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Editorial-Fuerza y movilización en este momento crucial 

Picú participó de la gran marcha por la renuncia de Ricky Rosselló. Fto. Alina Luciano

 

La guerra está declarada. Es un sálvese quien pueda. En el desgobierno de Jenniffer González y el PNP imperan la división y el desasosiego. Un gabinete a medias, y sin candidatos o candidatas que digan «yo» a los puestos neurálgicos con » sillas vacantes», como las secretarías de Estado y Justicia.  En las agencias, los cabilderos- todos del PNP- se » tumban» unos a otros los contratos más jugosos en una pugna abierta como nunca antes se había visto. Tanto, que han llamado la atención del mismísimo Negociado Federal de Investigaciones ( FBI).

Por su parte, los «contratistas» fabrican compañías de hoy para mañana, con la prisa del que no puede esperar, porque es posible que después no quede nada. Los «consultores» abundan, tanto de aquí como importados. En el gobierno, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal los tienen de todas clases y para todo. Hay algunos con dotes especiales.»Sabelotodos» bajo «firmas sombrilla», que realizan » estudios» de cualquier cosa que a menudo terminan influenciando, lo mismo sobre política pública, que sobre presupuesto, o si viene al caso, también sobre» imagen y proyección», que mucha falta les hace a los gastados «productos» de la política colonial puertorriqueña.

Los buitres, de la mano de sus propios «consultores» y cabilderos duchos en la compra y venta de influencias, hacen cada cual lo suyo. Prometer como lo hacen los «inversionistas» de la Ley 60, antes Ley 22, para saquear lo que nos queda de patrimonio. Solventar sus fallidas operaciones con dinero público, como lo hacen LUMA, Genera y AES. Cobrar su acreencia de la deuda pública de la AEE a rajatabla, como Golden Tree, amparado en un Tribunal más poderoso y fuerte que el de Título III de la Ley PROMESA, que se suponía que tuviera la última palabra sobre cuánto de esa deuda puede pagar Puerto Rico con los recursos disponibles. Todas estas fuerzas oscuras juntas tienen de rehén al pueblo puertorriqueño y aunque a veces se opongan entre sí, siempre se mueven al unísono para hacer avanzar sus intereses de poder o de dinero, a costa de lo que sea, en el caso nuestro, un caos de ingobernabilidad y desinformación que deja » en carne viva» a nuestro país, desde adentro y desde afuera.

Solo basta leer los titulares de prensa y escuchar el parloteo por radio y televisión para darse cuenta que las élites políticas y económicas en Puerto Rico, y su comitiva de asesores, contratistas y demás, tienen un pánico paralizante a los recortes del dinero del Gobierno de Estados Unidos destinado a Puerto Rico, recortes que tal parece que son inminentes, dado el objetivo del Congreso Republicano y la administración de Donald Trump de balancear el presupuesto federal sobre las espaldas de los que menos tienen, tanto en los estados como en los llamados territorios o colonias de los que Puerto Rico forma parte.

Por eso, el pánico tiene peleando a políticos, burócratas e, incluso, a intereses privados entre sí mismos, y ya no se sabe ni a qué bando pertenece quién. Sí se sabe que unos y otros, desde la Fortaleza, el Senado y la Cámara de Representantes, los Tribunales en todas sus instancias, y hasta la Junta de Control Fiscal  se embarcarán en el ejercicio de hacer un presupuesto para Puerto Rico que, a fin de cuentas, será un ejercicio especulativo, y por ende inútil, en un gobierno de Puerto Rico que depende en un 40 por ciento de fondos federales para su operación. Mientras no se sepa a ciencia cierta la magnitud de los recortes de Trump, no hay presupuesto que valga.

Esa dependencia servil es el verdadero caos que vivimos y la razón por la cual el pánico los tiene paralizados, mientras el bando de los buitres, cabilderos, contratistas y consultores se mantiene al acecho, como aves de rapiña a punto de pelearse por los huesos, donde ya no queda carne.

¿Cómo es posible, se preguntan algunos, que Puerto Rico, con una población laboral tan altamente educada y diestra, se encuentre en esta situación de tan extrema fragilidad, vulnerabilidad y total dependencia de transferencias que llegan del Tesoro de Estados Unidos? ¿ Qué nos diferencia hoy de la Isla que una vez fuimos, donde nuestra gente moría esperando el » situado» que desde el virreinato de México nos enviaba la Corona Española, nuestra dueña de entonces? Pasamos de manos de un dueño a otro, y al cabo de casi 532 años todavía se nos mantiene en el imperturbable estado de sujetos coloniales de dos imperios sucesivos,  ambos ciegos y sordos ante nuestros reclamos. Como dijo una vez, ya viejo, nuestro querido Padre de la Patria, doctor Ramón Emeterio Betances: » ¿ qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan»?

La respuesta es solo una:  hemos cultivado por años y décadas el desarrollo de dos castas políticas que,  resumidas en las siglas PNP-PPD, se han ido pudriendo desde la raíz y arrastrando a nuestro pueblo hasta la encerrona en que nos encontramos hoy. Y no puede seguirse permitiendo esto, porque los que han luchado en el pasado y luchamos hoy por la aspiración de un Puerto Rico soberano y justo, con oportunidades por méritos para toda nuestra gente, y estamos convencidos de que lograrlo es posible, tenemos que denunciar, confrontar y movilizar contra ese junte letal de políticos, buitres, cabilderos, contratistas y consultores que hunden literalmente a nuestro país en el fondo de un asfixiante abismo. Esto incluye al gobierno colonial, y a la impuesta y fracasada Junta de Control Fiscal, creada por el Congreso de Estados Unidos para reestructurar la deuda pública y que Puerto Rico pudiera acceder nuevamente a los mercados, y tras nueve años y tres cambios internos de composición, no ha logrado ni lo uno ni lo otro.

La acción popular ante esta encerrona dependerá de la voluntad de nuestra gente. Un frente cívico, amplio y masivo, que reivindique nuestra dignidad y exija cuentas y reparación de daños a los responsables de este desastre, sería un gran paso en el camino del pueblo puertorriqueño hacia la realización de su propio destino. No debe permitirse que un gobierno incorpóreo, volátil e incapaz de gobernarse a sí mismo, termine por arrastrar al vacío las posibilidades de todo un pueblo.

 

Nombramientos fracasados

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Para la veterana senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, no hay explicación por parte de la gobernadora para las fallas en sus nombramientos, que han culminado en el retiro de los nominados.

La senadora del PIP,  quien ocupa su cuarto término, apuntó que no es la primera vez que esto ocurre.   Lo que sí le  parece particular es la cantidad de nombramientos retirados, que ya son siete, y  el hecho de que en algunos de los casos las fallas de los nombramientos debieron ser advertidas por la gobernadora.

Luego de semanas de debate público sobre cuestionamientos éticos a los nominados  y si cumplían o no con los requisitos para ocupar los cargos, la gobernadora, Jenniffer González Colón, se vio forzada a retirar los nombramientos de la licenciada Veronica Ferraiuoli como  secretaria de Estado; el del general Arturo Garffer, también como secretario de Estado; el de la exfiscal Janet Parra como secretaria del Departamento de Justicia, y el de la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), licenciada Nydza Irizarry Algarín.

Otros nominados retirados fueron el del Comisionado de Seguros,  Alfredo Ocasio Pérez, y la nominación a jueces del Tribunal Superior de Libardo Hernández Pérez y Sharon Falak Rodríguez.

La portavoz del PIP en el Senado fue enfática al señalar que la gobernadora y su equipo debieron   saber del récord de radicación de planillas de Ferraiuoli y de la inhibición de Janet Parra por una   decisión del Tribunal Apelativo y del Tribunal de Primera Instancia; en el caso de Garffer, por no cumplir con la residencia para ser secretario de Estado, y en el caso de Ocasio, por tener una querella en su contra ante la misma comisión a la que fue designado.

“No hay explicación, excepto que no existe la capacidad para generar, conformar, un gabinete de gente competente y con las credenciales, porque en el pasado hay una práctica de dejar pasar ese tipo de nombramiento, como ocurrió con Waldemar Quiles”, quien fue nominado y confirmado por el Senado como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y cuya primera gestión fue firmar una orden que beneficiaba a los suegros de la gobernadora.

La senadora del PIP comentó que en otras ocasiones los nombramientos se han eliminado, no porque no hayan tenido las cualificaciones, sino que lo usual es que se retiran al fin de sesión porque no había acuerdo político para el nombramiento y porque no eran nombramientos de esa envergadura. “No era porque las personas no reunían las cualificaciones. Pero cosas fácilmente comprobables puede ser que en un
proceso de nombramiento se revele por una fuente que no estaba antes disponible, o una información . Eso en teoría puede pasar, pero cosas que tienen que estar en el récord de Fortaleza, eso no había pasado nunca”.

A juicio de Santiago, las nominaciones y sus retiros forzosos reflejan que la gobernadora no tiene con qué conformar un gobierno de gente con las credenciales. “Creo que eso es importante, porque esta es la gobernadora que basó su campaña en distanciarse del PNP, o de la administración anterior, con una imagen de que sería un gobierno de renovación. Y lo que tenemos es un reciclaje de gente, porque además del problema de los nombramientos retirados, está el de las fichas del tablero, el movimiento de una posición a otra”, denunció.

En cuanto a la posibilidad de que la gobernadora no acuda a la Legislatura a presentar su mensaje de Estado, comentó que la Constitución dice que tiene que ser presencial. Sin embargo, señaló que la experiencia desde hace ya muchos años es que esa presentación del estado de situación y de presupuesto se ha convertido en un espectáculo. “Creo que no hace falta que vaya. Ahora, dicho esto, una cosa es que cumpla con el requisito constitucional simplemente por enviarlo. Creo que a nadie se le puede escapar que aquí hay un pulseo intenso entre Fortaleza y el Senado, y podrán decir lo que quieran, pero en términos políticos, la gobernadora está evitando aceptar que existe. No creo que esté en un buen momento para enfrentarse ni a la Legislatura ni al país”.

Por su parte, el exrepresentante independiente Luis Raúl Torres, en entrevista, denunció que si algo ha demostrado la gobernadora en sus primeros meses de gobierno es improvisación, lo que parece ser su  deporte favorito, y equivocarse, su especialidad. “El desfile de nombramientos desacertados en su gabinete parece más un experimento de ver quién dura más de una semana sin que exploten los escándalos, que una selección estratégica de líderes competentes”.

Señaló que, mientras el Congreso de EE. UU. y FEMA le ponen el machete en el cuello —es decir, recortes—, la gobernadora anda sin un plan de país. “No hay una hoja de ruta clara, no hay una estrategia sólida para defender al bolsillo de la gente ni garantizar servicios básicos. De la promesa de un gobierno fuerte, preparado y comprometido solo queda el eco”.

