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El reto de un cine documental necesario

Adocpr en el Festival de CLARIDAD

 

En Rojo

El trabajo de un documentalista implica, en el contexto actual que atraviesa el país, una tarea de resistencia cultural y política. También, conlleva darle voz a comunidades marginadas en una colonia gobernada por estructuras censoras. Las producciones del cine documental son, en palabras de la documentalista Inés Mongil, como <<un llamado al reconocimiento de nuestra historia, a la reafirmación de la identidad nacional>>. Un llamado que, desde la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), reúne a más de 70 cineastas, profesores, estudiantes y otros profesionales del cine documental.

En entrevista con CLARIDAD, Mongil– tesorera de la AdocPR– destacó que el cine documental es uno de los únicos sectores en Puerto Rico que expresa su oposición a las políticas públicas del Estado a través de producciones que nutren “la expresión pública”. Junto al presidente de la organización, Juan Carlos García, ambos resaltaron la importancia de este medio expresivo y algunas de las actividades que realiza la AdocPR.

“El cine documental es el resguardo y la memoria que puede expresarse visualmente. A través del cine, se pueden contar muchas historias que, de otra manera, no podrían ser contadas o rescatadas para la memoria. El cine documental y los documentalistas estamos dejando un legado de historia cultural y política para que, en el futuro, otras generaciones tengan dónde mirar y cómo se vivió este período”, expresó García.

Pero para producir cine en el país, agregó Mongil, el asunto es cuesta arriba. A juicio de la artista, tanto el cine documental como el cine de ficción enfrentan complicaciones por no ser un cine subvencionado por el Estado. De hecho, Mongil recordó que, en 2014, la Corporación de Cine de Puerto Rico fue transferida al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Mercantilizada la creación de cine, las inversiones del Estado se limitan a “producciones rentables”.

“El cine puertorriqueño no es rentable, ¿pero qué pasa? No están midiendo unos intangibles como beneficios sociales o el fortalecimiento de la identidad nacional. Esas cosas no tienen peso ante los ojos del Estado. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica y en el mundo donde el gobierno no subvenciona su cine”, advirtió Mongil sobre los riesgos que esta realidad impone a los cineastas. Además, enfatizó que esta falta de apoyo puede crecer por cambios como la posible desaparición del Fondo de las Humanidades Puerto Rico.

De ahí, el valor que cobran las producciones artísticas que presentan los cineastas y AdocPR: representan piezas de un país cuya cultura pervive entre la creciente desidia. Por ejemplo, la organización ha emprendido, en los últimos meses, el Cine en ruta por el país, donde diversas voces del cine local exponen sus historias. Una de ellas, The Tax Paradise, de Ana María García, explora la inseguridad de la vivienda en comunidades afectadas por las Leyes 20, 22 y 60 de incentivos contributivos. La gira comenzó en abril, en el Teatro Municipal de Ciales, continuó en espacios como el Festival de CLARIDAD y acabará el próximo 4 de junio, en El Hangar, Santurce.

“Hay un gran número de personas y de creadores dedicándose al cine, de distintas generaciones. Personas que comenzaron hace 40 años hasta personas que están comenzando desde un año, dos años. Gente interesada en hacer cine de Puerto Rico… Creo que se van a quedar aquí, no van para ningún sitio. Vamos a seguir insistiendo en que se haga un cine de aquí”, añadió García.

“Que nosotros hayamos podido presentar seis películas en el Festival de CLARIDAD y convocar la matrícula para compartir allí, en el jangueo de Adoc en CLARIDAD, fue bien importante. Abre la puerta para que el año que viene hagamos algo mucho mejor, porque nuestro cine tiene su público natural en CLARIDAD”, agregó el presidente de la AdocPR.

AdocPR: Intermediario del cine puertorriqueño

En ese sentido, el presidente de la AdocPR contrastó el cine local que se producía en la década de 1990 con el cine que se produce actualmente. Para García, las nuevas tecnologías permiten abaratar significativamente los costos de producción, de modo que ahora que la creación de cine es más accesible. No obstante, salvó el portavoz, la tarea del cineasta aún requiere de “muchos recursos” para sostener a un artista.

