contactara a Gajwani para una reacción.

El CPI también pidió, en ese entonces, al Departamento de Educación que confirmara si estas actividades educativas que se atribuía la fundación en realidad ocurrieron, pero no obtuvo respuesta.

Reclama haber recibido asesoría defectuosa

Según la acusación federal, la corporación de Gajwani, Nimco II, invirtió en acciones de la compañía Tesla que generaron “decenas de millones de dólares” en ganancias a partir del 2019. Fue en ese momento que Gajwani mostró interés en la exención contributiva que ofrece Puerto Rico bajo la Ley 60.

Para obtener su decreto, buscó a un contable y a un abogado para asesorarse sobre qué debía hacer. El contable habría sugerido cambios a la corporación para poder cualificar bajo la Ley 60 de Puerto Rico, dice la acusación. Luego, el abogado le habría asegurado a Gajwani que, bajo la Ley 60 en Puerto Rico, las ganancias de su compañía quedarían exentas de contribuciones federales, incluyendo las obtenidas antes de convertirse en inversionista residente.

“Posteriormente, empleados senior del IRS [Servicio de Rentas Internas federal] le informaron al Abogado 1 que ambas posturas en su opinión legal eran erróneas”, lee el “information”, un documento similar a una acusación formal, pero que no pasó por el proceso de un gran jurado.

El documento no identifica a ninguno de los dos profesionales, aunque menciona que, en el caso del contable, tiene oficina en Florida.

Gajwani se convirtió en inversionista residente en enero de 2020. Ese mismo año, en octubre, donó $1,000 al comité de campaña del exgobernador Pedro Pierluisi, según datos del Contralor Electoral.

Tras recibir su decreto otorgado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Gajwani sometió un formulario al IRS — una declaración de causa razonable o “reasonable cause statement” — solicitando el cambio corporativo que sugirió su contable, retroactivo a enero de 2019, según el documento legal.

El contable habría dicho a Gajwani que era “poco probable” que el IRS escudriñara el formulario sometido, añade la acusación.

“Entre 2019 y 2022, Nimco obtuvo ganancias netas de capital por un total aproximado de $80 millones y distribuyó la cantidad correspondiente a sus accionistas. Como resultado de la conversión indebida de Nimco, Suresh Gajwani no pagó los impuestos adeudados ni la deuda sobre las ganancias de capital obtenidas”, sostiene la fiscalía federal.

Este caso se suma a una docena de beneficiarios de la Ley 22 que han enfrentado problemas con la justicia, incluyendo crímenes financieros.