El exrepresentante independiente, quien en vistas públicas puso al descubierto las deficiencias de la operadora de LUMA Energy, adjudicó la lealtad de la gobernadora, no para con el pueblo, sino para con “sus amigos de News Fortress, Genera PR y AES. A esas empresas las protege con más celo que al presupuesto de Educación. No importa cuántos apagones ocurran o cuantas fallas operativas se acumulen, a esas empresas se les aplaude, se les paga puntualmente y se les evita cualquier fiscalización…todo un gobierno de privatización sin consecuencias”.

Para el presidente de UNETE, Emilio Nieves, la situación con los nombramientos es evidencia clara de que el banco de talentos de la gobernadora “está totalmente reducido, y está reducido porque nadie en el país cree aquello de que tenía resumes de 8 mil personas para poder seleccionar de  ahí.  La verdad es que por venir de la primaria y la manera en que gana la gobernación, sabemos que hay una lucha de los que estaban trabajando en el gobierno con Pierluisi y los que entraron con ella”. A su juicio, el círculo de González Colón se limita a Francisco Domenech, a Verónica Ferraiouli y al alcalde de Bayamón, por lo que se cometen los graves errores que se han cometido.

El líder sindical destacó que, en particular, el caso de la secretaria del DTRH, Irizarry Algarín, es uno de los casos en que ha habido unanimidad por parte de las organizaciones sindicales en rechazar su  nominación desde el mes de enero. Sin embargo, no es hasta ahora que la retira, por lo que cuestiona qué pasó en el camino.

La nominada demostró que ni siquiera sabía cuáles eran las organizaciones sindicales y reveló que ni en el propio departamento tienen una lista clara de cuáles son las organizaciones. Además, aun cuando esta convocó a todos los líderes sindicales a una reunión, al estos presentarse dijo que primero quería reunirse con unos cuantos, y allí, en el propio departamento, los líderes sindicales dijeron “aquí entramos todos o no entra nadie”. De acuerdo con Nieves, en la reunión la secretaria demostró que no tenía capacidad: no tenía conocimiento de las leyes laborales, no tenía el conocimiento de las diferencias del sector público y privado ni de la misión que tiene un departamento del trabajo.

En tono de indignación Nieves contó que la secretaria les dijo que ellos, los líderes sindicales, deberían negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF). “Cualquiera que  ocupa esa posición debe saber que los sindicatos desde antes de llegar y al llegar la Junta, todos los años, hemos protestado contra la JCF. ¿Cómo les va a decir que deberían negociar con la Junta como lo han hecho otros sectores y que tiene que haber un balance entre los sindicatos y los patronos?”, tronó Nieves.

Sobre la posibilidad de que la gobernadora no se presente ante la Legislatura para el Mensaje de Situación del Estado, el presidente de UNETE afirmó que desde la óptica de los sindicatos están listos para cuando  la gobernadora convoque para ir a dar el mensaje  a la Legislatura: “A la misma vez nos está convocando a protestar, porque sabemos que son más las deficiencias administrativas y ejecutivas que ha tenido la gobernadora. ¿De qué va a hablar si, por un lado, no ha gobernado y, por otro lado, los recortes de fondos federales? ¿Qué va a decir? Ya sabemos lo que ha hecho: buscar refugio en la JCF, alinearse con la Junta. Ese es el único refugio que tiene”.

Mientras, en comunicado de prensa, una veintena de uniones del sector privado expresó su satisfacción por el retiro del  nombramiento de la licenciada  Irizarry Algarín como secretaria del DTRH, a la vez que manifestó su indignación por su nueva designación como asesora legal en asuntos laborales en La Fortaleza.

En el comunicado firmado por el portavoz del Movimiento Solidario Sindical (MSS), José Rodríguez, y por el representante de la United Steelworkers en Puerto Rico, Japhet Torres, también divulgaron que en enero, más de veinte sindicatos del sector privado participaron en una reunión convocada por  Irizarry Algarín, en la cual la funcionaria demostró un preocupante desconocimiento de las relaciones laborales del sector privado, enfocando su presentación en temas del sector público y con la pretensión de educar a representantes sindicales con décadas de experiencia en negociación colectiva.

Según los sindicatos del sector privado, al ser cuestionada sobre su postura ante la reforma laboral de 2017 y otros asuntos neurálgicos para la clase trabajadora, Irizarry Algarín evitó asumir compromisos claros. En lugar de respaldar los derechos laborales, expresó que su prioridad sería el crecimiento económico mediante un balance entre derechos patronales y derechos de los trabajadores. Esta respuesta, dijeron, fue recibida con gran preocupación, por evidenciar una falta de compromiso con los principios de justicia laboral que deben guiar esa posición.

Las uniones del sector privado denunciaron  que la designación por la gobernadora de Irizarry Algarín como asesora de asuntos laborales es una decisión desacertada e incompatible con las necesidades de la clase trabajadora puertorriqueña. “Desde esa posición, la Lcda. Irizarry tendría influencia directa sobre decisiones de política pública laboral que afectan profundamente a miles de trabajadores y trabajadoras”, sentenciaron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anciano que hablaba con una isla

Yo me llamo Elías.
Y durante los últimos años del siglo XIX,
fui el que le llevaba el diario al doctor Ramón Emeterio Betances.
No fui su secretario, ni su enfermero, ni su discípulo.
Fui otra cosa.
Fui ese testigo que la historia nunca escribe,
pero sin el cual, a veces, no hay quien guarde la voz de los que se apagan.
Vivía en un apartamento de escaleras angostas, cerca del Sena.
No tenía lujos.
Ni retratos en las paredes.
Sólo libros, cartas sin respuesta,
y un retrato pequeño de Puerto Rico que él mismo había dibujado con palabras.Cada vez que le entregaba el diario,
él buscaba con urgencia cualquier mención del Caribe.
Y cuando no aparecía nada —porque casi nunca aparecía—,
se quedaba callado.
Como si el silencio fuera más noticia que el olvido.
Me hablaba de su isla como quien recuerda a una madre a la que nunca pudo enterrar.
Decía que la había amado con tanta furia,
que le dolía más no haberla liberado que su propia muerte.
“En todos lados me aplauden,
menos en el único donde me habría bastado con que me dejaran entrar.”
Yo lo vi curar sin cobrar.
Lo vi traducir textos de medicina en las madrugadas,
escribir cartas para Cuba,
ayudar a haitianos, dominicanos, y a cualquier latino que le pidiera auxilio.
Pero en sus propios ojos, él no era héroe.
Era un fracaso que había salvado muchas vidas,
menos la suya.
Menos la de su patria.
Una noche de lluvia me leyó sus Diez Mandamientos del Hombre Libre.|
Yo los escuché sin pestañear, como si fueran salmos.
Y él, con voz bajita, me dijo:
—Si vuelven a encadenar al pueblo, léelos en voz alta.
Aunque no te escuchen.
Aunque se burlen.
Aunque tengas miedo.
Murió un 16 de septiembre,
como si esperara ese mes para morir en coincidencia con sus revoluciones fallidas.
Sin gloria.
Sin honores.
Con una bata remendada y una libreta llena de promesas incumplidas.
Yo lo acompañé hasta el cementerio.
Nadie gritó su nombre.
Nadie llevó banderas.
Pero cuando bajaron el ataúd,
sentí que no estaban enterrando un cuerpo,
sino sembrando una deuda.
Desde entonces, cuando me preguntan por qué sigo luchando,
por qué insisto en hablar de justicia en esta tierra cansada,
yo pienso en él.
En ese anciano que vivía lejos de todo,
pero que hablaba con una isla que nunca lo dejó dormir.
Y digo bajito, como se dicen las verdades más grandes:
“Porque hay muertos que no descansan.
Se quedan vigilando.”

No a la Eliminación del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales

Un Llamado de las Comunidades Especiales de Puerto Rico a Defender un Instrumento creado para hacer justicia

Saludos cordiales a todos y todas:

Yo líderesa comunitaria Carmen Villanueva Castro una de las más de 130 líderes y lideresas comunitarias, que representan a más de 90 comunidades afiliados a Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV), alzo la voz en defensa de uno de los instrumentos más importantes para la justicia social en Puerto Rico: el Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales.

El Proyecto del Senado 17, aprobado recientemente sin vistas públicas, busca derogar la Ley 271-2002, eliminando este fideicomiso y transfiriendo todos sus activos a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). Paralelamente, el Proyecto de la Cámara 27 pretende modificar su estructura, pero mantiene su existencia. Ambas medidas legislativas, aunque distintas en propósito, ignoran la voz de las comunidades.  Una vez más, se deja de priorizar los asuntos que, históricamente, no han sido atendidos en las comunidades especiales y que contribuyen a aumentar su vulnerabilidad y empobrecimiento.

El Fideicomiso Perpetuo fue creado para atender las carencias de 742 comunidades designadas como especiales. Su propósito es claro: erradicar la marginación mediante la inversión en vivienda digna, infraestructura básica, desarrollo económico y espacios recreativos. Su eliminación sería un golpe devastador a los principios de autogestión y apoderamiento que promueve la Ley 1-2001 aun viva a traves de la Ley 10 del 2017.

Si bien reconocemos que han existido deficiencias administrativas en su ejecución, la solución no es eliminar el instrumento, sino fortalecer su gestión mediante una fiscalización rigurosa desde un conocimiento genuino. Esto incluye, entre otras acciones, la asignación de fondos públicos locales que, desde la creación del fideicomiso en el año 2002, nunca han sido designados formalmente. A pesar de ello, el fideicomiso ha logrado mantenerse operativo gracias únicamente a los intereses generados por la inversión inicial. La mala administración no debe ser excusa para desmantelar una herramienta de justicia comunitaria. De hecho, las responsabilidades fiduciarias y de transparencia recaen sobre una Junta de Directores compuesta por funcionarios públicos, representantes comunitarios y del interés público. Si ha habido ineficiencia, urge renovar dicha Junta, no eliminar el fideicomiso.

Durante la crisis fiscal, se extrajeron ilegalmente más de $100 millones del fideicomiso para otros fines que entendemos es una deuda del Gobierno. A pesar de este saqueo, aún existen activos que podrían reactivarse con voluntad política. La reciente Ley 23-2021, promovida por líderes y lideresas comunitarias en especial por miembros de PRODEV, y que, coincidentemente, contó con el respaldo de los presidentes actuales del Senado y la Cámara de Representantes, estableciendo un marco legal para corregir los errores cometidos en proyectos especialmente de viviendas nuevas financiados con fondos del Fideicomiso. Además, buscaba hacer justicia a las familias que quedaron esperando la construcción de sus nuevas viviendas y que se han visto obligadas a permanecer en alquiler, luego de que el gobierno demolieron sus hogares sin completar las unidades que debían representar la solución definitiva para garantizarles una vivienda digna. Si se cumple cabalmente con sus disposiciones, esta ley podría, de una vez por todas, colocar al Fideicomiso en una mejor posición, mediante un proceso transparente de rendición de cuentas.