 Además, García destacó la existencia de la AdocPR como parte de los crecimientos del cine documental en Puerto Rico. Fundada en 2011 por iniciativa de la cineasta Ana María García, la AdocPR se comprometió con trabajar el cine documental como una forma elemental de exhibición en el país. Desde luego, la comunidad cineasta creció con colaboraciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de Santiago de los Baños, en Cuba, y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“De ahí, surge Adoc con el objetivo de dar a conocer el cine documental, producir cine puertorriqueño, apoyar a nuestros cineastas en ese proceso e ir consolidando una estructura organizativa que nos permitiera tener una voz en el espacio público… La gente reconoce en Adoc una estructura que puede ser en un momento dado fuente de apoyo para cineastas y documentalistas”, compartió el presidente de la organización. Asimismo, García detalló los tres enfoques que asume la AdocPR en sus tareas organizativas: política pública, educación de cine y exhibición de cine.

Por su parte, Mongil calificó el vínculo entre las producciones del cine local con el cine de la diáspora como “fluido”. Además de Cine en ruta, la AdocPR realizó Cinema on the road en lugares como Nueva York, Filadelfia y Boston, donde se dan diálogos enriquecedores entre comunidades del archipiélago y los Estados Unidos (EE UU). Recientemente, Mongil regresó de una presentación en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois.

“Se dan diálogos entre las producciones. Se inicia una conversación sobre cómo lo que ven en la pantalla se ve reflejado en sus vidas… Nuestra diáspora es, para muchos, no una barrera sino algo fluido, que se mezcla. Porque viajamos a Nueva York, nuestros compañeros vienen aquí y hay un influjo, un movimiento fluido que va mucho más allá de decir ‘la diáspora y Puerto Rico’. Estamos todos descubriéndonos”, acotó Mongil.

Para la tesorera de la colectividad, la AdocPR funge como una suerte de intermediario entre las presentaciones dadas en el archipiélago y las del continente estadounidense. Inclusive, García resaltó que el cine creado en Puerto Rico se produce para consumo de personas que viven en la diáspora porque, más allá de compartir una identidad, sufren muchas de las problemáticas que expresan estos documentales.

Menos apoyo para el cine en el futuro: una razón para hacerlo más

 Tanto García como Mongil coincidieron en que las futuras producciones de cine local se verán sujetas a mayores condiciones de austeridad, particularmente por los recortes propuestos por el presidente de los EE UU, Donald Trump. Por ejemplo, el posible cierre de la National Endowment for the Arts y la National Endowment for the Humanities representan una postura contrariada con la cultura.

“Estos recortes tienen que ver con una mentalidad de que el cine, la cultura y el conocimiento no tienen un valor en sí mismo si no pueden traducirse en una ganancia económica o utilitaria. Eso significa un cambio grande en la historia de fundaciones como la National Endowment for the Arts o National Endowment for the Humanities, que nunca habían sufrido un cambio de financiamiento o posición que peligrara su existencia”, aseguró García.

Por esta precarización, sostuvieron ambos, la tarea de AdocPR cobra mayor importancia para robustecer a la comunidad documentalista en el país y la comunidad internacional. Desde pódcasts, encuentros internacionales y más exhibiciones, la organización continúa difundiendo el cine local. El 16 de junio, presentarán en Nueva Jersey 10 películas locales a través de una colectividad del estado, y actualmente trabajan con distintos jóvenes de entre 13 y 18 años para producir documentales.

“El resultado de los trabajos es bonito y alentador, y en el caso de los jóvenes significa la posibilidad de dejar de ver el cine como algo lejano e inaccesible y de verla como una posibilidad de vida y forma de expresión”, concluyó García.

 

 

 

 

La gobernadora dijo YHLQMDLG

 

 

CLARIDAD

Luego de que la gobernadora Jenniffer González fuera forzada a retirar sus designaciones para puestos importantes de su gabinete (y de otros no tan importantes) algunos han querido fijar la culpa en los propios nominados. “Le han fallado a la gobernadora” o “no le dijeron la verdad” son las frases que se escuchan. Sería lógico esperar esa particular asignación de culpa de parte de otros dirigentes del partido de gobierno, sobre todo de los senadores que rechazaron los nombramientos, pero hasta personas de la oposición, como el exgobernador Acevedo Vilá, han repetido la frase.

