Mediante un malabar matemático, la Junta de Control Fiscal (JCF) acaba de decretar un nuevo recorte de $100 millones a la asignación del Gobierno de Puerto Rico para el próximo presupuesto anual de la Universidad de Puerto Rico (UPR), según fue denunciado la semana pasada por la Junta de Gobierno de la UPR.
Decimos «malabar matemático», porque aunque la cantidad asignada suma los mismos $500 millones que en el presupuesto del año anterior, en la práctica reduce en $100 millones el próximo presupuesto, porque se le añaden obligaciones adicionales a la institución que deberán cubrirse con el mismo dinero. Algo así como que deben «desvestir un santo para vestir otro».
Consistentemente esa ha sido la conducta arbitraria de la JCF hacia nuestra Universidad, desde que dicho organismo se instaló en Puerto Rico, revestido del poder delegado por el Congreso de Estados Unidos, para reestructurar la multimillonaria deuda pública incurrida por los gobiernos coloniales que se han turnado el poder en nuestro País.
Desde entonces, y bajo la excusa de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y de la ausencia de disciplina fiscal entre gobernantes y políticos, nuestra Universidad ha pasado a ser una de sus principales víctimas, comprometiéndose su estabilidad financiera y su viabilidad futura hasta un extremo altamente peligroso. A lo largo de estos pasados años, la JCF ha recortado varias veces la asignación de fondos a la UPR, ha.ordenado otros recortes y medidas de austeridad, como congelación de plazas docentes regulares, aumentos en los costos de matrícula y servicios a los estudiantes, intervenciones con el plan de retiro de los empleados y con otros beneficios adquiridos, entre otros.
A nuestro juicio, errores garrafales y una agenda repudiable, motivada por razones ideológicas más que fiscales. La JCF es un ente colonial, impuesto a Puerto Rico por el poder metropolitano del Congreso y la odiosa y antidemocrática Ley PROMESA. Es un organismo, compuesto principalmente por estadounidenses, cuya trayectoria ha sido de corte conservador, y portador y transmisor de la ideología neoliberal que suscribe el «establishment» político y económico en Estados Unidos. Por eso, miran hacia la educación universitaria como un mero producto mercantil, y hacia la Universidad como un negocio. No parecen entender, ni querer entender, la función vital de la UPR como la forjadora de generaciones de profesionales puertorriqueños, y el efecto que eso ha tenido en las transformaciones sociales y económicas en Puerto Rico durante el último siglo, y las que ocurrirán hacia el futuro. No parecen saber ni interesarles saber que detrás de las y los mejores profesionales en todas las disciplinas del saber más importantes para nuestra sociedad- medicina, educación, ingeniería, artes, letras y cultura, ciencias, arquitectura, computación, matemáticas, odontologia, salud pública, derecho, trabajo social, ciencias agrícolas, en fin, en todas- ha estado la UPR en la avanzada entre las instituciones de educación superior en Puerto Rico.
La JCF se instaló en Puerto Rico en el año 2016, coincidiendo con el inicio de la primera de las últimas tres administraciones de gobierno, todas del Partido Nuevo Progresista (PNP). Los gobiernos del PNP se han caracterizado por su fanatismo anexionista. Por eso, nunca han querido bien a la UPR. Esto, porque tanto para el profesorado, como para sus estudiantes, empleados y nuestro pueblo, la UPR ha sido el equivalente a nuestra Universidad Nacional. Desde esa óptica, no ha sido meramente una universidad estatal más, como lo son las de los 50 estados de Estados Unidos. Allá, las universidades existen para reproducir a través de las generaciones los valores de los sectores y élites dominantes en Estados Unidos. Aquí, la UPR ha sido un centro de pensamiento y acción que ha contribuido a la transmisión del conocimiento, cultura y valores que sirven de pilares a nuestra identidad puertorriqueña. Dos miradas distintas y opuestas que han dejado a la UPR vulnerable ante la embestida de la incomprensión e indiferencia de los que detentan el poder en nuestro País, e identifican a nuestra Universidad como un obstáculo para su agenda político partidista.
Nuestro pueblo debe tener claro que la misma JCF que hoy le recorta $100 millones más del presupuesto a la UPR, hace apenas unas semanas aceptó la recomendación del gobierno PNP de Pedro Pierluisi y del Negociado de Energía y autorizó extenderle un vergonzoso rescate financiero por $187 millones a la compañía privada de energía de carbón, AES, para solventar sus operaciones. ¿Acaso las operaciones de una empresa privada, y las ganancias de sus accionistas, deben ser privilegiados sobre el servicio esencial que le presta a Puerto Rico su Universidad?
Este nuevo golpe de la JCF contra nuestra Universidad merece el repudio de todo nuestro pueblo. La UPR necesita que se le trate con justicia , y no puede citarse una trayectoria clara de las autoridades universitarias actuales-Junta de Gobierno y Presidente- en la defensa valiente de la institución. Como siempre, le tocará esa tarea a la verdadera comunidad universitaria- profesores, estudiantes y empleados no docentes- que podrán contar con el apoyo de todas y todos los puertorriqueños orgullosos y agradecidos de la extraordinaria gestión de la UPR en beneficio de Puerto Rico.