Según la Ley Núm. 271 de 2002, según enmendada, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales tiene una serie de poderes y facultades legales amplias que le permiten operar como un instrumento financiero robusto y flexible al servicio de las comunidades especiales de Puerto Rico.  El Fideicomiso tiene capacidad legal para operar como una entidad financiera autónoma, emitir deuda, administrar fondos públicos y privados, canalizar recursos directamente a residentes y agencias, y garantizar el desarrollo económico y social de las 742 comunidades especiales. El Fideicomiso está exento de contribuciones, patentes y otros cargos gubernamentales.  Sus proyectos están exentos de la Ley de Política Pública Ambiental cuando se realizan en áreas ya impactadas.

Con la Ley 271 el Fideicomiso Perpetuo tiene los siguientes poderes:

  1. Tener personalidad jurídica propia y sucesión perpetua.
  2. Adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles.
  3. Emitir bonos y tomar dinero prestado para financiar proyectos.
  4. Otorgar financiamiento a residentes y organizaciones mediante préstamos o donativos.
  5. Invertir fondos y recibir asistencia técnica y gerencial.
  6. Conceder asistencia económica a agencias gubernamentales para infraestructura.
  7. Establecer alianzas y firmar contratos con entidades públicas y privadas.
  8. Conceder donativos de hasta $15,000 para mejoras de vivienda en comunidades especiales.
  9. Recibir fondos del gobierno, sector privado y banca, incluyendo bajo el Community Reinvestment Act.
  10. Emitir bonos de refinanciamiento y otorgar garantías para su cumplimiento.

La eliminación significaría la pérdida de una herramienta estructural diseñada específicamente para superar la pobreza y la desigualdad histórica vivida por estas comunidades.

Además, la aprobación de la Ley 84-2021, que también contó con el respaldo del partido político que ostenta la mayoría legislativa, establece como política pública la meta de reducir en un 50% la pobreza infantil en un período de diez años. Este objetivo coincide directamente con los propósitos del Fideicomiso. Eliminarlo sería ignorar la necesidad de contar con estructuras financieras sostenibles que permitan alcanzar resultados duraderos a largo plazo.

La ODSEC, que se propone como heredera de los activos del fideicomiso bajo el PS 17, ha demostrado limitaciones administrativas, según reconocieron agencias federales en vistas congresionales. En lugar de sobrecargarla, se debe evaluar su capacidad real antes de asignarle responsabilidades que podría no cumplir y para la cual no fue creada.

Es indispensable:

1. Actualizar y fiscalizar la Junta del Fideicomiso, en lugar de eliminarla. Quienes son estos Fiduciarios (miembros de la Junta), son siete miembros, el Secretario de la Vivienda, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, un Alcalde, un Líder Comunitario residente de una comunidad especial y dos ciudadanos privados en representación del interés público. Destacamos que la Junta de Directores ha estado inoperante durante un largo período, y que muchas de las decisiones se han tomado de manera irregular. Además, el representante de las comunidades el líder comunitario no ha sido sustituido por más de tres cuatrienios, a pesar de que su término máximo, según la ley, es de cinco años.

2. Exigir rendición de cuentas sobre los fondos extraídos y establecer un proceso para su reclamación, incluyendo la recuperación de activos.

3. Alinear el Fideicomiso con los objetivos de la Ley 84-2021 y el Plan Decenal para la Erradicación de la Pobreza, publicado en diciembre de 2024.

4. Garantizar la participación directa y efectiva de las comunidades en los procesos de toma de decisiones.

Los beneficiarios del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales somos las comunidades designadas bajo la Ley 1-2001, quienes tenemos derechos legales adquiridos a recibir los beneficios establecidos en dicho instrumento. Esto incluye el derecho a participar en la planificación de proyectos, a recibir apoyo directo en el desarrollo de nuestras comunidades y, en particular, a exigir rendición de cuentas al fiduciario sobre la gestión, uso y administración de los fondos y activos del fideicomiso. Como beneficiarios legítimos, no solo tenemos derecho a los resultados, sino también a la transparencia, al cumplimiento de los propósitos originales del fideicomiso y al respeto por nuestros procesos de autogestión.

Si ha habido tanta ineficiencia en la administración del fideicomiso, surge la pregunta de por qué no se ha considerado un cambio en los miembros de la Junta de Directores. La Junta tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la correcta administración. La falta de acción al respecto evidencia una falta de voluntad para corregir los problemas y garantizar que los recursos se utilicen adecuadamente para el beneficio de las 742 comunidades especiales.

Somos testigos de que, en ocasiones, cuando el Fideicomiso fue manejado de manera adecuada, se lograron avances significativos, como la actualización correcta de los libros con sus activos y la mejora en la transparencia con las comunidades especiales. Sin embargo, la ineficiencia administrativa ha obstaculizado el progreso y ha perpetuado las injusticias que afectan a los residentes de las comunidades especiales.

La eliminación del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales sería un retroceso significativo en los esfuerzos de autogestión y empoderamiento comunitario, limitando las oportunidades de inversión y desarrollo sostenible en las 742 comunidades especiales que actualmente forman parte de este programa. Este Fideicomiso ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de estas comunidades, promoviendo su autosuficiencia y fomentando el acceso a una vivienda digna y otras infraestructuras esenciales.

El Fideicomiso Perpetuo no es un obstáculo: es una promesa incumplida que merece justicia. Su eliminación sería una claudicación del Estado ante la pobreza estructural. Hoy más que nunca, las comunidades necesitan un gobierno que fortalezca, no que borre sus instrumentos de desarrollo.

Rechazamos el Proyecto del Senado 17 y, en cuanto al Proyecto de la Cámara 27, que propone modificar la estructura del Fideicomiso pero mantener su existencia, solicitamos la celebración de vistas públicas que garanticen la participación activa de miembros de las comunidades especiales y de organizaciones comunitarias.

Advertimos, por conocimiento propio, que el P. de la C. 27 parte de una premisa errónea al asumir que el Director de la ODSEC, quien forma parte de la Junta de Directores del Fideicomiso, no ostenta funciones fiduciarias, lo cual es incorrecto conforme a la ley vigente.

Velamos por un compromiso real con nuestras comunidades y su inclusión efectiva en los procesos de toma de decisiones que les afectan, conforme lo establece la Ley 1 de 2001, aún vigente y más viva que nunca a través de las voces firmes de nuestros líderes y lideresas comunitarios.  Queremos dejar claro que la Ley 1 de 2001 no desapareció con la Ley 10 de 2017 y sigue siendo responsable de atender las 742 comunidades designadas como especiales.

Gracias, Cándida, por estar siempre atenta y por dar voz a quienes constantemente se les cierran las puertas, especialmente por parte de aquellos que temen perder los favores y auspicios de los mercaderes del poder. Tu compromiso con la verdad y con las comunidades más vulnerables es un acto de valentía y dignidad que merece ser reconocido y respaldado.

Conflicto Palestina -Israel antes de 1948: Contexto histórico y fuentes para consulta

 

Annette Lavastida Fajardo

Introducción:

El “conflicto” (ocupación) entre Palestina e Israel tiene raíces anteriores a 1948, forjadas durante el Mandato Británico de Palestina (1922-1948) y aun antes bajo dominio otomano. En este texto recopilo el proceso histórico previo a la creación del Estado de Israel en 1948, examinando documentos desclasificados (británicos, estadounidenses e israelíes), estudios antropológicos sobre la sociedad palestina pre-1948, evidencia arqueológica utilizada en narrativas territoriales, y documentos históricos de las primeras organizaciones sionistas. Se presentan citas de fuentes primarias y secundarias (en español e inglés), mapas y cronologías para contextualizar los hechos clave, junto con observaciones críticas sobre la fiabilidad de dichas fuentes.

Contexto histórico hasta 1948

Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio otomano perdió sus provincias árabes y Gran Bretaña ocupó Palestina en 1917. La Declaración Balfour de ese año, emitida por el canciller británico Arthur Balfour, prometía apoyar “el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”, ignorando los derechos políticos de la mayoría árabe palestina.

En 1922 la Liga de las Naciones formalizó el Mandato Británico de Palestina, otorgando a Gran Bretaña la administración del territorio. El mandato no fue neutral: los británicos incorporaron la Declaración Balfour en los términos del Mandato, comprometiéndose oficialmente a facilitar el proyecto sionista. Esto se tradujo en políticas que favorecieron abiertamente la inmigración judía y la colonización agrícola judía, a la vez que negaban a la mayoría árabe instituciones representativas reales. Como resume el historiador Rashid Khalidi, el mandato británico fue “un regalo extraordinario” al movimiento sionista, permitiendo la creación de una protoadministración judía paralela apoyada por Londres. Mientras tanto, a los palestinos se les negaba la autodeterminación y el autogobierno democrático en su propia tierra.

Durante las décadas de 1920 y 1930 crecieron las tensiones. La población judía aumentó por sucesivas olas migratorias (especialmente de Europa oriental) facilitadas por el Mandato, y las organizaciones sionistas adquirieron tierras (a menudo a terratenientes ausentes) desalojando a campesinos árabes.

CONTEXTO:

1. En 1920, se compraron más de 10.000 acres en Marj Ibn Amir (Valle de Jezreel), expulsando a más de 700 familias campesinas palestinas. El caso fue tan conflictivo que generó revueltas locales, pues los desalojados no solo perdían sus casas, sino su medio de subsistencia.

2. Prohibición de trabajo árabe:
El Yishuv (comunidad judía en Palestina) tenía una política explícita de “conquista del trabajo”, promovida por la Histadrut (central sindical judía), que prohibía contratar árabes en tierras o fábricas judías.
Esto no solo aisló económicamente a los palestinos, sino que llevó a reemplazar comunidades árabes enteras por colonos judíos, creando enclaves cada vez más segregados.

3. Acuerdos de exclusividad étnica:
Las tierras compradas por el JNF incluían cláusulas que prohibían su reventa o arrendamiento a no judíos. Esto reforzaba la lógica de limpieza étnica por vía legal-administrativa mucho antes de que existiera un ejército sionista formal.