Que los nominados hubieran tratado de esconder sus insuficiencias o sus traqueteos se entiende, pero en todos los casos se trata de asuntos de conocimiento general o que tan solo arañando la superficie se descubría. Empecemos por el puesto más importante, la secretaría de Justicia, que no solo lo es porque puede ascender al cargo de gobernador, como ocurrió en 2019, sino porque en teoría es “el abogado del pueblo”, el puesto desde donde se combate la criminalidad y se hace cumplir la política pública. La secretaría de Estado es importante solo por la probabilidad sucesora, pero, distinto a Justicia, en el curso ordinario del gobierno es una figura con responsabilidades limitadas.

Los cuestionamientos éticos que dificultaron el nombramiento de la Lcda. Janet Parra al Departamento de Justicia son de conocimiento público desde que surgieron en 2022. En junio de ese año fue descalificada para intervenir en un procedimiento criminal a solicitud del mismo Departamento que ahora pretende dirigir. Los serios cuestionamientos éticos los levantó el fiscal del caso y fueron acogidos por el Tribunal. La ahora gobernadora y su entorno debieron conocer esos hechos.

A pesar de ese historial público, González no solo nominó a Parra para dirigir el departamento que hace dos años promovió su descalificación, sino que previo a esa designación, la incluyó en el equipo de su confianza que estuvo a cargo del proceso de transición luego de las elecciones. Es también de conocimiento público que Parra utilizó esa posición privilegiada en el equipo a cargo de la transición para desatar su venganza contra el secretario de Justicia saliente, Domingo Emanuelli, provocando un tenso intercambio durante una de las vistas. El récord ético previo y su comportamiento posterior serían suficiente para concluir que no podía asumir el cargo de Secretaria de Justicia, pero tal vez porque González también estaba en busca de venganza de todos modos la nominó para el cargo.

El caso de Verónica Ferraiuoli, designada como Secretaria de Estado a pesar de ser una evasora contributiva consuetudinaria, es parecido. El hecho de la evasión no era de conocimiento público porque de ordinario nunca lo es, pero es un asunto elemental, rutinario, para cualquier designación al gobierno. Pero, aún más que Parra, Ferraiuoli es del círculo íntimo de González y dentro de ese grupo los cuestionamientos éticos importan poco. Por eso la nombró a Estado a pesar de que su esposo Francisco Domenech, un conocido cabildero, ya controla el gabinete como secretario de la Gobernación dándole un poder inusual a una familia. Obviamente a González esas cosas le importan poco.

Los párrafos anteriores explican el curso de acción de la gobernadora, pero hay algo más importante. Si conocía de estos asuntos, ¿por qué González insistió en los nombramientos enfrentándose al liderato de su propio partido? Esta pregunta se contesta con una palabra: impunidad. O tal vez la frase que mejor explica el comportamiento de la gobernadora fue la que utilizó Bad Bunny para uno de sus discos: YHLQMDLG, “yo hago lo que me dé la gana”.

En varias ocasiones he escrito del cómo el PNP se las ha arreglado para controlar todas las instituciones que se supone luchen contra la corrupción o que, al menos, vigilen el comportamiento ético en el gobierno: OFEI, Ética Gubernamental, Contralor, etc. Aun en las ocasiones en que no ganan las elecciones, manipulando términos y nombramientos se las arreglan para mantener bajo su mandato a quienes se supone los investiguen. En este cuatrienio el control es todavía mayor porque, además de esas instituciones, controlan las tres ramas del gobierno. A pesar de que casi el 60 por ciento de los puertorriqueños no votó por ellos, coparon Ejecutivo y Legislatura y de inmediato llenaron las dos vacantes que había en el Tribunal Supremo, ampliando el control que ya tenían allí.