4. Desalojos con protección británica o mediante presión:
Aunque los desalojos eran “legales” en términos de compra, la resistencia de los palestinos fue reprimida por las fuerzas coloniales británicas.
En muchos casos, la policía británica acompañaba a los funcionarios sionistas para forzar los desalojos, generando odio hacia ambas estructuras coloniales: la sionista y la imperial británica.

La mayoría palestina, que ni estaba ausente ni vivía en un “desierto” como alegaba la propaganda sionista, resentía la doble política colonial: ocupación británica y apoyo a la colonización judía. Ya en 1920-21 y 1929 ocurrieron disturbios y choques sangrientos entre árabes y judíos en Jerusalén, Jaffa y Hebrón. La situación desembocó en la Gran Revuelta Árabe de 1936-1939, un levantamiento nacional palestino contra el mandato británico y la inmigración judía masiva. Gran Bretaña respondió con una dura represión militar: ley marcial, detenciones y ejecuciones de rebeldes. Esta revuelta obligó a Londres a reconsiderar sus promesas. En 1937 una comisión real (Comisión Peel) propuso por primera vez partir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, e incluso recomendó la transferencia forzosa de 225.000 árabes fuera del futuro estado judío. Los líderes sionistas aceptaron tácticamente la idea de una partición parcial, viéndola como un paso inicial, mientras que los árabes palestinos y los países vecinos la rechazaron frontalmente.

En 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña emitió un Libro Blanco que limitaba la inmigración judía y prometía la independencia de Palestina en 10 años con mayoría árabe, tratando de aplacar a los árabes dado el contexto prebélico. Esta política indignó al movimiento sionista. Grupos armados judíos clandestinos como Irgún (Etzel) y Lehi (grupo Stern) tacharon a los británicos de traidores y comenzaron campañas terroristas contra las autoridades británicas (atentados con bombas, asesinatos de funcionarios) durante los años 1940-47. Tras la Shoá (Holocausto), aumentó la presión internacional para encontrar solución al problema de los refugiados judíos; los sionistas intensificaron la inmigración (legal e ILEGAL) a Palestina, provocando choques con los británicos. Agotada y económicamente debilitada tras la guerra, Gran Bretaña decidió poner fin al Mandato y pasó la cuestión de Palestina a la recién creada ONU en 1947.

La ONU propuso la Resolución 181 (Plan de Partición) en noviembre de 1947, recomendando dividir el territorio en dos estados independientes –uno árabe y otro judío– con Jerusalén internacionalizada. Los líderes sionistas aceptaron públicamente el plan (aunque los sionistas revisionistas, como Menájem Beguin del Irgún, lo rechazaron abiertamente, calificándolo de “ilegal”), mientras que los palestinos y los estados árabes lo denunciaron por injusto. Palestina tenía unos 1.3 millones de árabes y 600.000 judíos en 1947; sin embargo, el plan otorgaba al futuro estado judío más de la mitad del territorio (incluyendo zonas con población mayoritariamente árabe). Esto, sumado a que no se consultó a la población nativa palestina sobre su propio destino, hizo inviable la solución diplomática.

Tras la aprobación del plan de la ONU en noviembre de 1947, estalló la guerra civil en Palestina entre las milicias sionistas y las fuerzas árabes palestinas. En los meses previos a la retirada británica (que se fijó para el 14 de mayo de 1948), los combates se intensificaron. Las organizaciones terroristas judías –la Haganá (fuerza principal afiliada a la Agencia Judía), el Irgún y el Lehi– pasaron a la ofensiva con la implementación del Plan Dalet (Plan D) en la primavera de 1948. Este plan militar estratégico contemplaba asegurar el territorio designado al Estado judío e incluso controlar áreas adyacentes mediante la limpieza de poblados árabes considerados “hostiles”. En la práctica, durante abril-mayo de 1948 las fuerzas sionistas desalojaron ciudades de mayoría árabe (Tiberíades, Haifa, Safed, Jaffa, etc.) y decenas de aldeas mediante bombardeos, masacres selectivas y expulsiones para sembrar el pánico. Un caso infame fue la masacre de Deir Yassin (9 de abril de 1948) cometida por Irgún y Lehi, donde más de 100 civiles fueron asesinados; noticias de esta matanza precipitaron el éxodo en masa de palestinos atemorizados.

El 14 de mayo de 1948, los líderes sionistas (bajo David Ben-Gurión) declararon la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv, al vencer el Mandato. Al día siguiente, tropas de estados árabes vecinos (Egipto, Transjordania, Siria, Irak y otros) intervinieron, alegando defender a la población palestina –dando inicio formal a la primera guerra árabe-israelí (1948). Sin embargo, para entonces alrededor de 700.000 palestinos ya habían sido expulsados o habían huido de sus hogares durante la fase civil de la contienda (lo que los palestinos llaman Al-Nakba o “La Catástrofe”). Las mal equipadas fuerzas irregulares palestinas colapsaron rápidamente; los oficiales británicos mismos reportaron a Londres a inicios de 1948 que los árabes de Palestina “habían sufrido derrotas abrumadoras” y que huían “por miles”, quedando su única esperanza en la intervención de los ejércitos regulares árabes. La guerra de 1948 concluyó a inicios de 1949 con la victoria de Israel, que amplió su control al ~78% de la Palestina del Mandato (más allá de los límites de la ONU propuestos). El resto del territorio quedó bajo control de Transjordania (Cisjordania y Jerusalén Este) y de Egipto (Gaza). No se permitió regresar a la mayoría de refugiados palestinos, consolidándose así la limpieza étnica originaria del conflicto.

Cronología de eventos clave (antes de 1948):

• 1917 (2 Nov) – Declaración Balfour: el gobierno británico apoya la creación de un “hogar nacional judío” en Palestina, desoyendo a la mayoría árabe.

• 1920 – Conferencia de San Remo: Las potencias vencedoras de WWI otorgan a Gran Bretaña el Mandato sobre Palestina (efectivo desde 1922). Administración colonial británica inicia, incorporando el compromiso pro-sionista en el mandato.

• 1920-1935 – Gran Bretaña facilita inmigración judía masiva (aliyás). Crecen las tensiones y primeros disturbios violentos (Jaffa 1921; Hebrón y Jerusalén 1929). Los palestinos organizan políticamente (Primer Congreso Nacional Árabe en 1919; formación de partidos y sindicatos en 1920-30s).
• 1936-1939 – Revuelta Árabe Palestina contra el dominio británico y la colonización sionista. Gran Bretaña despliega miles de tropas, reprime severamente la rebelión (más de 5.000 árabes muertos) y colabora con milicias judías (Haganá) para sofocarla.

• 1937 – Informe Peel recomienda la partición de Palestina en dos estados y la transferencia (reubicación) de población árabe fuera del área judía propuesta. La Agencia Judía (liderazgo sionista) ve la partición parcial como base para expandirse luego, mientras los árabes rechazan entregar territorio.

• 1940-1945 – Segunda Guerra Mundial. Sionistas establecen fuerzas paramilitares: Haganá/Palmach (oficialmente defensivas, pero preparan ofensiva), Irgún y Lehi (clandestinas, realizan atentados contra británicos y árabes). En plena guerra (1941-45), dirigentes sionistas elaboran planes para un futuro estado; diarios privados revelan discusiones sobre expulsar árabes una vez la oportunidad se presente.

• 1945-1947 – Creciente violencia en Palestina: Irgún bombardea el Hotel King David (julio 1946, 91 muertos, en su mayoría funcionarios británicos). Gran Bretaña, desgastada, anuncia su retiro. La ONU (UNSCOP) propone la Resolución 181 (Partición) el 29 Nov 1947: plan de dos estados y Jerusalén internacional. Sionistas lo aceptan (aunque los radicales lo rechazan) y los árabes lo rechazan unánimemente.

• Dic 1947 – mayo 1948 – Guerra civil en Palestina. Las milicias judías lanzan la ofensiva Plan Dalet (marzo-abril 48) para controlar territorio más allá del plan de la ONU, “limpiando” aldeas árabes estratégicas. Éxodo masivo palestino: ~300.000 refugiados huyen antes de mayo (y otros ~400.000 durante la guerra regular posterior).

• 14 mayo 1948 – Proclamación del Estado de Israel (Ben-Gurión). 15 mayo – Fin oficial del Mandato Británico; estalla la guerra árabe-israelí de 1948 con la invasión de ejércitos árabes. Para fin de 1948, Israel vence y controla 78% de Palestina; unos 750.000 palestinos están desplazados en el exilio. El conflicto entra en una nueva fase (problema de refugiados, cuestión de Palestina pendiente en la ONU).

Fuentes: Archivos desclasificados: Reino Unido, EE.UU. e Israel:

La documentación histórica desclasificada en años recientes ha arrojado luz sobre las decisiones y planes durante el Mandato y la guerra de 1948, a menudo confirmando lo que ya señalaban los historiadores críticos. A continuación, se analizan ejemplos de archivos británicos, estadounidenses e israelíes:

• Archivos británicos: Gran Bretaña mantuvo abundantes reportes confidenciales sobre la situación en Palestina. Documentos desclasificados del National Archives británico muestran que Londres era plenamente consciente de las consecuencias de sus políticas. Por ejemplo, informes secretos de 1946-1948 advertían que la partición conduciría “inevitablemente a la guerra” y muy probablemente a la derrota militar de los árabes palestinos. Los oficiales británicos informaban a sus superiores que “milicias” judías estaban ocupando cada vez más tierras árabes incluso antes de la retirada británica. También señalaban el clima de violencia: en vísperas de 1948 grupos terroristas sionistas aumentaron sus ataques tanto contra fuerzas británicas como contra comunidades árabes, buscando acelerar la retirada británica y ampliar el territorio bajo control judío. Un despacho de inteligencia de octubre de 1946 (dos años antes de la Nakba) ya advertía que la opinión pública judía no aceptaría ningún plan de partición “a menos que la porción judía fuese tan grande que lo hiciera totalmente inaceptable para los árabes”. Esto revelaba la estrategia sionista de presionar por más territorio del inicialmente ofertado. Igualmente el gobierno británico conocía el desesperado estado de la población palestina al inicio de 1948: sus propios informes describen que los árabes, desmoralizados y mal dirigidos, huían en masa de las zonas mixtas, y reconocían que “su única esperanza” de recuperar posiciones residía en la intervención de ejércitos árabes vecinos. Estos archivos británicos, liberados décadas después, confirman que la limpieza étnica de Palestina en 1948 no fue un suceso inesperado, sino algo anticipado por observadores contemporáneos (aunque los británicos, más preocupados por repartirse automóviles oficiales en Jerusalén según un memorando humorísticamente anecdótico, optaron por no intervenir).