Ese control es lo que produce el sentimiento de impunidad. Pueden hacer lo que les da la gana y de ordinario lo hacen. En el caso de González, además de sentirse impune, siempre ha actuado a la cañona, ufanándose de su poder y burlándose de quienes se atrevan a cuestionarlo. Estaba segura de que, con estos nombramientos se saldría con la suya. De hecho, la designación de Ferraiuoli fue confirmada por la Cámara de Representantes sin ningún cuestionamiento de parte de la mayoría del PNP que le pasó el rolo a lo que dijo la minoría. En el Senado fue distinto, pero no porque la mayoría del PNP sea un depósito de virtudes, sino por las agendas personales de Thomas Rivera Schatz.  Sólo gracias a esa agenda el “yo hago lo que me dé la gana” no prosperó, pero lo estaremos viendo en acción durante el resto del cuatrienio.

Proyectos del Senado restringirían la labor de organizaciones que protegen la vida

 

CLARIDAD

Así quedó evidenciado durante unas “vistas públicas ciudadanas” en contra de medidas que restringen el acceso a la información pública

Tres organizaciones defensoras de los derechos humanos y animales advirtieron, este lunes, que dos proyectos del Senado tendrían el efecto de restringir la labor social que realizan en pro de la salud y la vida de la niñez y juventud, las mujeres, las comunidades racialmente marginadas y los animales, porque dificultan la recopilación y el análisis de los datos públicos.

Este es el caso con los proyectos del Senado 331 y 63 —de la autoría del senador Juan Oscar Morales y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respectivamente— los cuales prohíben o dificultan el acceso a información pública.  El proyecto del Senado 331 busca establecer la confidencialidad de la base de datos de mortalidad y de los certificados expedidos por el Registro Demográfico, mientras que el proyecto del Senado 63 impone requisitos adicionales a las solicitudes de información y duplica el plazo que tiene el gobierno para responder.  El Senado no ha abierto ninguna de estas medidas a vistas públicas.

“La propuesta de restringir el acceso a la información pública amenaza con desmantelar este proceso de verificación y análisis riguroso”, advirtió la directora del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, sobre su capacidad para monitorear los feminicidios en Puerto Rico. El Observatorio asumió esta labor por el vacío que había dejado el Estado. Figueroa añadió que su capacidad “se vería comprometida, dejando a la sociedad sin herramientas efectivas para exigir cuentas a un Estado que, en muchos casos, ha demostrado insuficiencia en la protección de las mujeres, niñas y personas trans”.

Similarmente, representantes de Vínculo Animal y Kilómetro 0 depusieron en unas vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

“Para proteger la vida de las comunidades racialmente marginadas se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, expuso el director de Investigación de Kilómetro 0, Luis Avilés.

El acceso a los datos de defunciones provistos por el Registro Demográfico ha permitido que Kilómetro 0 encuentre que los vecindarios racializados experimenten el doble de una tasa de mortalidad por uso de fuerza policial que los correspondientes vecindarios blancos; que los jóvenes de entre 15 a 20 años son el grupo poblacional con mayor mortalidad como consecuencia de la acción policial; y que, desde hace al menos 15 años, la primera causa de muerte de menores de edad en Puerto Rico son las armas de fuego. Ninguno de estos datos los ha divulgado el Estado en sus informes oficiales.

“Para proteger la vida de la niñez y la juventud del país se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, insistió Avilés.

Por su parte, la directora ejecutiva de Vínculo Animal, Sahir Pujols, compartió que retrasar la entrega de información puede poner en peligro la vida de los animales, que enfrentan maltrato o están en riesgo. Vínculo Animal ha entablado demandas de acceso a la información contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Municipio de Naranjito y otras entidades, lo que les ha permitido evidenciar incumplimientos con la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Mediante estas gestiones, “se logró tratar a más de 500 animales que vivían bajo el maltrato institucional en el Zoológico de Puerto Rico y el Centro de Confinamiento en Cambalache, para que en su última etapa de vida vivieran dignamente”, argumentó Pujols.

Describió esa labor de participación ciudadana como “una forma de abrirle los ojos a los municipios para que vean esas responsabilidades que tienen”.

Denuncian «burocracias innecesarias»

En representación del Resiliency Law Center de la Universidad de Puerto Rico, Amy Orta Rivera, destacó que “el acceso a la información pública es de todas las personas, sin importar su nivel de escolaridad, sus recursos económicos o el lugar donde vivan”. Ese derecho, dijo la directora de abogacía, “no puede estar condicionado a burocracias innecesarias, requisitos técnicos complejos o a la voluntad discrecional del aparato gubernamental”.  La organización provee asesoramiento, representación legal y educación a líderes de comunidades afectadas por catástrofes naturales y el cambio climático, con el propósito de que puedan abogar por una recuperación justa de los desastres.

Orta Rivera relató cómo el Departamento de Agricultura ha demorado siete meses en entregar una información que ella solicitó en octubre de 2024, y aún le debe un documento.

Durante el primero de dos días de vistas ciudadanas, depuso, además, el licenciado Carlos Chévere, comisionado de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del CAAPR, quien indicó que el proyecto del Senado 63 fortalece la facultad discrecional y arbitraria de las agencias para negarse a dar información; introduce formalismos o burocracia innecesaria; y establece sanciones poco efectivas.

 

 

Los recortes federales y el presupuesto de Puerto Rico

 

ccotto@claridadpuertorico.com

Aun cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Gobierno de Jenniffer González Colón hayan llegado a elaborar un presupuesto en conjunto que ya se discute en la Legislatura, el presupuesto a ser aprobado estaría en una incertidumbre muy grande debido a que en Puerto Rico el presupuesto para el año fiscal inicia el 1 de junio de cada año, mientras en Estados Unidos comienza el 1 de octubre. Eso significaría que cuando se materialice  el presupuesto en Puerto Rico, todavía en EE.UU. estarían en conversaciones y procesos de negociación de recortes, expuso a CLARIDAD el economista Iyari Ríos.

“De lo que sí podemos estar seguros es de que el Gobierno de Estados Unidos va a hacer recortes y que eso va a tener un impacto en Puerto Rico”.

El presupuesto aprobado y divulgado por la JCF para el año fiscal 2026 es de $13.1 mil millones, lo que representa, según la Junta, un aumento de  $1.5 % respecto al presupuesto certificado del año fiscal 2025. El presupuesto consolidado asciende a $32.6 mil millones e incluye a las corporaciones públicas, ingresos especiales y los fondos federales.

Ese presupuesto destina el 64 % del Fondo general (unos $661 millones) a las pensiones, la seguridad pública y educación. Ríos señaló que lo más importante en la coyuntura en la que se encuentra en estos momentos el país es que el presupuesto incluye unos mecanismos para reasignar fondos en casos de que haya recortes a las asignaciones federales.

El presupuesto que se apruebe va a sufrir cambios y “todavía no se sabe cuántos. Estamos en esa incertidumbre de que todavía no se sabe cuáles, porque en gran parte va a depender de lo que haga el Gobierno de Estados Unidos”, insistió.

A la interrogante de si es posible diseñar un plan de desarrollo con este presupuesto, Ríos apuntó que la necesidad de un plan de desarrollo ha sido uno de los señalamientos históricos que se han hecho en  Puerto Rico, sobre todo a partir de la eliminación de la sección 936, cuando se estableció un periodo de transición de 10 años. Ese periodo fue precisamente para que se elaborara un plan de desarrollo económico, cosa que nunca ocurrió, por lo que no es casualidad  que la crisis en la que se encuentra hoy el país iniciara en el 2006.

Ríos agregó que la exigencia de los economistas de elaborar un plan de desarrollo económico viene desde antes de la JCF. Según la ley PROMESA, se supone que la JCF tiene el deber de impulsar unas propuestas que le llaman ‘desarrollo económico’, “pero, francamente, no ha nombrado los servicios esenciales, elaborado propuestas de desarrollo económico y ella misma se ha excedido en sus propios gastos. La Junta le exige al Gobierno de Puerto Rico responsabilidad fiscal; pero parece que esa es una responsabilidad que ella no está ejecutando para sí misma”.

Este se refirió al estudio de la organización Espacios Abiertos, que divulgó que en los ocho años que lleva la JCF rigiendo el presupuesto del país, ha gastado más $2,000 mil millones, cuando el Congreso estimó que sus gastos en diez años serían de $370 millones.