• Archivos estadounidenses: Aunque Estados Unidos tuvo un rol más limitado durante el Mandato, sus agencias seguían de cerca la situación. Un informe de la CIA desclasificado (28 de noviembre de 1947) titulado “Consecuencias de la partición de Palestina” pronosticó con acierto que estallarían hostilidades armadas entre judíos y árabes si la ONU aprobaba la partición. El análisis de la CIA evaluaba las fuerzas en pugna: los árabes estarían en desventaja organizativa y carecerían de coordinación, mientras los sionistas movilizarían unos 200.000 combatientes bien entrenados (incluyendo voluntarios extranjeros), con capacidad inicial de superioridad militar. Sin embargo, advertía que a largo plazo, sin refuerzos externos, el esfuerzo de guerra judío sería difícil de sostener ante una guerra de desgaste árabe. Reveladoramente, la CIA notó que “los sionistas, por su parte, están decididos a tener un Estado en Palestina o, en caso extremo, en toda Palestina e incluso Transjordania”, independientemente de lo que la ONU recomendara. Es decir, Washington sabía que los líderes sionistas contemplaban expandir el Estado judío más allá de las fronteras del plan de partición siempre que tuvieran la fuerza para lograrlo. Además, documentos del Departamento de Estado (también desclasificados) muestran divisiones internas en la política de EE.UU.: diplomáticos “arabistas” advirtieron del riesgo de apoyar un estado judío sin acuerdo árabe, mientras el presidente Truman finalmente reconoció apresuradamente a Israel en mayo de 1948, influido por consideraciones políticas domésticas. En resumen, los archivos de EE.UU. confirman que la administración estadounidense estaba informada de que la partición impondría una guerra y sacudiría la estabilidad regional (por ejemplo, poniendo en riesgo el acceso occidental al petróleo), pero priorizó la resolución de la cuestión judía post-Holocausto y la contención de la influencia soviética en Oriente Medio.

• Archivos israelíes: Israel ha sido más renuente a desclasificar material sensible de 1948, dado que esos documentos fundacionales pueden contradecir la narrativa oficial. Aun así, esfuerzos de historiadores y organizaciones han sacado a la luz archivos clave. Desde los años 1980, académicos conocidos como los “nuevos historiadores” israelíes (Benny Morris, Ilan Pappé, Avi Shlaim, etc.) accedieron a expedientes militares y gubernamentales liberados tras 30 años de secreto. Sus investigaciones documentaron, por ejemplo, directivas de la Haganá/ejército israelí para vaciar y destruir aldeas árabes durante la guerra, confirmando que muchas expulsiones no fueron casuales sino parte de un plan semi-oficial de limpieza territorial. En años más recientes, instituciones como Akevot (Centro para la Investigación del Conflicto Israelí-Palestino), junto al diario Haaretz, han recopilado testimonios y archivos personales de 1948, desenterrando evidencia de masacres hasta entonces desconocidas y del conocimiento que tenía la dirigencia israelí de esas atrocidades en tiempo real. Por ejemplo, se publicaron actas de reuniones del gabinete israelí de 1948 que “no dejan lugar a dudas: los líderes de Israel sabían en tiempo real de los eventos bañados en sangre que acompañaron la conquista de las aldeas árabes”. Un hallazgo notable fue la intervención de Shmuel Mikunis, miembro comunista del Consejo de Estado Provisional, quien logró el 14 de noviembre de 1948 introducir en actas parlamentarias una pregunta censurada a Ben-Gurión denunciando que milicianos del Irgún “aniquilaron con una ametralladora a 35 árabes que se habían rendido con bandera blanca” y tomaron civiles como rehenes, en la región de Merón. Este testimonio, ocultado por décadas, confirma masacres que habían quedado fuera del registro oficial. También se conoció que al final de la guerra el Gabinete israelí discutió internamente qué hacer con la población árabe remanente; finalmente adoptaron una política de impedir el retorno de refugiados, consolidando la limpieza étnica (como reconocen hoy incluso historiadores moderados). No obstante, muchos documentos siguen clasificados o han sido re-clasificados retroactivamente por las autoridades israelíes. Un reportaje reveló que una unidad especial del Ministerio de Defensa (MALMAB) ha retirado de archivos públicos evidencia de crímenes de guerra de 1948, en un esfuerzo deliberado por controlar la narrativa histórica. Se calcula que millones de páginas de la época fundacional permanecen bajo secreto en archivos del Estado. Esta opacidad ha sido denunciada por investigadores israelíes, pero a pesar de ello, las nuevas revelaciones que sí han visto la luz corroboran los relatos palestinos de expulsiones masivas y masacres, desmontando “la fábula sionista” de que la población árabe se fue voluntariamente o que solo se libró una guerra defensiva contra invasores externos.

En síntesis, los archivos gubernamentales desclasificados –británicos, estadounidenses e israelíes– confirman la naturaleza colonial y violenta del proceso que culminó en 1948. Gran Bretaña concibió el Mandato como un proyecto de ingeniería geopolítica en favor del sionismo, EE.UU. anticipó el choque inevitable entre ambos pueblos, e Israel ocultó (y en parte aún oculta) las huellas documentales de la limpieza étnica sobre la cual se erigió. Estas fuentes primarias, aunque requieren ser leídas críticamente, proporcionan un sustento factual invaluable a la memoria histórica palestina y al análisis objetivo del conflicto.

Vida social, económica y cultural del pueblo palestino antes de 1948:

Más de siete décadas de ocupación, guerra y propaganda a menudo han borrado la memoria de la Palestina anterior a 1948. Una narrativa sionista muy difundida presentaba a Palestina como “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” – insinuando que el país estaba vacío o atrasado hasta la llegada de los colonos judíos. Sin embargo, abundan estudios históricos y antropológicos que documentan la rica vida social, económica y cultural de la sociedad palestina en las eras otomana tardía y del Mandato Británico.

Investigaciones modernas, apoyadas en fotos de época, diarios, censos y relatos de viajeros, demuestran que Palestina no estaba vacía ni era un desierto antes de Israel. Al contrario, al iniciarse el siglo XX, había una población mayoritariamente árabe palestina (musulmana y cristiana) establecida desde hacía siglos, con ciudades vibrantes como Jerusalén, Jaffa, Haifa, Nazaret, Gaza o Nablus, y cientos de pueblos agrícolas. La economía era predominantemente agraria, pero integrada al mercado regional: por ejemplo, las famosas naranjas de Jaffa se exportaban a Europa desde el siglo XIX. También existía una incipiente clase media urbana dedicada al comercio, artesanías e industrias como las jabonerías de Nablus o las fábricas de cigarrillos de Jenin. La sociedad palestina tenía terratenientes notables pero también un amplio campesinado, así como proletariado urbano emergente (ferrocarriles, puertos) hacia los años 1930. La vida cultural incluía periódicos en árabe (el primer diario árabe en Jerusalén se fundó en 1908), clubes literarios, escuelas y universidades (el Instituto Árabe de Jerusalén, fundado en 1918, por ejemplo).

Varias investigaciones antropológicas y sociológicas han resaltado la diversidad y la adaptabilidad de la sociedad palestina pre-Nakba. Por ejemplo, la académica Salim Tamari ha estudiado diarios personales que revelan una juventud palestina cosmopolita en los años 1930-40, especialmente en ciudades costeras como Haifa, donde coexistían comunidades árabes, judías y europeas. Un caso emblemático es el diario de Sami ‘Amr (un joven de Hebrón en 1941-45), que muestra las aspiraciones, miedos y cotidianeidad de un palestino bajo el Mandato, contradiciendo la imagen de pasividad. Asimismo, la historiadora Rosemary Sayigh documentó las tradiciones rurales palestinas y cómo la Nakba transformó a campesinos en refugiados, alterando estructuras sociales que llevaban generaciones.

Una compilación particularmente ilustrativa es el libro “Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba (1889-1948)”, coordinado por la periodista Teresa Aranguren y otros investigadores. Mediante fotografías de familias, escuelas, mercados, fiestas populares y líderes comunitarios, esta obra demuestra que Palestina existía como sociedad organizada y con identidad propia antes de 1948 . Las imágenes muestran, por ejemplo, a las empleadas del departamento de aduanas de Haifa en 1942 (mujeres palestinas, judías y de otras comunidades trabajando juntas en la administración) – evidencia de una sociedad plural y funcional. Aranguren subraya que “Palestina no era una sociedad hostil ni religiosamente fanática cuando llegaron los primeros colonos sionistas” a finales del siglo XIX. Había, ciertamente, tensiones sociales (como en cualquier sociedad colonizada), pero también cooperación intercomunitaria en muchos ámbitos hasta que el proyecto colonial las socavó.

Además de la diversidad religiosa (aproximadamente 10% de la población era cristiana árabe, conviviendo con la mayoría musulmana, y una pequeña pero antigua minoría judía nativa), había una robusta vida intelectual. En Jerusalén Este funcionaba desde 1918 el Club Árabe que organizaba debates políticos y culturales. En 1936, mujeres palestinas celebraron el Primer Congreso de Mujeres Árabes, movilizándose contra la amenaza de desposesión que veían venir con la Declaración Balfour. La existencia de este feminismo palestino temprano contradice estereotipos orientalistas. Igualmente, en la Huelga General de 1936 (que duró seis meses), los comités populares palestinos administraron servicios y mantuvieron la cohesión comunitaria en ausencia de las instituciones coloniales, demostrando capacidades de autogobierno a nivel local.

En el aspecto educativo, bajo el Mandato se expandió la alfabetización: de 1918 a 1947 se abrieron cientos de escuelas primarias para árabes (aunque insuficientes respecto a la población). La Universidad Árabe Estadounidense de Beirut era un polo de formación para élites palestinas, y muchos maestros palestinos se formaron en El Cairo o Londres.

Todos estos datos echan por tierra la propaganda que negaba la propia existencia del pueblo palestino. Como señala Aranguren, negar al pueblo palestino fue una premisa fundamental del sionismo, que intentó “ocultar su existencia e incluso el recuerdo de que había existido”. Sin embargo, lo que existe deja rastro: la cultura palestina dejó huellas tangibles – desde libros y periódicos hasta edificios públicos, costumbres e incluso platos gastronómicos – que confirman una continuidad histórica. Por ejemplo, antes de 1948 la ciudad vieja de Jerusalén tenía barrios árabes florecientes con comercios y colegios; en Jaffa operaba el célebre cine Al-Hamra y varias compañías teatrales árabes realizaban giras regionales. Esta vida quedó truncada en 1948, pero no por ello deja de ser parte integral de la historia de Palestina.