Aun cuando para Ríos la necesidad de un proyecto económico es uno apremiante, no dejó pasar por alto la condición política de colonia de Puerto Rico. En esa línea, indicó que una ventana de oportunidad que se está cerrando de forma rápida para ese plan de desarrollo económico es entrar en un proceso de negociación con el Gobierno de EE. UU. y utilizar la inyección de fondos  federales que llegó para la reconstrucción tras el huracán María, los terremotos y la pandemia para  elaborar un proyecto económico de país similar a lo que se hizo en la década de los años 30 del siglo pasado. El economista describió que esa fue una década de crisis económica, altos niveles de pobreza y desempleo donde hubo asignaciones federales significativas, pero parte de los recursos se utilizaron por el Gobierno  de Puerto Rico para ejecutar un plan económico, el llamado Plan Chardón. “Digamos que son dos periodos que con sus  similitudes y diferencias; sirven de referencia para accionar en el presente”.

El presupuesto de Trump

 Para comprender de manera más amplia el planteamiento de lo que representan los recortes de los fondos federales, hay que señalar el 46.1 % del presupuesto consolidado de Puerto Rico es de fondos federales. A continuación, presentamos algunos datos sobre los recortes al presupuesto presentados por el presidente Trump para el presupuesto federal del año fiscal 2026 del Gobierno de Estados Unidos) recogidos por la firma Estudios Técnicos, a la luz de la discusión del presupuesto presentado por Trump en el Congreso a principios de mayo.

Según a Estudios Técnicos, los recortes al presupuesto federal con más impacto en Puerto Rico serían:

  1. El Departamento de Salud y Recursos Humanos, $33.0 millardos (billions), una reducción de 26.0 % respecto al gasto actual;
  2. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), $33.0 millardos, una reducción de 44.0 %, respecto al presupuesto actual. Los programas para la asistencia en alquiler para familias de bajos ingresos, y otros, tendrían una reducción de $27.0 millardos.
  3. Se propone la eliminación del programa Community Development Block Grant (CDBG) en EE. UU, $3.3 millardos. No se menciona la recuperación de fondos CDBG-DR que no se hayan utilizados.
  4. El Departamento de Educación, $12.0 millardos, una disminución de 15.0 % respecto a su presupuesto actual.
  5. La eliminación de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), pero se mantendría el programa de los Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios (SBDC).

La propuesta de recortes se concentra en el gasto discrecional, indica Estudios Técnicos, lo que hasta cierto punto algo bueno para la isla, pero hay recortes en otros programas importantes para Puerto Rico.

Según Estudios Técnicos, de todo esto se tendrá una mejor idea en los próximos meses.

 

 

 

“Nos estamos defendiendo en la calle, en la legislatura, en los tribunales”

Foto suministrada

 

Por la Redacción CLARIDAD

En ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, cientos de personas marcharon, este sábado 17 de mayo desde  el Capitolio a Fortaleza, para protestar en contra de las medidas discriminatorias que el gobierno actual está impulsando.

El presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, expresó que aprovechaban ese día para denunciar las  medidas y leyes que quieren echar  hacia atrás sus derechos y dignidad. “La comunidad LGBTQ+ y nuestros aliados estamos firmes en la defensa de nuestra dignidad y humanidad individual y colectiva», aseveró Pedro Julio Serrano.

Por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación dijo que «hoy protestamos, con más fuerza que nunca, porque la mayoría de estas medidas son en contra de la comunidad trans y no binaria. Aquí hay un pueblo que se resiste a que nos dividan. No vamos a permitir que nos quiten nuestros derechos».

«Nos declararon la guerra. No la buscamos nosotros, pero nos estamos defendiendo—en las calles, en la Legislatura, en los tribunales. Haremos valer nuestros derechos y no daremos ni un paso atrás en los derechos reconocidos», añadió Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.

Olga Chapman Rivera, directora de comunicaciones de la Federación indicó que «el pueblo se mostró solidario con nuestra lucha pues somos sus hijos, sus vecinas, sus compañeres de trabajo y estudio. La gente defiende nuestro derecho a vivir en paz, equidad y libertad», concluyó.

La marcha fue convocada por la Federación, así como entidades aliadas que no son parte de la Federación, pero son solidarias con la lucha LGBTQ+ en Puerto Rico.