Hoy en día, estudios antropológicos contemporáneos, memorias (como “Palestine Before the Nakba” de Ahmad Hussein) y proyectos de historia oral (por ejemplo, el de Palestinian Nakba Archive) siguen reconstruyendo aquella vida palestina. Se recogen testimonios de ancianos que recuerdan sus aldeas antes de la destrucción – hablan de cooperativas agrícolas, de festivales anuales, de la convivencia con los vecinos judíos sefardíes de toda la vida (distintos de los recién llegados ashkenazíes europeos), etc. Estas voces confirman que antes de 1948 Palestina era un pueblo con tejido social, raíces profundas y conciencia de sí, no la tabula rasa que a veces se pinta para justificar la colonización.

En conclusión, la imagen histórica de Palestina antes de 1948, respaldada por investigaciones y evidencias fotográficas, es la de una sociedad heterogénea y en desarrollo. Reconocer esta realidad es crucial, porque desmonta el mito de que la creación de Israel ocurrió en un vacío demográfico o cultural. Por el contrario, implicó la ruptura violenta de un pueblo que ya contaba con una identidad nacional en formación, cuyos lazos con su tierra (en lo económico, social y afectivo) eran tan sólidos como los de cualquier otra comunidad asentada por generaciones. Esta comprensión contextual humaniza y da profundidad al relato, contrarrestando la desinformación que aún intenta invisibilizar al pueblo palestino.

Evidencia arqueológica y narrativas territoriales en disputa:

La arqueología y la historia antigua han sido campo de batalla ideológico en el conflicto palestino-israelí. Tanto sionistas como palestinos han recurrido al pasado para legitimar sus derechos sobre la tierra, pero los primeros –al detentar el poder– han dominado esta “trinchera” de forma mucho más efectiva. Desde el inicio, el movimiento sionista invocó la conexión bíblica judía con Eretz Israel (Tierra de Israel) para justificar el retorno. Con el tiempo, el Estado de Israel ha utilizado excavaciones, museos y hallazgos arqueológicos como herramienta para legitimar la propiedad sobre la tierra, desplazar a comunidades árabes y afianzar la colonización, en especial en Jerusalén y Cisjordania.

Un claro ejemplo es el caso de la Ciudad de David en Jerusalén: un sitio arqueológico en el barrio palestino de Silwan, gestionado por una fundación de colonos (Elad). Ahí, bajo el pretexto de buscar el palacio del rey bíblico David, se ha llevado a cabo una política de desalojos de residentes palestinos y expropiación del terreno bajo figura de “parque nacional”. A pesar de que hasta la fecha los arqueólogos no han encontrado pruebas concluyentes del palacio de David, ello no ha impedido que el área sea transformada: viviendas palestinas fueron compradas o confiscadas, el espacio público (un estacionamiento donde había un mercado local) se convirtió en una enorme zona de excavación, y se edificaron instalaciones turísticas y viviendas para colonos. Como denuncia Alon Arad, director de la ONG israelí Emek Shaveh (dedicada a combatir el uso político de la arqueología), se está utilizando la disciplina arqueológica para “demostrar la presencia primigenia de los judíos en la tierra prometida y borrar el pasado árabe” de esos lugares . En Silwan, esto significa que en las excavaciones de la Ciudad de David se ocultan o minimizan hallazgos no judíos (estratos islámicos, cruzados, otomanos, etc.) y solo se muestran al público los restos asociados con la historia judía antigua. El resultado es una narrativa museística completamente parcial: “Aquí hay una sola historia, la judía… ofrecen una manera “pura” de experimentar el sitio, olvidando por completo que ahí hay un barrio palestino”, explica Arad. Mientras los turistas caminan por túneles arqueológicos que conectan directamente la Jerusalén judía moderna con la de hace 2000 años, no ven ni escuchan la presencia árabe actual, ni se les informa que durante los últimos siglos esa zona fue mayoritariamente habitada por musulmanes y cristianos . Este uso sesgado de la arqueología sirve a fines políticos contemporáneos: crear un vínculo emocional e ininterrumpido entre el moderno Estado de Israel y el reino bíblico, para así justificar la soberanía israelí exclusiva –a la vez que se presenta a los habitantes palestinos como intrusos sin historia propia.

La instrumentalización del patrimonio arqueológico se repite en múltiples sitios: en la ocupada Cisjordania, Israel controla unos 450 yacimientos arqueológicos, frecuentemente impidiendo el acceso a investigadores palestinos y realizando excavaciones sin supervisión internacional. Algunos de estos hallazgos luego se exhiben en museos israelíes, apropiándose de la narrativa histórica del territorio. Por ejemplo, en el área de Hebrón y Belén (en Zona C bajo control israelí), sitios con ruinas cananeas o romanas se promocionan como parte de la historia nacional judía, invisibilizando otros períodos. Incluso en los Altos del Golán sirios ocupados se han excavado sin autorización sitios para enfatizar supuestas conexiones con tribus israelitas antiguas.

Por su parte, los palestinos y otros académicos críticos también disputan la narrativa histórica dominante. Organismos como el Departamento de Antigüedades Palestino (cuando existió durante el Mandato) y hoy día el Ministerio de Turismo y Antigüedades de la Autoridad Palestina, defienden el patrimonio árabe-islámico y cananeo de la tierra. Algunos discursos oficiales palestinos más nacionalistas incluso han negado cualquier presencia histórica judía significativa, argumentando que la mayoría de supuestas evidencias bíblicas son exageradas o interpretadas tendenciosamente. Esto ha llevado a controversias internacionales, como cuando en 2016 la UNESCO aprobó resoluciones reclamando la protección del patrimonio islámico en Jerusalén (empleando solo nombres árabes para la Explanada de las Mezquitas, lo que Israel criticó como negación del vínculo judío con el Monte del Templo).

En la comunidad académica, numerosos arqueólogos profesionales –incluyendo israelíes– han aportado una visión más matizada. Investigaciones modernas (p. ej. las del profesor Israel Finkelstein de la Univ. de Tel Aviv) han desmitificado elementos de la narrativa bíblica utilizada políticamente. En su influyente libro “La Biblia Desenterrada” (2001), Finkelstein y Silberman concluyen que “no hay evidencia arqueológica convincente” de episodios como la conquista de Canaán por Josué o el fastuoso reino unido de Salomón; más bien, esos relatos parecen haber sido compuestos o exagerados siglos después, con fines ideológicos . Por ejemplo, excavaciones en Jericó no muestran señales de murallas caídas en la época de la supuesta invasión israelita, y la cronología de reinos de David y Salomón sugiere reinos locales más modestos que lo narrado en la Biblia. Esto no niega la presencia ancestral judía en la región (que es un hecho histórico), pero la relativiza: deja claro que la continuidad cultural-religiosa no equivale a un título de propiedad política perpetua. Asimismo, algunos estudios apuntan a la continuidad demográfica: es decir, muchos palestinos actuales podrían descender en parte de habitantes judíos o cristianos de la antigüedad que con el tiempo se convirtieron al Islam –lo que implicaría que tienen tanto “sangre israelita” como los judíos que reivindican retornar tras 2000 años. Si bien este argumento es delicado (y no necesario para reclamar derechos actuales), socava la idea de dos pueblos totalmente ajenos entre sí en términos históricos.

En conclusión, la evidencia arqueológica en Palestina/Israel ha sido arma de doble filo. Los sionistas la han usado para subrayar la narrativa bíblica y legitimarse –por ejemplo renombrando sitios con toponimia bíblica hebrea, excavando bajo la Explanada de las Mezquitas en busca de restos del Templo de Salomón, etc.–, mientras que los palestinos han tratado de enfatizar su propia continuidad histórica (p. ej. destacando la herencia cananea o árabe pre-islámica, y la presencia musulmana desde el siglo VII). Este choque de narrativas refleja que el conflicto no solo es territorial y político, sino también simbólico e histórico. Idealmente, la arqueología “debería pertenecer a todos y no tomarse como herramienta de batalla política”, pero en la práctica ha sido frecuentemente manipulada. Afortunadamente, hay iniciativas conjuntas de académicos israelo-palestinos buscando despolitizar el patrimonio, y proyectos de turismo cultural inclusivo. Sin embargo, mientras persista la ocupación y la disparidad de poder, es difícil evitar que cada descubrimiento de una moneda, vasija o cimiento sea convertido en argumento propagandístico de uno u otro lado.

Documentos históricos de las organizaciones sionistas tempranas (Agencia Judía, Congreso Sionista, Haganá, Irgún, Lehi)

Los movimientos sionistas de la primera mitad del siglo XX dejaron numerosos documentos internos, correspondencia, diarios y actas que revelan sus estrategias de colonización, uso de la violencia organizada y planes para un futuro Estado judío. Revisar estas fuentes –ahora complementadas por desclasificaciones– permite entender las intenciones y métodos que guiaron la creación de Israel a expensas de la sociedad palestina.

• El Congreso Sionista y la Agencia Judía: El Congreso Sionista Mundial, iniciado por Theodor Herzl en 1897, estableció los objetivos del movimiento: conseguir respaldo internacional para colonizar Palestina y eventualmente fundar un Estado judío allí. Desde muy temprano hubo conciencia de que Palestina no estaba deshabitada; en 1899 Herzl llegó a escribir al gobernante otomano proponiendo comprar tierras, y otros líderes sionistas como Israel Zangwill reconocieron que “la bride (novia) está casada con otro hombre” (refiriéndose a Palestina y los árabes) – pero abogaron por “desalojar a los habitantes” de alguna forma. Con la Declaración Balfour de 1917, el sionismo obtuvo el visto bueno de una gran potencia, y durante el Mandato la Agencia Judía (órgano oficial del Yishuv, la comunidad judía de Palestina) actuó como proto-gobierno. David Ben-Gurión, jefe de la Agencia Judía, mantuvo abundante correspondencia y reuniones con las autoridades británicas y con otros sionistas. Un documento crucial es la carta que Ben-Gurión escribió a su hijo Amos el 5 de octubre de 1937, tras la propuesta de partición de la Comisión Peel. En esa carta (preservada en archivos de las FDI), Ben-Gurión le explica a su hijo que aceptar un “Estado judío en solo una parte de Palestina” no significa renunciar al resto, sino al contrario: “un estado judío en parte de la tierra no es el fin sino el comienzo… Servirá para incrementar nuestra fuerza, y cada aumento en nuestra fuerza ayuda en la posesión de la tierra en su conjunto”. Ben-Gurión veía la partición como un paso incremental para eventualmente “liberar todo el país” (es decir, toda Palestina). De hecho, en la misma carta menciona que podría necesitarse usar la fuerza para garantizar el derecho de los judíos a asentarse en zonas asignadas a los árabes, como el desierto del Néguev, porque “no podemos tolerar que vastos territorios capaces de absorber a decenas de miles de judíos deban permanecer vacíos… solo porque los árabes prefieren que el lugar permanezca ni nuestro ni suyo”. Estas palabras prefiguran claramente la política de hechos consumados que se aplicaría en 1948 y después. Cabe destacar que un párrafo polémico de esa carta –“Debemos expulsar a los árabes y ocupar su lugar…”– fue citado por el historiador Benny Morris, aunque otro historiador (Efraim Karsh) cuestionó la traducción debido a unas palabras tachadas en el manuscrito. Esta controversia sobre una sola frase no desmiente la idea central: los líderes sionistas estaban dispuestos a la transferencia de población árabe si era necesaria para lograr un Estado judío viable. De hecho, Ben-Gurión y Chaim Weizmann (primer presidente de Israel) apoyaron abiertamente, en los años 30-40, planes de “transferencia” de árabes fuera de la zona destinada al futuro Estado judío. La Agencia Judía incluso creó comités para estudiar opciones de reubicación de campesinos palestinos en países vecinos, aunque oficialmente aceptaban la partición de la ONU que dejaba 45% de palestinos dentro del nuevo Israel.

• Haganá y planificación paramilitar: La Haganá fue la fuerza de defensa judía establecida en 1920, en teoría para proteger a las colonias de ataques, pero que se convirtió en un ejército clandestino bien estructurado. Documentos del archivo Haganá (muchos publicados luego en memorias de comandantes) muestran la creciente preparación ofensiva durante la Segunda Guerra Mundial y tras ella. En 1946 se elaboró el Plan Maydal y más tarde el Plan Dalet (D) en marzo de 1948, que definía las operaciones para tomar control del territorio designado a Israel y “áreas del estado árabe esenciales para la seguridad” una vez se marcharan los británicos. Si bien el Plan D se redactó con eufemismos (hablaba de “destruir aldeas” o “limpiar áreas de fuerzas hostiles” más que de expulsar civiles), en la práctica sirvió de guía para la limpieza de poblados árabes en zonas estratégicas. Órdenes operativas desclasificadas confirman instrucciones de volar casas, expulsar o internar a varones en edad de combate, etc., especialmente si alguna localidad ofrecía resistencia. La precisión de la campaña se apoyó en los llamados “Archivos de aldeas” que la inteligencia de la Haganá había venido compilando desde los años 1940: ficheros detallados de cada localidad árabe, con datos de población, líderes, armas, producción agrícola, etc. Estos archivos (cuya existencia fue revelada por historiadores como Ilan Pappé) facilitaron identificar objetivos militares y vulnerabilidades de cada pueblo en 1948. Por ejemplo, la Operación Nachshón (abril 1948) para abrir la carretera a Jerusalén incluyó el asalto y vaciado de aldeas como Deir Yassin, Qaluniya, Beit Surik, etc., siguiendo planificaciones previas. Otra fuente, el diario de guerra de Ben-Gurión, muestra que ya en mayo de 1948, al evaluar la conquista de ciudades como Lydda y Ramla (que tenían decenas de miles de habitantes árabes), Ben-Gurión autorizó a Yigal Allon y a Yitzhak Rabin a expulsar a la población. Rabin menciona en sus memorias una orden de Ben-Gurión de “hacer salir” a los habitantes de Lydda-Ramla en julio 1948. Estas acciones no fueron improvisaciones locales, sino política militar deliberada para consolidar un Estado etno-nacional judío con la mínima población árabe posible. La prueba es que tras las conquistas, el gobierno provisional israelí resolvió no permitir el retorno de ningún refugiado, incluso aquellos que habían huido solo temporalmente de combates.

• Irgún (Etzel) y Lehi (Stern): Eran organizaciones sionistas paramilitares clandestinas, escindidas de la Haganá por su ideología más radical (sionismo revisionista de derecha). El Irgún, liderado en los 1940s por Menájem Beguín, consideraba que toda la Palestina del Mandato y también Transjordania (actual Jordania) debían ser parte del Estado judío. Documentos y manifiestos del Irgún (como panfletos de su revista Ba-Machteret y el libro de Beguín “La Rebelión”) dejan clara su postura: rechazaban la partición de 1947 (“la partición de nuestra patria es ilegal, nunca será reconocida” diría Beguín) y estaban determinados a combatir tanto a británicos como a árabes para establecer Eretz Israel “en ambas riberas del Jordán”. El Irgún empleó terrorismo contra civiles en varios casos: un documento operacional detalla el bombardeo del mercado de Jerusalén en febrero 1948 como represalia a ataques árabes. También coordinó con la Haganá en algunas operaciones claves de abril-mayo 1948, como la ya mencionada masacre de Deir Yassin (donde Lehi e Irgún perpetraron la matanza mientras la Haganá lo permitió tácitamente). Tras la creación de Israel, el Irgún se integró en el nuevo ejército, no sin tensiones (como la confrontación del Altalena, junio 1948). Por su parte, Lehi (conocido como Banda Stern) era un pequeño grupo ultrarradical que llegó al extremo de buscar alianzas temporales con potencias fascistas (intentó un acercamiento con la Italia de Mussolini e incluso con la Alemania nazi en 1940-41, proponiendo luchar juntos contra el imperio británico, oferta que fue ignorada por los nazis). Lehi fue responsable del asesinato del mediador de la ONU Folke Bernadotte en septiembre 1948 en Jerusalén, según quedó registrado en informes policiales de la época; lo consideraban prorrabe. Estos grupos justificaban la violencia extrema como necesaria para forzar la retirada británica y aterrorizar a la población árabe. Un comunicado interno de Lehi de 1943 (citado en archivos del Mandato) define sus métodos como “terror contra los invasores y traidores”. La existencia de Irgún y Lehi también aparece en archivos británicos: un informe de inteligencia describía en 1946 que la opinión pública judía del Yishuv apoyaba mayoritariamente la campaña de terrorismo del Irgún, considerándola una consecuencia natural de la política británica restrictiva. Esto contradice la versión de que los terroristas eran unos pocos aislados: en realidad tenían redes de apoyo en la población judía. Al final, muchos miembros del Irgún/Lehi se integraron a la vida política de Israel (Beguín llegó a primer ministro en 1977). Pero sus documentos fundacionales –hoy disponibles en parte en el Archivo Jabotinsky en Israel– muestran un pensamiento abiertamente colonial y exclusivista: veían a los palestinos como usurpadores o intrusos, pese a reconocer en privado su largo arraigo. Un ejemplo es el diario de Yitzhak Shamir (líder de Lehi, luego PM de Israel), donde en 1940 escribió que los árabes entendían solo el lenguaje de la fuerza y que la Biblia otorgaba toda la tierra a los judíos. Tales fuentes ayudan a explicar la mentalidad con que estas milicias ejecutaron acciones como masacres en aldeas (documentos recopilados por historiadores como Avi Shlaim narran ejecuciones de prisioneros árabes rendidos, como se denunció en la pregunta parlamentaria de Mikunis ya citada).

• Planes de Estado y colonización económica: Otra vertiente documental son los planes económicos y demográficos de las instituciones sionistas. El Fondo Nacional Judío (JNF) y la Histadrut (sindicato general judío) generaron informes sobre cómo adquirir la mayor cantidad de tierra posible y fomentar la inmigración judía masiva, pero manteniendo una fuerza de trabajo mayoritariamente judía (política de “conquista del trabajo”). Un ejemplo: correspondencia de Yosef Weitz, director del Departamento de Tierras del JNF, que en 1940 anotó en su diario la célebre frase: “Debe quedar claro que no hay lugar en este país para ambos pueblos… La única solución es un Israel sin árabes, y para lograrlo debemos transferir a los árabes a países vecinos… no debe quedar ni un solo pueblo ni una sola tribu [árabe]”. Este diario de Weitz (publicado parcialmente décadas después) es evidencia directa de la intención planificada de limpieza étnica mucho antes de 1948. Weitz incluso desarrolló en 1941 un borrador de implementación: proponía trabajar en un plan secreto de transferencia supervisado por una comisión conjunta anglo-estadounidense. Si bien formalmente tal plan no fue adoptado públicamente, en 1948 Weitz fue quien integró el Comité de Transferencia israelí encargado de “recolocar” a los refugiados palestinos expulsados – asegurándose de que no volvieran. Por otro lado, los archivos del Jewish Agency Executive registran discusiones sobre cómo estructurar el futuro gobierno, la educación, la absorción de inmigrantes y la defensa. Estos documentos revelan, por ejemplo, que ya en 1944-45 la Agencia Judía tenía listos los ministerios sombra para un Estado eventual (finanzas, exterior, etc.) y cabildeaba a Washington y Moscú para obtener reconocimientos. Es decir, el proyecto estatal sionista estuvo muy planificado (a diferencia del movimiento nacional palestino, que careció de apoyo internacional y fue descabezado por los británicos durante la revuelta del 36-39).

En suma, los documentos de las organizaciones sionistas tempranas muestran con sorprendente franqueza que la creación de Israel implicó colonización deliberada, uso sistemático de la violencia y planificación estatal estratégica. Lejos de ser una improvisación nacida de la urgencia de sobrevivir tras el Holocausto (como suele narrarse), la empresa sionista ya tenía para 1948 hojas de ruta definidas: crear un estado con mayoría judía, aunque para ello hubiera que expulsar a la mayoría de la población autóctona. Esto no significa que todos los sionistas concibieran con gusto la expulsión violenta (hubo debates éticos internos, algunos líderes minoritarios propusieron confederación con árabes). Pero los hechos de 1948 coincidieron notablemente con lo que los elementos más duros habían preconizado en privado. La evidencia documental aporta claridad: la Nakba no fue un “accidente desafortunado de la guerra” sino la culminación de políticas y actitudes incubadas durante décadas en el movimiento sionista, combinadas con la oportunidad histórica brindada por la salida británica y la debilidad árabe. Para los palestinos, estos documentos sionistas tempranos han servido para respaldar sus reclamos en foros internacionales, demostrando que su desplazamiento fue fruto de un proyecto colonial intencionado, no una guerra convencional entre iguales.

Observaciones críticas sobre la fiabilidad de las fuentes

A la hora de manejar esta variedad de fuentes –archivos oficiales, testimonios, estudios académicos, evidencias arqueológicas, etc.– es imprescindible una lectura crítica, entendiendo el contexto y posibles sesgos de cada una:

• Fuentes de archivos gubernamentales: Si bien los documentos desclasificados británicos, estadounidenses e israelíes proveen información de primera mano, también reflejan la perspectiva o agenda de quien los produjo. Los informes británicos, por ejemplo, suelen llevar el sesgo colonial (subestimando a los actores locales, preocupándose más por intereses imperiales). No obstante, al ser comunicados internos y secretos en su momento, tienden a ser más sinceros sobre hechos incómodos (como reconocer la ocupación de tierras por colonos o la inevitabilidad de la guerra). En contraste, las fuentes israelíes oficiales de 1948 están fragmentadas: muchas se publicaron primero a través de los nuevos historiadores en los 80, y luego ha habido incluso retrocesos, con autoridades israelíes retirando algunos documentos de libre acceso. Esto obliga a depender también de citas indirectas (por ejemplo, lo que un historiador transcribió de un archivo hoy cerrado). La fiabilidad aquí es alta en términos de autenticidad (se basan en archivos reales), pero hay que considerar que podemos estar viendo solo la parte del archivo que convino divulgar. Por ejemplo, Benny Morris citó la carta de Ben-Gurión con una frase sobre expulsar árabes, pero luego otro investigador dijo que en el original había tachones que podrían cambiar la interpretación. Este caso ilustra que incluso un documento genuino puede prestarse a interpretaciones divergentes si no está completo o claro. En general, contrastar múltiples archivos de distintas procedencias (británicos vs. israelíes vs. árabes) ayuda a obtener una imagen más equilibrada.

• Estudios antropológicos y testimonios palestinos: Muchas de las fuentes sobre la vida palestina pre-1948 (fotos, memorias, historia oral) han sido recopiladas con el afán de rescatar un legado negado. Si bien son valiosas para “dar voz” a los palestinos, es cierto que a veces pueden incurrir en un tono nostálgico o idealizado. Un libro como “Contra el olvido” claramente busca contrarrestar la narrativa sionista, enfatizando los aspectos positivos de aquella sociedad . Eso no la invalida, pero el lector crítico notará que quizás minimiza los conflictos internos que también existían (p. ej., las diferencias de clase entre notables y campesinos, o las tensiones entre facciones políticas palestinas). Afortunadamente, muchas de estas obras incluyen prólogos de académicos (en el caso citado, del arabista Pedro Martínez Montávez) que contextualizan las limitaciones. Por otro lado, la historia oral de refugiados puede estar afectada por el paso del tiempo y la memoria selectiva – sin embargo, cuando cientos de testimonios de diferentes lugares coinciden en patrones (masacre seguida de huida, etc.), su fiabilidad global es difícil de refutar. Cruzan el umbral de la memoria personal para convertirse en evidencia colectiva.

• Evidencia arqueológica: Como vimos, la arqueología en esta región está atravesada por la política. No es que los hallazgos en sí mientan –una inscripción en una piedra es lo que es–, pero la interpretación y la divulgación pueden ser tendenciosas. Por ejemplo, un equipo israelí excava una sinagoga del siglo IV en Galilea: científicamente aporta al conocimiento, pero luego puede usarse en medios para afirmar “evidencia de antigua presencia judía aquí, ergo es tierra judía”. Mientras, un hallazgo de cerámica árabe del siglo VIII en el mismo sitio puede ser pasado por alto. Emek Shaveh denuncia precisamente esas “malas prácticas” de presentar una historia parcial . Por tanto, a la hora de usar la arqueología como fuente, hay que acudir a publicaciones académicas neutrales siempre que sea posible, en lugar de folletos turísticos o reportes oficiales. La revisión por pares en revistas de arqueología bíblica ha sacado a la luz muchos debates (por ejemplo, la existencia o no de reino unificado de David). En general, la comunidad científica hoy acepta que la narración bíblica no puede tomarse al pie de la letra –lo cual resta apoyo al argumento histórico absoluto de cierta visión sionista–, pero a su vez confirma la relación milenaria del pueblo judío con la región –lo cual rebate la negación total que a veces se oye desde sectores palestinos. En definitiva, la fiabilidad de la evidencia arqueológica depende de cómo se filtre la información: por eso es crucial la labor de organizaciones como Emek Shaveh que piden despolitizar este campo.

• Documentos de organizaciones sionistas: Aquí nos adentramos en textos ideológicos (diarios personales, actas de partidos, panfletos propagandísticos). Son fiables para entender la mentalidad y objetivos declarados, pero obviamente cada documento tiene la parcialidad de su autor. Por ejemplo, la carta de Ben-Gurión a su hijo es muy reveladora al ser privada y franca, pero una carta pública de Ben-Gurión en 1937 jamás habría admitido algo como “esto es solo el comienzo” – al contrario, en público aseguraban buscar coexistencia. Así que las fuentes privadas sionistas son un contrapunto indispensable a la retórica oficial moderada que exhibían ante el mundo. No obstante, hay que tener cuidado con las traducciones y citas fuera de contexto: en debates actuales de redes, a veces se citan frases duras (como las de Weitz o Herzl) sin ubicar el año o la situación en que se dijeron. Nosotros hemos procurado citar con referencias precisas (fecha, autor) para que el lector pueda verificar. También es importante reconocer que no todos los dirigentes sionistas pensaban monolíticamente; había divergencias tácticas. Por eso, usar selectivamente solo los documentos más extremistas podría inducir a creer que todo el movimiento planeaba la expulsión masiva desde el día uno, cuando en realidad algunos quizás creían posible que una parte de la población árabe se quedara bajo un estado judío (como efectivamente ocurrió con el 20% que permaneció). En resumen, la fiabilidad de estos documentos es alta en cuanto a reflejar planes e ideas, pero el analista debe situarlos en el mosaico más amplio de decisiones y hechos.

• Fiabilidad general y combinación de fuentes: Ninguna fuente por sí sola puede dar toda la verdad, pero en conjunto se triangulan evidencias. Por ejemplo, tenemos la frase de Weitz 1940 sobre expulsar árabes, luego testimonios palestinos de expulsiones en 1948, luego archivos militares confirmando órdenes de expulsión. Cada una podría ser disputada individualmente, pero juntas se corroboran mutuamente. Asimismo, la cronología de eventos verificada en archivos británicos coincide con memorias palestinas de la Nakba (ambos relatan vacíos de aldeas en abril-mayo 48). Un punto crucial es el acceso: muchas fuentes clave (especialmente israelíes) no están abiertas al público general. Dependemos de lo publicado por historiadores. Hay que estar alerta a posibles omisiones deliberadas: se sabe que Israel no desclasifica documentos sobre masacres específicas (como Safsaf, Saliha, etc.) por temor a repercusiones legales o diplomáticas. Así, la ausencia de un documento en el archivo no equivale a que no ocurriera un hecho; puede ser que esté oculto. La investigación histórica responsable toma esto en cuenta y recurre a testimonios y registros alternativos para llenar vacíos.

Por último, es menester destacar la importancia de las fuentes en ambos idiomas (inglés y árabe, incluso hebreo). Durante años, gran parte de la historiografía dominante ignoró fuentes palestinas en árabe –por ejemplo, los periódicos palestinos de los años 20-30– lo que sesgó el relato hacia el lado sionista. Hoy se reconoce que para un cuadro completo hay que incorporar también la documentación árabe-palestina: peticiones al Mandato, manifiestos del Alto Comité Árabe, actas de congresos palestinos, etc. Estas fuentes muestran, por ejemplo, que los palestinos tenían conciencia nacional y propusieron alternativas (como un solo estado binacional o árabe con garantías para judíos) que fueron desestimadas.

En conclusión, la fiabilidad de las fuentes utilizadas en esta investigación es alta, siempre y cuando se consideren en conjunto y críticamente. Las citas presentadas se han mantenido textuales para que el lector juzgue por sí mismo. Al cruzar archivos desclasificados, estudios académicos y testimonios de diversa procedencia, emerge un panorama histórico sólido sobre el periodo pre-1948, corrigiendo narrativas simplistas. Aún hay áreas grises y documentos cerrados, pero el cuerpo de evidencia disponible ya es más que suficiente para entender la realidad histórica: una de colonización facilitada por potencias, resistencia nativa abortada, planificaciones estatales con intenciones demográficas claras, y un legado humano devastador (la Nakba) cuyas consecuencias perviven hasta hoy.

Conclusión

La historia anterior a 1948 del conflicto palestino-israelí revela un proceso complejo y profundamente desigual. A través de archivos oficiales, vimos cómo las potencias coloniales (Reino Unido, y en menor medida EE.UU.) jugaron un papel determinante –promoviendo el proyecto sionista e impidiendo la autodeterminación de los palestinos– y cómo las autoridades israelíes de entonces establecieron las bases (militares y políticas) de un Estado excluyente. Mediante estudios antropológicos e históricos constatamos que el pueblo palestino poseía una sociedad activa y diversa, desmintiendo mitos de terra nullius. La arqueología resultó ser campo de disputa narrativa: unos la utilizaron para afirmar derechos bíblicos, otros para señalar continuidades árabes, reflejando que en Tierra Santa hasta las piedras hablan bajo intereses contemporáneos. Y los documentos tempranos del movimiento sionista nos permitieron asomarnos a las estrategias –a veces crudas– con que se persiguió la implantación de un Estado judío, incluyendo mecanismos de colonización económica, paramilitarismo y limpieza étnica.

Todo este análisis, sustentado en fuentes de calidad, nos ayuda a entender que la Nakba de 1948 no fue un episodio aislado ni inevitable por odios ancestrales, sino la culminación de dinámicas históricas concretas: colonialismo, nacionalismos en competencia, decisiones geopolíticas en despachos lejanos, y planes nacionales ejecutados sobre el terreno. Reconocer estos hechos con rigor histórico es esencial para un diálogo honesto. Significa admitir que hubo una injusticia fundacional –la expulsión de un pueblo y la negación de su patria– sin la cual el conflicto actual no puede resolverse.

Finalmente, respecto a las fuentes, hemos aprendido que cada relato (británico, israelí, palestino) trae sus sesgos, pero cruzándolos podemos acercarnos a la verdad. La documentación desclasificada sigue arrojando luz y seguramente lo hará más en el futuro, a pesar de intentos de censura. La historia, como los estratos de una excavación en Jerusalén, se va revelando capa a capa. En esa búsqueda, es crucial mantener la mirada crítica y la empatía humana, pues detrás de cada número de archivo y cada fotografía granulada hay vidas reales y un legado que merece ser contado con justicia y precisión.

Fuentes citadas: Las citas numeradas provienen de documentos históricos, artículos periodísticos y obras académicas (tanto en español como en inglés), accesibles en línea. Se han priorizado fuentes con respaldo documental y se dejará de referencia para su consulta en el primer comentario. Espero que esta compilación contribuya a un entendimiento más informado de las raíces del conflicto y de sus consecuencias para el pueblo palestino desde antes de 1948 hasta el presente.